La medida propuesta por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana sobre el futuro ferroviario se carga de un plumazo la declaración de intenciones incluida Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico presentada a bombo y platillo a principios de 2021. Aquel documento estrella de la cartera de Teresa Ribera hablaba en su introducción de “la igualdad de derechos y oportunidades en todo el territorio”, pero no se refería, por lo visto, al tren de viajeros.
Y es que, esta Estrategia de Movilidad parte de una premisa difícil de entender para la lucha contra la sangría poblacional. De forma literal, el Ministerio de Movilidad señala que “el desarrollo de infraestructuras de transporte no garantiza que las áreas rurales dejen de perder población”. Y por encima de esto, el documento apunta que “la conectividad no debe identificarse con modos de transporte concretos, menos aun cuando se trata, como el ferrocarril, de modos que para ser eficientes requieren de altas demandas y altas concentraciones de población que no se dan en el ámbito rural”.
El idioma gubernamental, por lo tanto, es el de la eficiencia. Una eficiencia que, como se aclara líneas más abajo, es puramente económica. De hecho, el documento pone negro sobre blanco que el coste de mantenimiento de la infraestructura ferroviaria en las zonas rurales es “elevado y desproporcionado”, algo que unifica a la “inexistencia misma de operadores que aceptan prestar servicios comerciales en estas líneas” y a una “falta de justificación en términos de sostenibilidad”. Palabras que allanan el terreno para la decisión final: “Todo esto hace inviable la solución del ferrocarril para resolver la movilidad en determinados territorios”. Y, por si quedaban dudas, el Gobierno de España aclara que “es esencial centrar el objetivo en dotar soluciones de movilidad ajustadas a las demandas y no aumentar el gasto público en servicios que puedan tener una utilización más limitada”.
Una serie de justificaciones que ponen en el punto de mira a las obligaciones de servicio público y a la premisa de prestar igualdad de servicios a los ciudadanos independientemente de si resultan o no deficitarios desde el punto de vista económico.
“Ridesharing”, “carpooling” o vaya usted andando si no tiene cómo ir
Que alguien le explique al señor de Abejera que mañana cogerá el tren a las 7.43 horas para ir a consulta al Virgen de la Concha que, en un futuro no muy lejano, tendrá que hacer “carsharing”. O “carpooling”. O quizá “ridesharing”. Que se lo expliquen, porque esa es la propuesta del Ministerio de Movilidad para garantizar el transporte en los pueblos de la España Vaciada. En castellano de diccionario, lo que significan esas palabras es “búsquese usted la vida”, aunque con diferencias apreciables. Así, se propone explorar soluciones de movilidad compartida como pueden ser los servicios que pongan a disposición de los usuarios tanto motos como coches de alquiler para cortos periodos de tiempo en múltiples ubicaciones. Esto sería “motosharing” y “carsharing”.
También, se apuesta por servicios de transporte colaborativo que conecten a los pasajeros con los conductores de vehículos registrados para compartir coche en viajes esporádicos o trayectos de larga distancia (“ridesharing”) y servicios para compartir viaje para distancias más cortas y frecuentes, como ir al trabajo (“carpooling”). La vuelta de tuerca es que, además de todo esto, se propone que sean los propios municipios los que faciliten los vehículos a sus vecinos.
Y si esto no sacia la necesidad de transporte de los vecinos, pues que vayan andando, como sugiere la Estrategia al decir que “una línea de trabajo es reforzar la movilidad entre municipios con sendas peatonales y ciclables no solo dirigidas al ocio y al turismo”.