He recibido de un estimado compañero de promoción de la Escuela de Magisterio de Lérida, donde cursé estudios entre 1966 y 1968, un mensaje que he traducido al castellano y presento literalmente a continuación:
Esta alerta y petición, como pensionista de jubilación -y principalmente como técnico especializado en la materia, ya que fui funcionario del Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social durante mi vida activa-, me ha presionado moralmente a divulgarla por toda España, a todos los niveles y con el único objetivo de que se tome conciencia de un peligro a flor de piel y que, de no aprobarse los Presupuestos del Estado de 2021 con máxima urgencia y escrupulosidad política, sus duras garras están a punto de clavarse en nuestras espaldas. Un hecho frente al que sólo cabe una respuesta firme y en bloque.
Después de la confirmación oficial del hundimiento de la economía española y con la sombra de la intervención planeando sobre España, el Ejecutivo estudia un severo paquete de recortes que le permita recibir el auxilio financiero de la Unión Europa, entre los que destaca un duro ajuste del sistema público de pensiones, que garantice su viabilidad futura al frenar su espiral de déficit. Así lo confirmaba hace menos de un mes Inmaculada González Molina en las páginas de economía de La Razón, aclando que ya nadie duda de que la era postcovid-19 supondrá una larga travesía del desierto para nuestro país. El Gobierno calcula unas necesidades de liquidez de 140.000 millones para enjugar la crisis sanitaria. Ante este desolador escenario, se verá forzado a reabrir el debate de la reforma del sistema público de pensiones. De hecho, la congelación y el endurecimiento de los requisitos para acceder a las mismas figuran en la batería de reformas que estudia ya La Moncloa, según confirmaban a dicho diario fuentes gubernamentales. Una necesidad de liquidez que se explica por la paralización del país durante casi dos meses para frenar la pandemia, lo que ha supuesto el hundimiento de la economía, con una caída sin precedentes del PIB en nuestro país.
En este dramático contexto económico, estas mismas fuentes gubernamentales no ocultan su preocupación por la evolución del déficit del sistema público de pensiones. «De continuar la actual tendencia, con 9,7 millones de pensiones y 18,4 millones de cotizantes, el sistema será inviable de no acometerse una reforma inmediata», avisan esas mismas fuentes. En estos momentos, Economía tiene ante sí dos retos. El primero, cómo frenar en pleno cataclismo económico el déficit de las pensiones, casi 17.000 millones de euros en 2019 (resultado de unos ingresos de 145.401 millones y unos gastos 162.392 millones de euros). El segundo y estrechamente vinculado al primero, cómo asumir la entrada de nuevas pensiones más elevadas a partir de 2023, donde se espera la jubilación masiva de la generación del «baby boom».
Con el hundimiento económico, la gran incógnita a despejar es ¿quién va a cotizar para sostener el actual sistema de pensiones? En este contexto, el Ejecutivo estudia ya como primera medida congelar las nóminas de los pensionistas. En este caso, un contexto deflacionista como el que vivimos jugará a favor de obra. La última revalorización de las pensiones en función del IPC en enero pasado del 0,9% supuso consolidar en el presupuesto de la Seguridad Social 1.400 millones de euros más de gasto y situar la nómina máxima por jubilación en casi 2.700 euros.
Además, el Gobierno no descarta aplicar el denominado Índice de Revalorización de las Pensiones vigente aún y que no se ha llegado nunca a utilizar desde que se aprobó en 2013. Se trata de un mecanismo de ajuste automático destinado a garantizar el equilibrio de las cuentas de la Seguridad Social y que en la práctica supondría un recorte de las prestaciones. Mariano Rajoy, precursor del mismo, al final optó por subir anualmente el 0,25% las nóminas de los pensionistas. Pedro Sánchez, por su parte, lo aparcó cuando pactó con Podemos un Gobierno de coalición, aunque no lo derogó. Ahora estudia desempolvarlo para frenar el déficit de la Seguridad Social en un escenario de merma de ingresos por cotizaciones.
