La secretaria general del PP no acude al debate en las cortes regionales sobre la sentencia del Constitucional que rechaza el recurso de los conservadores contra la norma
EL PAÍS - Madrid - (Aquí)
La hemeroteca le ha jugado hoy una mala pasada a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que ha olvidado que calificara de "golpe de Estado" la ley electoral de Castilla-La Mancha. "No hablé de golpe de Estado", ha zanjado contundente la número dos de los populares en una entrevista en Radio Nacional. El conductor del programa En días como hoy, Juan Ramón Lucas, le ha refrescado la memoria con una frase textual de la dirigente, que en enero de 2007 afirmó: "La reforma se está haciendo de tapadillo. Los golpes de Estado no los vamos a consentir". Cospedal equiparó entonces al presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, José María Barreda, con Hugo Chávez, máximo mandatario venezolano.
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Cospedal ha tenido el lapsus unas horas antes del inicio del pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha que ha debatido la sentencia del Constitucional que rechaza el recurso de los populares contra la norma. La ausencia de la secretaria general en el debate ha desatado las críticas del Grupo Socialista castellanomanchego. Su portavoz, José Molina, ha calificado el gesto de Costedal de "espantada". "No ha ido [al pleno] para no tener que debatir", ha criticado.
Por otra parte, Cospedal ha reiterado que seguirá en el cargo de secretaria general del partido tras las elecciones autonómicas. "Si quiere mi partido y mi condición, me gustaría continuar". La dirigente ha reconocido que existe "mucha expectación" por el resultado del 22 de mayo en Castilla-La Mancha, gobernado por el PSOE desde hace tres décadas. Ha explicado también que su condición de cargo en el PP, atrae los "focos mediáticos" a la comunidad autónoma. Cospedal, por otra parte, ha calificado de "disparate" que los socialistas afirmen que, si gana el PP en Castilla-La Mancha, privatizará la sanidad.
El PP ha hecho de la Ley Electoral de Castilla-La Mancha, que otorga dos nuevos escaños a Toledo y Guadalajara, uno de sus principales arietes electorales. El Constitucional negó las alegaciones de los conservadores, que consideraban la norma "arbitraria" e ideada para beneficiar los intereses del PSOE.
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