Hace solo una semana que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha definido la fórmula para revalorizar las pensiones sin que los jubilados pierdan poder adquisitivo. Tras varias propuestas a los agentes sociales, Escrivá presentó el 1 de marzo su última oferta: las subidas serán con la inflación media del año anterior. Pero habrá un mecanismo para absorber las alzas cuando el IPC sea negativo, como pasó en 2020, y así evitar que los pensionistas ganen aún más poder adquisitivo. En estos casos las prestaciones no subirán ese año, pero la ganancia obtenida por la inflación negativa se compensará en los tres años siguientes, según fuentes de la negociación. Esta es una de las patas de la primera fase de la reforma que Escrivá quiere tener lista antes de abril para satisfacer a Bruselas.
En 2020 los precios cayeron un 0,2% de media. En cambio, las pensiones, siguiendo las previsiones iniciales de inflación, habían subido a comienzos de año un 0,9%. Eso se tradujo en una ganancia de poder adquisitivo que se ha consolidado después. Para evitar esto —y el incremento de gasto que supone—, la Seguridad Social ha preparado un nuevo mecanismo de revalorización anual que ha detallado a los sindicatos y las patronales en las negociaciones que tienen abiertas sobre la reforma de las pensiones.
El texto que les entregó el pasado lunes empieza precisamente por este punto, la “nueva fórmula de revalorización para el mantenimiento del poder adquisitivo”. Para asegurar este objetivo, plantea una revalorización anual que, a diferencia de ahora, tomará la inflación media entre diciembre del ejercicio anterior y noviembre del siguiente. Es decir, se usará el Índice de Precios al Consumo ya registrado y no una previsión que luego se compensa como se hace ahora. Además, cuando el IPC medio sea negativo, las pensiones no subirán y la diferencia se absorberá en los tres años siguientes en que haya que subir las pensiones. Esta propuesta modifica la inicial, que era tomar una media móvil del IPC durante cinco años.
A falta de lo que suceda durante la negociación con los agentes sociales, este futuro mecanismo de absorción solo se activará, lógicamente, cuando los precios caigan.
Este es el primer punto de la primera fase de reforma de las pensiones que plantea Escrivá y que quiere tener lista rápido. Varias fuentes al tanto de las negociaciones con los agentes sociales hablan incluso de un par de semanas, aunque algunas se muestran escépticas. A los sindicatos y empresarios no les convencen en absoluto las propuestas de la Seguridad Social. ”Es solo una propuesta del Gobierno que no es compartida por los agentes sociales en la mesa. Tiene que haber cambios sustanciales tanto en contenidos como en plazos”, apuntó una de las organizaciones que participan en la negociación.
Una vez salga adelante esta primera fase de la reforma, la intención de la Seguridad Social es abordar en una segunda tanda la derogación del actual factor de sostenibilidad (cuya aplicación está suspendida y vincula la pensión inicial a la esperanza de vida) y su sustitución por otro, la subida de las máximas de cotización, la extensión del periodo de cómputo a los 35 años, el acceso de las parejas de hecho a la pensión de viudedad y el impulso de los sistemas complementarios de pensiones. Sin embargo, estas son las intenciones del Gobierno, pero no coinciden con las pretensiones de los agentes sociales.
La negociación para reformar las pensiones va en paralelo con las conversaciones con Bruselas para recibir los fondos europeos. Estos se han vinculado a la aprobación de reformas. Y Bruselas examinará cada seis meses, antes de cada desembolso, que se cumple hito por hito con la hoja de ruta prevista.
Uno de los retos más trascendentes a los que se enfrenta la sociedad española es el relativo al futuro del sistema público de pensiones. A todos nos gustaría ver subir las pensiones y a todos nos disgusta que pierdan poder adquisitivo. La cuestión es cómo se consigue lo primero y se evita lo segundo. Lamentablemente, el debate ignora a menudo el verdadero problema -la sostenibilidad- que, como hace tres años ya, advirtieron Carlos Ocaña y María Jesús Fernández, director y economista sénior, respectivamente, de Funcas: "no hace justicia a la evolución de las pensiones en los últimos años y termina situándose fuera de la realidad". Según explicaron ambos expertos, es conveniente mirar dónde estamos frente a otros países. Según la OCDE, España gasta en pensiones públicas casi un 11% del PIB, frente a un 8% de media en los países desarrollados. Es un porcentaje muy superior, por ejemplo, al que se destina en Alemania, Dinamarca, Suecia, Noruega o Bélgica (aunque sus pensiones puedan ser más altas). Además, el porcentaje que la pensión media supone sobre el sueldo medio es uno de los más altos de los países desarrollados.
