Manifiesto Electoral para el Progreso de Cuenca. V (por Juan Andrés Buedo)

Vigencia (con ligeras modificaciones) del programa elaborado en 2011 por el candidato JAB

3. EDUCACIÓN Y DEPORTES

• El fracaso escolar en CLM se sitúa en torno al 33%:

Estas cifras nos alejan de Comunidades como el País Vasco, con un 16,66% o Castilla León, con un 22,47%, y nos sitúan entre las comunidades más afectadas por el abandono de los estudios, siendo tan sólo superadas negativamente por Valencia, Baleares, Canarias, Andalucía, Ceuta y Melilla.   Por provincias, encontramos amplias diferencias que van, desde el 28,7% de Guadalajara al 35,9% de Toledo. Es también reseñable la diferencia entre el fracaso de varones y mujeres, llegando en Toledo al 45,4% en ellos, por sólo el 25,9% en las chicas.

Propuestas:

• Creación de un Observatorio permanente en el que intervengan expertos en educación, para evitar la implantación de teorías que promueven y dirigen  personas ajenas a la praxis educativa y se reconozca a los profesores de Primaria y Secundaria como los verdaderos expertos en materia educativa y no, como hasta ahora, como meros ejecutores de reformas que se les dictan desde otros ámbitos o, incluso, como los culpables de los fracasos de éstas.
• No al alargamiento de la enseñanza obligatoria hasta los 18 años dado que, en primer lugar, supondría ampliar la oferta educativa en al menos un 30%, con el consiguiente coste a día de hoy inasumible y, por otra parte, incrementaría los problemas de convivencia en los Centros al mantener en ellos a miles de jóvenes que no lo desean.
• Mantener la escolaridad obligatoria hasta los 16 años, creando dos itinerarios básicos a partir de los 14: un Bachillerato sólido y riguroso, más largo que el actual, y una Formación Profesional diversificada, atractiva y adaptada y más conectada con el mercado de trabajo, con  calidad y con una oferta lo suficientemente amplia como para acoger y motivar a todos los jóvenes que deseen cursarla, así como conectada con estudios superiores.   Esto, unido al cese en la promoción automática y otorgar al profesor la necesaria autoridad,  disminuiría el fracaso escolar en Castilla La Mancha y nos acercaría a niveles razonables de rendimiento y éxito escolar.
• Evitar el despilfarro de medios tal y como ha sucedido con la compra y reparto en 2007 de alrededor de 28.000 PDA´s (coste unos 7 millones de euros) a los docentes de nuestra Región con la intención de que pudiesen acceder al instante, a través de las mismas, al programa de gestión Escolar Delphos, pero al año siguiente se dotó a cada docente con un ordenador portátil (coste 20 millones de euros) y como consecuencia las PDAs quedaron apiladas en los almacenes de los Centros. Actualmente asistimos a la entrega personal de ordenadores portátiles a los alumnos con la idea de culminar la informatización de los Centros, cuando lo idóneo, según la opinión de los propios docentes, sería informatizar y digitalizar todas las aulas, ya que el coste sería inferior, especialmente en lo relativo al mantenimiento de los equipos y se evitaría un uso inadecuado de los mismos fuera del ámbito escolar.

4. INDUSTRIA, ENERGÍA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE

Energía:

 

• Negarse a instalar las ATC es negarse a la utilización de la energía nuclear, o caer en posturas inmaduras y carentes de razón si consideramos que guste o no guste la energía nuclear es absolutamente necesaria a día de hoy.
• Las ATC deben instalarse siguiendo una política nacional y bajo la estricta supervisión de los técnicos, desde un plan centralizado y de obligado cumplimiento, siendo todas las comunidades tratadas por igual, con los mismos derechos y las mismas obligaciones.
• Los ciudadanos quieren mantener su consumo energético, pero no admiten más contaminación de centrales térmicas que consumen gas o carbón e incrementan el efecto invernadero. No debemos admitir tampoco más subidas del consumo eléctrico como consecuencia de la moratoria nuclear y la compra de energía eléctrica (de origen nuclear) a Francia, ni debemos admitir depender de regímenes que nos sigan aprovisionando de combustibles  fósiles y controlando nuestra economía.
• Todas las energías tienen costes, impacto e inconvenientes pero no se puede actualmente desechar ninguna de ellas sino, como UPyD decidió en las Jornadas celebradas en Llanes, deben incorporarse más centrales nucleares junto a un incremento de las energías renovables para dar estabilidad, independencia y flexibilidad de gestión.

