El análisis (único) de hoy se centra en analizar, desde el lenguaje del discurso político, lo que nos espera desde ya hasta (mínimo) finales de mayo con el maratón pre-electoral, la campaña, los resultados y las negociaciones posteriores.
Es llamativo que uno de los elementos mencionados por la analista sea que el político se ha convertido en "el mensaje", Coincide con lo que publicaba recientemente el editor de Agenda Pública Juan Rodríguez Teruel sobre la personalización de la política, cuyo representante más genuino en España sería el propio Pedro Sánchez; pero no sólo, en absoluto.
Y como la cosa está entre el desgarro de la izquierda y el estancamiento de la derecha y no se puede augurar el resultado, es previsible que el enconamiento entre la una y la otra suba algunos grados más. Queda por saber si, como hablamos de discurso, la izquierda decide utilizar las mismas armas dialécticas de la derecha. Desde luego, indicios ya hay, como de que aún les falta un hervor.
Ya nos lo decía Luis Bouza, también editor de esta casa, hace casi dos años tomando prestada una idea de Margaret Canovan: el populismo es "como una manifestación de la faceta redentora –por oposición a la pragmática– de la democracia". En ésas estamos.
Guillermo Sánchez-Herrero, redactor jefe de Agenda Pública -----------------------------------------
El discurso que (se nos) viene
Uno puede quedarse un poco frío (a la luz de la verborrea política de las últimas semanas, ¿o eran meses?) cuando lea los ejemplos que ha escogido la catedrática Beatriz Gallardo de "discurso político empobrecido, simple, sometido a los reduccionismos; [lleno de] hipérboles que apelan a los prejuicios, filias y fobias del receptor".
Pero lo importante, no nos despistemos, es el análisis en sí, que dice cosas como que la culpa no es (sólo) de los medios de comunicación y las redes sociales y su dinámica, sino que obedece "[también] a la propia intención comunicativa de los equipos de comunicación de partidos y líderes"; que, "en mayor o menor medida", todos utilizan las "retóricas populistas"; y que éstas tienen "mucho mayor impacto cuando elige(n) emociones de expresividad negativa".
¿Un buen colofón? Éste, sin ánimo de señalar: "... consigue presentar las tendencias censoras, excluyentes, insultantes y agresivas como si fueran libertad de expresión, o progreso, o patriotismo". Léanlo.
Dejando por un momento el tono adoptado últimamente por algunos líderes políticos, centrémonos por un momento en uno de los asuntos fundamentales de esta era y que explica tantas derivas: la desigualdad creciente. Pues bien, en el listado de lo que Luis Molina llama "argumentos de brocha gorda" (pinche en la imagen), encontramos el que utilizó Pablo Casado (y antes tantos otros tantas veces) nada más convocarse elecciones generales. ¿Solución? "Lo primero que haremos será bajar los impuestos; todos los impuestos". Dicho así... a ver quién no quiere eso.
Aquí (en la imagen anterior), José Antonio Marina se pregunta cómo introducir racionalidad en el debate político, pero la fórmula que propone parece muy compleja cuando el rival es el entorno en el que nos movemos.
¿Qué es lo que puede pasar cuando se fuerza el discurso (digamos) emocional? Que los enemigos políticos (antes adversarios) pueden llegar a coincidir en su discurso. Pinche en la imagen para ver este ejemplo.
En tiempos de incertidumbre todo es más complicado. Pocas veces desde la Guerra Civil la política española había estado tan polarizada y fragmentada como ahora. El bipartidismo, dominante desde la Transición, ha quedado atrás, y con él, la alternancia en el poder de dos partidos que gracias a esa preeminencia electoral podían colonizar desde el Ejecutivo todo el aparato institucional del país. De aquellos pactos, estos lodos: una desconfianza crónica en los políticos y también en las instituciones. Nadie se atreve a prever qué puede suceder ni en el futuro más inmediato. Acaban de convocarse unas elecciones en Andalucía y ya se habla de que tal vez habrá que repetirlas.
Hay luchas feroces en la derecha entre el PP, Ciudadanos y Vox, y luchas por la hegemonía también en la izquierda, entre el PSOE y Podemos, aunque traten de hacer de la necesidad virtud y se esfuercen por mantener una frágil “competición cooperativa” para sostener el Gobierno. Cada uno de los cuatro grandes partidos tiene fronteras que defender con varias fuerzas políticas a la vez y en cada uno de ellos hay luchas, algunas muy virulentas, entre fracciones y corrientes internas. Los líderes que sobreviven están exhaustos y cada vez hay menos gente brillante que quiera dedicarse a la política.
A todo ello se superpone además una lucha territorial que tiene en Cataluña su punta de lanza, y luchas no menos enconadas en el interior de cada bloque sobre cómo gestionar este conflicto. Entre los partidos de ámbito nacional cada vez hay más distancia: mientras unos abogan por negociar, otros piden que se aplique de nuevo y con mayor dureza el artículo 155 de la Constitución. Casado propone incluso ilegalizar a la CUP. En el lado soberanista la situación no es mejor. Allí donde hace un año se articulaba uno de los movimientos unitarios más sorprendentes, capaz de aunar en una misma hoja de ruta a los anticapitalistas de la CUP y los liberales neoconvergentes, reina ahora la división y la desconfianza mutua. Algunos de sus principales dirigentes, que hace un año se abrazaban en público, ahora ni se hablan. Elsa Artadi acaba de revelar que Carles Puigdemont ha enviado cuatro cartas y un libro a Oriol Junqueras, y no ha recibido respuesta...
Pedro Sánchez, junto a Carmen Calvo y Josep Borrell, en el Congreso. En vídeo, declaraciones de Pablo Casado este domingo en Sevilla.ULY MARTÍN / ATLAS
El PSOE maneja datos muy positivos, y detecta una clara caída del PP que se debería ver en las andaluzas, pero ni de lejos lo ve tan bien como el CIS
Los sondeos que manejan el Gobierno y el PSOE sobre el escenario electoral en Andalucía, la primera prueba de fuego real tras el giro político que consagró la moción de censura, no son tan optimistas como los del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) pero ratifican el triunfo de Susana Díaz y, sobre todo, el desplome del PP de Pablo Casado. Los datos con los que trabaja el equipo de Pedro Sánchez reflejan un sorpasso teórico de Ciudadanos al PP en Andalucía pero el Ejecutivo cree que no se producirá. El evidente tirón del partido de Albert Rivera no bastaría para desbancar a Díaz y gobernar con los populares.
La política española vive aún en parte en la foto fija de 2016, cuando el PP logró mucho mejor resultado del esperado. Por eso el PSOE sufre para buscar mayorías con 84 diputados y el PP aún disfruta de sus 134, que le convierten en el grupo más poderoso, que controla la mesa del Congreso y algunos órganos constitucionales clave como el Poder Judicial. Sin embargo, el Gobierno está convencido de que esa hegemonía ya no es real en la calle, y cree que las elecciones andaluzas servirán para fijar una fotografía muy diferente, la de un PSOE en ascenso y un PP en caída libre.