En el reparto de la carga de los costes de la crisis producida en 2008, los jubilados -como colectivo, luego cada caso es único- han sufrido menos que otros segmentos de la población. Prueba de ello es la drástica caída de la tasa de riesgo de pobreza para las personas de más de 65 años, desde un 25% en 2008 hasta un 13% en 2016, mientras que la correspondiente a la población entre 18 y 64 años ha aumentado desde el 16% hasta el 23%.
Este esfuerzo por mantener el nivel de bienestar de los jubilados a pesar del difícil contexto económico ha conducido a que el Sistema de la Seguridad Social pase de registrar un superávit de 14.000 millones de euros a un déficit de 18.000 millones. Frente a ese déficit, el gran desafío es asegurar la sostenibilidad del sistema, que en los próximos años se va a seguir enfrentando al crecimiento del número de pensionistas, del importe de la pensión media y del gasto total. Pero no existe una solución fácil, y menos aún tras los efectos y las consecuencias derivadas de la pandemia del coronavirus.
Los posibles remedios que observaron los antedichos economistas de Funcas van atados a unos obstáculos relevantes. Elevar las cotizaciones sociales seguramente tiene más inconvenientes que ventajas dada nuestra tasa de desempleo. Sacar del Sistema de la Seguridad Social aquellos gastos que corresponden al Estado sería una medida bienvenida de transparencia, pero no solucionaría el problema. Establecer tributos finalistas para este fin no sirve si se trata de impuestos con escasa capacidad recaudatoria centrados en grupos específicos de contribuyentes. Y si decidiéramos elevar los impuestos generales, quizás convendría analizar primero las distintas necesidades que se podrían cubrir con esos recursos.
Pero sin duda hay soluciones. Lo importante es no banalizar el problema de la sostenibilidad de las pensiones, que es “manejable” siempre que se aborde con tiempo suficiente y alto rigor, preferentemente consensuado, para que en ningún momento se olviden los tres pilares de la jubilación en España.
La sociedad española no es consciente de la magnitud de las cifras del sistema público de pensiones pues las pensiones supondrán la tercera parte del gasto público y si no se acometen en breve, habrá que hacer ajustes de forma urgente y dolorosa.
En España se han tomado medidas solo desde un punto de vista asistencial pero la mitad de los españoles no toma medidas extras en su jubilación, pese a que el 77% dice estar preocupado por su retiro
En estos momentos, en España hay 33 personas mayores de 65 años por cada cien individuos en edad y condiciones de trabajar, pero de acuerdo con las proyecciones de población de las Naciones Unidas, en 2050 habrá en España 78 personas mayores de 65 años por cada 100 activos, sin reflejar los movimientos migratorios. Es decir, por cada persona que tenga entre 20 y 64 años.
Nuestro sistema de pensiones se basa casi exclusivamente en el pilar público de reparto (“el primer pilar” de las pensiones) basado en las cotizaciones de los trabajadores, aunque apoyado en España cada vez más por pseudos créditos, a coste cero y sin necesidad de devolución, del propio Estado, es decir financiado a través de los impuestos (IRPF, IVA, Sociedades,…). Según datos contrastados más del 70% de los pensionistas viven sólo de la pensión pública.
Como el futuro de las pensiones no está escrito, bueno será recordar una serie de premisas desglosadas en el trabajo Futur Finances (ver aquí), que nos ofrece algunos datos relevantes sobre el sistema de pensiones públicas en España, al tiempo que determina las variables esenciales sobre ese futuro, que, ceteris paribus según la citada empresa, "pasa por reducir el importe real de las pensiones y alargar la edad de jubilación cuando sea posible. completado con medidas que permitan mejorar la renta disponible de los jubilados, entre las que estarían permitir que ingresaran dinero por actividades laborales determinadas. Este es uno de los futuros, hay otros según las medidas que se tomen y cómo evolucione la economía española. Lo que no aporta soluciones al sistema es legislar sin estrategia alguna y con miras al corto plazo, lo que hacen los políticos de ayer y hoy".
En definitiva, un tema complejo y que conviene encarar con astucia, honestidad, técnica financiera y política social ajustadas a las necesidades de los pensionistas. Da esto para seguir hablando/escribiendo sin demagogia ni cortoplacismo, con templanza y equidad, para que las soluciones sean optimizadoras y positivas. En este marco se asienta el gran proyecto de UEP. En él estamos trabajando y esta exposición es únicamente una breve introducción de lo que debe hacerse. Por tanto, aquí lo dejo hoy, pero continuaremos sucesivamente informando de cuanto se produzca en este campo.