En España, las reducciones del déficit del Estado siempre se han conseguido a base de unacolonización política consistente en contraer el gasto público social en lugar de ejecutar unas subidas de impuestos adecuadas. Y esto es consecuencia del enorme poder de lo que se llamaba antes burguesía, pequeña burguesía y rentas superiores de la clase media alta (que dominan la vida política y mediática del país). Su ideología, que se promueve en los medios de mayor difusión del país, es el neoliberalismo, que predica la bajada de impuestos y el aumento de la regresividad fiscal, así como la reducción del gasto público (incluido el social), como las medidas más eficaces para estimular el crecimiento económico. Estas políticas, como explicó el profesor Vicenç Navarro, son responsables de la enorme polarización de las rentas con el consiguiente empobrecimiento y endeudamiento de las clases populares (las rentas del trabajo como porcentaje de las rentas nacionales han ido descendiendo) y una obscena concentración de las rentas y de la riqueza que se invirtió en los sectores que producían mayores beneficios, que eran las actividades altamente especulativas del sector inmobiliario, liderado por la banca.
Esta situación, fue más acentuada incluso con las bajadas de impuestos durante el período 1996 a 2011 –es decir, en los gobiernos de Aznar y de Zapatero-, que beneficiaron principalmente a las rentas superiores, que depositaron sus nuevos ingresos en la banca, la cual prestó al Estado el dinero que necesitaba para cubrir el déficit resultado de la bajada de impuestos. Un círculo virtuoso para los superricos y los ricos. Existe una alianza de las clases adineradas con la banca, la cual se beneficia del endeudamiento del Estado. Esta coalición está detrás de la crisis de la deuda pública, cargada por el PP, sin embargo, a las clases medias y populares a través de su política de ajusticidio.
La excesiva dependencia de los ingresos del Estado español de las rentas del trabajo y del consumo, en lugar de las rentas del capital, explica que el déficit público del Estado se disparara, pasando de superávit a un 11% del PIB de déficit en tres años. Y, una vez más, la crisis y el déficit público se atribuyó (erróneamente) al excesivo gasto público (incluyendo el social), con los consecuentes recortes. Con ello se ha ido empeorando la situación económica, pues el estancamiento económico se debe a la escasa demanda, resultado del endeudamiento y la baja capacidad adquisitiva y no al excesivo gasto público. Cosa evidente en Castilla-La Mancha, donde ese gasto, como he demostrado en otros artículos, es mucho menor y más arbitrario y desvencijado con Cospedal que bajo su predecesor, el socialista José María Barreda. La colonización política de esta dama y sus ujieres sólo ha traído peor calidad de vida a la mayoría de los ciudadanos de esta Comunidad Autónoma.
Dos años después de la colonización política del poder –que no gobierno- por el PP, incluyendo aquí el vehículo electoral de las elecciones autonómicas y locales, y completado con el carricoche cargado de falacias a los votantes por Rajoy, las grietas siguen sin arreglarse. Su causa se halla en que la situación necesita una reforma fiscal que aumente los ingresos al Estado para crear empleo, puesto que el mayor problema que tiene España no es el déficit público, sino el elevado desempleo y el escaso crecimiento económico, consecuencia de la escasa demanda. Y el país tiene los recursos para ello. Lo que pasa es que el Estado no los recoge. En España el Estado está excesivamente influenciado por la banca, la gran patronal y las rentas superiores, los mayores responsables, de ese fraude fiscal, que en España supera la cifra de 90.000 millones de euros. El hecho de que el Estado prefiera recortar el Estado del bienestar en lugar de hacer la reforma fiscal que el país necesita se debe, según aclara el profesor Navarro, a lo que se llamaba antes "poder de clase" y ahora se llama (erróneamente) "poder de los mercados".
La colonización política enlaza con la reforma administrativa que se ha tomado la molestia de intentar llevar a cabo el gobierno de Rajoy, porque en la coyuntura económica y social delineada existe una guerra librada contra el déficit público y una de sus batallas tiene como escenario la Administración pública, como con claros ejemplos revelaron los profesores Francisco Sosa Wagner y Mercedes Fuertes en su reciente artículo El `perpetum mobile´ de la Administración. Constatan aquí que el Gobierno cuenta con instrumentos para llevar a término sus proyectos y, entre ellos, no es el menor el que aportan la competencia básica para establecer el régimen jurídico de las Administraciones y la ley de Estabilidad presupuestaria. Pero, más allá de enarbolar como amenaza los preceptos legales, dispone, según los nombrados profesores administrativistas, del "cauce político pues ¿para qué sirve el hecho de que la mayoría de las comunidades autónomas se hallen gobernadas por las mismas siglas? Tanto poder político no puede ofrecer las hechuras de un vidrio quebrado".
Carmen Alcaide, ex presidenta del Instituto Nacional de Estadística incide (véase su artículo Reformas, ineficacia y corrupción, publicado en El País el 30.06.2013) en la necesidad de reformar las Administraciones públicas como condición necesaria para alcanzar un crecimiento estable y duradero de la actividad económica. La dificultad de hacerla correctamente deriva de las limitaciones que imponen las exigencias de ir contra muchos de los intereses creados por la transmisión de poderes del Estado a las autonomías. De ahí que esa reforma "deba alcanzarse con un consenso político amplio, aunque aun así parte de ella será muy difícil de implantar en la realidad", opina Alcaide. Claro que la reforma debería llevar a una mayor eficacia de las Administraciones públicas y a un control más riguroso de todas las actuaciones para, al menos, dificultar la corrupción, tan extendida durante la anterior etapa expansiva de la economía española, y además enderezar el caos organizativo que se atisba por doquier, especialmente en esa Cataluña nacionalista perdida entre un romántico soberanismo e imposible independencia.