Los datos que maneja el Gobierno son muy optimistas, aunque no tanto como las proyecciones del CIS, que dan al PSOE 10 puntos de ventaja sobre Ciudadanos y más de 13 sobre el PP en toda España. Todos los partidos aprovechan los datos en bruto del CIS, que son los mejores, pero nadie asume sus pronósticos.
En cualquier caso, pese a las discrepancias, sí hay una tendencia que detectan varias encuestas y de la que están convencidos los expertos del PSOE y el Gobierno: el PP está cayendo mucho más de lo esperado. Y en el Ejecutivo determinan que esa caída de los populares se verá de forma palmaria en las elecciones andaluzas.
Los datos que baraja el Gobierno indican que el PP perdería en esta comunidad casi 300.000 votos, mientras los socialistas ganarían 120.000. A pesar de eso, por un problema del reparto final de escaños con los restos de los votos y con el enorme crecimiento de Ciudadanos, Susana Díaz podría ceder dos de los cuatro diputados que ganó en el último minuto en 2015.
Las provincias con más riesgo para el PSOE son Cádiz y Huelva. Los sondeos internos de los socialistas pronostican también una caída importante de Unidos Podemos, pese a su alianza con Izquierda Unida. Estos datos restan a esa coalición tres escaños sobre los 20 (15 de Podemos y 5 de IU) que obtuvieron en la anterior cita. Si al final aguantan o mejoran la suma de 2015, el resultado del PSOE podría ser bastante peor.
Ciudadanos tendría una subida enorme en Andalucía, de hasta 450.000 votos y 15 escaños, pero seguiría forzado a pactar con los socialistas porque no sumaría en ningún caso con el PP. Los datos que escruta el Gobierno en este momento dan a Ciudadanos por encima de los populares, una hecatombe para Casado, pero tanto en La Moncloa como en el palacio de San Telmo, sede de la Junta de Andalucía, y por supuesto en el PP, dan por hecho que los populares recuperarán terreno con Ciudadanos durante la campaña electoral y quedarán por delante aunque no por mucha diferencia.
Pablo Casado salvaría así los muebles, pero si el PSOE dobla al PP en votos en la comunidad más poblada de España y con más escaños en juego, como apuntan los sondeos, su nuevo líder tendrá por delante un panorama muy difícil para recuperar el poder. Sería un gran éxito para Susana Díaz, pero de rebote también para Sánchez, que necesitará los votos andaluces para seguir en La Moncloa.
En el Gobierno creen que en realidad el PP lleva años cayendo, que el efecto Casado duró poco más de un mes tras el congreso del partido, y que la política española está viviendo en una irrealidad por la ausencia de elecciones durante dos años. Esa situación ha llegado a su fin.
Los comicios andaluces, el peor escenario posible para probar la fortaleza del PP, demostrarán dónde está cada uno, dicen en el PSOE, y cambiarán por completo el escenario. Los populares no son tan pesimistas, pero en privado no desmienten del todo estos datos, siempre que asuman que van delante de Ciudadanos. No hay que olvidar que las cifras ya no son de nadie, pasan de unos expertos a otros, entre otras cosas porque ahora hay mucho más trasvase de analistas que antes. Sin ir más lejos el equipo de La Moncloa lo dirige alguien como Iván Redondo, que trabajó con el PP.
Pero los datos en los que trabajan estos días van más allá, y llevan al Gobierno a la conclusión de que Casado se equivoca en su estrategia de confrontación dentro de la derecha en vez de buscar una dinámica bipartidista ,con algunos pactos de Estado, que dejaría a Ciudadanos fuera de juego. El líder del PP, por el contrario, está convencido de que primero tiene que asentarse en su espacio natural para después ampliarlo y ganarse el centro, apartando a Ciudadanos.
El PSOE ha hecho una encuesta para evaluar las medidas principales del pacto de Presupuestos con Podemos, su proyecto estrella. Y los datos son llamativos. El 79% de la población cree que la subida del salario mínimo es urgente; y el 63%, que es “viable económicamente”. Entre los votantes del PP, el 59% la ve urgente, aunque baja al 36% quien la ve viable.
La regulación de precios del alquiler abusivos, rechazada abiertamente por el PP, tiene sin embargo el respaldo del 59% de sus votantes. Y la ampliación de la inversión a personas dependientes tiene un apoyo del 86%. Son medidas en general populares, a las que es difícil oponerse. Hay respuestas aún más llamativas. Hasta un 27% de los votantes del PP dicen que su partido debería apoyar los Presupuestos. En Ciudadanos, un 41%.
Con todos estos datos encima de la mesa, el PSOE se enfrenta el 2-D al primer gran examen real del giro político en España convencido de que el gran derrotado de la noche será el PP. Pero los populares ya han mostrado otras veces una resistencia muy por encima de lo esperado y en la cúpula de este partido aún hay quien cree que podrían dar un vuelco y lograr sumar escaños suficientes con Ciudadanos para quitar el poder en Andalucía al PSOE después de 40 años.
Sería un golpe tan duro por inesperado y por simbólico que cambiaría por completo el panorama político y desestabilizaría al Gobierno de Sánchez. Nadie lo ve posible en La Moncloa. Las urnas fijarán la fotografía real.
Nunca en la historia de Estados Unidos se habían presentado tantas candidatas a unas elecciones. La gran ola feminista afronta su prueba de fuego: traducir su empuje en poder político
Histórica marcha de las mujeres en Washington el 21 de enero de 2017, tras la investidura de Donald Trump como presidente. Stephen J BoitanoLightRocket / Getty Images
Las elecciones legislativas que Estados Unidos celebra el 6 de noviembre tienen algo de plebiscito sobre Donald Trump. Al fin y al cabo, los comicios de medio mandato siempre sirven para juzgar a los presidentes. Una lectura más elaborada señala que es el Partido Demócrata el que se encuentra ante un gran referéndum que determinará su estrategia futura, e incluso que también los republicanos medirán sus fuerzas y podrán comprobar si, en efecto, se han convertido en el partido de Trump. Pero lo que parece indiscutible es que la gran ola feminista surgida en Estados Unidos se encuentra ante su gran prueba de fuego, su ser o no ser: ha llegado el momento de comprobar si ese empuje que ha desbordado expectativas, traspasado fronteras y hecho correr ríos de tinta se traduce en poder político. Poder a secas. En estas elecciones se votarán todos los escaños del Congreso, 35 de los 100 puestos en el Senado, además se elegirán 36 gobernadores y la composición de 87 Cámaras estatales. También están en juego 5 alcaldías, entre ellas, las de San Francisco y Washington DC.
Un par de cifras reflejan cómo la política sigue siendo cosa de hombres en el país más rico del mundo: solo hay 23 mujeres entre los 100 senadores y 84 entre los 435 congresistas. Pero otra batería de números refleja que, a falta de terremoto, las placas tectónicas se empiezan a mover irremediablemente: nunca en toda la historia se había concentrado tal número de mujeres candidatas como ahora. Según los datos de septiembre del Center for American Women de Rutgers, hay 235 que optan a la Cámara de Representantes, lo que bate ampliamente el récord de 2016 (167), y 22 se presentan al Senado (el máximo anterior era 18 en 2012).
