La Vanguardia de Cuenca

'La esfinge asiria': peligro, el Gobierno pierde pie (por José Antonio Zarzalejos)

José Antonio Zarzalejos.- (Publicado en ElConfidencial.com, aquí)

La derecha y adosados que votaron al PP el 20-N han pasado del mosqueo al cabreo. Creían que el Gobierno, de entrada, iba hacer las cosas mejor, más limpiamente, con coordinación y con más eficacia. El enfado está justificado. Al PP le ha faltado información y análisis solvente de la situación financiera y económica mientras estuvo en la oposición. Montoro y Nadal hacían proyecciones demasiado optimistas. Pensaron que el déficit no sería, desde luego, del 6%, al que Zapatero se había comprometido, pero jamás llegaron a pensar que escalaría al 8,51%. Error. Hasta que descubrieron que el Gobierno socialista se había abstenido de recortar 26.000 millones -en eso consiste la herencia recibida- creyeron que con el Decreto Ley de no disponibilidad del pasado 30 de diciembre, podría ser suficiente, con ligeros retoques en el Presupuesto de 2012. Otro error. Como estaban seguros de ganar las elecciones en Andalucía, prefirieron hacer la reforma laboral y la financiera, pero demorar en lo posible el proyecto presupuestario. Nuevo error. No obtuvieron la Junta andaluza y los Presupuestos le han resultados tardíos a la troika (BCE, FMI y UE), mucho más después de que regateasen sobre la cifra de déficit a conseguir en este ejercicio. Error también, porque con el monstruo bruselense no se regatea: una vez se toma el acuerdo, se cumple y punto.

Tras los presupuestos, ha venido el recorte sanitario y la medidas sobre tasas universitarias, como un complemento de urgencia a unas cuentas públicas que no resultaban suficientemente creíbles. S&P acaba de situarnos en una modesta triple B porque esas cuentas no le cuadran. Tampoco al propio Ejecutivo que, además de subir los impuestos directos este ejercicio (IRPF y Sociedades), ya ha anunciado que subirá en 2013 el IVA y los especiales. Las promesas -vanas promesas- volaron. Y ayer supimos que en España hay ya más de cinco millones seiscientos mil desempleados, y que todavía en 2015 -¡nada menos!- seguiremos en parecidas cifras. La imagen del Gobierno, con un mes de mayo de agitación en la calle, bordea el precipicio sin aparente reacción comunicativa ni especial empatía con la sociedad española. El Ejecutivo y su presidente parecen estatuas de sal, esfinges. Peligro, enorme peligro cuando a un Gobierno no le comprende ni su electorado, pierde pie y se cae. Las grietas en el Partido Popular y en sus entornos comienzan a afectar a la estructura política de su proyecto. 

Hay ‘amigos’ que ayudan a que las cosas vayan peor de lo previsto. Curiosamente, o quizás no tanto, el inminente fracaso de la reforma financiera y sobre la que apremia el FMI, se remite a la actitud y la gestión de Rodrigo Rato Figaredo, presidente de Bankia, ex vicepresidente del Gobierno con Aznar y ex director gerente del FMI. Su soberbia persistencia en mantener la carcasa vacía de su entidad como un galeón solitario en la marejada financiera, en alianza torpe con Miguel Ángel Fernández Ordoñez, gobernador todavía del Banco de España, está procurando que el plan gubernamental de reducir mediante liquidaciones y concentraciones entidades fallidas y sin futuro, pierda credibilidad en todas las instancias internacionales. Rato ha espantado a cualquier partenaire bancario -eso sí, ha sido incapaz de hacerse cargo del Banco de Valencia- y se niega a cualquier solución que no sea un ‘banco malo’ que le permita aparcar en él –a base dinero público- el stock tóxico inmobiliario de Caja Madrid y Bancaja. Santander y BBVA –que padecen injustamente las consecuencias de esta altanería- ya han advertido que el ‘banco malo’ sólo prima a los gestores incompetentes, hace recaer sobre los contribuyentes el saneamiento de las entidades insolventes y constituye un mal precedente. En estas circunstancias, el Gobierno, a pesar de Rato y acaso por Rato, está emplazado a tomar una decisión que ha demorado demasiado y que podría ser traumáticamente inaplazable.

Peligro, enorme peligro cuando a un Gobierno no le comprende ni su electorado, pierde pie y se cae. Las grietas en el Partido Popular y en sus entornos comienzan a afectar a la estructura política de su proyecto.

Pero, para que todo se complique más aún, el jueves el ministro del Interior, a quien ya se  veía neófito en cuestione relativas a ETA, perpetró el peor error de los posibles: anunció chapuceramente un plan para revertir la política de dispersión penitenciaria de los presos de la banda suavizando una condición que hasta ahora se exigía –aunque no por imperativo legal- y que consistía en que el acercamiento a cárceles del País Vasco sólo se producía si, con la renuncia al terrorismo, se firmaba una petición de perdón a las víctimas ante las autoridades penitenciarias. Ahora este requisito no será necesario. Lo peor de este requiebro estriba en su carácter innecesario -¿por qué hay que dar ahora ese paso cuando se acaba de ratificar la doctrina Parot?-, en el previsible fracaso en el logro de la ruptura entre la banda y sus presos, en el pésimo mensaje que se envía a los terroristas que optaron por la llamada vía Nanclares a los que se les exigieron requerimientos superiores, en el desconcierto que el plan ha provocado entre las víctimas y en el PP y en buena parte de su electorado y en la ausencia total de sensibilidad al lanzar esta iniciativa a una opinión pública saturada de problemas y a la que el Gobierno sobresalta con medidas -¿improvisadas?- cada dos por tres.

El plan -denominado como integral- debe responder a claves que se nos escapan al común de los mortales y que sólo los servicios de información gubernamentales conocen, pero constituye una inhabilidad política gravísima lanzarla sin anestesia, acentuado el error por el mal manejo del procedimiento para su conocimiento público. El Gobierno, es de temer, ha vuelto a confundirse, entregándose a un planteamiento precipitado que era el que defendía el PSOE y, en particular, el lendakari López. El de la flexibilización penitenciaria es, justamente, el eje de su campaña electoral para las autonómicas vascas del año que viene. La torpeza estriba pues en la no explicación del por qué; en las ignotas razones sobre el momento; en las razones del qué y en la forma de hacer circular el plan. La duda consiste en si la medida servirá o no para el fin que se propone: debilitar más a ETA y dar un empellón para que se disuelva. O para remitir a la banda un mensaje equívoco.

¿Responderá Rajoy a esta nuevo situación, gravísima, con algo más que el silencio estatuario a que acostumbra?, ¿volverá a comportarse como una ‘esfinge asiria’ haciendo buenas las acusaciones de tancredismo que se le lanzan? A este respecto, el presidente padeció un severísimo ataque de Javier Marías en el suplemento semanal EPS del diario El País con un artículo furibundo titulado ‘La esfinge asiria’. No recuerdo una arremetida más demoledora y visceral al presidente del Gobierno. Y se han podido leer muchos.

Escribía el hijo del ilustre Julián Marías que “personalmente (Rajoy) siempre me ha parecido una cabeza hueca (…) un hombre sin ideas y desde luego sin ímpetu, sin capacidad para entusiasmar a la gente, ni siquiera para crearle ilusión o esperanzarla.” El autor, sin embargo, le reconoce “cierta astucia”, pero de una clase especial: “La astucia clásica de las personas sin ideas consiste en hacerse la esfinge: permanecen calladas mientras las demás parlotean, se muestran enigmáticas e impenetrables, consiguen que los otros se mantengan a la expectativa de sus escasos pronunciamientos a los que se acaba por dar valor sólo por eso, por su escasez.” Pero a Marías, las actitudes de Rajoy le recuerdan a las de alguien. Efectivamente: a las de Franco. La conclusión del literato es que el presidente del Gobierno se está haciendo “la esfinge asiria” porque es barbada a diferencia de las esfinges griegas y egipcias. Lo inquietante para Marías es que la etimología de la palabra esfinge remite a términos tan desasosegantes como el de “agarrador” o “anudador”. Pero “según otros” -dice Marías- la etimología de esfinge es más preocupante: “exprimidor, o incluso, estrangulador”. Por eso, cierra la pieza nuestro autor con esta frase: “En cualquiera de los casos, mejor no recurrir a la etimología, ¿verdad?”. 

