(Publicado en ABC, aquí)
NUESTROS partidos políticos, quizá con la mínima excepción de CiU -más la U que la C-, han degenerado su discurso político a un continuo cotorreo que, a mayor gloria del líder de turno, se proyecta a los medios de comunicación para que, según los colores de cada uno de ellos, se amplifiquen o disminuyan. Es un juego estéril, una parodia de la democracia; pero a unos les da de comer, incluso con postre, y a los demás nos mantiene entretenidos y nos alivia la condición de contribuyentes induciéndonos a pensar que somos ciudadanos. El Gobierno no gobierna, disparata, y la oposición bastante tiene con seguir siéndolo, con mantener la figura en medio de una tempestad de corrupciones y corruptelas que, por plural y repetitiva, comienza a ser alarmante.
En ese marco ambiental, el Congreso de los Diputados va tramitando la Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2010. Se trata de una nueva superchería para seguir alimentando la idea de que estamos en un Estado social, democrático, representativo y parlamentario. Aquí el Presupuesto no se vota, se subasta. Sobre unos supuestos imprecisos de ingresos y una voluntariosa estima de gastos, Hacienda prepara un borrador que los servicios monclovitas, sin luz y sin taquígrafos, negocian y aprueban a cambio de un surtido de ventajas y regalías que los líderes territoriales pueden ofrecer a sus distinguidas y diversas clientelas electorales.
Ya nos hemos acostumbrado a que así sea. Los Presupuestos que están en vigor hasta el 31 de diciembre fueron aprobados con la plena conciencia de que estaban más cerca de un género literario que del rigor contable y económico y los que ahora se cuecen seguirán idéntico camino. Es la prostitución asumida del primero de los usos democráticos, la correcta administración de los recursos aportados por los ciudadanos. Al PSOE le faltan unos votos para obtener la mayoría y, contando con la cuartelaria disciplina de los diputados propios -poco atentos a quienes les votaron en su circunscripción-, acude al supermercado de la venalidad partidaria para obtenerlos al mejor precio posible. ¿Por el bien de la Nación? No. En aras de la continuidad en el empleo representativo -horrible conjunción terminológica- y en connivencia con quienes son más capaces de defender, en el mejor de los casos, los intereses de sus representados autonómicos que sus principios ideológicos (?) y éticos (!).
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