Una sucesión de hechos, que se combinan en algo parecido a una tormenta perfecta, ha desencadenado esta poco menos que insólita movilización política de las mujeres. Primero, la victoria de Trump a pesar de la filtración de un vídeo en el que presumía de tocar sin permiso a las mujeres, y la derrota de la primera mujer candidata a presidente por uno de los dos grandes partidos, a pesar de que consiguió más votos (individuales, no por colegio electoral) que el ganador. La multitudinaria Marcha de las Mujeres, que se celebró al día siguiente de la toma de posesión del republicano, dejó claro que el feminismo iba a ser un frente de resistencia clave. Segundo, la irrupción del movimiento Me Too, a raíz de las acusaciones hace un año de abusos sexuales contra el poderoso productor de cine Harvey Weinstein, que volvió a poner el foco en el desequilibrio de poder. Y por último, la confirmación de un juez conservador acusado de abusos sexuales, Brett Kavanaugh, en el Tribunal Supremo. La ola femenina ante la cita electoral emana esencialmente del Partido Demócrata.
La candidata demócrata al Congreso Alexandria Ocasio-Cortez, en un acto de campaña. BRIAN SNYDERREUTERS
Si hay que buscar una fecha clave, basta preguntar a Emily’s List, uno de los grandes termómetros de este fenómeno. Esta organización, de corte progresista, se dedica desde 1985 a promover la participación femenina en la política. Tras la victoria de Donald Trump su teléfono no ha dejado de sonar: 40.000 mujeres contactaron a Emily’s List para expresar su interés en presentarse a algún cargo electo, cuando en todo 2016 no llegaron al millar. Así que no tienen dudas sobre el detonante de esta ola. “Al ver perder a Hillary, cuando era sin duda la mejor candidata por trayectoria, preparación… Eso sacudió a muchas mujeres estadounidenses, les hizo pensar que tal vez no habíamos llegado tan lejos como habíamos creído”, opina Vanessa Cárdenas, directora de desarrollo de la organización.
La llama ha prendido entre nuevos perfiles de mujeres. Si la cantera habitual de potenciales candidatas se encontraba entre abogadas, lobistas o herederas de dinastías políticas, explica Cárdenas, ahora hay maestras y activistas que se animan a dar un paso al frente. Y también camareras. Es el caso de Alexandria Ocasio-Cortez, la mujer de 29 años recién cumplidos que está a punto de convertirse en la congresista más joven de Washington, tras haber dado la campanada en las primarias de los demócratas en Nueva York el pasado junio: arrebató la candidatura del distrito de Bronx-Queens a un pata negra del partido, Joseph Crowley, que llevaba desde 1999 en la Cámara de Representantes. De origen latino, forjada en el activismo de barrio y empleada en una taquería de Manhattan hasta apenas dos meses antes de la votación, tras su victoria se ha convertido en el máximo exponente de la nueva oleada no solo de mujeres, sino de mujeres ajenas al establishment o pertenecientes a lo que aún se consideran minorías étnicas en la multiétnica América.
La cantera de candidatas era de abogadas, 'lobistas' y herederas de sagas políticas, pero ahora hay maestras y activistas
La diversidad que acompaña este auge femenino supone uno de los principales rasgos diferenciales frente a otros comicios en el pasado en los que las mujeres candidatas cobraron protagonismo. Porque ya hubo un “año de las mujeres” en el pasado: 1992. E incluso un precedente a este: 1984. Aquel año, la congresista Geraldine Ferraro fue elegida como candidata demócrata a la vicepresidencia. Nunca hasta entonces una mujer había ocupado una plaza en el llamado ticket (como se conoce a la pareja de candidatos a presidente y vicepresidente) de los grandes partidos. Aquello elevó las expectativas sobre una masiva afluencia de mujeres a las urnas. Ferraro colocó el género en el debate político y forzó a los republicanos a atender asuntos tradicionalmente asociados con los intereses femeninos. Pero el esperado efecto no se produjo: ella y el candidato a presidente, Walter Mondale, no pudieron evitar la arrolladora reelección de Ronald Reagan.
Rashida Tlaib. Es casi seguro que la palestina-estadounidense será la primera congresista musulmana.
Stacey Abrams. Si logra la victoria en Georgia, será la primera gobernadora afroamericana.
Mikie Sherrill. Piloto de la Armada y abogada, su victoria como congresista por Nueva Jersey lograría arrebatar a los republicanos un escaño que controlan desde hace más de una década.
El de 1992 sí supuso un parteaguas. Entró una cifra récord de 24 nuevas representantes en la Cámara baja y al Senado llegaron el triple de mujeres de las que ya había. Aquella ola femenina se suele atribuir a la confluencia de una serie de tendencias que venían de atrás y, entre ellas, al final de la Guerra Fría, que desvió el foco desde la seguridad nacional hacia territorios tradicionalmente más asociados con los intereses de las mujeres como la educación, la sanidad, el bienestar social y la economía. Hoy, dice Cárdenas, de Emily’s List, el fenómeno se alimenta de asuntos políticos similares (el seguro médico, el cuidado de los padres, de los hijos, las mujeres solas) y, como si fuera un capricho de guionista, se ha disparado con gatillos rematadamente parecidos.
El momento clave de los noventa se dio con la nominación por el presidente Bush del muy conservador juez Clarence Thomas para el Supremo. El proceso de su designación en el Senado se convirtió en un espectáculo nacional cuando una antigua empleada, Anita Hill, le acusó de acoso sexual. Aquel comité judicial del Senado, formado enteramente por hombres, condujo un despiadado interrogatorio a la demandante, que no pudo evitar que su supuesto acosador ingresara en la más alta instancia judicial del país. Fue un revulsivo para muchas. “Quedó claro que la infrarrepresentación de la mujer era un problema”, sostiene Amanda Clayton, profesora de Política y Género en la Universidad de Vanderbilt, Tennessee. “Las mujeres reaccionaron desde el enfado que les produjo comprobar que no ocupaban puestos en los lugares donde se tomaban decisiones. Las similitudes con el momento actual son evidentes”, añade. Los tres eventos se notaron en las llamadas a las puertas de Emerge, una organización que se dedica a reclutar y formar a candidatas demócratas. “Hubo muchas llamadas cuando perdió Hillary en 2016, y hubo nuevos picos cuando estalló el movimiento Me Too y, más recientemente, tras la nominación del juez Kavanaugh”, explica A’Shanti Gholar, directora política de la organización. “Muchas mujeres vieron esos episodios como muestras de que no habíamos llegado lo suficientemente lejos. Han sido tres catalizadores claros”.
El Clarence Thomas de 2018 se llama Brett Kavanaugh. Fue nominado por Trump para el Supremo y quedó confirmado a primeros de octubre, después de una monumental batalla por las acusaciones de abusos que pesaban sobre él. EE UU revivió el caso de Anita Hill. La profesora Christine Blasey Ford, que asegura que Kavanaugh intentó violarla hace tres décadas, testificó durante horas ante unos legisladores mayoritariamente hombres blancos que acabaron por confirmar a Kavanaugh. La polémica supuso la politización del Me Too. Conviene recordar que la ola contra el acoso había comenzado poniendo en la diana precisamente al muy progresista Hollywood, e hizo caer a lo largo de todo un año a popes de la cultura, la comunicación o la política de toda ideología y pelaje. Con la crisis del Supremo, Trump y los republicanos señalaron al Me Too como una campaña de los demócratas.