El electorado del PP y, por extensión, la inmensa mayoría de los ciudadanos, no quieren que el presidente del Gobierno dé la razón a Javier Marías; no desean que Rajoy sea una ‘esfinge asiria’ y que esa imagen sea una metáfora de un Gobierno que resbale y caiga. Y si no lo quieren en ningún caso, menos aún en esta coyuntura agobiante que requiere de interlocución emocional y explicativa con la sociedad. Y previsibilidad en las decisiones y coherencia entre lo que se ha dicho y se hace. Más todavía cuando se ha colado este errado asunto del plan integral de reinserción de los terroristas. Puede entenderse por prudencia el distanciamiento social y mediático en otros momentos pero no en estos compases tan fúnebres para el país, en los que la desesperanza y la resignación comienzan a confundirse con la indignación y el hastío. No es soportable emocionalmente el silencio pétreo de las esfinges barbadas por muy asirias que sean. Comienza a cundir el desconcierto y se espesa el ambiente. Mucho cuidado.

Cómo utilizar el poder político en beneficio privado y cómo denunciarlo (por Fernando Urruticoechea)

Fernando Urruticoechea (Publicado en Rebelión, aquí)

La corrupción en la política local no es excepción sino norma. Ahora tenemos una prueba numérica con las facturas en los cajones, que no es más que la punta visible de la enorme corrupción existente en los ámbitos local y autonómico.

Debe resultar incomprensible para la mayoría de las personas no familiarizadas con la administración municipal el entender lo de las facturas en los cajones. Sin embargo ha venido siendo una práctica común en los ayuntamientos desde sus comienzos democráticos, el comprar y gastar alegremente, sin preocuparse de contar con crédito presupuestario. En caso negativo, cuando las facturas llegaban a los ayuntamientos no se podían contabilizar y por lo tanto, tampoco pagar, debiéndose dejar en los cajones para el ejercicio siguiente, o para el siguiente. Normalmente sin control de su volumen y tramitación, ya que tampoco ha sido costumbre el contar con registros centrales de facturas.

Claro está que como los proveedores acostumbran a tener buena información de los períodos de pago de los ayuntamientos, actuaban en consecuencia, cargando altísimos porcentajes del 20 – 30% de sobrecoste normalmente en el precio de venta de sus bienes y servicios. Cualquiera puede llegar a comprobar en sus ayuntamientos las facturas de compra y verificar el precio de bienes comunes desde una bombilla a un saco de cemento, o más complejos, como la hora de limpiadora en un contrato de limpieza de edificios. Seguro que se asombrarán.

Es una forma de financiar las compras ciertamente estúpida, ya que resulta mucho más cara que financiarla a través de los bancos, pero el problema está en que los préstamos con entidades financieras son sólo para inversiones y el gasto de los políticos es compulsivo, ya que es fundamental para mantener su clientela y en muchos casos, algo se queda por el camino, para sí mismos o para sus maquinarias electorales.

Todo este nefasto sistema a lo largo de los años ha producido el efecto de bola de nieve convirtiéndose en un problema de Estado, lo mismo que para muchos autónomos y pequeñas empresas, ya que falseaba la deuda local en la contabilidad pública. Claro que no es este el único problema con los ayuntamientos, ya que también son morosos con sus propias cuentas, con más del 50% de ayuntamientos sin rendir cuentas en años anteriores.

Si hacemos un poco historia han sido varios los intentos de arreglar este desaguisado, pero la tópica cercanía a los ciudadanos de los políticos locales sólo se alimenta con más gastos, lo que convierte en insaciables a las haciendas locales. En el año 2006 una reforma creativa de la contabilidad local creó la cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto”, es decir, se reconocía oficialmente la existencia de un problema crónico de corrupción y se obligó a contabilizar en el ejercicio en esa cuenta de contabilidad general, todas las facturas en los cajones, para que todas ellas se cobijaran presupuestariamente al año siguiente y se pudiera pagar, a través de un peculiar procedimiento, llamado de “reconocimiento extrajudicial de créditos”. Para no tener que esperar a que el pago sea ordenado por un juez.

Pero estábamos en la década prodigiosa, en plena pandemia de la fiebre del oro y nadie paraba en gastos, y mucho menos los ayuntamientos que vivían en plena orgía, sin control alguno.

En el año 2009, el chirriar de dientes de los autónomos y PYMES debió llegar hasta la Moncloa, ya que el gobierno socialista habilitó una financiación especial de 14.000 millones de euros para pagar pufos municipales, a través del RDL 5/2009, para facilitar a las Entidades Locales el saneamiento de deudas
pendientes de pago con empresas y autónomos, mediante una operación extraordinaria de endeudamiento bancario, sujeta a la necesidad de aprobar un plan de saneamiento que asegurara la capacidad de pago para cancelar la operación concertada en el plazo comprometido, que no podía ser superior a seis años, con la condición de aplicar los recursos obtenidos a pagar las obligaciones pendientes con empresas y autónomos en el plazo máximo de un mes.

Además, para seguir alimentando los estómagos municipales, en el año 2009 se creó el Fondo Estatal de Inversión Local con 8.000 millones de euros, en el que participaron los 8.110 ayuntamientos españoles, con 30.761 proyectos de inversión aprobados. En 2010 el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad local, con 5.000 millones. Por vez primera en España, fue obligatoria la tramitación telemática y se exigió a todos los ayuntamientos que tuvieran firma electrónica.

Pero los cajones seguían llenos y las facturas seguían sin pagarse, así que en el año 2010 nuevo intento de rizar el rizo con la Ley 15/2010, de medidas de lucha contra la Morosidad en las operaciones comerciales, por la que se imponían plazos de pago inferiores a los ya existentes tradicionalmente de 60 días, que casi ningún ayuntamiento cumple. En consecuencia, el progresivo agravamiento de los impagos de las Administraciones territoriales, con especial impacto en los autónomos y PYMES.

Y en estas llegó Rajoy y mandó pagar a los ayuntamientos, mediante el RDL 4/2012, para el pago a los proveedores de las entidades locales, utilizando el sistema telemático habilitado por Zapatero para sus planes E. La novedad es que esta vez el Estado no pone ni un euro, sino que obliga a los ayuntamientos, a través de plazos perentorios, a transformar su deuda con proveedores, en deuda con las entidades financieras, a través de un préstamo sindicado con la mayoría de bancos españoles. El Estado garantiza el pago a los bancos mediante la retención a los ayuntamientos morosos que incumplan sus obligaciones, de los pagos mensuales como participación en los ingresos del Estado –PI-.

Gracias al sistema de información habilitado, con certificaciones obligadas de todos los interventores municipales que vencían el 15 de marzo, hemos conocido que cerca de 5.000 ayuntamientos siguen debiendo a sus proveedores casi dos millones de facturas por casi 10.000 millones de euros, lo que representa el 1% de nuestro PIB. Sólo facturas por contratación administrativa de obras, servicios y suministros, sin que entren las deudas con otros entes públicos, como con la Seguridad Social, ni las deudas derivadas de contratos privados, como seguros y préstamos bancarios.

Por lo tanto, ya no cabe seguir diciendo que el problema de la corrupción sólo afecta a unas pocas manzanas podridas, ya que “las facturas en los cajones” están originadas casi exclusivamente por la utilización del poder político en beneficio particular, a través de gestiones irresponsables, sin control administrativo. Las excepciones, las de los ayuntamientos pequeños que no han podido pagar sus facturas por carecer de liquidez por falta de cobro de las subvenciones de otros entes públicos.

Por eso el problema es doble, por una lado, el que esté provocado por delincuentes políticos que han puesto su interés privado por delante del público y por otro, el que no existan en la administración española mecanismos eficaces de control administrativo que hayan parado esta absoluta locura. Porque para gastar basta una orden de un político o de un funcionario, pero para poder pagar se necesita la firma del alcalde y la del interventor, corresponsabilizándose este último si no advierte por escrito de la ilegalidad.

Ya no basta lamentarse diciendo que el espectáculo de las facturas locales no debe repetirse. Según Einstein “Es una locura seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes”. Resulta obvio que los mismos políticos volverán a repetir lo mismo, si no se les escarmienta, si no se aplican las leyes existentes. El gobierno nos trata de estúpidos al anunciarnos que criminalizarán a los políticos por despilfarro público, incluyendo en la futura Ley de Transparencia infracciones en materia económica, que en los casos más graves serán considerados delitos, por ejemplo para los que falseen cuentas y oculten datos.

