Cuando se ve aún lejana la salida del túnel de la negra legislatura que hemos vivido en Castilla-La Mancha, hay que olvidarse de predestinaciones (del tipo “cada país tiene…”) y apoyemos a los políticos que realmente se lo merezcan y solo a ellos. Consumado elpucherazo electoral de Cospedal, el pueblo de esta Comunidad autónoma debe devolvérselo contundentemente: aplicándose los mismos estándares de conducta que le reclamamos a ella y a todos los suyos; esto es, practicando más democracia y negando al PP su voto. Solo eso concederá a los ciudadanos la mínima autoridad moral para no rebajar su nivel de exigencia y de control sobre ella y demás correligionarios. (Desde la acera de enfrente, por poner un ejemplo bien concreto —y dicho sea con tanta sinceridad como modestia— yo no creo merecerme la presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que me está tocando la desgracia política de padecer. No dudo que se lo merezcan quienes la han votado y, sobre todo, quienes tanto han jaleado sus indocumentadas ofertas, pero en modo alguno, desde luego, quienes desde bien temprano nos manifestamos en contra de las mismas. Hasta aquí podíamos llegar, como exclamaba Manuel Cruz, el sagaz catedrático de Filosofía Contemporánea de la Universidad de Barcelona).
La cabildada cospedaliana ha dejado atrás de forma irreversible el tiempo de la laxitud, el posibilismo y el mal menor como criterios a la hora de seleccionar a nuestros 33 diputados en las Cortes castellano-manchegas, que van a ser cualquier cosa menos fieles representantes de los vecinos de esta región. Llevamos acumuladas demasiadas experiencias de frustración desde aquel ya lejano desencanto de la primera hora de nuestra democracia como para conceder más cheques en blanco a quienes parecen haberse convertido en auténticos profesionales de solicitar en periodo electoral una última oportunidad. Pero, sobre todo, hagámonos nosotros merecedores, si se quiere seguir utilizando tales términos, de otros políticos y especialmente de otras formas de hacer política.
Con esta ley, que ha llegado al Parlamento autonómico sin ninguna enmienda por parte de los dos grupos parlamentarios presentes en la actualidad (PP y PSOE), cada provincia tendrá tres escaños fijos, mientras que el reparto de los restantes, en proporción a la población de cada provincia, no se conocerá hasta que aparezca especificado en el Decreto de convocatoria de elecciones. De acuerdo a la población actual de Castilla-La Mancha, Toledo quedaría con 9, Ciudad Real con 8, Albacete con 6 y Cuenca y Guadalajara con cinco escaños cada una.
Todo lo que huele a Cospedal es atrasado y antidemocrático. Igual que la crisis sirvió de excusa para recortar en derechos y servicios públicos, ahora sirve al Partido Popular para recortar en democracia. La excusa de la austeridad esgrimida por Dolores de Cospedal, presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, no es más que un simple pretexto. Y la reducción de diputados autonómicos implica al mismo tiempo un golpe mortal al pluralismo en la comunidad, al aumentar de forma dramática el porcentaje de votos necesario para acceder al parlamento autonómico. Todo ello por un ahorro grotesco que en modo alguno compensa el despilfarro público que significa mantener innumerables ayuntamientos en pequeños municipios (que Cospedal ni se plantea fusionar), el saqueo de corruptos como Bárcenas o la quiebra de las cajas de ahorros de la que son culpables el PP y el PSOE.
Si algo ha demostrado el PP (tanto como el PSOE) es que cuando nadie mira, los millones les desaparecen como por arte de magia. Pero eso sí, la medida facilita la supervivencia del bipartidismo cuando más cuestionado está. UPyD –clarividente, informado y cabal, como siempre- rechaza por completo esta nueva tropelía que se suma a la eliminación del sueldo de los diputados autonómicos, dejando en manos de quien no necesita un salario la capacidad para representar a los ciudadanos.