Sucede que la fractura de género es cada vez mayor en la política estadounidense, y eso es uno de los fenómenos más destacados del momento actual. Las mujeres cada vez más votan a los demócratas, y los hombres, a los republicanos. El género, por tanto, se ha convertido, junto con la raza, la edad y el eje rural-urbano, en uno de los grandes factores que permiten predecir el voto. “Desde hace décadas se viene observando esa brecha de género en la política estadounidense, pero hay evidencia de que en la actualidad es aún mayor”, explica Ruth Igielnik, investigadora de la empresa demoscópica Pew Research. “En nuestro último sondeo, de septiembre, un 58% de mujeres preferían candidatos demócratas frente a un 35%, mientras que un 48% de hombres se decantaban por republicanos frente a un 45%. Resulta además que la percepción de que la discriminación de género es uno de los principales motivos por los que las mujeres están infrarrepresentadas en los altos cargos políticos está el doble de extendida entre los demócratas (64%) que entre los republicanos (30%)”.
Ese aparente distanciamiento de las mujeres respecto al Partido Republicano se refleja también en la dificultad de esta formación para nominar a candidatas. Uno de los motivos de que los republicanos se hayan quedado atrás en términos de paridad tiene que ver con la reciente radicalización que han experimentado las bases del partido, apunta Susan Carroll, catedrática de Ciencias Políticas y Estudios de Género de la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey. “La mayoría de las mujeres republicanas en cargos electos pertenecían al ala más moderada del partido, y esas mujeres ya no pueden ganar las primarias”, explica. “El electorado republicano se ha vuelto tan conservador que los moderados no pueden ganar primarias en la mayor parte del país”.
Un análisis en The Washington Post sobre las mujeres que han ganando en sus respectivas primarias arrojaba datos elocuentes. De las 184 que lo han logrado sin tener previamente un escaño —es decir, derrotando al legislador que buscaba renovar su legislatura— la aplastante mayoría es demócrata. Entre las 12 que ahora son claras favoritas a lograr alcanzar en las urnas su escaño, no hay una sola republicana. Entre las 56 candidatas que tienen posibilidades, solo hay una docena del Grand Old Party; y entre las 116 con menos posibilidades, solo 31 compiten por el partido de Trump. Los datos también plantean la cuestión de qué proporción de esta oleada de candidatas finalmente triunfará en los comicios, y de si realmente lograrán incrementar la presencia femenina en las Cámaras de Washington y en las estatales.
Otra incógnita, más allá de la noche del 6 de noviembre, es si este paso al frente constituye un fenómeno puntual o la consolidación de una nueva era, más femenina, en la política estadounidense. En otras palabras: si esto es una reacción frente a Trump o si Trump solo es un elemento acelerador de una tendencia previa. “La historia nos dice que, una vez que las mujeres entran en los puestos de poder, es difícil ver un retroceso”, defiende Clayton. “En 1992, por ejemplo, se produjo un gran salto. Después se estabilizó, pero la presencia de mujeres no llegó a retroceder de forma relevante. Creo que sucederá lo mismo después de estas elecciones. El alto número de candidatas se convertirá en la nueva normalidad”.
Una incógnita es si esta ola constituye un fenómeno puntual o la consolidación de una nueva era más femenina
Algunas tendencias demográficas y sociales alientan este pronóstico. Desde hace décadas, las mujeres, que constituyen más de la mitad de la población, votan en mayor proporción que los hombres. Ese ha sido el caso en todas las elecciones presidenciales desde 1980 y en todas las legislativas desde 1984. “Parte de la explicación es que el nivel de educación de las mujeres ha subido en los últimos años: hoy las mujeres van más a la universidad que los hombres, y la educación superior está correlacionada con la participación electoral”, explica Susan Carroll. “Las mujeres, además, se han vuelto más independientes de los hombres en la toma de decisiones. Hoy es más probable que vivan solas, que sean cabezas de familia. Hay más divorciadas, están solteras más tiempo antes de casarse. Pero el principal factor es el movimiento feminista, que ha conectado la vida de las mujeres con la política. El feminismo, aunque no todas las mujeres necesariamente se sientan identificadas con él, ha influido de manera más indirecta al evidenciar que las mujeres tienen algunos intereses diferentes a los de los hombres”.
En su último libro, A Seat at the Table (Un sitio en la mesa), la doctora Carroll ha recogido testimonios de las mujeres que están en el Congreso sobre por qué consideran que su presencia es importante en las Cámaras legislativas. Las mujeres consideran que más allá de abrir el abanico de temas que serían tratados o tendrían prioridad en una Cámara masculina, su presencia aporta un estilo distinto, y más productivo, que el de los hombres. “Sienten que ellas están más preocupadas por los resultados de las políticas, que están más centradas en que las cosas salgan adelante y menos en llevarse el mérito”, explica. “Las congresistas creen que aportan cualidades nuevas al proceso. Que son más inclusivas, más tendentes al consenso, menos partidistas, más capaces de votar con unos u otros. Y, por último, consideran que su presencia es simbólicamente importante para otras mujeres, porque sirve de ejemplo y modelo”.
Más allá de la cita en las urnas de noviembre, si se mira al horizonte de 2020, cuando EE UU celebrará sus elecciones presidenciales, también cabe pensar que este empuje de las mujeres no se va a evaporar a corto plazo. Elizabeth Warren, senadora demócrata por Massachusetts; Kamala Harris, por California, o Kirsten Gillibrand, por Nueva York, son algunos de los nombres que suenan con más fuerza para tratar de evitar un segundo mandato de Trump.
A partir del próximo sábado 27 de octubre, cuando se cumplirá un año de la fallida declaración de independencia y de la destitución del Govern vía artículo 155 de la Constitución, Quim Torra podrá ejercer legalmente la facultad de convocar elecciones en Catalunya. Los partidos independentistas se habían conjurado hace unas semanas para aguantar la legislatura al menos hasta que empezara el juicio contra los impulsores del referéndum del 1 de octubre, pero lo cierto es que a partir de la semana que viene el presidente de la Generalitat tendrá en su mano pulsar el botón electoral cuando lo crea preciso.
Aunque los líderes tanto de JxCat como ERC han asegurado que no quieren elecciones inminentes, ya hay voces que piden a Torra que haga uso cuanto antes de esa prerrogativa estatutaria. Y no llegan desde un lugar cualquiera, sino del entorno de Carles Puigdemont, a quien el presidente de la Generalitat ha tomado como referencia absoluta desde que inició su mandato.
Pese a que Torra ha reivindicado en todo momento su papel subalterno con respecto a su antecesor, Puigdemont ha visto como en los últimos cuatro meses su impacto político y mediático ha ido decreciendo paulatinamente. Hace unos días, ERC rompió la mayoría independentista en el Parlament para no poner en riesgo legal a Roger Torrent, con el resultado de que Puigdemont no puede ahora participar en las votaciones de la Cámara, aunque formalmente conserva su acta.