No hace falta esperar a los próximos delincuentes, basta con que apliquen las leyes actuales a los políticos que infringiéndolas, nos han llevado a la actual situación económica.

En concreto, el artículo 173.5 del RDL 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, impide los gastos sin crédito presupuestario, declarándolos nulos de pleno derecho, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar. Como nuestros políticos se han olvidado hasta el momento de señalar qué responsabilidades son y las penalidades a aplicar, resulta un texto bonito, como el de muchas leyes, pero sin aplicación, o sea los gastos nulos quedan como meras irregularidades, que se pagan sin peritar.

Sin embargo, ahora, con el sistema de información y el plan de financiación articulados por el actual gobierno popular, sí que se puede cuantificar el perjuicio económico derivado del incumplimiento de la norma de no gastar por encima del presupuesto equilibrado, al conocer si existen reclamaciones judiciales con peticiones de intereses de demora entre las facturas de antes del 31/12/2011 sin pagar y también el coste de la financiación que será del 5% a 10 años más 2 de carencia.

Por lo tanto, nos encontraríamos en lo que el Tribunal de Cuentas define como responsabilidad contable en el art. 38 de su Ley orgánica2/1982, al reunir las llamadas “facturas en los cajones” todos sus requisitos. Se trata de una acción de gestión de caudales, contraria a la legalidad presupuestaria, claramente subjetiva con dolo o negligencia grave, que ha producido un daño real de la hacienda local, evaluable económicamente.

Dado el funcionamiento acusatorio de nuestra justicia, que sólo actúa ante acusaciones, y dado que cualquier ciudadano o asociación puede actuar ante el tribunal de Cuentas, sin necesidad ni de procurador, ni de abogado, ni de presentar fianza, es democráticamente imprescindible que se ejercite tal acción pública denunciando ante el Tribunal de Cuentas a los alcaldes responsables de las facturas impagadas originadas por gastar por encima de lo presupuestado o por contar con presupuestos desequilibrados.

Y si los interventores no hubieran advertido por escrito la improcedencia de tales gastos, sus nombres también se incluirán en la denuncia, junto a la de su alcalde, con el fin de atajar el intrusismo y el carácter acomodaticio o incluso mercenario de muchos de estos compañeros interventores.

El tema del control administrativo del gasto local y el del gasto autonómico, es el gran tema pendiente para acometer en serio el problema de la corrupción política.

Es hora de resarcirnos de tanto despilfarro público como el que se ha producido y el procedimiento de responsabilidad contable por alcance, tiene la ventaja de carácter resarcitorio del daño producido, es decir su plena aplicación, resultaría ejemplarizante.

Fernando Urruticoechea. Interventor municipal, con habilitación estatal, de categoría superior

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Estamos recortando por encima de nuestras posibilidades (por Irene Lozano)

Irene Lozano.- (Publicado en ElConfidencial.com, aquí)

Se oye cada vez más a los pragmáticos asegurar que, con tanto ajuste, no sólo no se conseguirá reducir el déficit, sino que además nos vamos a dejar en la gatera todos los pelos de la cohesión social. Mi opinión es que no sólo estamos recortando por encima de nuestras posibilidades económicas, sino también de nuestras posibilidades políticas.

El dogmatismo de impronta alemana sigue imponiéndose a los hechos. Y si el coste social está resultando muy elevado, lo peor es que, al concentrar todo el esfuerzo de los Estados en un solo asunto -la reducción del déficit-, se está erosionando la esencia misma del Estado, lo que explica la crisis de legitimidad de las instituciones. Si algo caracteriza la actuación de un Estado es su papel armonizador de los distintos intereses de una sociedad. En todas ellas hay siempre opiniones encontradas, intereses que entran en conflicto, individuos que quieren una cosa y otros que desean la contraria.

Sucede igual al organizar el tráfico en una ciudad. Nadie tendría siempre en rojo todos los semáforos en dirección norte y en verde todos los situados en dirección sur. Sin duda, eso satisfaría mucho a quienes circularan hacia el mediodía pero, aparte del caos circulatorio, sólo desencadenaría odio y rencor en los demás, es decir, minaría la convivencia. Además, deslegitimaría al Estado, que sería visto como un arbitrario defensor de la circulación en un solo sentido. Los semáforos cambian de color por periodos para que todo el mundo pueda circular, y para ello se tienen en cuenta variables objetivas como la densidad de población y de tráfico, el tipo de vía, etc., y no la procedencia aleatoria de los conductores.

Por definición, el Estado tiene la función de arbitrar todos los potenciales choques entre intereses particulares –no sólo los de tráfico-, y es en la búsqueda de esa síntesis donde suele hallarse el interés general, que no sólo redunda en la cohesión social, sino también en la legitimidad del propio Estado, pues será visto como defensor de todos y no de unos pocos

Por definición, el Estado tiene la función de arbitrar todos los potenciales choques entre intereses particulares –no sólo los de tráfico-, y es en la búsqueda de esa síntesis donde suele hallarse el interés general, que no sólo redunda en la cohesión social, sino también en la legitimidad del propio Estado, pues será visto como defensor de todos y no de unos pocos.

También en el gobierno de la economía el Estado debe demostrar que, naturalmente, está interesado en reducir un déficit excesivo. Poca gente afirma hoy lo contrario. La cuestión es que el Estado está obligado a situar esa preocupación en el lugar preciso que le corresponde dentro del conjunto de las preocupaciones de un Estado: el crecimiento económico, la cohesión social, el empleo, la igualdad de los ciudadanos, la vigencia de las libertades públicas, la racionalidad del gasto. Mantener simultáneamente esa amplia gama de preocupaciones es lo que hace que gobernar sea una tarea difícil. Por eso se ha ideado un sistema complejo de elección de los gobernantes, la democracia, que debe garantizar no sólo la capacidad sino, algo mucho más perentorio hoy: su legitimidad.

Aprobar un decreto tras otro recortando inversiones tan básicas como la educación o servicios tan importantes como la sanidad, mientras se suben los impuestos a los ciudadanos, se amnistía a los defraudadores y se deja intacto el despilfarro y la irracionalidad del gasto autonómico, resulta muy fácil. No hay que enfrentarse a dos poderosos grupos de interés: los acreedores y los barones regionales de los partidos. Presenta en cambio un problema muy grave: deslegitima al Estado por cuanto los ciudadanos perciben su desprecio hacia el interés general.

Como además los intereses particulares suelen ser inconfesables, la labor se complica a la hora de la comunicación –ya lo hemos visto-, por eso el Gobierno tiende a escudarse en las presiones recibidas de Europa. Pues bien, anoten este dato: el porcentaje de españoles que cree que pertenecer a la Unión Europea es positivo acaba de alcanzar una cota mínima histórica del 55%. En sólo tres meses ha descendido 10 puntos.

Ya sé que los de mirada corta pensarán que, mientras se desprestigie la UE pero ellos no se vean demasiado afectados en las encuestas electorales, todo irá bien. La realidad es justamente la contraria. Y si no, díganme a qué década del siglo XX les recuerda la suma de crisis económica, auge del nacionalismo, hegemonía de Alemania y deslegitimación de la política. Y díganme cómo acabó todo.

Detrás de las líneas rojas: asalto al Sistema Nacional de Salud (por Gaspar Llamazares Trigo)

(Publicado en El País-Reggio´s, aquí)

TRIBUNA

Las medidas aprobadas por el Gobierno  del PP suponen un cambio de modelo del sistema sanitario, que deja de  ser universal y permitirá que las capas medias sean arrojadas a los  brazos de las aseguradoras privadas.

Nuestro sistema sanitario público es reconocido por los profesionales  y los ciudadanos como un sistema universal de calidad y de bajo coste.

Sin embargo, el Gobierno sacrifica la sanidad y la educación en aras  de los mercados. El gobierno ha anunciado un recorte brutal en educación  y sanidad de 10.000 millones de euros para aplacar la desconfianza de  los mercados ante el proyecto de Presupuestos para 2012. Hemos pasado  del recorte al hachazo y de éste a la tala.

