Uno de los grandes debates que tiene la democracia es cuál sea el sistema de representación parlamentaria más idóneo para que la gestión del poder por el pueblo se realice del modo más perfecto posible.
El sistema más genuino, como nos recordó hace ya años Jorge Botella en sus Papeles para el Progreso es el de la elección directa de un ciudadano en representación de su grupo más próximo. Y entre ese método individualista y el de los grandes partidos políticos que monopolizan la gestión de las ideas políticas existen variadas formas en los distintos países democráticos, todas legítimas pero todas mejorables. Salvo en momentos de crisis en que el pueblo se conciencia de la importancia de su participación, en muchas democracias se advierte un creciente desencanto en el pueblo por la frustración de no sentir como auténticos los cauces de representación.
En la medida que el ámbito representado es mayor, donde la distancia personal entre representantes y representados se acentúa, la mediación de partidos que trabajen la aglutinación de ideas e intereses sociales parece más necesaria, aunque no debe nunca olvidarse la naturaleza de representación, la defensa mandataria de la opinión de los electores y el sentido de depósito del cargo a disposición de los mismos. Entonces, ¿qué tipo de elecciones serán necesarias para que podamos hablar de un auténtico sistema democrático? Pues, sencillamente, las elecciones libres, competitivas y periódicas, que constituyen la nota o carácter que nos permite cualificar y distinguir un verdadero régimen democrático. A Nohlen y su obra Sistemas electorales y partidos políticos me remito.
Habida cuenta, por tanto, que la finalidad de las elecciones en las democracias representativas consiste en que los ciudadanos y, más concretamente, el cuerpo electoral determine o elija quiénes serán sus representantes, los cuales en tanto que tales habrán de adoptar las decisiones políticas en el seno del Estado, es común en la doctrina (cabe destacar a F. de Carreras y J.M. Valles, R. del Águila, o M.V. García Soriano) señalar que los sistemas electorales desempeñan tres funciones esenciales en los actuales sistemas político-democráticos, tales como producir representación, producir gobierno y legitimar el sistema (Vid. Tomás Vidal, Sistemas electorales y Estado Autonómico. Especial consideración del sistema electoral de Castilla-La Mancha, pg. 18 y sgs.).
Este último experto resulta tajante (op. cit., pg. 160) en el momento de considerar que, desde la perspectiva de la representatividad el sistema electoral de Castilla-La Mancha no puede ser objeto de una valoración positiva. Sin embargo, si se considera desde el punto de vista de la gobernabilidad, su valoración sobre el sistema electoral autonómico no puede ser sino hondamente positiva. En efecto, afirma, “los sesgos desproporcionales o mayoritarios producidos por el sistema electoral en una Comunidad Autónoma caracterizada por la ausencia de tensiones, tanto nacionalistas o regionalistas como de cualquier otro tipo, han dado como resultado una escasa fragmentación parlamentaria; tan escasa que, en la actualidad, sólo las dos principales formaciones políticas del ámbito autonómico, las cuales coinciden con las dos principales formaciones políticas de ámbito nacional (PSOE y PP), han accedido al Parlamento regional. Y esta elevada concentración de la representación parlamentaria ha dado lugar a la formación de mayorías parlamentarias suficientemente sólidas, por lo que la estabilidad gubernamental ha sido una nota constante en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha”.
Con este sistema de representación proporcional modulada, dados los resultados electorales desde 1983, en consecuencia, no puede resultar extraño que las elites políticas de las dos principales formaciones políticas mantengan una visión positiva de dicho sistema electoral de las Cortes de Castilla-La Mancha. Sin embargo, el formato del sistema de partidos adquirido por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha difiere del formato adquirido por la mayoría de nuestras Comunidades Autónomas, en las cuales se han impuesto sistemas de pluralismo moderado. Esto significa que la desigualdad en el valor del voto y la desproporcionalidad constituyen los aspectos negativos y, por ende, criticables de nuestro sistema electoral autonómico; por más que, como contrapartida, incluya en su haber tangible el hecho de favorecer notablemente la estabilidad gubernamental, para comodidad primero de Bono y ahora de Cospedal. Asimismo, y a pesar del mimetismo con que el legislador electoral autonómico ha operado respecto del legislador electoral nacional, el formato adquirido por el sistema de partidos regional castellano-manchego que, a juicio de Tomás Vidal, es un sistema de partido predominante, difiere del formato adquirido por el sistema de partidos nacional que, en opinión de dicho autor, se trata de un sistema de pluralismo moderado o limitado.
Aquí situados, cuando el pasado mes de abril el portavoz del PP en las Cortes autonómicas, Francisco Cañizares, anunció que su grupo presentará de forma "inminente" una propuesta para reformar el Estatuto de Autonomía de modo que sea posible abordar una nueva ley electoral que reduzca de forma considerable el número de diputados, y explicó que hay conversaciones abiertas con el grupo socialista sobre este asunto y muestra su voluntad de hablar "hasta el último minuto" con intención de llegar a un consenso, algo que no ha ocurrido con las dos últimas leyes electorales, una aprobada en solitario por el PSOE y la otra por el PP, a muchos nos dio a entender que los defectos comentados de representación política le importan un bledo, hallándose sus movimientos en busca de conservar monopolizado el poder.