El ‘expresident’ tampoco ha logrado su objetivo de reunir por un día físicamente a su alrededor a todo el independentismo para hablar sobre el futuro del movimiento. La CUP se desmarcó el viernes del encuentro, previsto para el lunes en Waterloo, entre duras críticas a los “intereses partidistas” que veía tras la convocatoria. En vista de las circunstancias, Puigdemont se conformará con reunirse a solas con Torra.
Si el independentismo –o más bien la parte del independentismo sobre la que Puigdemont conserva influencia- decide que le conviene ir a elecciones cuanto antes, podría no esperar a la sentencia del 1-O. Está previsto que en los próximos días se conozca formalmente qué penas piden los fiscales a los impulsores del referéndum, y se da por descontado que no renunciarán a acusarlos de haber encabezado una rebelión el año pasado. Esa podría ser la chispa que activara el mecanismo.
Por lo demás, y a pesar de la voluntad primigenia de JxCat y ERC de resistir a toda costa, el deterioro político del Govern se ha acelerado en las últimas semanas. Torra recibe ataques desde todos los flancos: los constitucionalistas vigilan todos sus movimientos para denunciar cualquier paso hacia la desobediencia que pudiera dar, y, lo que es mucho peor para él, un sector del independentismo considera inane su labor.
"Brindis al sol"
Es el caso de la CUP, que ayer criticó su “autonomismo”, ha anunciado que no se sentará a negociar los Presupuestos y ha advertido de que vuelve a la calle. O de la ‘exconsellera’ Clara Ponsatí, que, además de asegurar que la declaración de independencia que ha costado cárcel y ‘exilio’ a todos sus compañeros de Govern fue “un brindis al sol”, cargó también contra la tibieza de Torra: “No hemos visto que haga república”.
Para más inri, se acabe o no consumando el adelanto inminente, Torra ha dejado muestras en las últimas semanas de que se encuentra más cómodo en el papel de independentista ‘civil’ que tenía antes de llegar al cargo que en el institucional que ahora ocupa. Sus roces con los Mossos a cuenta de su apoyo a los CDR podrían acabar de convencerle que su lugar en el escenario político catalán no está en la silla de presidente de la Generalitat.
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en una imagen de archivo.JESÚS PRIETO (Europa Press) / Vídeo: Europa Press
Al final hay fecha para las elecciones andaluzas, después de varias semanas en que, como sucedía con los partes médicos de Franco moribundo, las portadas andaluzas con la noticia se convertían una y otra vez en papel mojado. Como decía el viejo Thomas Fuller, “todo es muy difícil antes de ser sencillo”. Y ahora ya es muy sencillo pero no ha sido nada fácil para Susana Díaz decidirse. Por eso ha agotado las fechas. En su entorno se apostaba por el 28 de octubre, aniversario sentimental de la victoria de Felipe en 1982, pero el deterioro del Gobierno en septiembre y la incertidumbre del otoño caliente vaticinado por Torra le hizo recular. Este fin de semana (entre Málaga, Granada y Jaén, un circuito con aire de precampaña aunque es práctica habitual en ella) se sometió a un tercer grado a sí misma tras muchas consultas.
Hay diversas razones, al menos tres, para esas dudas: proteger la estabilidad de la que ha hecho bandera política; el temor a la caricatura del adelanto como tacticismo ventajista, y, claro está, el efecto colateral del contexto en Cataluña. Si acaso se puede añadir que, después de las primarias, donde sufrió un castigo doloroso, la presidenta desconfía de los gurús y sus números, y busca matices más sofisticados. En todo caso ha supuesto un dilema espinoso que penetraba hasta el plano personal por el hartazgo de las caricaturas de brocha gorda sobre Andalucía que se hicieron durante las primarias del PSOE, explorando todos los tópicos y prejuicios faltones. De ahí su obsesión por que no se trivializara la decisión como oportunismo táctico.
Un factor muy determinante ha sido el estado de la marca PSOE. En 2012 y 2015, el deterioro de esta supuso un lastre en las autonómicas, y pesó lo suyo; ahora Susana Díaz se anticipa al desgaste para aprovechar la cotización al alza de la marca en las encuestas tras la moción de censura, sobre todo porque el Gobierno Sánchez ha emitido ya síntomas de fatiga rápida por descoordinación y algunos enredos de diversos ministros. En todo caso, para Susana Díaz era casi más inquietante el efecto colateral de Cataluña, de ahí que haya aguardado hasta poder calibrar el impacto del primer aniversario del 1-O y la posición de Moncloa ante la presión nacionalista. Las demandas de privilegios en Cataluña siempre han pesado mucho en el socialismo andaluz.
Susana Díaz ha defendido siempre el cartel de campeona de la estabilidad y por eso le tentaba agotar hasta marzo. Tampoco le gustó particularmente que Ciudadanos maniobrara para apuntarse el tanto del adelanto; eso se le clavó en el orgullo. Las dudas han pesado duramente hasta el final. Y la decisión no ha resuelto todas esas dudas, pero había conciencia en San Telmo de que prolongar las especulaciones podía penalizarles con una imagen de inseguridad. Se ha impuesto la idea de evitar la coincidencia con las elecciones generales, una vieja norma tácita del socialismo andaluz, aunque a decir verdad incumplida muchas veces. Para Susana Díaz siempre ha sido un requisito y no solo por evitar competir directamente con Sánchez para ver si las urnas autonómicas quedaban por encima o por debajo de la urna de las generales en Andalucía. Quiere una campaña de temario estrictamente andaluz.
A la presidenta, como ella misma proclamó en la campaña de primarias, no le gusta perder ni al parchís. Tiene las encuestas a favor, la marca PSOE en su mejor momento en años pero con fecha de caducidad en el horizonte, a la oposición de derecha dividida y algo desconcertada desde la moción, y Podemos moderadamente templados como socios del PSOE. No será fácil el escenario, pero es propicio. Ella, socialdemócrata clásica, sin duda piensa en Ciudadanos para facilitarle la gobernabilidad, a pesar de la ruptura conveniente que estaba pactada tácitamente, antes que en Podemos, que en Andalucía está pilotado por el sector más antisistema de los anticapis. En todo caso se va a anticipar al calendario español de 2019 para buscar la estabilidad en Andalucía, y ya se verá. Eso sí, la opción de un Gobierno conservador de momento parece lejana en los sondeos. Aunque Susana Díaz tiene claro que alguna vez le tocará a un dirigente socialista andaluz abandonar San Telmo, sede de la Presidencia, y apagar la luz; ella solo piensa, como Luis Aragonés, en ganar, ganar, ganar y volver a ganar.
Susana Díaz durante su visita al astillero de Navantia en San Fernando (Cádiz) En vídeo, la portavoz del Comité Electoral del PSOE manifiesta el respaldo del partido a Díaz.ROMÁN RÍOS (EFE) / VÍDEO: EUROPA PRESS
Después de decenas de negativas, al final dio el sí. La presidenta andaluza, Susana Díaz, anunciará este lunes por la tarde la convocatoria de las elecciones autonómicas el próximo 2 de diciembre mediante un decreto que disuelve el Parlamento. Díaz preside esta tarde a las 18.00 una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno de deliberación formal previo a la convocatoria y tiene prevista una comparecencia pública cuando termine. La reunión semanal de la presidenta y sus consejeros suele ser los martes, pero este lunes se ha precipitado un consejo extraordinario para que, tras 54 días desde este martes, según establece la normativa, los andaluces vayan a las urnas. Las elecciones estaban previstas para marzo de 2019 después de una legislatura gobernando en minoría gracias a un acuerdo de investidura con Ciudadanos, un socio cómodo que le ha permitido dirigir la comunidad sin grandes sobresaltos.