Para el profesor Gay de Liébana, en lo económico, "el Gobierno no ha tomado ninguna medida positiva", hasta el punto de que el ingreso mínimo vital (IMV) le parece "un caldo de cultivo para caladeros de votos", y rechaza de plano un aumento de impuestos. "Parece que interesa aniquilar tejido empresarial y que todo el mundo viva a costa del subsidio”, reflexiona. El economista indignado, como le apodan los medios de comunicación, afirmó en esta entrevista con 65Ymás que el Gobierno de Pedro Sánchez "va pegando palos de ciego" y entre los ministros "no hay nadie que conozca el mundo real, ni Nadia Calviño ni María Jesús Montero". Defiende que quien no se quiera jubilar "no debería pagar impuestos, o pagar el mínimo", y que situar la edad de jubilación en los 70 años "entra dentro de la más absoluta normalidad". Le pregunta este diario si están tan mal las cuentas de la Seguridad Social, y responde: "Desde 2012 hasta 2019, la Seguridad Social ha acumulado un déficit de 115.000 millones de euros. En cuanto a la deuda, es de 55.000 millones de euros, a lo que hay que sumar los préstamos de 40.000 millones que le ha concedido el Tesoro para llegar a fin de año, con lo cual a finales del ejercicio, el endeudamiento llegará a los 100.000 millones. Es una situación tremenda".
Se le hace asimismo la pregunta del millón: ¿Ve riesgo de impago o recorte de las pensiones actuales? Y asegura que las pensiones se pagarán porque el Estado le va dando préstamos a la Seguridad Social, pero el sistema financiero en sí es insoportable. Estamos cargando a la Seguridad Social conceptos que no tienen nada que ver, como las pensiones no contributivas, que son una ayuda que el Estado concede, sin relación con cotizaciones y por tanto, deberían sacarse de ahí.
Lo mismo que a los técnicos, a él le preocupa que se haya dilapidado la hucha de las pensiones, el Fondo de Reserva, que cuando José Luis Rodríguez Zapatero dejó de ser presidente del Gobierno, en 2011, tenía un saldo de 66.815 millones de euros, su nivel máximo, y hoy está prácticamente vacía. Un gravísimo problema que corrobora Gay de Liébana al manifestar que "la Seguridad Social está ya en quiebra, tuvo patrimonio neto negativo en 2018 y 2019, según el Tribunal de Cuentas, pero como está dentro del Estado, éste le facilita los recursos para llegar a fin de mes". Pero aquí "tenemos un estigma que habrá que arreglar, pues a la larga más gente se irá jubilando con sueldos más altos que derivan en jubilaciones más elevadas, y en cambio, los que trabajan tendrán sueldos más bajos".
En téminos parecidos se expresa otro economista, Gonzalo Bernardos, cuando subrayaba en sus declaraciones a TeleMadrid que "jubilarse a la misma edad que ahora y tener los mismos ingresos no es posible", y aboga por tanto por la idea de jubilaciones más tardías si se quiere mantener el nivel actual de las prestaciones sociales.
En definitiva, corremos peligro. Economistas, expertos en finanzas públicas, el Banco de España, la Autoridad Fiscal, los principales institutos de análisis como BBVA Research, el Instituto Santalucía o Fedea, coinciden en que el sistema público de pensiones español necesita una reforma urgente para asegurar su sostenibilidad, acabar con el déficit estructural y garantizar que haya pensiones suficientes y dignas para los jubilados actuales y para los futuros. ¿Cómo será esa reforma? El consenso de los economistas entrevistados por 65Ymás (ver aquí) apunta a que habrá congelación de pensiones el año próximo, y quizá hasta recortes en su importe si la crisis post-COVID es más dura de lo previsto, con el riesgo incluso de que "alguna extra de las pensiones no se pague", según advertía José Antonio Herce (@_Herce), miembro del Foro de Expertos del Instituto Santalucía (@santalucia_inst) en un webinar organizado por este periódico.
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