Esta tala afectaría a más del 10% del presupuesto sanitario que está  en su mayoría en manos de las Comunidades Autónomas, mediante medidas  drásticas de recorte de prestaciones, repagos de fármacos (a ricos),  privatizaciones y desgravaciones fiscales que cambiarían de hecho el  modelo universal financiado por impuestos de nuestro estado de bienestar  o medioestar. Se trataría pues de aprovechar la crisis para demoler el  modelo universal, con un nuevo hachazo que se suma al ya sufrido en el  año 2011.

Es necesario destacar que nuestro débil estado social, que es  perfectamente sostenible para nuestro nivel de renta, es fruto de un  escaso compromiso financiero del Estado con las políticas sociales,  derivado, entre otras razones, de un sistema fiscal escasamente  progresivo y lleno de agujeros que facilita el fraude y la evasión  generalizados de las rentas altas y una escasa contribución impositiva  de las plusvalías, sociedades y patrimonio, en contraposición al IRPF o  al IVA que pagan los asalariados.

Este bajo nivel de inversión social explica que, a pesar de la  sanidad universal, la educación, las pensiones y la atención a la  dependencia, estemos muy lejos de la Unión Europea. Sin embargo, todo  ello se corresponde con una derecha que no hizo su transición por el  Estado de bienestar y una izquierda gobernante que ha mantenido el  Estado social en una situación de debilidad limitándolo a un mediocre  Estado del medioestar. A ello han contribuido los que  calificaron las rebajas fiscales como medidas de izquierdas y aceptaron  propuestas como los modelos privados de gestión o la colaboración  público-privada en la gestión sanitaria y los que han mirador para otro  lado en tiempos de bonanza ante el reto de la dirección y coordinación  del Sistema Nacional de Salud.

Hasta hoy, los buenos resultados del sistema sanitario, la opinión  favorable de los ciudadanos (en la derecha y en la izquierda), la  satisfacción de los lobbys presentes en el sector  (farmacéuticos, de tecnologías sanitarias y de la industria sanitaria  privada) han mantenido una situación de calma chicha fruto de un  equilibrio de fuerzas e intereses económicos, sociales y políticos.  Hemos vivido de la inercia, los beneficios excesivos para la industria  farmacéutica y una gestión política entre el populismo y los  “experimentos” con cava.

Sin embargo, a lo largo de los años de gestión autonómica y pasividad  de la Administración Central en materia sanitaria, se ha ido  modificando el Sistema Nacional de Salud en aspectos esenciales que hoy  parecen ser las líneas de fuerza de la ofensiva del PP y los mercados en  contra del mismo.

Las debilidades de nuestro Sistema Nacional de Salud han estado en  los modelos de repago y privatización indirectos, de una parte, y de  otra en una creciente medicalización y medicamentalización de la  sanidad. Esta última directamente financiada y dirigida cada vez en  mayor grado por las compañías multinacionales de la farmacia y la  tecnología, cuyo control férreo impone unos modelos de negocio y trabajo  negativos para el sistema. Así cualquier novedad medicamentosa o  tecnológica se incorpora, a unos precios elevados, sin más, a las  prestaciones públicas, aunque no haya la más mínima evidencia de las  ventajas que aporta sobre lo existente, obviamente mucho más barato.

Son precisamente estas debilidades las que hoy se utilizan como  palanca para demostrar una supuesta inviabilidad del Sistema Nacional de  Salud: una deuda farmacéutica a proveedores que, sin ser excesiva, ha  sido provocada por los mismos que se han beneficiado del sistema y hoy  reclaman su reforma.

Otras debilidades han sido la ausencia de un verdadero modelo de  gestión, la renuncia a la dirección política en materia sanitaria y la  inexistencia de proyecto político, todo ello por parte de los sucesivos  gobiernos, que se han escudado en que la “sanidad” era una competencia  de las Comunidades Autónomas.

Ahora la fruta parece madura. Ha llegado el momento de pasar factura al Estado del medioestar y en particular a un modelo sanitario apetitoso para los mercados, con  la ayuda de un gobierno nacional reducido a un comisariado de los  mercados y la Unión Europea

El PP, bajo la bandera de la igualdad de prestaciones y acceso,  entendida esta como uniformidad, cumplirá con el doble objetivo de  recortar prestaciones, imponer o coordinar repagos y colaboraciones con  el sector privado, debilitará el modelo de gestión autonómica al tiempo  que lo responsabilizará de las inequidades e ineficiencia, cuando, en  realidad, estas son y siguen siendo sociales unas y condicionadas por  los lobbys las otras.

El PP tiene como principal objetivo romper la universalización, es  decir sacar a las clases medias del Sistema Nacional de Salud, en tres  frentes: reduciendo salarios de personal y prestaciones considerándolas  lujosas y “pecaminosas” a veces para que se compren en el mercado  (fertilización, aborto,…), con el objetivo de establecer unas  prestaciones básicas y otras de pago. Introduciendo repagos o tasas para  favorecer la “competencia” y la “mercantilización” y por tanto el flujo  hacia el sector privado de aquellos que sufrirían doble imposición.  Caminando todo ello, con desgravaciones fiscales y la generalización de  mercados internos para el sector privado, hacia la precariedad y  dualización del Sistema Nacional de Salud.

Todo ello, con la paradoja de que no sólo no supondrán ahorro alguno  sino que aumentará el gasto sanitario como ocurre en los EEUU, que  triplica el español.

La expulsión de las clases medias es el primer paso para transformar un sistema universal en otro meramente asistencial.

Por eso, hoy más que ayer, es necesario defender el modelo de Sistema  Nacional de Salud público y universal, porque responde a necesidades y  derechos ciudadanos a la salud y porque es el más eficiente, reforzando  su coordinación, dirección participativa y descentralización frente a la  imposición de los lobbys empresariales disfrazados de  nostalgia centralizadora y eficiencia privatizadora. Para mañana y  pasado mañana se trata de reorientar y reforzar el Sistema Nacional de  Salud con la prioridad de los enfermos crónicos, la atención primaria de  salud y la salud pública. Pero para todo esto tiene que seguir  existiendo el Sistema Nacional de Salud que hoy pone en peligro la tala  del Gobierno y los mercados.

Gaspar Llamazares Trigo es diputado de IU por Asturias.

UPyD dice que el Gobierno carece de "visión de país" y pide salvar el estado social refundándolo

Foto: EUROPA PRESS

(Publicado en EUROPA PRESS, aquí) -

La portavoz parlamentaria de UPyD, Rosa Díez, ha defendido este martes en el Pleno del Congreso la enmienda de totalidad presentada por su partido contra el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2012 alegando que "carece de visión de país", y ha reclamado al PP que salve el estado social reformando el estado de las autonomías porque "la Administración central ya no tiene capacidad para grandes recortes".

"Nos hubiera gustado no tener que presentar una enmienda a la totalidad a sus primeros presupuestos y haber hecho nuestras aportaciones con enmiendas puntuales, pero ha sido imposible porque les falta lo sustancial: una visión del país que queremos construir a corto y medio plazo. Están tan
agobiados en evitar que se hunda el barco que se han olvidado de fijar el rumbo, de tomar el timón y de darle horizonte a la travesía", ha recriminado la diputada.

Así, ha acusado al Gobierno de ir "a remolque de los acontecimientos" fundamentalmente porque carece de "un modelo de país", lo que a su juicio se demuestra en que, "aunque la clave para enfrentarse a la recesión y a la crisis está en las cuentas de las comunidades autónomas", el PP "opta por continuar el desmantelamiento del Estado" sin "abordar ninguna de las reformas imprescindibles para corregir el déficit estructural".

"El grueso del ajuste recae sobre un Estado ya exhausto mientras se sigue inflando un modelo de país elefantiásico e insostenible. No hay un relato de país, no hay estrategia, no hay liderazgo. Es la hora de la política; para ir por detrás de los acontecimientos ya está la demoscopia. Hagan el favor de
traernos una presupuestos que respondan a las necesidades de España", ha exigido Díez.

LA ADMINISTRACIÓN NO DA MÁS DE SÍ

Así, ha explicado que para solucionar los problemas del país los presupuestos deben "corregir cuanto antes el desequilibrio de las finanzas públicas en las administraciones autonómica y local" y no tratar de que la Administración central haga "frente por sí misma al grueso del ajuste".

