Pilar López Marco
(Publicado en UPyD, aquí)
«Analizar el modelo territorial español para garantizar la igualdad de los ciudadanos.» Así definía Rosa Diez el objetivo de las magníficas jornadas organizadas por el Comité Local de UPyD en LLanes el pasado 27 de junio. El mismo día, en el Parlamento vasco se suplantaba la soberanía nacional y se aprobaba la convocatoria del referéndum impulsado por Ibarretxe, con el apoyo del PNV e IU y del PCTV, partido en proceso de ilegalización ante los claros indicios de sus vínculos con ETA.
Las ponencias de algunos de los mejores –y más amenos- expertos en financiación autonómica, derecho administrativo y constitucional, nos han permitido repasar los 30 años de vigencia del modelo autonómico para intentar comprender los fallos del sistema y analizar las posibles soluciones para atajar la actual situación, insostenible desde el punto de vista de la igualdad de los ciudadanos y la solidaridad territorial. Porque el nacionalismo totalitario se está extendiendo como un cáncer por todas las Comunidades autónomas. Así lo han puesto de manifiesto los más de 140 asistentes, de diversas profesiones y ciudades de España, que han compartido durante tres intensos días, además de la magnífica gastronomía asturiana, sus reflexiones, conocimientos y experiencias respecto a los problemas que los políticos regionales vienen creando a los ciudadanos, con el inestimable apoyo, por acción u omisión, de los sucesivos gobiernos centrales.
Mención destacada merece entre dichos problemas el de la imposición del uso de las lenguas cooficiales, que afecta al derecho fundamental a escolarizar a nuestros hijos en castellano, la lengua oficial del Estado, o que prima el conocimiento de la lengua cooficial en la función pública frente a la capacitación específica para el puesto. Y todo ello en detrimento de las rentas más bajas, que, a diferencia del Sr. Montilla, no pueden permitirse llevar a sus hijos a un colegio privado donde se imparten clases en castellano y alemán e inglés o acudir a la consulta privada de un especialista. Un problema que, como una gran mancha de chapapote lingüístico, va llegando desde las comunidades que cuentan con leyes de «normalización» a otras zonas de España tradicionalmente modosas en este tema; como en Aragón, cuyos dirigentes amenazan con la aprobación del Anteproyecto de Ley de Lenguas (aragonés y catalán) para después de la Expo.
Ante esta situación, o los ciudadanos normales (los no «normalizados»), nos movilizamos e implicamos activamente para poner remedio a tanto despropósito político, o acabará siendo habitual escuchar quejas como la que relataba uno de los ponentes, sobre una señora de Valladolid, que se lamentaba de que ellos «no tenían lengua».
El modelo de financiación autonómica constituye otra de las grandes preocupaciones debido a su continua revisión al socaire del debate político. Los nuevos Estatutos atribuyen a las Comunidades competencias en materia de financiación hasta entonces reservadas al Estado a través de la Ley Orgánica de Financiación del Proceso Autonómico (LOFCA) e incluso llegan a establecer criterios particulares (características de su población, contribución al PIB, superficie, orografía, etc.) para determinar la cifra de inversión del Estado en su respectivo territorio que, en algunos casos, como el catalán o el andaluz, se pretende pactar de forma bilateral, mediante una Comisión mixta con representantes de la administración central y la catalana.
En lugar de suprimir el sistema del cupo vasco o el concierto navarro por la desigualdad e injusticia que suponen, este modelo de negociación bilateral con el Gobierno central, en el que prima la fuerza política en términos del número de votos por encima de la solidaridad, está empezando a ser reclamado por otras Comunidades, porque, como afirma el Consejo de Estado en su informe sobre la eventual reforma de la Constitución, «las constantes demandas de autogobierno tienen un importante componente subjetivo, de forma que cualquier ampliación de competencias o financiación que una Comunidad pueda conseguir, se convierte de inmediato en objetivo obligado para todas las que aún no han llegado a ese nivel.» Y ello sin hacer primero la valoración general de la conveniencia de tal reforma, o llevar a cabo un análisis riguroso del coste que supone una gestión eficaz de los servicios públicos en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos españoles.
Esta ha sido la principal conclusión que cabe extraer de las ponencias: sería una simpleza afirmar que el sistema autonómico funciona razonablemente bien o decir, sin más, todo lo contrario, que hay que devolver todas las competencias al Estado, sin hacer antes un análisis pormenorizado de todos los sectores o materias. Así por ejemplo, parece lógica la transferencia de la competencia en materia de pesca al gobierno Asturias, al igual que la de la conservación y fomento del patrimonio artístico radicado en cada Comunidad. Pero en otros casos, en los que la transferencia de competencias se ha demostrado ineficaz, como en educación o la sanidad, la solución pasaría por su devolución al Estado central. Ello requeriría una modificación parcial de la Constitución que delimitase claramente las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas.
Entre tanto, atendiendo a la competencia exclusiva de Estado para regular «las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales» (149.1 1º CE), deberían impulsarse iniciativas legislativas como la proposición de Ley Orgánica para «prevenir y erradicar la discriminación lingüística y asegurar la libertad de elección de lengua», presentada el mismo día 27 de junio por la portavoz de UPyD en el Congreso.
Asimismo, resulta imprescindible que el Estado haga uso de su competencia en materia de Alta Inspección, en concreto del sistema educativo (27.8º CE), a fin de detectar y sancionar aquellos incumplimientos de los poderes públicos en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales (STC 6/1982, fundamento jurídico 4º).
Como explicó el profesor Sosa Wagner, en Alemania, paradigma del Estado federal, se ha optado recientemente por llevar a cabo una pequeña reforma constitucional con el objetivo de mejorar la eficacia de los servicios públicos. La reforma ha sido el fruto de un debate político basado exclusivamente en datos técnicos. Todo lo contrario de lo que sucede en España, donde «nos levantamos por la mañana y nos preguntamos si somos una nación o una nación de naciones». En un Estado como el nuestro, cuya principal característica es hoy en día ser miembro de la Unión Europea, resulta que es su propio Presidente el que entiende que el concepto de nación «es discutido y discutible», lo que va a obligar al Tribunal Constitucional a pronunciarse, 30 años más tarde, sobre él el alcance de este término, hoy fútil, que se ha «colado» en el Estatuto de Cataluña atendiendo a unos supuestos derechos históricos que parecen participar de la naturaleza de la eternidad, porque no se sabe ni cuando empiezan ni cuando acaban.
En definitiva, nos encontramos en un momento crítico, en el que se ha judicializado la «arquitectura del Estado», entregando la decisión sobre el modelo territorial a los miembros de un Tribunal Constitucional que se encuentra mediatizado por el poder político y que podría acabar haciendo, de nuevo, una «sentencia interpretativa» en lugar de una «resolutiva» que es como tienen que ser las sentencias: que solucionen el problema con eficacia, rapidez y determinación. Como apuntaba irónicamente el profesor Sosa: ¿habrá que encargar un nuevo informe a los catedráticos que hicieron los dictámenes sobre el Estatuto catalán para que interpreten esta sentencia del intérprete de la Constitución?
