La noticia del vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, de que una treintena de expertos internacionales en ‘Rural Proofing’ (mecanismo rural en inglés) se dieron cita en la ciudad de Cuenca el pasado fin de semana con motivo de la reunión del G30, nos dejó a varios demógrafos entre asombrados y estupefactos, al no contar con ninguno de nosotros que, sin embargo, somos los más próximos al problema y los mejores conocedores del mismo. Claro, después ocurre lo que ocurre: demasiadas evasivas, mucha retórica dispersa y una ausencia fidedigna de la centralidad en respuesta al problema recurrente.
En fin, así es el cesto comunicacional de este hombre, responsable directo de la política a implementar contra la despoblación en Castilla-La Mancha. Aquejan a Guijarro -porque no sabe nada de esto- los peores defectos políticos de la comunicación evasiva. Caracterizan a esta última el evitar respuestas directas, desviar temas o recurrir al silencio ante cuestiones delicadas, presentando varios defectos y riesgos que afectan negativamente tanto a la percepción pública como a la eficacia del liderazgo político.
Esto fomenta desinformación y rumores, especulaciones y noticias falsas. lo que puede polarizar aún más a la sociedad y dificultar la toma de decisiones informadas por parte de los ciudadanos. Además de dificultar la construcción de consensos necesarios para el funcionamiento democrático. La evasión o el retraso en la comunicación transmiten una imagen de descontrol o incapacidad para gestionar los problemas. Los ciudadanos esperan respuestas claras y acciones concretas; la evasión genera frustración y puede traducirse en pérdida de apoyo político.
La comunicación política moderna exige bidireccionalidad y cercanía. La evasión, junto con estilos unidireccionales y protocolos rígidos, aleja al político de la sociedad, impidiendo el diálogo y la retroalimentación necesarios para una gestión pública efectiva. Unos cometidos que tenemos resueltos los expertos directos e inmediatos en políticas de desarrollo demográfico, como demostró Santiago Bello, Catedrático de Derecho Administrativo por la Universidad de Burgos, en el estudio académico aparecido en agosto de 2023.
En ese trabajo académico urge a aplicar sin demora medidas para la lucha contra la despoblación y pasar de lo propositivo a lo ejecutivo, tras los pasos que se han dado en los últimos años en España, donde el tema del reto demográfico ha entrado de lleno en el debate social y político, pero no termina de materializarse en acciones con resultados concretos. En esa investigación Santiago Bello plantea la necesidad de mejorar sin demora los servicios públicos en las zonas rurales y la conectividad, para aprovechar las oportunidades que ofrecen estos entornos con el teletrabajo y la economía social, así como nuevos fenómenos como la silver economy. Además, reclama una mayor concreción en las políticas europeas para hacer frente a este fenómeno.
El trabajo estudia la situación de la despoblación en España, de la que destaca el envejecimiento de las zonas rurales junto con la baja natalidad y la dificultad existente para garantizar la prestación de los servicios públicos en estos territorios. El autor argumenta que todo ello “obliga a un replanteamiento de las políticas públicas para que conduzcan a una mayor cohesión territorial y, en definitiva, a ofrecer soluciones a estos territorios”. O sea, todo lo que ya fue recogido en mi libro "El Cambio General y las incertidumbres de Castilla-La Mancha" (Editorial Círculo Rojo, 2022).
La publicación del profesor Bello analiza las políticas implementadas en los últimos años tras hacer un recorrido por las iniciativas llevadas a cabo desde la Administración central, que se retrotrae a antes de la creación de comisionado para el reto demográfico y del Plan de 130 Medidas ante del Reto Demográfico. El autor se remonta a la aprobación en 2015 de la Ponencia de estudio del Senado para la adopción de medidas en relación a la despoblación rural en España, sobre cuyas recomendaciones advierte que siete años después no hay nada que se pueda ejecutar, “lo cual nos aporta una importante conclusión para este trabajo, y es la necesidad de pasar del plano propositivo al ejecutivo con una inmediación innegociable”.