El portavoz del PP expuso que su grupo negocia sin una posición "cerrada ni fija" sobre el reparto provincial, siempre y cuando se garantice que quien gane las elecciones tenga ocasión de formar gobierno, algo que -recuerda- no ocurría con la ley electoral que aprobó el PSOE la pasada legislatura.
Lo que tiene claro es que la reforma se hace para que las Cortes pasen de tener 49 diputados como ahora (que serían 53 en 2015 si se mantiene la ley aprobada hace solo un año) a unos 29 ó 30.
Para ello será necesario reformar en primer lugar el Estatuto de Autonomía de la comunidad, que actualmente determina que, como mínimo, tiene que haber 47 representantes en las Cortes autonómicas.
El objetivo “de filtro” evasivo de la reforma es no sólo conseguir un nuevo ahorro, sino "demostrar a los ciudadanos que se puede hacer el mismo trabajo con menos gente", que, los mismos sacrificios que se han pedido en las empresas privadas y en el sector público, donde se tiene que trabajar más y cobrar menos, se los aplican los propios políticos. Olvida el PP que la fórmula propuesta ataca una de las bases sobre las que se asienta la efectividad de los parlamentos para exigir que los gobiernos rindan cuentas. El desarrollo de la tecnología de las comunicaciones y la saturación de la cobertura mediática de la política han acrecentado la visibilidad de los parlamentos y los políticos. La expansión del número de parlamentos en todo el mundo ha estado acompañada de mayores expectativas del público en cuanto a lo que éstos pueden y deben lograr. Algo que la reforma electoral del PP en Castilla-La Mancha pasa por alto, dándole la razón al Consejo Territorial de UPyD en Castilla-La Mancha, durante su reunión en Cuenca el pasado día 4 de mayo, donde se vio clara y principalmente que, en “las actuales pretensiones del gobierno del PP”, está la “de blindar sucesivos mandatos con un reforma electoral que junto a otras medidas legales de ámbito nacional, tienen el único objetivo de asegurarse por medio de una falsa reforma su permanencia en el poder”.
En este “engaño democrático”, como significó UPyD, lo que plantea el Gobierno autonómico del Partido Popular, lejos de hacer una reforma positiva, “llega como respuesta al clamor social contrario a las políticas aplicadas desde Madrid y Toledo y son un intento de eliminar las posibilidades de representación de nuevos partidos con nuevas ideas”. Para la Coordinadora Regional de UPYD Celia Esther Cámara, las últimas declaraciones de Cospedal “retando” a los movimientos sociales a enfrentarse a las urnas, toman una claridad diáfana y manifiesta, puesto que se ajustan a esta pretensión y son la clara revelación de que las “supuestas reformas” que pretenden en Castilla-La Mancha llevan como objetivo principal “limitar la representación de estos movimientos sociales y de otros partidos políticos para perpetuarse en el poder y con el único objetivo de favorecer a un sistema político basado en el bipartidismo y en las ideas de los viejos partidos políticos de controlar todos los ámbitos sociales, jurídicos y económicos, manteniendo la politización y los cupos en los órganos judiciales, las entidades bancarias surgidas de las arruinadas Cajas de Ahorro y manteniendo una estructura paralela a la funcionarial con infinidad de empresas públicas, consorcios y entes manejados desde las sedes de los partidos”.
Para Cámara, esta reforma de la Ley electoral en la región y la nueva legislación que se pretende desde el Estado en ayuntamientos y ampliando el poder de las diputaciones, que “son el órgano menos democrático y en manos de los partidos, son políticas muy similares a las que se critican en países del entorno hispanoamericano como poco democráticas, son reformas que blindan un sistema por el miedo al rechazo que en los ciudadanos produce”.
Esta vilipendiada reforma electoral, que a priori parece la definitiva para las elecciones a la Presidencia de la Junta de Comunidades y a las Cortes de Castilla-La Mancha en 2015, ha de servir también de tablero para la configuración de las estrategias y diseños de campañas electorales de los dos principales partidos con opción a obtener gobierno, a pesar de la incertidumbre que reina en las estructuras internas del PP y del PSOE, después de darse a conocer unos datos del CIS, que reflejan una importante pérdida de intención de voto de ambas formaciones.
Frente a los escamoteos del PPSOE, a los partidos intermedios y en disposición de ascenso sólo nos queda cambiar nuestra estrategia de acción política, con un marketing político de comunicación persuasiva. Este fenómeno norteamericano debe elevar a nuestra líder, Celia Cámara, paulatinamente a idéntico nivel de Cospedal, pero demostrando que es más competente, directa y efectiva. Bien sabemos los expertos en comunicación que no hay que convencer para vencer, porque dispondremos siempre de los efectos de la persuasión electoral. Luego, como el PP cometa la indecencia descrita, antidemocrática pese a su moneda de cambio, UPyD en Castilla-La Mancha debe endurecer su mensaje, teniendo un marco de gestión directo: la elección próxima como referéndum. Y, contra lo que crean Cospedal y los suyos, reforzaremos a los convencidos, dirigiremos nuestras peticiones a los indecisos, a base de la persuasión “pura”, y desde nuestros aparatos de partido procederemos a la “activación y desactivación del voto”, ya que el objetivo final del marketing político es influir en la conducta. Hay que empezar a convencer ya en las cinco provincias de que ¡CELIA CÁMARA ES MEJOR QUE LA ERRÁTICA Y PESETERA COSPEDAL! Las clases medias de Castilla-La Mancha lo están demandando, visto lo visto.
Juan Andrés Buedo
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