El tamaño de la Administración pública española ni es excesivo ni superior al de otras en Europa, pero cualquier análisis que se haga de su dimensión observa siempre que además de los funcionarios de todas las Administraciones (Estado, comunidades autonómicas y corporaciones locales), están los trabajadores laborales fijos y temporales, los contratados como autónomos que muchas veces suplen a los que deberían ser fijos y los numerosos asesores contratados en todas ellas, que son los que más rechazo producen en los ciudadanos. A todo ello habría que sumar los llamados organismos públicos que no están directamente incluidos en las Administraciones, muchos de ellos absolutamente ineficaces y que en muchos casos han multiplicado por 17 los existentes a nivel nacional.
Ese volumen de personal ha de unirse a un análisis de la eficacia de la Administración. No se puede calificar a todos con el mismo rasero, según advierte Carmen Alcaide, pues nos consta que hay instituciones, funcionarios y trabajadores públicos que funcionan y que trabajan mucho y bien. Pero en muchos ámbitos de la Administración existen problemas de organización y de métodos de trabajo, dificultando innecesariamente el buen funcionamiento de las empresas y complicando la vida a los ciudadanos.
Existen, ante la reforma de la Administración, tres posibles enfoques:
• Gastar menos para hacer más.
• Gastar lo mismo y hacer más cosas
• Gastar lo mínimo y hacer lo que se está haciendo o incluso menos cosas.
Lamentablemente, el debate gira – en muchas ocasiones -, sobre cómo gastar menos que deja de lado el qué se hace, los motivos por los que se hace, sólo se habla del gasto. Se trata así de una cuestión interna, ligada a procesos de ahorro internos no a las cuestiones que hacen necesaria una intervención pública ni a la resolución de los problemas que se pretendía resolver, como advirtió la Mesa redonda que el Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid celebró el 21 de marzo de 2013, dedicándola a "La modernización de la Administración Pública: la visión de los partidos políticos".
Ramón Marcos Allo, diputado en la Asamblea de Madrid y portavoz grupo parlamentario de Unión Progreso y Democracia (UPyD) en la Comisión de estudio sobre competencias duplicadas entre ayuntamientos y Comunidad de Madrid para mejorar la eficiencia en la prestación de servicios públicos, encerró en tres ejes el esquema planteado por el citado Colegio profesional:
- Politización y colonización del nivel administrativo de la administración por el nivel político. Lo que conlleva una peor dirección. Debe despolitizarse, los políticos deben decir qué y no cómo.
- Liberar a la Administración de las presiones de grupos que capturan una política pública e impiden el desarrollo del país.
- Tener una dirección pública, bien formada, despolitizada y no controlada por los partidos políticos.
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Atomización y caos organizativo. Superposición que aumenta los costes y el número de leyes en vigor. Un caso típico son las Diputaciones. Todos los incentivos del sistema están para que primen los intereses locales, no los generales.
- Existen 9.500 fundaciones, muchas deberían desaparecer, existen también multitud de empresas y consorcios dependientes como las fundaciones de las distintas administraciones que vertebran la distribución territorial de los poderes públicos.
- En la AGE existe caos, ineficacia y duplicidades. La estructura ministerial debería estar fijada en la ley, no puede ocurrírsele al que gana las elecciones, crear o suprimir un ministerio, crea un enorme problema organizativo, de gasto y de operatividad. Una solución para los caso de nuevas políticas públicas que no se puedan encuadrar en ninguno de los departamentos fijados por Ley son los ministerios sin cartera y con duración limitada en el tiempo.
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Un tercer problema es el corporativismo.
- Respecto a la política de personal, es importante insistir en la necesidad de fortalecer mecanismos de selección objetiva. Deberían también aprovecharse los recursos, recalificar a las personas que ya prestan sus servicios en la administración para que ocupen puestos en los que hacen falta personas.
- ¿Qué impediría, por ejemplo, que si faltan jueces pudiera formarse a los profesionales del derecho para que ocuparan esos puestos?
Los ejes centrales que enmarcan las líneas de UPyD para modernizar la Administración conducen objetivamente a terminar con la ineficacia de la Administración, y, simultáneamente, encaminan a la terminación de los fallos en el control de los gastos públicos, que es lo que permite la corrupción según Alcaide. Esta analista repara que, si bien existen leyes que marcan los procedimientos para asignar los gastos a las diferentes partidas presupuestarias, incluso los tipos de gastos que se pueden realizar, siempre ha habido abusos y malas prácticas. Pero quizás lo peor es el poder que tienen y no deberían tener los altos cargos para manejar, modificar y otorgar permisos, licencias y licitaciones de obras, dando cobijo a prácticas abusivas a favor de unos y en perjuicio de otros. De esto se derivan las comisiones y los regalos recibidos por algunos de ellos y que ahora se están viendo en los tribunales.
Juan Andrés Buedo
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