La investigación analiza en profundidad el fenómeno de la despoblación en España pero alerta también de la situación compartida en el resto de la Unión Europea, y cómo eso puede afectar también a su peso a nivel global. Bello apunta a la necesidad de acometer de manera urgente reformas legislativas como el sistema de financiación local, “pues la situación actual beneficia de forma evidente a los municipios con mayor población, los cuales tienen además una mayor capacidad tributaria frente a los de escasa población”.
Argumenta en este sentido que el nuevo modelo de financiación debería atender al principio de distribuir los recursos entre las entidades locales “con base exclusiva en criterios de necesidad y capacidad fiscal con objetivos niveladores teniendo en cuenta su tamaño”. No obstante, destaca que frente a la situación demográfica de los territorios rurales también existen oportunidades que deben aprovecharse. Los cambios de paradigma a raíz de la pandemia de la covid con la posibilidad de vivir en entornos rurales y realizar teletrabajo, son según el autor “una formidable palanca de cambio en la organización de las relaciones laborales y profesionales que deben redundar en una distinta distribución territorial de los ciudadanos”.
En el trabajo se abordan también las políticas europeas y el autor advierte que ninguno de los programas de acción comunitarios tienen como finalidad expresa y única la lucha contra la despoblación. Plantea por ello “la creación de una política pública europea que, de forma autónoma y expresa, tenga por finalidad el replanteamiento de la situación demográfica de la UE y en sus diversos estados miembros”.
Aboga por ello en potenciar políticas como la PAC como instrumento para combatir la despoblación, y plantea en concreto tres recomendaciones, la primera de ellas “fortalecer el segundo pilar”, con la finalidad de asegurar un apoyo “suficiente” a las zonas rurales. Advierte en cualquier caso que la PAC no se basta por sí sola para superar todos los retos de las zonas rurales, y que debería centrarse en la creación de empleo, en especial femenino, contribuyendo así a una economía más diversificada en estos territorios.
En el contexto específico de Cuenca, las autoridades regionales destacan la consolidación de servicios públicos, el apoyo al empleo y una fiscalidad diferenciada como factores clave para estos resultados. En la Serranía Baja de Cuenca, por ejemplo, el saldo migratorio positivo ha sido de 625 habitantes en el mismo periodo. Sin embargo, a pesar de estos datos, desde colectivos sociales y plataformas como la Revuelta de la España Vaciada se denuncia una baja trazabilidad y transparencia en la aplicación real de estas políticas. Señalan que la problemática de la despoblación ha pasado a un "segundo plano" en la agenda pública y mediática, y que existen carencias en la comunicación, seguimiento y evaluación de las acciones implementadas. Además, se subrayan problemas concretos no resueltos, como la falta de soluciones al deterioro de infraestructuras ferroviarias y la gestión de la ganadería industrial, lo que genera desconfianza y sensación de desigualdad territorial.
El diseño de la Estrategia Regional frente a la Despoblación (ERD) de Castilla-La Mancha incluye mecanismos de diagnóstico, participación y evaluación. Sin embargo, la efectividad de estos mecanismos depende de la calidad de los datos, la participación real de los agentes locales y la transparencia en la publicación de resultados. Organizaciones empresariales y la Red SSPA han reclamado mayor información sobre los proyectos en marcha, la distribución de fondos europeos y la conexión con el tejido empresarial local, evidenciando carencias en la trazabilidad y seguimiento de las políticas.
Expertos y entidades como la Red SSPA insisten en la necesidad de metodologías específicas para comprobar el impacto real de las políticas públicas contra la despoblación. Entre las propuestas destacan:
-
Mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de los fondos destinados a la despoblación.
-
Impulsar sistemas de evaluación independientes y participativos.
-
Publicar informes periódicos de impacto y resultados a nivel local.
-
Fortalecer la colaboración con empresas y entidades sociales para detectar necesidades reales y ajustar las políticas.
En conclusión, contra lo dicho y marcado por Guijarro, la percepción de baja trazabilidad y la falta de mecanismos claros de seguimiento y evaluación limitan la confianza en la política contra la despoblación en Cuenca. La mejora de la trazabilidad requiere mayor transparencia, participación y evaluación rigurosa de los resultados, así como una comunicación más efectiva con la sociedad civil y los actores locales.