"Eso es imposible porque la capacidad de reducción del gasto del Estado ya ha llegado a su límite. Es un hecho numérico que la Administración central ya no tiene capacidad para realizar grandes recortes, salvo que se opte por desmantelarla, como se está haciendo. Esta estrategia, además de injusta, está condenada al fracaso", ha pronosticado.

Además, ha defendido que "es la hora de refundar el Estado" y ha criticado al Ejecutivo por estar "dispuesto a tocarlo todo, incluso las familias y las pequeñas empresas, menos a las comunidades autónomas", interpretado este comportamiento "desde la óptica del comportamiento acomplejado ante el nacionalismo".

En este punto, ha reprochado al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que haya dicho a CiU que "las políticas económicas y hacendísticas están orientadas hacia Cataluña". "Haré como que no le he oído, haré como que estos presupuestos están orientados hacia toda España", ha ironizado.

EXPLICAR PARA SER ENTENDIDOS

En la misma línea, Díez ha reconocido que el PP recibió un país "hecho unos zorros" por culpa del Gobierno precedente, si bien también ha aprovechado para reprochar al Ejecutivo que "en vez de ponerse manos a la obra y agilizar la aprobación de los presupuestos, lo demoraron por razones electorales, lo que generó un grado de incertidumbre muy perjudicial para España".

"Se han comportado ustedes de la misma manera que el anterior gobierno, anteponiendo el interés particular al interés de España", ha acusado, recordando a Montoro que los ciudadanos tienen que entender el por qué de los recortes para aceptarlos y recriminando que, sin embargo, los argumentos que ha esgrimido en su intervención de esta mañana "caben en un 'tuit'".

MENOS GASTO PRODUCTIVO

En cuanto al detalle de las cuentas, la diputada de UPyD ha lamentado que el Gobierno se haya "negado a realizar un recorte selectivo del gasto", optando por las partidas productivas y sociales, sin conseguir con ello "recortes permanentes en el gasto superfluo ni reducir el déficit estructural".

Además, pese a basarse en un escenario macroeconómico "más realista" que en años anteriores, Díez ha indicado que aún se recogen partidas de ingresos "excesivamente optimistas" y gastos "infravalorados". También ha criticado que "se suben los impuestos sin un plan global" mientras se propone una amnistía fiscal para los defraudadores.

"El resultado de todo lo anterior son unos presupuestos que sacrifican el crecimiento y ni siquiera conseguirán a cambio reducir el déficit al nivel marcado como objetivo para tranquilizar a nuestros acreedores. El efecto a corto plazo de estas medidas será contractivo porque ni se toman medidas incentivadoras de la economía, ni se apuesta por el cambio de modelo productivo, ni se inicia un proceso de reforma del modelo territorial", ha
lamentado.

PwC y sus 10 recetas para curar a la sanidad pública española

(Publicado en valenciaplaza.com, aquí)

VALENCIA (VP). La sanidad española está sufriendo en 2012 importantes recortes por parte de la Administración central y de las comunidades autónomas debido a la necesidad de cumplir con los objetivos de reducción del déficit. Sin embargo, estos recortes deben estar bien orientados.

"Si queremos que nuestro sistema sanitario sea capaz de dar respuesta a un escenario de demanda creciente son necesarias, además, reformas que incidan en un incremento de la eficacia y de la productividad", apunta en su informe Diez Temas Candentes de la Sanidad para 2012 que, por tercer año consecutivo, elabora PwC a partir de las reflexiones de un nutrido grupo de expertos en política sanitaria.

Moderado por los ex ministros de Sanidad, Julián García Vargas y Ana Pastor, en su elaboración han participado presidentes y directores generales de algunos de los principales grupos hospitalarios, aseguradoras sanitarias, empresas de tecnología médica, laboratorios farmacéuticos, consejeros de sanidad y representantes de asociaciones profesionales, entre otros.

CAMBIOS URGENTES: UNA AGENDA DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

A modo de decálogo, el informe incluye diez puntos en los que se exponen las máximas que ha de cumplir la reforma de este sector:

1- No sólo "recortes", también reformas
2- Aplicar cambios de alcance nacional y autonómico
3- Un plan para el pago de la deuda a los proveedores
4- Hay que modernizar el régimen de personal
5- Activar la generación de ingresos
6- Es el momento de relanzar la colaboración público-privada
7- Proteger a las industrias de salud asentadas en España
8- Más pasos para la orientación hacia los crónicos
9- Un mayor esfuerzo en Salud Pública
10- Revisión de la cartera de servicios

En 2012, diez de las diecisiete comunidades autónomas se han visto obligadas a recortar sus presupuestos de sanidad. Las que más, Cataluña y Murcia, con una reducción del 8,2% y el 7,5%, respectivamente. En términos de gasto sanitario per cápita, la reducción media ha sido del 6%, con especial incidencia en aquellas comunidades con mayores problemas de deuda a proveedores y demoras en los pagos.

Estos recortes, que puede ser eficaces para reducir el déficit y aligerar el gasto en aquellos servicios que no son fundamentales en el sistema, deben ir acompañados de reformas en profundidad que garanticen la sostenibilidad del sistema.

El documento destaca la necesidad de revisar la cartera de servicios y prestaciones sanitarias que cubre el sistema público de salud y propone una nueva clasificación con el objetivo de mejorar la gestión y lograr mayores niveles de eficiencia. En este sentido, se considera clave la creación de una Agencia de Evaluación independiente que realice esta función.

Además, plantea la posibilidad de diferenciar el tratamiento en términos de financiación pública de aquellos medicamentos considerados vitales o ligados a determinadas enfermedades de aquellos vinculados a estilos de vida o de confort.

EXTENSIÓN DEL MODELO ALZIRA

La colaboración público-privada es otro de los ejes a impulsar y, en este sentido, el informe plantea la conveniencia de diseñar un marco regulatorio que resuelva cualquier tipo de duda sobre este tipo de fórmulas y salvaguarde los intereses públicos, que no son otros que la obtención de una asistencia de calidad a un precio razonable.

Se considera imprescindible que existan marcos claros y estables de actuación, con distribución de responsabilidades bien definidas, que incentiven las inversiones necesarias tanto en infraestructuras como en servicios, con un sistema de pago para el sostenimiento de la relación a largo plazo, que cumpla plazos, en igualdad de condiciones para todos los proveedores de servicios y que retribuya las inversiones en función de los riesgos transferidos.

 

Al igual que en el informe del año pasado, la puesta en marcha de un plan de pago de la deuda que las administraciones públicas tiene con los proveedores sanitarios es considerada como una cuestión crucial y que debe acometerse con urgencia. En los últimos doce meses el problema de los pagos se ha extendido hasta ámbitos que, hasta ahora, no se habían visto afectados, como las oficinas de farmacia o las concesiones hospitalarias en modelos de colaboración público privadas.

"Afortunadamente, el Gobierno está mostrando una gran sensibilidad ante este tema, estando en marcha la aprobación de una medida que permita a las empresas sanitarias cobrar las cuantiosas deudas que tienen con ellas las Administraciones Públicas", explica Ignacio Riesgo, director de Sanidad de PwC.

MÁS DEUDA Y MÁS RETRASOS

En la actualidad, la deuda total del Sistema Nacional de Salud en suministros de medicamentos a hospitales y con empresas de tecnología sanitaria asciende a cerca de 11.600 millones de euros. En torno al 20% de presupuesto sanitario del conjunto de las comunidades autónomas. Si sumáramos la deuda con las oficinas de farmacia y concesionarias hospitalarias esta podría superar los 17.000 millones de euros.

Además, no solo se está incrementando la deuda sino que los días de retraso en los pagos también están creciendo. El plazo medio de pago a proveedores de medicamentos se ha incrementado de 390 a 525 días y el de las empresas de tecnología sanitaria de 347 a 473 días.

También se apunta la idea de que el Gobierno active medidas de apoyo al tejido de empresas sanitarias (tanto empresas de tecnología médica, como empresas farmacéuticas, como empresas de tecnologías de la información en salud), en línea con las medidas puestas en marcha por otros Gobiernos europeos.

El documento pone de manifiesto la necesidad cambiar el actual modelo sanitario, desde el punto de vista de la atención, orientándolo hacia las enfermedades crónicas -representan el 70% del gasto sanitario-.