Los comicios andaluces abrirán el nuevo ciclo electoral tras la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa por la moción de censura de junio, y será el laboratorio en el que se fijará el presidente del Gobierno, pendiente de la aprobación de sus Presupuestos, para adelantar o no las elecciones generales.
Desde la pasada primavera, Díaz ha rechazado la posibilidad del adelanto electoral —aunque en la práctica finalmente hayan sido tres meses— cada vez que era preguntada, con el argumento de que Andalucía gozaba de estabilidad. Y el primer día de septiembre tras el parón de agosto, Ciudadanos servía en bandeja al PSOE la excusa perfecta: daba por roto el acuerdo de investidura y no apoyaría los Presupuestos de 2019 porque los socialistas incumplían medidas como el aforamiento de los diputados, incluidas en el pacto firmado en 2015.
Díaz ha dudado durante meses si celebrar los comicios antes de Navidades le beneficiaría, y al final han pesado más las razones para el sí, como el viento de cola que propicia el Gobierno de Sánchez según las encuestas y el deseo de que las urnas en Andalucía no coincidieran con ninguna otra consulta. Tras su fracaso contra Pedro Sánchez en el asalto a la secretaría general del PSOE hace un año y medio, Díaz se replegó en su fortín y ahora se enfrenta a las urnas con el PP debilitado, Ciudadanos crecido por las encuestas y Podemos e Izquierda Unida juntos en una confluencia que busca arañarle escaños a los socialistas por el flanco progresista. El PSOE gobierna Andalucía, la comunidad más poblada con 8,3 millones de habitantes, de manera ininterrumpida hace 37 años.
Esther Peña, portavoz del Comité de Acción Electoral del PSOE, ha trasladado el respaldo del partido a la convocatoria de diciembre. "Susana Díaz tiene toda la potestad para hacer todo lo que considere oportuno. El partido, sus órganos y el presidente del Gobierno le darán todo el respaldo que necesite para revalidar y mejorar el resultado en las próximas elecciones”, ha afirmado. “El socialismo andaluz y su presidenta saben que tienen todo el respaldo del partido y del presidente del Gobierno. Va a ser una campaña socialista de arriba abajo con todos los territorios y el presidente a la cabeza a su total disposición”, ha reiterado, informa José Marcos.
Al igual que ocurrió en 2015, Andalucía será este otoño el banco de pruebas del intenso ciclo electoral que se avecina en 2019, con la celebración de elecciones municipales, autonómicas y europeas. La reciente elección de Pablo Casado al frente de los populares representa su primera prueba de fuego y Albert Rivera desea medirse cuanto antes al PP para demostrar su empuje en una comunidad cuyo electorado ha estado tradicionalmente escorado a la izquierda. Mientras, Teresa Rodríguez, enfrentada a la cúpula nacional de Podemos, lidera la confluencia que junto a Izquierda Unida espera multiplicar el resultado de 20 escaños que les propició las 863.938 papeletas logradas en 2015. Si la mayoría absoluta está en 55 diputados del total de 109, hace tres años y medio el PSOE obtuvo 47, el PP 33 y Ciudadanos nueve.
La última encuesta sólida situaba el pasado febrero al PSOE andaluz como el partido más votado con un 34% —bajaba un punto—, y elevaba a Ciudadanos a la segunda fuerza por delante del PP. La formación de Albert Rivera obtendría un 19,8% con los populares justo detrás con un 18,3%. Sin embargo, los resultados de estas 1.200 entrevistas realizadas por el Estudio General de Opinión Pública de Andalucía (Egopa) pueden saltar por los aires, ya que en solo un año el escenario volátil nacional —con la moción de censura a Mariano Rajoy— influirá en el votante andaluz de manera decisiva.
Todos los partidos han preparado el camino para esta convocatoria electoral anticipada que para muchos estaba cantada y han precipitado la elección de sus candidatos con unas elecciones primarias. Susana Díaz se enfrentará a Juan Manuel Moreno —que apoyó a Soraya Sáenz de Santamaría en las primarias de su partido—, Juan Marín, ratificado por Rivera sin posibilidad de que se alzara un rival, y Teresa Rodríguez —enfrentada a Pablo Iglesias pero con el apoyo de sus bases—. El líder de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, cedió a Rodríguez encabezar la confluencia y no aspira a la presidencia de la Junta.
La corrupción estará en campaña
Despejado el fantasma de que la sentencia del caso ERE coincida con las elecciones andaluzas, la corrupción estará presente en campaña de igual forma. La Guardia Civil ha denunciado el gasto de 31.969 euros procedente de fondos públicos de la Consejería andaluza de Empleo en una docena de clubs de alterne entre 2004 y 2009.
Los agentes han entregado al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla un nuevo atestado sobre la fundación de la Junta Faffe (Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo) y que refleja los movimientos de tres tarjetas oficiales con 43 pagos en locales de Sevilla, Córdoba y Cádiz durante un lustro, según ha informado este lunes el PP, personado en la causa. Díaz comparecerá el próximo 8 de noviembre en la comisión de investigación sobre la financiación de los partidos políticos del Senado, y allí será interrogada tanto por los ERE como por la Faffe.
En plena campaña de las elecciones de 2012 trascendió el gasto de fondos públicos en cocaína por parte del ex director general de Trabajo Javier Guerrero y su chófer. Ahora la historia se repite con distintos protagonistas y matices. Al igual que los ERE, el corazón de este nuevo escándalo reside en la Consejería de Empleo andaluza.
El atestado del instituto armado desgrana 25.277 euros gastados en el club Don Angelo de Sevilla, otros 2.591 euros en el local Top Show Girls, 780 euros en La Casita, 1.930 euros en Bahía 2 y 1.390 euros en American Show de Córdoba. A los gastos en clubes de alterne los investigadores suman 22.554 euros en restaurantes, 19.371 euros en peajes y autopistas, 1.805 euros en hoteles y otras sumas menores en discotecas, gasolineras o talleres.
Todos estos gastos supuestamente irregulares se cargaron en ocho tarjetas, seis a nombre del exdirector de la Faffe, Fernando Villén, y otras dos cuyo titular era su hermano, Manuel Villén, exdirector de Administraciones Públicas de dicha fundación de la Junta, que presuntamente usó sus tarjetas para el pago de peaje de autopistas.
El presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, ha tildado de “bacanales” la presencia de directivos en los locales de alterne y ha opinado —a las puertas del club Don Angelo, donde ha convocado a los medios— que Susana Díaz convoca elecciones en diciembre porque “quiere huir de la corrupción que la tiene cercada”. Moreno ha sumado a los ERE y la Faffe las imputaciones del alcalde de Granada, Francisco Cuenca, y el presidente de la Diputación de Huelva y líder del PSOE en la provincia, Ignacio Caraballo. Además, el líder popular ha rechazado que exista inestabilidad, porque en el último pleno del Parlamento se aprobaron tres leyes “casi por unanimidad”.