Hasta 2012 Castilla-La Mancha tenía 49 diputados autonómicos. La propia Cospedal lo elevó a 53, para reducirlo ahora a 33. Para lograrlo, la número dos del PP reformó el Estatuto de autonomía. Esa reforma es la primera que se realiza en España desde 1978 con los votos de un solo partido; en este caso, del PP. La reforma estatutaria fue recurrida el 21 de julio por el PSOE porque, según el líder regional de los socialistas, Emiliano García-Page, establece un sistema que solo favorece a los intereses del PP y elimina totalmente el pluralismo.
La reducción de escaños limita el pluralismo porque hace casi imposible que entre en el Parlamento regional una tercera fuerza política. En este momento, tras los resultados de 2011, solo hay dos (PP y PSOE), pero las extrapolaciones de comicios como los europeos apuntan a una ruptura de ese bipartidismo que no tendría traslación en escaños.
De esta forma, Cospedal se ha acercado a Venezuela y ha copiado las técnicas del fallecido Hugo Chávez: manejando la ley electoral a su antojo y en beneficio propio. Es decir, del mismo modo como ella acusaba en 2007 a Barreda –por entonces presidente de Castilla-La Mancha-: “en detrimento de la democracia”.
Frente a lo dicho por esta dama, la nueva ley no es "justa, plural, objetiva, representativa, equilibrada y adecuada". Y mucho menos debe intentar sustentarse en los que, por enésima vez, titula “tiempos de crisis”. Por supuesto, y evidentemente, todavía resulta más sarcástico que se atreva a calificar su pirueta de un "paso histórico", que permite a los políticos "tener un comportamiento ejemplar para los ciudadanos" y una medida que acerca la política a la ciudadanía. Es todo lo contrario. Pero no debe extrañarnos porque María Dolores de Cospedal cree que basta tener un rato libre para dedicarse a la política, por lo que no comparte que no pagar a los diputados sea dejar el Parlamento en manos de los ricos. "No entiendo por qué eso va a suponer que se dediquen a la política nada más que los que sean ricos. No entiendo por qué una persona que tenga su oficio y que se gane la vida con su oficio, una persona que tenga un negocio, que tenga un bar y tenga empleados o no los tenga, y pueda sacar un rato libre, o un fontanero, un electricista o una persona que tenga un taller, no entiendo por qué no se pueden dedicar a la política. Estoy radicalmente en contra", proclamó al suprimir el sueldo de los diputados castellano-manchegos.
Sin embargo, los dirigentes del PP cada día se alejan más de sus votantes, descontentos por no meter la tijera en los gastos superfluos, en los coches oficiales, en las comilonas, en los pluses, en los enchufados, en fin, lo que cada uno ve en sus pueblos, en sus ciudades. Es en la micropolítica donde los ciudadanos encuentran alguna explicación a la descomunal deuda del país y es ahí donde quieren que también se actúe, y lo haga mucho mejor.
Entonces, contra el formato de Gobierno de Cospedal, fundado en un cinismo radicalmente desacomplejado, toda una estrategia de engaño enredada que desborda la mera fabricación de embustes, el votante del siglo XXI se enmarca en la necesidad de rechazar ese discurso cuya pretensión pasa por suplantar la realidad, crear un relato alternativo que ha prescindido de todo anclaje con el mundo, en el que ya las palabras no son el vínculo que une nuestra conciencia con el mundo real, sino las muñidoras de una realidad paralela. Al demandar transparencia, el votante castellano-manchego advierte que a pesar de las muchas formas que adopta la mentira, todas ellas se relacionan con la opacidad, la desconfianza, la irresponsabilidad y, en última instancia, la impunidad, rasgos verdaderamente peligrosos en un gobernante. La verdad, por el contrario, con todos sus matices y hasta su merma ocasional, se relaciona –como dijo la diputada de UPyD Irene Lozano- con la transparencia, la confianza y la rendición de cuentas. Pese a la inexistencia de los Reyes Magos, se trata, sin duda, de virtudes muy recomendables para la cosa pública.
