El primero que está obligado a acercarse a la catequesis de este último filósofo y político es José Luis Martínez Guijarro, actual vicepresidente de la Junta de Comunidades castellanomanchega. Resulta un sarcasmo este -podríamos apodarle así- "Hombre del Reto" que, según recientes informaciones, alardea de que intervendrá en una jornada de trabajo que se va a desarrollar en la sede de la OCDE en la capital francesa, en la que compartirá la experiencia de la región con representantes de Canadá, Rumanía, Irlanda y Corea del Sur. Dicen los medios que para exponer las políticas puestas en marcha para hacer frente al fenómeno de la despoblación, en una jornada en la que la región expondrá tanto la Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias contra la Despoblación, aprobada en el 2021, la Estrategia Regional frente a la Despoblación y dará cuenta de los resultados que se han producido tras su puesta en marcha.
Malo, he escuchado ya de versados expertos en esta materia. Dañino y perjudicial porque, con datos encima de la mesa, poco bueno es lo que puede mostrar. Y menos aún si, a lo que parece, se trata de un mero intento de repartir arena en vez de grano. Así lo demuestran los datos provisionales dados a conocer a mediados del pasado mes de agosto de la Estadística Continua de Población publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que apuntan que Castilla-La Mancha ha ganado 1.356 nuevos residentes durante el segundo trimestre de 2024 en comparación con el trimestre anterior. Números que colocan a esta comunidad autónoma con 2.107.420 habitantes.
Una cifra que a priori podría ser buena, pero que, en términos relativos, este incremento poblacional es del 0,06%, el más moderado de las 12 comunidades y ciudades autónomas con ganancias e inferior al medio nacional del 0,14%. De hecho, lejos está Castilla-La Mancha de otras comunidades autónomas como la Comunidad de Madrid (0,33 por ciento), Comunitat Valenciana (0,28 por ciento) e Islas Baleares (0,28 por ciento), que tuvieron las mayores subidas, pero supera a otras como Extremadura (-0,05%), Andalucía y Castilla y León, ambas con un -0,03%, que reducen su población.
Todo ello, además, cuando en esta región el aumento se debe al crecimiento de residentes extranjeros que, con 1.848 más que en el primer trimestre del año, ha compensado la pérdida de habitantes españoles, 492 menos. Así, a 1 de julio de este año, la comunidad tiene 1.864.558 residentes nacionales y 242.862 extranjeros.
Pero, si se baja al terreno, aún queda mucho camino por recorrer, ya que la España rural y, por ende, los pueblos de Castilla-La Mancha cada vez se vacían más, pese a las políticas e intentos del Gobierno autonómico por evitarlo. Castilla-La Mancha y Castilla y León, seguidas de Aragón, Asturias, Galicia, Extremadura, La Rioja, Andalucía, sur de Navarra y norte de Valencia sufren este fenómeno de la España vacía, una situación que ha sido catalogada como «problema de Estado».
Aunque no se trata de un problema exclusivo de Castilla-La Mancha, el mapa de la despoblación en nuestra comunidad autónoma se extiende sobre gran parte del territorio: el 67,4% del total de los municipios tiene una densidad por debajo de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado y, de estos municipios, el 81% acoge menos de 500 habitantes, como se desprende de la Estrategia frente a la despoblación en Castilla-La Mancha 2021-2031.
El problema es más que evidente porque, según datos del INE, en Castilla-La Mancha hay 637 municipios con menos de 1.000 habitantes, cuando la comunidad cuenta con un total de 919 municipios. En esos 637 pueblos viven a 1 de enero de 2023 un total de 158.032 habitantes, mientras que en la región se ha perdido en los dos últimos años un total de 1.773 habitantes en estas zonas extremadamente despobladas.
Todos esos datos no dibujan un futuro prometedor en el medio rural. Es evidente que los nuevos castellanomanchegos han optado por vivir en municipios de mayor tamaño, donde cuentan con servicios públicos y ciertas comodidades que hace años ya desaparecieron de los pueblos más pequeños. Esto requiere una revisión, mal que le pese a la bandada -poco técnica y nada demoscópica- de Martínez Guijarro-, de las iniciativas puestas en marcha hasta el momento. Deben introducirse mejor lo que se conocen como modelos oportunistas de ciclo económico-político con expectativas racionales, mejor tasados en la experiencia empírica.
Lo cual nos remite a los trabajos del catedrático José Antonio Marina sobre "La falta de talento en la Administración Pública". Políticos como Mtz Guijarro aún no han asimilado que la política y el derecho están acostumbrados a un estilo normativo, traduciéndose esto en una tendencia a dar órdenes allí donde tendrían que aprender. Esto puede ayudar a esa masa dirigente a entender que la Administración pública es un gigantesco mecanismo del que depende la “pública felicidad”, y que, precisamente por su magnitud, exige un enorme talento organizativo que no palpamos ni percibimos.
No se trata de dedicar más presupuesto, sino de gastarlo eficientemente con el fin de que gestione bien la burocracia de todo tipo de organismos. No basta con quedarse en enunciados y declaraciones, hay que alejarse del empantanamiento político ceñido a problemas ideológicos y dejarse de disputas de poder. La solución real pasa por tomarse en serio los problemas, todo un test de inteligencia política, cuya salida -como venimos explicando los defensores del tren convencional Madrid-Cuenca-Valencia- no está en negar negar que la administración pública pueda ser inteligente, es decir, eficaz, reservando la búsqueda del remedio en privatizar la gestión de los asuntos públicos. Un libro que tengo ante mis ojos, Cómo resolver problemas públicos, de Beth Simone Noveck (Galaxia Gutenberg, 2022), podría ayudar a Guijarro a dirigirse en propiedad a los asistentes al acto de la OCD y no trolearles como cuando hace declaraciones torpes y cortas a los medios de comunicación castellanomanchegos.
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