El vicepresidente del Gobierno andaluz, Manuel Jiménez Barrios, ha replicado a Moreno que ve "lamentable" que el PP se haya trasladado a las puertas del antiguo prostíbulo para informar del atestado de la UCO de la Guardia Civil. "Lo que ha hecho hoy el PP no tiene nombre", ha lamentado.
Mientras, el líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, ha avanzado que tanto Díaz como sus antecesores Manuel Chaves y José Antonio Griñán comparecerán en la comisión de investigación sobre la Faffe creada en el Parlamento y que se disolverá mañana tan pronto como se disuelva la Cámara. Marín ha sugerido que tras las elecciones se recuperará esta comisión de investigación y entonces será cuando comparezcan Díaz, Chaves y Griñán, estos dos últimos en el banquillo de los acusados del juicio de los ERE que celebra este año la Audiencia de Sevilla.
Susana Díaz agiliza su calendario electoral y anunciará en días la fecha de los comicios andaluces.
La presidenta de la Junta anunciará la fecha de las elecciones la semana que viene. Se especula con el 2 o el 16 de diciembre. Y el presidente del Gobierno no es bien recibido.
Después de semanas de miradas de reojo entre el Palacio de San Telmo y La Moncloa, Susana Díaz ha decidido no esperar más y pisar el acelerador. Tras analizar con su entorno más fiel los pros y contras, la presidenta andaluza ultima la fecha de las inminentes elecciones andaluzas, fecha que según confirman fuentes del PSOE-A a ESdiario, se dará a conocer la próxima semana.
Díaz lleva días sopesando las distintas posibilidades que le da el calendario, pero siempre bajo una premisa que comparte la mayoría del socialismo andaluz: los comicios autonómicos no deben coincidir "ni en pintura" con unas generales anticipadas. Y en la Junta, algunas filtraciones contradictorias llegadas desde Madrid han provocado notables recelos.
Cuando parecía que Sánchez había confirmado su intención de agotar la legislatura, el PSOE-A manejaba elecciones en noviembre. A favor de la lideresa: las encuestas que le dan ganadora y sin posibilidad de suma alternativa entre PP y Cs. Y también la lejanía -se espera para mayo- de la sentencia del juicio de la pieza política de los ERE, que planea como una losa sobre Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Y, por tanto, sobre la propia Díaz.
Sin embargo, el desabrido últimatum de Quim Torra este miércoles y la filtración a La Vanguardia de un posible adelanto de las generales antes de fin de año, ha vuelto desatar la incomodidad del PSOE-A ante el riesgo de que los "múltiples frentes" abiertos en La Moncloa -sobre todo el catalán- contaminen las expectativas de Díaz.
Según las fuentes consultadas por este diario, será la próxima semana cuando la presidenta anuncie la disolución del Parlamento andaluz y la fecha de las citas con las urnas. Los socialistas manejan el 2 o el 16 de diciembre. Pretenden además alejar lo más posible la investidura de las elecciones municipales de mayo y los posibles pactos postelectorales.
Cabe recordar que en las anteriores elecciones de 2015, Susana Díaz tardó 81 días en ser investida hasta que el PSOE-A logró alcanzar su acuerdo con Ciudadanos.
Y en este clima, se han vuelto a enrarecer las relaciones entre la cúpula del PSOE-A y Ferraz, más aún tras el anuncio de la incorporación al sanedrín electoral del PSOE para las municipales, autonómicas y europeas del gurú de Sánchez, Iván Redondo.
Simpatizantes del PP en la calle Génova, Madrid. J.P. GANDUL (EFE)
Los resultados electorales de este domingo han repetido el reparto de escaños en 35 provincias y lo ha modificado en 17. De las circunscripciones que han cambiado el color político de los diputados en comparación con el 20-D, las más significativas han sido Sevilla, Bizkaia, Badajoz y Toledo. En estas cuatro, el partido con mayor representación varió con respecto al de los comicios de diciembre. De estos vaivenes, el Partido Popular fue el más beneficiado, al lograr 14 actas más; a diferencia de Ciudadanos, que perdió ocho, y el PSOE, con cinco menos.
En el Partido Popular eran conscientes de que hasta casi una veintena de escaños dependerían de pocas papeletas. Con esta intención, en la recta final de la campaña apeló al voto útil para, así, intentar evitar que sus votantes prefirieran a Ciudadanos en vez de al PP. La estrategia fue un éxito. De las 17 provincias en las que hubo un cambio en el reparto de escaños en comparación con las elecciones del 20 de diciembre, 14 fueron a parar a manos populares.
Los resultados de las elecciones del 20-D demostraron al Partido Popular que estaba cerca de conseguir muchos escaños si conseguía reconquistar a los votantes que prefirieron a Ciudadanos. En esa lucha de restos, en la que entre 1.000 y 2.000 papeletas pueden cambiar el color de un parlamentario, el PP ganó a todos sus adversarios. La estrategia de apelar al “voto útil” en el final de campaña le permitió obtener hasta 14 diputados y ver cómo Ciudadanos perdía ocho.
La otra intención de esta estrategia, aparte de aglutinar el voto del centro-derecha, era contener el posible aumento de la coalición de Unidos Podemos que casi todas las encuestas vaticinaban. Podemos estuvo muy cerca el 20 de diciembre de arañarle al PP en torno a una decena de actas por muy pocos votos. Y esto también salió como esperaban los populares. El partido de Pablo Iglesias repitió el resultado de las pasadas elecciones con 71 escaños y solo arrebató tres parlamentarios a los populares.
pulsa en la fotoGráfico con la variación total de escaños por provincia. EL PAÍS
Sevilla y Toledo
El baile de diputados fue significativo en Sevilla, Bizkaia, Badajoz y Toledo. En estas circunscripciones, el partido con mayor representación varió con respecto al de los comicios del 20-D.
Unidos Podemos, pese a que no consiguió el famoso sorpasso sobre el PSOE, que perdió cinco escaños, sí lo logró con el PNV en Bizkaia. La formación liderada por Iglesias arrebató la hegemonía al nacionalismo vasco. Si el 20 de diciembre el PNV obtuvo tres escaños y Podemos dos, en las elecciones de este domingo fue justo al contrario.
En las otras tres circunscripciones donde cambió el partido con más escaños, la batalla fue entre el Partido Popular y el PSOE. El PP arrebató el liderazgo a los socialistas en dos de sus feudos: Sevilla y Badajoz. En el caso de la provincia andaluza, los populares consiguieron empatar a cuatro diputados con los socialistas —cuando el 20-D tenía tres y el PSOE cinco—. En el caso de Badajoz, las tornas también cambiaron. El partido liderado por Mariano Rajoy logró los tres diputados que sacó la formación de Pedro Sánchez en diciembre, que tiene que conformarse con los dos que obtuvo el PP el 20-D.
Toledo se convirtió también en una provincia donde los electores prefirieron dar su confianza a una formación distinta. Si en diciembre el PP y el PSOE empataron a dos escaños, este 26-J los populares obtuvieron un parlamentario más en detrimento de Ciudadanos, que se quedó sin representación.