NUEVAS FUENTES DE GENERACIÓN DE INGRESOS

En este sentido, se insiste en que el sistema actual está orientado hacia las enfermedades agudas y basado en contactos episódicos presenciales con los pacientes, algo no adecuado para el seguimiento de las enfermedades crónicas, mucho más basado en la monitorización a distancia (mHealth, mobile Health) y en la gestión de casos en la que cobran un relevante papel las enfermeras.

Igualmente se apunta a la modernización aspectos como el régimen del personal sanitario, introduciendo fórmulas de pago por desempeño. Además, el estudio apunta a la necesidad de explorar nuevas fuentes de generación de ingresos como, por ejemplo, la venta de activos inmobiliarios, aunque no se decanta por ninguna de ellas.

Finalmente, el grupo de reflexión que ha participado en la elaboración del informe considera que para poder llevar a cabo esta transformación es el diseño de una agenda de cambios nacional y autonómico para que todos ellos se realicen de forma coordinada y homogénea y armónica. Entre las propuestas para la agenda nacional, se incluyen los criterios generales de responsabilización del
ciudadano en su propia salud y en la utilización del sistema.

UN GASTO SANITARIO INASUMIBLE

Para Ignacio Riesgo, director de Sanidad de PwC, "la idea fundamental del informe es que los recortes son la respuesta aguda a la crisis económica, que ha hecho que los presupuestos sanitarios hayan bajado, como consecuencia del desplome de los ingresos públicos". Pero los recortes a corto plazo no son suficientes.

Aunque el sistema sanitario español, por su calidad y accesibilidad, goza del reconocimiento de sus usuarios y de las instituciones internacionales, necesita reformas en profundidad. "Estas reformas, ya sea por la posible impopularidad de las medidas a adoptar, ya sea por la percepción de que una buena coyuntura económica podía hacerlas no urgentes, todavía no se han realizado", advierte.

La necesidad de estas reformas viene dada porque si el gasto sanitario continúa en España al mismo ritmo de crecimiento de los últimos 20 años, llegaría a ser imposible de asumir. Es por lo que para mantener la calidad del sistema sanitario y hacerlo sostenible son necesarias una serie de reformas que impulsen la productividad del sistema: foco en la prevención, reorientación de la asistencia hacia los crónicos, guerra al despilfarro, mayor papel de los pacientes, nuevo alineamiento de incentivos, etc.

Desde esa perspectiva y, sin ningún afán sistemático, el documento analiza algunos de los temas que están en la agenda de preocupaciones del sector en este año. El tono del informe es positivo y de oferta de soluciones, siempre con la disposición de PwC de colaborar tanto con la Administración Central como con las Autonómicas, como con las empresas sanitarias, ante los retos que en una
situación de cambio se plantean.

Juan Luis Cebrián: "Los diarios de papel ya no vertebran la opinión pública"

Juan Luis Cebrián.

¿Saldrá El Pais diciendo que el diario cierra por prescripcion de Cebrián?

El CEO de Unidad Editorial, Antonio Fernández-Galiano, pareció no enterarse
de la profecía apocalíptica de su compañero de mesa

Periodista Digital (Ver aquí)

El consejero delegado del grupo PRISA y presidente de El  País, Juan Luis Cebrián, ha defendido un debate sobre la crisis de la prensa en España celebrado en Cádiz, en el marco de la asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que el periodismo tal y como se ha entendido hasta ahora ha muerto. ¿Saldrá El Pais diciendo que el diario cierra por prescripcion de Cebrián?

El CEO de Prisa, grupo multimedia administrado por el fon especulador Liberty y que arrastra una deuda mastodóntica de más de 3.500 millones de euros, ha hecho tras un cambio "bestial" que ha llevado a los medios de comunicación a dejar de ejercer el cuarto poder.

"Los diarios ya no vertebran la opinión pública".

Un ejemplo:

"Si el Rey ha pedido perdón, no ha sido por los medios sino por lo que se reflejaba de él en las redes sociales".

Es una pérdida de prestigio que, según Cebrián, afecta a los medios y al resto de estamentos
democráticos.

LAS FRASES QUE HA DEJADO JUAN LUIS CEBRIÁN

• La caída de la publicidad en la prensa y las televisiones ha sido de un 20% anual y en las radios, un 10%
• El éxito en América Latino nos ha compensado las pérdidas que hemos tenido en Portugal y España
• Por un euro de inversión en Internet se pierden 10 euros en la prensa tradicional
• Las condiciones pactadas con los sindicatos en los años '90 son inasumibles en el momento actual
• Los periódicos ya están muertos, el iPad e Internet acabarán con la prensa de papel como el automóvil acabó con las carretas a caballo
• Cuando leo El País por la mañana no me interesa nada de lo que dice. Ya me conozco lo que dice
• La información es 'commodity'

Explica Pedro Espinosa en 'El País' que Cebrián sostuvo este discurso durante su intervención en un debate sobre la crisis de la prensa en España celebrado en Cádiz, en el marco de la asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), un encuentro en el que participan 300 editores y directores de medios.

Mientras que la publicitad crece en América, en España y Portugal no ha hecho más que caer en los últimos tres años. PRISA mantiene mercado en ambos continentes y, con esa experiencia, Cebrián alerta de la burbuja que se desinfla en Europa y que ahora está en auge en América.

Y todo en un marco de adaptación a Internet, donde las nuevas plataformas sustituyen en poco tiempo a los medios tradicionales en papel.

Es lo que denomina un "cambio bestial de cultura", al que las empresas están adaptándose con dificultades.

El ejemplo más claro es cobrar en Internet. Pero las medidas fiscales no acompañan.

"La prensa tiene subvencionado el IVA, pero en lo que se gana en las tabletas y resto de soportes digitales se aplica el 18%".

En ese nuevo entorno, el papel del periodista ha cambiado. Según Cebrián, para degradarlo.

"Los diarios de papel ya no vertebran la opinión pública. Y eso genera gran vértigo. La prensa sigue teniendo un papel, pero ya no ese cuarto poder de los años cuarenta o cincuenta".

En su opinión, se ha producido una pérdida del papel de intermediación de la prensa entre la sociedad y el poder. Hasta el punto de que "la perdida de prestigio de la democracia tiene que ver con la de los medios y viceversa".

El consejero delegado de PRISA participó en este debate junto a Antonio Fernández-Galiano, de Unión Editorial; Cristina Aby-Azar, de The Wall Street Journal, y Milton Coleman, de The Washington Post.

La SIP, que presentará este 23 de abril de 2012 su informe sobre libertad de expresión, ha concedido a Enrique Krauze el Premio Chapultepec 2012 por su defensa de este derecho.

MIRÁNDOSE EL OMBLIGO

Hay quien sostiene, como Alfonso Rojo -director de Periodista Digital- que el modelo de negocio periodístico en España "va camino de convertirse en una perversa mezcla entre la labor de la orden mendicante y el atracador callejero".

No todo son tan pesimistas. Durante cuatro días más de 200 periodistas han debatido en Cádiz sobre su futuro y sobre el difícil ejercicio de la libertad de prensa.

La asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) celebró en la capital gaditana su encuentro del medio año, con las miras puestas en una crisis que afecta duramente al sector.

Los recortes y el abaratamiento del producto no es la solución, a juicio de Francisco Amaral, asesor de medios de la empresa Cases i Associats, para hacer rentable el periodismo porque "pierde calidad".

Amaral, que ha intervenido en las sesiones de debate, anima a que el periodismo "no pierda su sitio en la sociedad".

Considera que la prensa no se puede permitir el lujo "de no crear opinión, de no investigar", porque en ese momento "renunciará a su papel social, esencial en las democracias".

Los debates en la asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa ponen sobre la mesa los problemas de los medios de comunicación, esencialmente escritos, de uno y otro lado del Atlántico.

Problemas comunes y distintos. Mientras que en Europa, y especialmente en España, las nuevas tecnologías ponen en duda la viabilidad del periodismo como se le ha conocido hasta ahora, en países de Latinoamericana la libertad de expresión es un bien difícil de conservar.

Amaral aclara que "el periodismo lo hacen los periodistas", el resto, es información que dan los ciudadanos. No se es periodista por "registrar lo que pasa en un teléfono móvil".

El periodismo va más allá de la mera información, es el oficio de "dar con el porqué de las cosas, de oír a la gente, de chequear lo que pasa...".