Política hidráulica:

• Respeto a la Constitución en lo relativo al artículo 149 y la ordenación, por parte exclusivamente del Gobierno de la nación, de los recursos hídricos transregionales.
• Puesta en marcha por el Gobierno de España de un Plan hidrológico Nacional que comunique las cuencas y propicie una política solidaria.
• Elaboración de un Plan Global del Agua en Castilla La Mancha con los siguientes objetivos:
• Potenciación de los Parques Naturales de Ruidera, Alto Tajo y Tablas de Daimiel.
• Ejecución del Plan del Alto Guadiana (apenas se ha desarrollado y es, en realidad, una mera promesa electoral).
• Saneamiento del Tajo Medio, especialmente entre Aranjuez y Talavera de la Reina.
• Plan de desarrollo sostenible para toda la ribera del Tajo (no solo para los municipios ribereños de los pantanos de cabecera), con planificación y desarrollo de políticas productivas basadas en la agricultura, las industrias agroalimentarias y el desarrollo turístico y de servicios .
• Mantenimiento de caudales mínimos en el Tajo para llevar a cabo trasvases de agua únicamente cuando se garantice lo explicitado en la normativa legal (Ley 21/1971 y Ley 52/1980) por lo que se consideran dos aspectos: que la cuenca del Tajo es prioritaria en todos los usos y solamente se debe trasvasar agua excedentaria.
• Consideramos que deben medirse los caudales y procurar que sean ecológicos, pero sin concretar la desaparición del trasvase Tajo Segura, ya que esto iría en contra de una política hidrológica nacional y solidaria. Pero exigimos que el caudal sea ecológicamente correcto y se satisfagan las necesidades económicas de los municipios ribereños derivadas del uso del agua.
• Sin embargo, exigimos la derogación del Real Decreto 1664/98 en el que se establece a la baja la reserva excedentaria de los pantanos de cabecera, fijándola en 240 Hm3, lo cual supone, dado que su capacidad es de 2475, menos del 10% o, lo que es lo mismo, reducir los pantanos a un lodazal y condenar todo el desarrollo turístico y de servicios de una zona altamente deprimida.
• En cuanto al trasvase a la llanura manchega, exigimos una paralización de estas obras hasta que se realice una nueva valoración de su necesidad, así como del impacto que tendría sobre el caudal del Tajo y sus consecuencias.

5. POLÍTICA REGIONAL

 

• El proyecto de Estatuto vulneraba en varios de sus preceptos la Constitución de 1978, al arrogarse competencias exclusivas del Estado, especialmente la Disposición Transitoria 1ª, que recoge el establecimiento de la caducidad del trasvase Tajo-Segura para el año 2015, como también es contraria a nuestra norma fundamental la última propuesta del Presidente Barreda, visto que no sale adelante la pretensión de poner fin al trasvase, pidiendo que se incluya en la norma estatutaria el derecho irrenunciable a disponer Castilla-La Mancha de una reserva estratégica  hídrica de 6.000 hectómetros cúbicos.  Si la reforma del Estatuto de Castilla La Mancha se ciñera a las competencias que le corresponden no cabe duda que hace muchos meses que se hubiera tramitado con normalidad y puesto en vigor determinadas reformas que contiene, ajenas al agua, que sin duda hubieran beneficiado a los castellano manchegos, como las relaciones de Castilla La Mancha con España y la Unión Europea, el desarrollo de las competencias adquiridas posteriormente a 1982, la normativa sobre protección de datos, sobre la sociedad de la información, las políticas de igualdad e inmigración y un largo etc., es decir, el ajuste que se precisa para poner al día nuestras instituciones. Se debe consensuar un nuevo proyecto estatutario acorde con la Constitución, que se adapte a la realidad actual, que no suponga nuevos órganos innecesarios que incrementen el gasto público y que se adapte a la realidad regional  del siglo XXI.
• Difícilmente se podrá llevar a cabo una gestión política eficaz y eficiente, en tanto en cuanto la “clase política” gobernante y bipartidista no entienda que el primer paso es cerrar el modelo del estado autonómico. La llegada al poder de José Luis Rodríguez Zapatero y su compromiso de respetar el texto que saliese del Parlamento Catalán ha abierto un período de máxima incertidumbre y desconcierto que ha desembocado en la creación de Estatutos en los que se rompe el modelo territorial, se potencia la bilateralidad y, por tanto, la desigualdad de los españoles, mutando el modelo constitucional y llevándonos a una permanente provisionalidad que, de no corregirse, amenaza la viabilidad del sistema. Es necesario fijar de forma definitiva y ponderada en la Constitución la lista de competencias estatales y autonómicas y devolver al Estado un buen número de ellas con el fin de darle la debida cohesión, frenar su disgregación y, sobre todo, procurar la igualdad de todos los ciudadanos, evitando duplicidades, excesos administrativos, discriminaciones y desigualdades.
• UPyD exige que se pacte el modelo territorial de forma definitiva y, en todo caso, que el Estado asuma una serie de competencias exclusivas e intransferibles en materias claves para el interés general e igualdad de todos los españoles, la cohesión social y su libertad. Como mínimo el Estado debería tener las siguientes competencias exclusivas: órganos constitucionales, derechos fundamentales, legislación civil, penal y laboral, unidad de mercado, representación internacional, defensa, justicia y legislación procesal, educación, sanidad, medio ambiente, protección civil, recursos naturales, urbanismo y gestión del territorio, sin desechar el estudio de otras materias como impuestos, seguridad social y función pública, al tiempo que se acaba con los privilegios que suponen los conciertos económicos vasco y navarro.
• Datos maquillados y ausencia de propuestas relevantes y eficaces constituyen el habitual discurso socialista: se oculta la deuda que se encuentra entre las mayores de los Estados Autonómicos, el enorme déficit de las empresas públicas, la ausencia real de crecimiento comparativo, el desastre financiero y la carencia real de reformas de la Administración tras una reducción de Consejerías pero no de funcionarios y asesores, y un desempleo que crece a un ritmo muy superior al de la media nacional. La falta de ideas es, por otra parte, preocupante, dado que no se aborda el necesario debate sobre el cambio del tejido productivo y las necesarias reformas estructurales y búsqueda de consenso real y  comprometido que esto llevaría consigo.

