- Los instructores del ‘caso Gürtel’ y el ‘caso Bárcenas’ concluirán en el año electoral hasta 16 investigaciones de corrupción
- GRÁFICO Los escándalos que amenazan al PP
Luis Bárcenas a la salida de la de la Audiencia Nacional en 2013, tras negarse a declarar. /ULY MARTÍN
Lo peor está por llegar. El Partido Popular, castigado por seis años de instrucción del caso Gürtel, ha sufrido un duro golpe a su imagen en el peor momento posible. El auto del magistrado Pablo Ruz, que sienta en el banquillo a 43 imputados en la primera fase de esta causa, señala al PP y a Ana Mato como partícipes a título lucrativo de algunos de los supuestos delitos cometidos por los corruptos, lo que ha forzado la dimisión de la ministra de Sanidad.
El juicio oral de la primera fase del caso Gürtel mostrará una imagen demoledora de la corrupción. La clase empresarial, con una decena de representantes imputados, y el partido del Gobierno, con tres de sus extesoreros nacionales implicados, se sentaran juntos en el banquillo de los acusados.
No será el único problema del PP en 2015, un año electoral donde se juega el inmenso poder que acumula en Ayuntamientos, autonomías y el Gobierno de la nación.
¿Candidatos?
JOSÉ MANUEL ROMERO
El PP tiene problemas para definir quienes serán sus candidatos electorales para los comicios autonómicos y municipales de mayo de 2015 en Madrid y la Comunidad Valenciana, donde la red Gürtel hizo negocios entre 2000 y 2009.
Los dirigentes que optan a encabezar las listas han sido salpicados directa o indirectamente por las investigaciones judiciales en marcha. En la Comunidad Valenciana se celebrarán en 2015 al menos dos juicios por los procesos abiertos.
En la Comunidad de Madrid, el juicio de la primera fase del caso Gürtel volverá a recordar el despilfarro, descontrol y amaño de cientos de contratos para que la red corrupta organizará actos de propaganda en los que siempre intervenía la expresidenta Esperanza Aguirre, ahora aspirante a encabezar la candidatura del PP a la alcaldía de Madrid.
El horizonte judicial del partido de Mariano Rajoy está cargado de amenazas en los próximos meses. Hay al menos otros 16 frentes abiertos con imputaciones de corrupción que apuntan otra vez al corazón del partido que gobierna en España. Son 16 investigaciones judiciales vinculadas a la red Gürtel cuyo estallido final puede salpicar la carrera electoral de muchos candidatos populares.
La red corrupta que dirigía Francisco Correa y los manejos del extesorero nacional Luis Bárcenas han extendido la sospecha sobre las organizaciones del PP en Madrid, Comunidad Valenciana, La Rioja, Galicia, Cantabria y País Vasco. Varias decenas de cargos públicos del PP en estos territorios se sentarán en los próximos meses en el banquillo de los acusados en media docena de juicios.
Cinco causas en Valencia. Los negocios de la red Gürtel en la Comunidad Valenciana, gracias a la amistad que mantenían sus directivos con los dirigentes del PP, serán enjuiciados en los próximos meses en cinco procesos distintos:
Amaño de contratos en la Generalitat. La exconsejera de Bienestar Social, Alicia de Miguel, y los de Sanidad, Manuel Cervera y Luis Rosado, se sentarán en el banquillo acusados de amañar contratos a favor de la red Gürtel.
Financiación ilegal campañas electorales en 2007 y 2008. La gerente valenciana del PP Cristina Ibáñez Vidal y el extesorero nacional Luis Bárcenas están imputados en esta causa que investiga el pago de actos electorales por parte de empresas contratistas de la Comunidad Valenciana que pagaban a la red Gürtel por servicios simulados.
Visita del Papa. Proceso judicial abierta por el amaño de un contrato relacionado con la visita del Papa de 7,2 millones. Canal Nou adjudicó el trabajo a una constructora leonesa sin experiencia en el sector que operaba como tapadera de las empresas de Francisco Correa. Juan Cotino, exconsejero y expresidente del Parlamento valenciano, está imputado en esta causa.
La feria de turismo Fitur. Orange Market, la filial valenciana de la red Gürtel, consiguió durante cinco años el contrato para organizar la muestra de la Comunidad Valencia en la exposición de turismo Fitur, que se celebra en Madrid, Dos exconsejeras de Turismo están imputadas en la causa.
Feria de Valencia. El juez investiga pagos de esta institución a la trama Gürtel por casi dos millones de euros.
Ocho frentes abiertos en los ‘papeles de Bárcenas’. El juez Pablo Ruz investiga desde hace 20 meses los papeles manuscritos del extesorero Luis Bárcenas donde apuntó el ingreso de donativos (casi ocho millones de euros) prohibidos por Ley y pagos de sobresueldos a dirigentes del PP y otros servicios en dinero no declarado a Hacienda ni registrado en las cuentas oficiales del partido. Con esa prueba y tras numerosas diligencias de investigación, el juez Ruz ha acumulado indicios de financiación ilegal del PP para las obras de reforma de su sede nacional y para otros pagos que afectan a sus organizaciones territoriales de Castilla-La Mancha, Galicia, Cantabria, País Vasco y La Rioja.
Un organismo estatal salpicado por las mordidas de Correa.AENA, el ente estatal de Aeropuertos y Navegación Aérea, dependiente del Ministerio de Fomento, adjudicó numerososcontratos a las empresas de Francisco Correa. El cabecilla de la red corrupta presumió ante el juez Baltasar Garzón de haber logrado esos contratos gracias a su amistad con el entonces ministro de Fomento Francisco Álvarez Cascos.
La investigación judicial ha acreditado que dos cargos de confianza de AENA cobraron mordidas por la adjudicación de contratos para organizar eventos del organismo aeroportuario a las sociedades de la red Gürtel. Cascos no está imputado en la causa que salpica a dos cargos de confianza de AENA.
Boadilla y Arganda, los grandes pelotazos. Los exalcaldes de Arganda del Rey y Boadilla del Monte, ambos del PP, están imputados por cobrar grandes cantidades de dinero a cambio de favorecer contratos a la red Gürtel. En estos dos municipios, la trama corrupta también se enriqueció gracias a su supuesta intermediación en adjudicaciones de suelo que dieron lugar a plusvalías multimillonarias a favor de constructores y promotores inmobiliarios.
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