A partir de ahí, la crisis se cobra la existencia de decenas de periódicos y con los recortes "se pierde el periodismo de calidad".

Para Amaral, puede ser "más barato", pero recuerda que "el buen periodismo es caro".

Llega el momento de la reflexión. De visionar el futuro y afrontar que "los periódicos en papel pierden publicidad y lectores".

Para este asesor de medios, con presencia internacional, se trata de "un tema generacional".

"Ahora, el problema a afrontar no es si los medios en internet son o no de pago. Tienen que plantearse una nueva política comercial".

La sanidad en 2012: regreso al pasado (por Jesús Villar)

JESÚS VILLAR (Publicado en La Provincia-Diario de Las Palmas, aquí)

 A nadie se le escapa que las cosas no van bien en la sanidad
española. Desde hace varios años se viene diciendo que el sistema sanitario
español está amenazado de desintegración. Los últimos 25 años han sido un
periodo turbulento para los profesionales sanitarios españoles. Cambios bruscos
en la vida política y social de nuestro país, la incorporación de nuevos avances
diagnósticos y terapéuticos, y las modificaciones de la estructura y
planificación de la red sanitaria nacional han producido problemas considerables
de adaptación de los profesionales sanitarios ante una Administración que
demanda más y más de ellos a cambio de nada. La exigencia moral de impartir
cuidados sanitarios de calidad y la demanda de más y más servicios por parte de
la comunidad y de los pacientes ha desembocado en un conflicto que enfrenta a
los profesionales de la bata blanca con la Administración, que además se están
dando cuenta que su profesión es algo más que seguir los dictámenes políticos
del momento. De hecho, las autoridades sanitarias no han aceptado propuestas de
grupos más o menos organizados de profesionales o asociaciones colegiales que
persiguen la preservación del acceso universal de asistencia sanitaria mientras
que al mismo tiempo pretenden proteger los intereses no solo de los
profesionales sanitarios sino de la comunidad.

La sanidad pública
española es la menos financiada de la UE-15 (el grupo de países de la Unión
Europea que tiene un desarrollo económico similar al de nuestro país). De todo
el gasto sanitario español en 2008, el 72% era público y el 28% era privado (el
público era el porcentaje más bajo y el privado era el más alto de la UE-15).
Los recortes en la sanidad pública basados en la falsedad de que el sector
sanitario público está hipertrofiado y necesita una reducción para sanearlo,
conllevarán un incremento notable del peso del sector privado cuyo tamaño es ya
muy elevado. Tales recortes están afectando la calidad de la atención pública
sanitaria y generando una mayor demanda por la sanidad privada. El gasto
sanitario público per cápita es sólo el 79% del gasto sanitario público promedio
de la UE-15. Lo que ocurre en realidad es que además de estar subfinanciada, la
sanidad pública está gestionada de forma ineficiente. Llama poderosamente la
atención que los profesionales sanitarios hayan sido acusados en numerosas
ocasiones de ser los responsables de las deficiencias de nuestro sistema
sanitario cuando en realidad los problemas están en el propio sistema.

La
sanidad privada es mejor que la pública en algunos aspectos importantes para el
paciente, tales como el confort (una cama por habitación), menor tiempo de
espera, y un tiempo promedio de visita más largo que en la medicina pública.
Pero la sanidad pública es mejor que la privada por la concentración de
profesionales sanitarios y por la riqueza de la infraestructura técnica, lo cual
explica que en los casos que requieran mayor nivel de atención tecnológica, la
privada deriva los pacientes a la pública. La evidencia de que la calidad de la
atención sanitaria pública es mayor que en las instituciones con afán de lucro
es abrumadora. España tendría una mejor sanidad si tuviera los atributos de la
privada manteniendo la calidad de la pública. La consideración de que hay que
recortar para aumentar la eficiencia del sistema me parece una incoherencia. Si
hay despilfarro en el sistema, debe corregirse.

La sanidad española es
buena, aunque se exagera la valoración positiva que se hace de ella. No es
cierto que sea una de las cinco mejores del mundo; en 2010 ocupaba el lugar
quince. Sin embargo, es el servicio público mejor valorado en España. La
generación de profesionales sanitarios que tienen hoy entre 45 y 70 años de edad
ha construido un sistema nacional de salud que goza de un nivel de calidad que
está por encima del resto de indicadores del país. Pero no es suficiente.
Necesita de cambios profundos y de una gestión más eficiente. Uno de los
problemas más agobiantes en nuestro sistema sanitario es el creciente número de
pacientes crónicos o ancianos que están ocupando camas hospitalarias que fueron
pensadas en un principio para el cuidado de pacientes agudos. Se calcula que
entre el 20% y el 40% de las camas de los hospitales españoles están ocupados
por pacientes crónicos. Esta constante ocupación de camas obliga a la
cancelación de ingresos e intervenciones quirúrgicas programadas. Las medidas
que se están aplicando empeorarán todavía más la situación actual. Los recortes
afectarán negativamente al bienestar de los profesionales sanitarios y de los
pacientes. Estaremos haciendo medicina del siglo XIX en el siglo XXI. Buen día y
hasta luego.

 

UPyD no juega a la política de mamá y de papá

Redacción web (Publicado en UPyD, aquí)

Unión Progreso y Democracia se  creó para cambiar España a través de la política, y desde el principio el  objetivo fue influir lo más posible. Las elecciones del pasado 25 de marzo  convirtieron a UPyD, por primera vez, en una pieza clave en una Comunidad  Autónoma: Asturias. Desde entonces, un coro mediático y político, transversal y  desafinado, exige al partido magenta y a su diputado Ignacio Prendes que se  decida, que se moje, que diga a quién quiere más: a papá o a mamá. Sin embargo,  Prendes se descolgó hace días con un documento  puramente político,  con puntos concretos, que servirá de base para una negociación que, en ningún  caso, se limitará a la elección de uno u otro bloque.

La  actitud del coro es ante todo irritada. Obviamente les molesta que un recién  llegado tenga algo que opinar en la gobernación de una región de España -  negociado que creían de su exclusiva competencia -, y quieren una respuesta  rápida: con nosotros o contra nosotros. Alfonso Alonso, portavoz del PP en el  Congreso de los Diputados, lo ha ilustrado de forma nítida al decir que  UPyD  tiene “vértigo”de hacer “política de verdad”. Para Alonso la política de verdad se limita a  elegir entre papá y mamá, de modo que a continuación papá o mamá puedan hacer y  deshacer a su antojo con nulo respeto a sus propias promesas electorales. La  política de verdad de Alonso (aunque lo mismo vale para Elena  Valenciano)  es la que vienen haciendo unos y otros desde hace años y que nos ha conducido a  la crisis política y económica en la que estamos sumidos. Desde el coro, algún  medio de rancio abolengo acusa a Prendes de “exprimir  el vacío asturiano”  sin preguntarse, ni por un segundo, por las causas de ese vacío, que no son  otras que las miserias de la partitocracia y sus riñas de  familia.

Lo  que quiere el coro es que UPyD se entregue atada de pies y manos. A papá o a  mamá, pero atada y bien atada. No se dan cuenta de que UPyD ya ha elegido, lo  lleva haciendo desde que publicó su Manifiesto Fundacional. Ha elegido la  verdadera política, que no es la de Alfonso Alonso, sino la que analiza la  realidad y propone las reformas necesarias para mejorar la vida de los  ciudadanos, en el aspecto material y en la calidad de su democracia. Estas  reformas se pueden discutir, y por eso UPyD no presenta su propuesta como un  documento cerrado, pero sí como un punto de partida que excluye el sectarismo y  la política de papá y de mamá.
 

Manifiesto Fundacional de UPyD (2007)

Ser progresista es luchar contra las tiranías que pisotean la democracia formal, así como contra la miseria y la ignorancia que imposibilitan la democracia material. Y ni los actuales partidos de izquierda ni los de derechas tienen el monopolio del progresismo, aunque ambas tradiciones políticas han contribuido a él. A nosotros nos gustaría ser capaces de aprovechar los elementos positivos de unos y de otros, pero sin tener que cargar con sus prejuicios y resabios reaccionarios, que existen en los dos campos. No denunciamos que los partidos actuales lo hagan todo mal, sólo señalamos que ninguno lo hace tan bien como para que debamos renunciar a buscar alguna alternativa mejor. Ser progresista, además, significa creer que la actividad política puede y debe mejorar las condiciones de nuestra vida como colectividad: a algunos no les interesa la política más que como medio para defenderse del Estado, pero nosotros queremos lograr por medio de la política un Estado que nos defienda mejor a todos.

