Acuerdo de la Junta de Facultad de Trabajo Social de la UCLM sobre la política llevada a cabo en materia de Servicios Sociales

La Facultad de Trabajo Social del Campus de Cuenca manifiesta su preocupación con la política que el gobierno regional está llevando a cabo en materia de Servicios Sociales.

 

Trabajo Social es una disciplina orientada a la formación de profesionales capacitados para participar en la formulación y evaluación de políticas, servicios e iniciativas sociales, promover el fortalecimiento y la libertad de la sociedad para incrementar su nivel de bienestar y cohesión, contribuir a la ciudadanía activa y a la garantía de los derechos humanos y sociales.

 

Desde este marco de referencia, la Junta de Facultad de Trabajo Social, en sesión celebrada el día 26 de octubre de 2012, después de evaluar las políticas que se están poniendo en práctica en materia de Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha por parte del Gobierno Regional, acuerda manifestar lo siguiente:

 

Nos causa profunda preocupación que las medidas promovidas desde el Gobierno Regional en materia de Servicios Sociales durante estos últimos meses se concreten en recortes de presupuestos, desmantelamiento de servicios de atención básica y especializada, despido de profesionales de la intervención social y, por último, que se pretenda la imposición de tasas a los ciudadanos dependientes que, en el ejercicio de sus derechos, pretenden revisar su situación.

 

Todas estas actuaciones –impuestas para rescatar a los bancos causantes de las crisis- además de ser injustas, amenazan la equidad y cohesión de nuestra sociedad, generando procesos de pobreza, exclusión y violencia. Particular atención merecen las consecuencias que el desarrollo de estas políticas está teniendo en el agravamiento de la pobreza infantil.

 

Por todo lo cual, la Junta de Facultad desea hacer público su rechazo a las medidas que se están adoptando en materia de Servicios Sociales, porque atentan a la calidad de la protección, vulneran la dignidad de los ciudadanos, infunden miedo al ejercicio de los derechos, no contribuyen al desarrollo humano y a la existencia de una ciudadanía activa y no garantizan los derechos humanos.

 

 

En Cuenca, a 2 de noviembre de 2012.