Las protestas de los agricultores en España continúan un día más, provocando que se vivan momentos de tensión en algunos puntos del país. Carmen Morodo ha señalado en Al Rojo Vivo que los protestantes se encuentran ante una situación en la que, a los viejos problemas del sector, se le han unido otros nuevos "como la regulación medioambiental".
La periodista ha destacado que considera que los agricultores tienen "bastante razón" con sus protestas. Sin embargo, ha indicado que esto se mezcla "con intereses corporativistas e ideologías proteccionistas".
De esta forma, ha explicado que cree que existe una gran incógnita sobre cómo acabarán estas manifestaciones, señalando que uno de los temas de debate que se pondrán encima de la mesa será hasta qué punto "estas protestas están condicionadas por un interés político".
Un momento que ha aprovechado para destacar que cree que sería un error entender esto como "un movimiento latifundista o de interés de la extrema derecha".
En el costado de enfrente, Antonio Maestre piensa que la izquierda abandona el campo: "Son urbanitas que no saben de dónde sale un tomate. No han cogido un azadón en su vida". Hay que construir alianzas, trascender clichés y crear sinergias de acompañamiento entre las justas reivindicaciones de los pequeños agricultores y los trabajadores del campo y los intereses de las grandes corporaciones agroalimentarias y los latifundistas que explotan a los jornaleros. El contrato tiene que ser claro, se apoyan las reivindicaciones justas, que no perjudican a los más vulnerables, y que atienden todos los intereses de las clases populares, ya sean rurales o urbanos, sin exigir medidas que beneficien solo a sectores marginales del campo para perjudicar a otros colectivos más vulnerables.
A su modo de ver, la composición de clase del mundo agrario no se puede obviar en el conflicto después de haberse producido un proceso de acaparamiento de tierras que ha laminado a la clase media rural hasta estratificar la composición social de manera radical y agudizar los polos de propietarios y jornaleros aumentando la desigualdad del mismo modo que en los entornos urbanos. La propiedad de las tierras y la extensión de las explotaciones es un factor determinante en lo que estamos viendo estos días porque las extensiones de la superficie cultivable se ha ido concentrando en grandes corporaciones y propietarios. Simplificando demasiado quizás, achaca el problema Maestre al "capitalismo". Y, como vamos a ver inmediatamente, esta perspectiva está bien encarada.
Esto último se aglutina observando el gran atestante que nos muestran las seis grandes reivindicaciones de los agricultores:
- Modificar un mercado "desregulado" que importa de terceros países "a bajo precio" y con normativas desiguales.
- Paralizar la ratificación de los acuerdos con Mercosur y Nueva Zelanda y las negociaciones con Chile, Kenia, México, India y Australia.
- Aumentar los controles a la importación de Marruecos.
- Flexibilización de burocracia y de costes ambientales derivados de la próxima Política Agraria Común (PAC).
- Cambiar la Ley de la Cadena Agroalimentaria para prohibir prácticas desleales y que los precios de los agricultores cubran los costes de producción.
- Un presupuesto "reforzado para los seguros agrarios" con el fin de "adaptarlo a la situación estructural que suponen las sequías" y fenómenos meteorológicos adversos".
Entretanto, ¿qué nos dice la sociología? Primero, hay que volver la vista atrás para situar el problema, que arranca tras la pandemia y se detiene en la estrecha relación que guarda la salud del planeta con la salud de las personas. Se hace evidente la necesidad de adoptar un nuevo modelo de desarrollo en el que nadie quede atrás y en el que se proteja el capital natural. Ha llegado el momento de superar la llamada responsabilidad social corporativa y dar paso a una transformación social competitiva puesto que, en un mundo complejo e interdependiente como el actual, las empresas no están ajenas a los retos actuales globales y que solo actuando sobre estos retos sus cuentas de resultados son rentables.
Vivimos en una sociedad compleja, interconectada y en ocasiones muy deshumanizada. Los avances científicos y tecnológicos deberían haber logrado en estos comienzos de 2024 el bienestar pleno para todas las personas del planeta, pero lo cierto es que no es así. Debemos replantearnos la necesidad imperiosa de construir alternativas sociales y económicas que nos permitan humanizar la sociedad y alejarnos del interés pleno en el rendimiento económico del sistema capitalista digital y programado.
En este sentido, y vinculado a la realidad de la España contemporánea, debemos analizar con honestidad y rigurosidad la situación del 42% de los concejos y municipios de España: mientras el gran capital económico se localiza en ciudades de tamaño medio y grande, una parte de nuestra tierra se muere de abandono. Algunos expertos en materia de desarrollo social y demográfico hablan de la España despoblada, y es que la cuestión poblacional va más allá de los censos y de las relaciones de habitantes por kilómetro cuadrado: afecta a la dignidad de cada una de las personas, implicando niveles de privilegio a la hora de desarrollarse como ciudadanos. A grandes rasgos, y evitando generalizaciones, no es lo mismo ser ciudadano rural que ejercitar la ciudadanía en contextos urbanos y desarrollados; a día de hoy, por tanto, existe una gran desigualdad entre los entornos rurales y los urbanos.
Raúl Carbajal López explicó muy bien esto cuando demandaba la necesidad de un país ético, haciendo hincapié en que, como se ha demostrado, la defensa de la «cuestión rural» es llevada a cabo, nuevamente, por aquellas personas que lo hacían antes. No podemos esperar a que las grandes corporaciones e instituciones ofrezcan soluciones a la España rural, hoy olvidada: es hora de empoderar a la ciudadanía y de ofrecer un proyecto ético para ella. Un designio que surge de dar respuesta a cuáles son los derechos inalienables de la ciudadanía rural. Estos, dice ese experto, vendrían marcados históricamente por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Declaración Universal de Derechos Humanos y por la reciente Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de otras Personas que trabajan en Zonas Rurales. A continuación, él propone una declaración sintética, de la que salen las bases para una ética de la acción rural.
Un sustento que ha de orientarse, en especial, para lograr solucionar los problemas de forma personalizada, y esto requiere superar una serie de barreras que limitan el empoderamiento ciudadano en relación a la cuestión rural. Uno de los primeros obstáculos lo constituye el egoísmo de la sociedad, subraya Carbajal: "... si bien las generalizaciones nunca son beneficiosas, hemos de afirmar –a grandes rasgos– que en el mundo rural actual prima el individualismo y el bienestar individual frente al bien común. Por tanto, hemos de apuntar hacia el egoísmo racional que paraliza el progreso comunitario en beneficio del desarrollo de todas las personas de la ruralidad específica. La unión hace la fuerza".
A ello se suma que al capitalismo, en realidad, no le interesa la España rural: en este ámbito no se produce ni se consume como en los entornos urbanos, por lo que el beneficio que enriquece al capitalismo es escaso. De este modo, acusa Carbajal, las grandes corporaciones empresariales dejan de lado el desarrollo de una gran parte de la sociedad. Por este motivo, cree que "es necesario denunciar el peligroso criterio de la rentabilidad que se tiene en algunas instituciones públicas, algo que favorece la masificación en las medias y grandes ciudades. La acción individual de las personas deberá ser canalizada a través de la acción colectiva. Se ha de propulsar acciones colectivas que generen transformaciones sociales en beneficio de la sociedad rural y de toda su ciudadanía, sin exclusiones de ningún tipo".
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