En las otras 13 provincias que sufrieron una variación de escaños, el principal beneficiado fue casi siempre el mismo partido: el PP. Donde más consiguió aumentar su representación para llegar a los 137 diputados que finalmente cosechó fue en Madrid, tradicional granero de votos de los populares. En esta comunidad ganó dos, al pasar de 13 a 15 —le arrebató uno a Ciudadanos y otro a Izquierda Unida, que se presentó en coalición con Podemos—. En esta región, el otro baile de actas favoreció al PSOE, que pasó de seis a siete parlamentarios al arañar el otro que obtuvo IU en diciembre.
El único baile de escaños que afecta directamente al llamado sorpasso es en Jaén. En esta provincia, la coalición de Unidos Podemos le arrebata un diputado al PSOE. De hecho, merced a este cambio, Diego Cañamero, que acusó en plena campaña a los socialistas de "haberse liado a puñetazos con la gente", consigue el acta para el Congreso.
EL 'SORPASSO' DE PODEMOS ERA AL PNV
El anhelo de Podemos ante las elecciones del 26-J era adelantar al PSOE como referencia de la izquierda, el llamado sorpasso. Con los socialistas no pudieron, pero con el PNV en el País Vasco sí. Con el escaño que la coalición de Unidos Podemos arrebató a los nacionalistas en Bizkaia, la formación liderada por Pablo Iglesias arrebató la hegemonía al PNV en esta Comunidad —en los comicios de diciembre empataron a seis diputados—.
En la batalla electoral que planteó contra el PSOE, la coalición de izquierdas solo obtuvo cierto rédito en Andalucía, gran bastión de votos para el socialismo. Tanto en Jaén como en Sevilla consiguió sumar un escaño más en detrimento del partido liderado por Pedro Sánchez. Sin embargo, en Almería observó cómo el acta que consiguió el 20-D desaparecía en favor del Partido Popular.
El aumento de 14 escaños del PP contrastó con el declive de Ciudadanos. La formación de Albert Rivera trasvasó casi todos los diputados que perdió, un total de ocho, al partido presidido por Mariano Rajoy. Esta fluctuación de actas propició que Ciudadanos haya perdido toda la representación en Castilla La-Mancha (Albacete, Guadalajara y Toledo) y solo retuviera la de Valladolid en Castilla y León, donde también tenía una tanto por León como por Salamanca.
La víspera de unas elecciones es, por imperativo legal, un día de reflexión. Resulta divertida esta pretensión de imponer pautas de ponderación a los ciudadanos, que son libres hasta para negarse a pensar y dejarse llevar por filias y fobias. Pero, sin caer en la tentación de darle vueltas al alcance de la convocatoria que mañana se consuma, así como sin intención de comparar las distintas opciones que concurren a ella, puede resultar útil meditar por un momento sobre el ambiente en el que se van a celebrar los comicios. Es este un ambiente por lo general triste y derrotista, negativo y quejumbroso, que pone de relieve la existencia de una sociedad preocupada e insatisfecha, quejosa del pasado y recelosa del futuro. Esta percepción negativa de la realidad no se limita a España y Catalunya, sino que se extiende y alcanza a Europa, a Occidente y al mundo en general.
Un mundo globalizado en el que Occidente –agotado el ciclo de quinientos años en que ha ejercido su hegemonía sobre gran parte del orbe, al que explotaba colonialmente– se ha visto privado progresivamente de su antigua y sostenida primacía militar y económica, conservando sólo ventaja en el campo de la investigación –concentrada en Estados Unidos–, lo que le otorga aún una notoria superioridad tecnológica, que, no obstante, no le basta para compensar la pérdida de poder experimentada en otros campos. Ahora bien, más allá de esta valoración occidental, lo grave es que este mundo globalizado no ha acertado aún a implantar un orden jurídico, siquiera sea embrionario, que se exprese en normas y se encarne en instituciones. Lo que provoca situaciones tan lacerantes como los fuertes movimientos migratorios en curso.
Una Europa que hace tiempo ha perdido el rumbo y está inmersa en una situación en la que la ausencia de instituciones con auténtica capacidad política decisoria le impide adoptar políticas unitarias, en aquellos campos que son imprescindibles para el logro de una progresiva convergencia económica y política. Este déficit institucional hace que el poder lo detente, bajo la tutela de la potencia continental hegemónica, una burocracia carente de legitimación democrática de origen y de ejercicio. No extraña que, en este marco, la forma como se ha encauzado el tratamiento de la última y grave crisis económica sea objeto de fuertes críticas por sus efectos colaterales.
Una España en la que un gobierno silente se ha centrado en aplicar con rigor buena parte de las medidas de ajuste impuestas por Europa, si bien es cierto que evitando la intervención formal de su economía; un gobierno que, con el sonsonete de que huye de ocurrencias e improvisaciones y apelando siempre al sentido común que su presidente cree tener en exclusiva, ha eludido sistemáticamente afrontar el tema de la estructura territorial del Estado (el tradicionalmente denominado problema catalán, que es, en el fondo, el problema español del reparto del poder); un gobierno que ha judicializado la política hasta poner en juego el normal funcionamiento de las instituciones; un gobierno superado por el paro; un gobierno incapaz de reaccionar debidamente contra la corrupción y la desigualdad; un gobierno, en fin, cuya nota en política internacional no puede otorgársele, dado que su condición es la de “no presentado”.
Una Catalunya en la que, más allá de la plena legitimidad de todos los posicionamientos y reivindicaciones (incluida la independencia pura y dura), la impericia política de muchos de sus dirigentes ha causado estragos. Estos dirigentes han propiciado que el ejercicio de una parte del poder político se haya desplazado a la calle; han perdido el sentido de la realidad con un verbalismo desnortado, plasmado luego en hojas de ruta inviables; han ido radicalizando su posición futura como forma de eludir la adopción inmediata de decisiones arriesgadas; han sobrevalorado sus fuerzas, sus recursos y sus apoyos; y han despreciado en demasía al adversario, demonizándolo y convirtiéndolo en un enemigo que batir.
Así las cosas, se puede pensar que lo mejor sería tirar la toalla y no votar. Pero no es así. Sin negar que el estado de cosas existente pueda parecerse al que se acaba de describir, se ha de tener muy en cuenta que la situación actual no es peor, ni de lejos, que la existente hace cincuenta o cien años. Al contrario, es mucho mejor en todos los ámbitos y aspectos, siquiera sea por el crecimiento y mejora vegetativos de las sociedades. Pero, además, existe en nuestro caso una poderosa razón que nos ha de impulsar a votar, porque –a diferencia, por ejemplo, de lo que pasaba en los años treinta del pasado siglo– las instituciones democráticas funcionan y, consecuentemente, podemos incidir con nuestro voto en el futuro que nos espera. Lo tendremos claro si pensamos que la esencia de la democracia no radica tanto en elegir al que ha de mandar para que aplique su programa como en, sencillamente, echar al que manda y al partido que lo respalda porque ya no confiamos en ellos. Recordémoslo, democracia es poder echar al que manda.
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