Jamás será bienvenido un despido
El Centro Asociado a la UNED de Cuenca se ha unido al fatídico club de los recortes. Ayer nos anunciaban su director y secretario que, junto a la desgracia de no cobrar en tiempo nuestro sueldo/beca, 17 profesores-tutores dejaríamos de prestar servicio durante el curso 2011/2012, a punto de comenzar. De pena. Sobre todo para algunos, que llevábamos 28 años ejerciendo ahí la docencia con responsabilidad, generosidad (mis aportaciones al Centro por ayudas de investigación son arquetipo de ello), denuedo, instrucción y hasta pericia.
Evidentemente ello supone una reducción sustancial en la enseñanza universitaria a distancia que se imparte ahí bajo la protección y la conducción tutorizada, la cual bajará de 15 a 5 grados. Y Cuenca, por 170.000 euros de recorte, tira y aguanta esta bajada de la calidad en su enseñanza universitaria. Ese Centro Asociado a la UNED, que, con tintes dramáticos –y para algunos esperados-, escuchamos narrar a su director en el último claustro de profesores, el ajuste de plantilla (sustentado en un discutible indicador del número mayor de alumnos matriculados por carrera) se une a un recorte presupuestario que deriva en un inequívoco despido de personal, en una patada –dada con mayor o menor estilo, esto también posee sus giros psicológicos y literarios- de la que uno de los más afectados siempre es el estudiante. En efecto, los presuntos asistidos, los estudiantes, poco a poco ven cómo las condiciones de la universidad, de su universidad, se deterioran: menos horas de tutorías, menos libros en las bibliotecas, etc. Inadmisible.
Pienso que, en términos estrictos, lo que se ha hecho, mejor cometido, con los 17 profesores-tutores ha sido un “despido nulo”, con la ley en la mano. Para empezar, no se ha guardado el procedimiento debido (por ejemplo, preaviso con un mes de antelación, notificado por escrito, …). Pero no creo que acudamos al juzgado competente, porque nuestra situación profesional está por encima de esta zancadilla laboral. Nos ofende, en cambio, al menos a mí, cómo se nos ha arrebatado la tranquilidad, “despidiéndonos” sin miramiento del trabajo al que nos habíamos acostumbrado y habíamos mantenido durante muchos años. Esto afecta poco a nuestra “autoestima” y menos a nuestra economía particular. Luego no entraremos en depresión. Esta es la circunstancia. Y, de hecho, como responsabilidad no tenemos ninguna, pedimos que cada cual asuma la suya: desde los directivos del Centro Asociado a los patronos de éste, cómo no, políticos al uso de esta tierra, que ni saben demandar ni son capaces de agrupar a sus ciudadanos para exigir a los puntos organizativos competentes (tipo Islandia) que enderecen la marcha para conseguir resultados públicos y administrativos más eficaces. ¿Qué sabe el alumno de Cuenca matriculado en la UNED del evento que estoy ahora narrando? Nada, porque a él nadie se lo ha contado. Y esto es inaceptable.
Esta provincia se halla en una comunidad autónoma en la que, con la entrada de la Cospedal, presentó la nueva presidenta una serie de medidas concretas para el ahorro y el ingreso, que agrupó en el ampuloso designio al que denominó Plan de Garantía de Servicios Sociales Básicos. ¡Qué desfachatez, y cuánta mentira! Las cifras de éste ni valen ni se ajustan a la realidad. Sobre todo el capítulo cuarto, que relata las subvenciones a empresas privadas y públicas, y recoge un ahorro total de 389 millones de euros. Visto su resultado en el Centro Asociado a la UNED de Cuenca, administrativa y políticamente ese plan debe dar asco a todos los conquenses, y el 20N cambiar su voto. Ahora bien, no se lo den tampoco a los muchachos de Barreda, que tiene mayor culpa aún que los actuales gobernantes de la Cospedal. Basta ver las consecuencias de “su” aeropuerto de Ciudad Real, etc.