6. ACCIÓN ELECTORAL, PERSPECTIVAS DE VOTO

• Encuesta del CIS julio 2010:

UPyD, según esta encuesta, se muestra bien implantado en Castilla La Mancha y entre las cuatro comunidades en  que mejor y más reconocimiento tiene por los ciudadanos, tan solo escasamente  superada por Madrid, Castilla León y Melilla. Actualmente cerca del 5% de la población afirma que votará a UPyD,  porcentaje muy por encima del 1,2% que alcanzó en las elecciones generales de 2008.  A esta circunstancia debe añadirse que cerca del 18% de la población se plantea actualmente secundar a UPyD con su voto, por lo que nuestro techo electoral a día de hoy podría situarse en torno al 22%. Estas cifras, provenientes como antes afirmábamos del CIS son, probablemente, mejores de lo que aquí se muestra.

• UPyD exige la reforma de la Ley Electoral, mediante la instauración de un distrito único y del voto directo, permitiendo que el voto de cada español valga lo mismo en cualquier punto de España, acabando con las listas cerradas e impidiendo que los partidos nacionalistas obtengan amplias representaciones parlamentarias con un número de votos muy limitado.
• En lo referente a política regional de Castilla La Mancha, UPyD, demanda una reforma de la actual normativa en relación con el número de miembros presentes en las Cortes de Castilla La Mancha. A pesar de que nuestro Estatuto de Autonomía permite hasta un máximo de 59 diputados, PP y PSOE, con el único interés de salvaguardar su posición preponderante en las Cortes, pactó la cifra de 49 diputados. Dicha limitación provoca que el número de votos preciso para obtener un puesto en las Cortes se eleve hasta el punto de que sólo obtengan representación parlamentaria los partidos mayoritarios, abocando a la región a un bipartidismo inerte que, durante 30 años, ha demostrado su incapacidad para hacer prosperar a Castilla La Mancha y que es todo menos un reflejo fiel de los que los ciudadanos castellano-manchegos han votado y desean para su región.

Ésta no es una exigencia que se encuentre fuera de contexto, sino que es una realidad en otras comunidades como Extremadura, donde el número de diputados es de 65 a pesar de que cuentan con la mitad de población que Castilla La Mancha. O como el caso de Castilla León, donde con un número de habitantes no muy superior, ostentan 83 representantes en las Cortes. El reducido número de diputados de nuestra Región es en realidad el resultado de un pacto entre PP y PSOE para impedir al resto de fuerzas políticas su entrada en las Cortes, evitando así la competencia de opciones políticas pujantes y peligrosas para sus intereses, como es el caso de UPyD.

7. IGUALDAD

• UPyD ha apoyado desde su creación e incondicionalmente la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción por parte de estas familias y participamos en esta manifestación reclamando medidas para la no discriminación y la integración de este colectivo no sólo en toda España, sino internacionalmente, al tiempo que exigimos al Gobierno firmeza y contundencia con aquellos países que atentan contra los Derechos Humanos encarcelando, torturando e incluso matando a  personas por su condición sexual.