El error de las políticas de austeridad, recortes incluidos, en la sanidad pública (por Vicenç Navarro)

Artículo publicado por Vicenç Navarro en GACETA SANITARIA, abril de 2012 (Ver aquí)

Este artículo analiza críticamente la política de recortes de gasto sanitario público que se está realizando en España, recortes que acentuarán todavía más la polarización de la atención sanitaria en España por clase social.

Una de las características de la sanidad pública española es su bajo gasto público sanitario, uno de los más bajos de la Unión Europea de los Quince, UE-15 (el grupo de países de la Unión Europea de semejante nivel de desarrollo económico al de España). Según Eurostat, en el 2008, el primer año de la crisis, España se gastaba sólo un 6,5% del PIB, comparado con un 7,3% en el promedio de la UE-15. Se llega a la misma conclusión cuando se escoge el gasto público sanitario por habitante. España se sitúa, de nuevo, a la cola de la UE-15.

Soy consciente de que algunos economistas de la salud en España han señalado que España se gasta ya en sanidad pública lo que le corresponde por su nivel de desarrollo económico, postura insostenible a la luz de los datos (para ver una crítica de tal postura, ver mi artículo publicado en la revista Salud 2000 de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (“Los determinantes del gasto público sanitario”. Agosto 2010). En realidad, España se gasta en sanidad pública mucho menos de lo que le corresponde por su nivel de riqueza. Su PIB per cápita es ya el 94% del PIB per cápita promedio de la UE-15. En cambio, su gasto sanitario público per cápita es sólo el 79,5% del gasto sanitario público per cápita del promedio de la UE-15. Si en lugar de 79,5% se gastara el 94%, España se gastaría en su sector sanitario público 13.500 millones de euros más de los que se gasta. Ni que decir tiene que el PIB por habitante no es el determinante del gasto público sanitario por habitante, pues muchas otras variables intervienen en configurar tal gasto, desde la estructura demográfica al tipo de organización del sistema sanitario, entre otros. Pero todas las indicaciones permiten llegar a la conclusión de que el gasto público sanitario es más bajo de lo que debiera ser por el desarrollo económico que tiene el país. Esta observación es aplicable a todos los servicios públicos del Estado del Bienestar. El número de personas adultas trabajando en los servicios públicos del Estado del Bienestar es de los más bajos de la UE-15. Sólo un 9%, comparado con un 15% en la UE-15 y un 25% en Suecia, el país que tiene mayor desarrollo de su Estado del Bienestar.

Las causas de este escaso gasto público sanitario son predominantemente políticas: el gran dominio que las fuerzas conservadoras han tenido sobre el Estado español a lo largo de su historia, característica que comparte con Grecia y Portugal, los países que tienen también un gran retraso en su gasto público social (ver Navarro, V., El subdesarrollo social de España. Causas y Consecuencias, y Volúmenes I, II y III de La Situación Social en España, 2004, 2007 y 2009).

La polarización por clase social del sistema sanitario español

Esta situación explica que España sea también el país que tiene el mayor porcentaje de gasto sanitario privado de la UE-15. Casi el 30% del gasto sanitario es gasto privado procedente predominantemente del 20-25% de la población que tiene mayor nivel de renta. Ello determina que exista una polarización por clase social del sistema sanitario español, con una sanidad privada que atiende básicamente a los sectores con mayores recursos y una sanidad pública que atiende a las clases populares. Esta polarización es típica de los países donde las fuerzas conservadoras han tenido mayor influencia sobre el Estado, tales como el sur de Europa y la mayoría de países de América Latina.

Tal sistema, además de injusto, es altamente ineficiente, pues mientras que la privada es, en general, mejor que la pública por su confort (una cama por habitación), por su mayor tiempo de visita y por una menor lista de espera, en la pública la calidad del personal y riqueza de la infraestructura es superior . En países donde se ha comparado la mortalidad estandarizando las variables que pueden afectar la mortalidad, ésta es mayor en los centros privados (con afán de lucro) que en los centros públicos (P. J. Devereaux, et ál. “Payment for care at private for-profit and private not-for-profit hospitals: a systemathic review and meta-analysis”, 08-06-04, y P. J. Devereaux, et ál. “A systematic review and meta-analysis of studies comparing mortality rates of private for-profit and private not-for-profit hospitals”, en la revista de la Canadian Medical Association 28-05-02).

Las políticas públicas que se están proponiendo con recortes sustanciales de la sanidad pública acentuarán todavía más la polarización por clase social del sistema sanitario español. Los recortes en el gasto público acelerarán el crecimiento de la sanidad privada, proceso de aceleración que será facilitado por la desgravación del aseguramiento privado que alcanza su máxima expresión en las propuestas del Conseller de Salut del gobierno CiU de Catalunya, el Sr. Boi Ruiz, quien ha propuesto el aseguramiento sanitario obligatorio para las rentas superiores, reduciendo el sector público a un sector asistencial de mínimos para las clases populares. Esta dicotomía afectará todavía más negativamente la inequidad e ineficiencia del sistema, como ha demostrado la experiencia en EEUU. Ningún otro país se gasta tanto en sanidad y tiene un mayor grado de descontento popular con su sistema sanitario que EEUU, donde el aseguramiento privado está generalizado. Es un tremendo error ir en esta dirección.

Los recortes acentuarán más la polarización social

Las insuficiencias del gasto público sanitario han dado pie a las políticas de recortes que se justifican bajo varios argumentos, ninguno de los cuales es sostenible, ni conceptualmente ni empíricamente. Es paradójico que algunos economistas aconsejen tales recortes que conllevarán una expansión de tal aseguramiento, argumentando que estimularán la eficiencia “eliminando la grasa”. Tal argumento ignora, sin embargo, el carácter político de los recortes, los cuales reproducen y acentúan más la desigualdad en la distribución del poder institucional dentro del sector sanitario, pues los grupos más poderosos se defienden mejor de los recortes que los grupos con menos poder. No hay ninguna evidencia de que tales recortes estén mejorando la eficiencia del sistema. Antes al contrario, están acentuando todavía más las grandes ineficiencias, consecuencia de la polarización por clase social del sistema sanitario.

Estos recortes van acompañados de una llamada al incremento de los ingresos privados, aumentando todavía más el elevado porcentaje que el gasto público privado representa sobre el gasto total. Uno de ellos es el copago, medida que se presenta frecuentemente como medida moderadora de un supuesto abuso del sistema público por parte del usuario, del cual no hay ninguna evidencia. El hecho de que el usuario español tenga más visitas o más recetas no es un indicador de abuso del sistema por parte del usuario, pues esta mayor utilización se debe a causas administrativas (tener la firma del médico) o a una subutilización del personal de enfermería, entre otros factores. Es más, la utilización y el gasto sanitario viene determinado en gran manera por el médico, no por el usuario.

El sistema de copago no es equitativo y sería mucho más eficiente, eficaz y equitativo que el pago se hiciera por vía impositiva con una orientación finalista, tal como se ha desarrollado en otros países. La carga fiscal en España es, además de baja, altamente regresiva. Y debería corregirse, añadiendo un componente finalista en la corrección de inequidades fiscales. Las encuestas señalan que, a la vez que existe una gran desaprobación por parte de la población de los recortes y del copago, hay una amplia aprobación del aumento de los recursos para la sanidad (87% de la población). En realidad, los fondos que el Estado intenta ahorrarse recortando los servicios sanitarios podrían haberse adquirido a base de medidas tales como eliminar la baja de impuestos a las empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (que habrían obtenido 5.300 millones de más) o recuperando el impuesto del patrimonio (2.100 millones de euros), y eliminando la reducción de los impuestos de sucesiones (2.552 millones), o eliminando el fraude fiscal de la grandes fortunas, de la banca y de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año, consiguiendo 44.000 millones de euros, por citar sólo unos ejemplos (ver “Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar en España” Navarro, V., Torres, J., Garzón, A.). Tales recortes responden a unas coordenadas políticas de poder que se presentan erróneamente como las únicas alternativas posibles. Pero los datos muestran que otras intervenciones son posibles si existe voluntad política para ello.