Pido, por tanto, que, cuando depositen su nuevo voto, los conquenses no olviden a mi querido profesor Vicenç Navarro, ya que por sí sólo pone en evidencia lo inservible de ese plan cuando desgrana en sus artículos publicados en Sistema Digital las causas de la escasa recuperación económica. Argumento que ha corroborado la semana pasada en Salamanca el premio Nobel de Economía Eric Maskin, asegurado que una política de recortes, como están llevando a cabo los países de la Eurozona, "es contraproducente para salir de la crisis" al provocar una reacción en cadena. "Los gobiernos se enfrentan al déficit recortando gastos, lo que provoca una disminución en la producción y un aumento en la tasa de desempleo que no permite hacer frente a los impuestos. Es una política desequilibrada que va en contra de la mejoría económica".
Las políticas de austeridad están equivocadas y están perjudicando la recuperación económica española, que necesita precisamente unas políticas contrarias a las que se están siguiendo, con una expansión muy notable del gasto público, orientado sobre todo a la creación de empleo.
Como demuestra lo ocurrido en el Centro Asociado de Cuenca no existe conciencia en los establishments políticos y mediáticos del país de que el mayor problema económico y social que tiene España es el desempleo. Si España tuviera el porcentaje de la población adulta que trabaja en los servicios públicos del estado del bienestar (tales como sanidad, educación, vivienda pública, servicios sociales, escuelas de infancia, servicios domiciliarios a personas con dependencia, entre otros) que tiene Suecia, 25% (en lugar del 9% actual), España tendría casi cinco millones más de trabajadores en tales servicios de los que tiene ahora. Como consecuencia no habría desempleo en nuestro país, que actualmente supera los cuatro millones. El elevado desempleo en España está basado, en parte, en el escaso desarrollo de su estado del bienestar que no está proveyendo suficiente empleo público.
El testimonio de Vicenç Navarro sobre el desempleo viene a ser también tajante: contribuye enormemente a la falta de demanda, responsable de la escasa recuperación de la economía española. Esta creación de empleo debería financiarse con el aumento de la carga impositiva y de su progresividad, eliminando los recortes de impuestos que se han ido aplicando en los últimos quince años y que han beneficiado predominantemente al 20% de la población de renta superior. España es el país de la UE-15 que tiene menos ingresos al estado, solo un 34% del PIB, comparado con un 44% para el promedio de la UE-15 y un 54% en Suecia. Si España tuviera la carga fiscal que tiene Suecia, el estado español ingresaría 200.000 millones de euros más de los que ingresa ahora, con los cuales podría corregir las enormes insuficiencias del estado del bienestar, además de eliminar el desempleo y estimular la demanda, el mayor problema que tiene la economía española.
Creerse que el mercado en si resolverá este problema es de una ingenuidad muy costosa. A no ser que el estado intervenga, sustituyendo esta enorme escasez de demanda mediante el gasto público la situación no mejorará. Y a no ser que el estado actúe más activamente creando empleo y garantizando el crédito, mediante medidas mucho más progresistas (como el establecimiento de bancas públicas), no habrá recuperación económica.
Por otro lado, la intensa crisis económica, el especial problema español de desempleo, la permanente dualidad entre trabajadores fijos o temporales y las atormentadas y, en parte, frustrantes reformas laborales de los últimos años plantean un escenario donde el Derecho del Trabajo va a caminar hacia mayores dosis de flexibilidad, con técnicas probablemente inéditas, que tendrán que ser implantadas en el espacio de correlación de fuerzas políticas resultante de las próximas elecciones generales. Antes de haber salido por la fácil y deplorable resolución tomada en el Centro Asociado a la UNED de Cuenca con 17 profesores-tutores, en el horizonte se adivina un nuevo paradigma laboral, que exigirá abandonar medidas que han resultado insuficientes, a la luz de los hechos, y apostar por instrumentos todavía por explorar, que exigirán una buena sistemática en su articulación e integración desde la lógica jurídico-formal.