 

8. UNA POLÍTICA SOCIAL PROGRESISTA

Ante la actual coyuntura de crisis económica, y en contra de la política social predominante en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, que paulatinamente viene insistiendo en defender la desregularización de derechos y la reducción del gasto social, estimamos que la inversión pública en servicios e infraestructura sociales ha de marcarse como una vía para la creación de empleo y reactivación de la economía, así como un factor esencial para la cohesión social. Por eso, prioridad política de UPyD en esta área se centrará en redoblar los esfuerzos en la protección social ante las situaciones de desempleo, de riesgo de pobreza, exclusión social y situaciones que perpetúan la vulnerabilidad y que, a la larga, tienen un coste humano y económico insostenible.

Impulsaremos, por ello un efectivo y renovado Plan Integral de Servicios Sociales, dirigido al fortalecimiento de los centros de servicios sociales de atención primaria como pilar fundamental y dispositivos de acceso a las prestaciones de servicios sociales.

Se desarrollará reglamentariamente Ley de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, una normativa en la que se contemple y se detalle un verdadero catálogo de derechos y prestaciones sociales, en el que los ciudadan@s de nuestra Región puedan conocer de forma clara los derechos de los que son beneficiarios, derechos que podrán ser exigidos de forma efectiva ante la Administraciones públicas, incluido el derecho a la reclamación y protección ante los tribunales de Justicia.

De igual modo, se exigirá la aplicación eficaz de la Ley para la Autonomía y Atención a la Dependencia, estableciendo y desarrollando una normativa regional que garantice el ejercicio efectivo de las personas en situación de dependencia. En particular se demandará el establecimiento de un régimen de compatibilidad entre prestaciones y servicios que posibiliten una atención integral. Por eso se mejorará la participación y la coordinación interadministrativa entre la Comunidad y las entidades locales, integrando de forma efectiva el Sistema Público de la Dependencia en el Sistema Público de Servicios Sociales, sin que en ningún momento el establecimiento del Sistema de Atención a la Dependencia tenga como consecuencia, tal y como sucede en la actualidad, una disminución de los otros niveles del protección del Sistema Público de Servicios Sociales.

Vendrá a facilitarse la formación para los cuidadores y se pedirá la creación de equipos interdisciplinares en el proceso de valoración que tengan en cuenta los aspectos sanitarios y sociales, tal y como recoge la Ley. Se exigirá, asimismo, un Sistema de prestaciones técnicas y ayudas para la adaptación funcional del hogar y hacer posible la permanencia en el entorno comunitario de la persona dependiente el máximo tiempo que sea posible.

Las personas con valoración de grado de dependencia que puedan acceder a los servicios de ayuda a domicilio contemplados en la Ley, tendrán acceso a ello, con la intensidad y la calidad a la que tienen derecho, que actualmente no se termina de prestar en esta Comunidad Autónoma. Así, no sólo se pedirá al Gobierno regional que cumpla con la obligación legal de prestar ese servicio a las personas en situación de dependencia, también se demandará la creación de empleo directo en Ayuda a domicilio. Nuestra postura es que la Ayuda a domicilio se realice por parte de las Sociedades Anónimas Laborales y Cooperativas existentes en Castilla-La Mancha, que tengan una acreditada experiencia en el servicio.

Ni una sola persona en nuestra Comunidad Autónoma se quedará sin poder acceder a plazas residenciales y de centros de día, para ello, los Ayuntamientos gestionados a partir de las elecciones del 22 de mayo cederán suelo para la construcción de centros que atiendan los servicios contemplados en la Ley de Dependencia.

Por razones de eficacia y justicia, en definitiva, reconoceremos el tercer sector como agente social, valorando su actuación en la sociedad.

9. MEJORÍA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

La calidad de vida del presente y la de nuestros descendientes requiere un territorio equilibrado y bien gestionado. De ahí que uno de los puntos de partida la establezca UPyD en la ordenación del territorio. La misma le compete al Gobierno regional y debe practicarla en función de un interés general, para que posteriormente los gobiernos locales desarrollen su territorio partiendo de esa ordenación previa. La gestión del territorio, con su correcta ordenación y protección, es la base de un desarrollo inteligente que, en interés de todos, debe enfocar la sostenibilidad como su primer objetivo. No habrá un verdadero desarrollo sostenible mientras no haya políticas de género que tengan en cuenta a las mujeres.

La gestión del Gobierno del PSOE ha consistido en una apuesta de (des)ordenación del territorio en la que los intereses generales se han visto suplantados por la suma caótica y desordenada de intereses particulares, en una apuesta equivocada que ha contribuido a que los efectos de la crisis sobre Castilla-La Mancha hayan sido especialmente dañinos con la quiebra del modelo de construcción.

Tras esta última, se hace imprescindible la elaboración de planes comarcales y locales, en un proceso donde debe tener cabida la participación ciudadana y debe revalorizarse la transparencia en la toma de decisiones.