Así lo ha expresado Jesús Lahera Forteza, profesor titular de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense, al decir que éste será mucho más flexible y distinto, pero desde otras técnicas y argumentaciones jurídicas, continuará cumpliendo su función esencial de tutela de los trabajadores, canalización negociada del conflicto social y limitación de las posibles arbitrariedades empresariales.
Es previsible, por ello, que el nuevo paradigma de relaciones laborales ponga en primera línea la protección de los derechos fundamentales en el trabajo, las acciones indemnizatorias por daños, la tutela antidiscriminatoria y la prevención y reacción ante acosos de todo tipo en las empresas, con la exigencia de fortalecer las vías de participación y negociación en la empresa que hagan de contrapeso colectivo de la alta flexibilidad individual.
La tutela del despido, cada vez más debilitada y en un futuro seguramente canalizada definitivamente a la certidumbre de un reducido coste económico, seguramente será sustituida paulatinamente por la protección de bienes jurídicos esenciales a través de acciones indemnizatorias por daños y perjuicios en la relación laboral. El razonamiento de Lahera, en consecuencia, defiende asimismo a los 17 profesores-tutores del mal trago que se les ha hecho beber, ya que resulta ajeno a la realidad pensar que la aventurada transformación flexible de nuestro Derecho del Trabajo, con técnicas aún inimaginables en la extinción y modificación de los contratos de trabajo, o en la propia negociación colectiva, vaya a conllevar la ausencia de conflicto entre las partes de la relación laboral.
Lo que sucederá, previsiblemente, es que los conflictos tomarán forma jurídica de otra manera, donde las acciones de reparación de daños, en la doble dimensión sindical e individual, ocuparán un lugar prioritario, como ya sucede en algunos ordenamientos laborales de economías desarrolladas. Desde éstas puedo transmitirles a mis compañeros despedidos y a los gerentes y políticos determinadores de la acción que, los que estamos próximos a la jubilación, con esta mala faena debemos recobrar nuestro espíritu de juventud para ayudar a cambiar nuestro marco laboral, en continua transformación. Hemos de caminar, junto a él, hacia los nuevos parámetros de configuración. Jesús Lahera lo confirma: “Menos indemnizaciones tasadas ante decisiones empresariales y más indemnizaciones abiertas en reparaciones de daños. Menos técnicas de control de la causa del despido o de la gestión de los recursos humanos y más vías de control frente a la arbitrariedad empresarial. Menos incidencia de la reparación de daños materiales frente a un protagonismo esencial del daño moral y punitivo en las acciones indemnizatorias de dimensión sindical e individual. Menos técnicas clásicas de la jurisdicción social y más trasvase de técnicas propias de la jurisdicción civil. Menos sentencias declarativas y una mayor cultura indemnizatoria en las relaciones de trabajo. Menos restitución a situaciones laborales originarias y más reparación frente a la vulneración de bienes jurídicos esenciales”.
Como candidato de UPyD al Senado por Cuenca, si soy elegido entregaré una parte de mi labor a que sucesos como el descrito no vuelvan a ocurrir, ayudando a que la modernización y el progreso empiecen a caminar por donde no saben los ejecutivos y los políticos de aquí. Mi partido se separa de las premisas del PPSOE, que andan polemizando acerca de quién tiene más grandes las tijeras. Y así aviso a mis conciudadanos: hay que aceptar que cualquiera de los bi-partidos citados que gane va a instrumentar una política económica restrictiva -con lo que condenarán a la economía española a un largo periodo de atonía cuando no de recesión y a permanecer en los niveles de paro actuales- A pesar de ello habrá que preguntarse acerca de las actuaciones y medidas que presumiblemente puedan adoptarse, con independencia de las respectivas promesas electorales. Todas no son iguales, ni inciden sobre los mismos colectivos.
Juan Andrés Buedo
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