Los usos de Cospedal, una vez más, con el retoque de la ley electoral, han incurrido en el cinismo superlativo, ante el cual el ciudadano se pregunta si la negación de la realidad es también una mentira, es decir, una calculada estrategia que desplegar ante los ciudadanos o si realmente el gobernante vive en el engaño que pretende extender.Peter Sloterdijk, en su célebre Crítica de la razón cínica, nos daba una pista al describir a los cínicos: “…Su aparato anímico se ha hecho, entretanto, lo suficientemente elástico como para incorporar la duda permanente a su propio mecanismo como factor de supervivencia. Saben lo que hacen, pero lo hacen porque las presiones de las cosas y el instinto de autoconservación a corto plazo hablan su mismo lenguaje y les dicen que así tiene que ser”.
Frente a esta inclinación, la representación política viene entendiéndose por el Tribunal Constitucional como un procedimiento que permite que los ciudadanos participen a través de cargos electos, directa o indirectamente, en la toma de decisiones legislativas o ejecutivas en las diferentes entidades con autonomía política. A los partidos políticos les corresponde en este procedimiento la captación, formación, selección, y propuesta de los candidatos a representantes, pero sin que en ningún momento puedan interponerse en la expresión electoral periódica sobre las preferencias de los ciudadanos sobre quiénes han de ser sus representantes.
En todo momento el derecho de participación política corresponde a los ciudadanos y no a los partidos políticos, de tal forma que la voluntad popular crea la legitimidad de la titularidad de los cargos públicos. Esta voluntad popular se intensifica en el caso de la participación política a través de representes, debiendo darse entre éstos y la voluntad ciudadana una conexión directa. Lo que no impide que estos representantes actúen bajo el mandato libre.
Por tanto, a los ciudadanos les corresponde en exclusiva la elección de sus representantes, consistiendo en una elección de personas y no de partidos u opciones políticas, sin que puede interponerse ninguna instancia que no sea parte del poder del Estado y que actúe de acuerdo a ley, una vez han sido elegidos los representante por los ciudadanos. Los partidos políticos y sus listas de candidatos serían los medios técnicos con los que se facilita la producción de la representación, pero no elementos propios de la representación per se.
Sea cual sea el concepto de representación que se siga, la conclusión es que no cabe el posicionamiento de ningún tipo de instancia en la relación entre representados y representantes, posición que asumió el Tribunal Constitucional desde un primer momento, y que sigue aplicando hasta sus últimas consecuencias.
El Secretario de Política Institucional de CC OO de Castilla-La Mancha, Juan José González, enmarcaba la deslegitimación de Cospedal y su Gobierno como consecuencia de la reforma electoral, porque su régimen jurídico-electoral carece de la legitimación de base que establecen las urnas, mediante la conexión de la ciudadanía con el sistema representativo resultante de su voluntad. Sin duda, es una posición ventajista del peor estilo pretender justificar la presente reforma en la impopularidad de la "política" en un sentido amplio, y puesta en marcha precisamente por aquellos cuya contestación social y ciudadana acumula enteros por ambos fenómenos. La reforma, además, se ha impuesto sin que formara parte en ningún caso del programa electoral del Partido Popular en el gobierno, abusando de una mayoría absoluta que rompe los más elementales consensos en esta materia y se instala en una deriva con evidentes tintes autoritarios.
La resultante, lamentablemente y con toda seguridad, va a ser la dificultad de acceso a las Cortes de los representantes de diversas fuerzas políticas (IU, UPyD, Podemos) con una estimable base electoral, como ha quedado de manifiesto en las recientes elecciones europeas, en un claro ejemplo de abuso de poder, utilizado por Cospedal para permanecer en el gobierno, ya que la perspectiva de la consiguiente legislación electoral no tiene otro horizonte que diseñarse con este evidente propósito. Es inadmisible una operación como la comentada, cuya razón de ser –frente a la jurisprudencial y doctrinal- no es la de solucionar los problemas de la ciudadanía castellano-manchega, sino la de intentar perpetuarse en el poder. En su cinismo autoritario, constituye sin duda un atentado de la máxima gravedad a los principios más elementales del sistema democrático, vulnerando las más elementales normas de convivencia. Su combate, obviamente, estriba en negarle por completo el voto cuando llegue el momento de hacerlo.
Juan Andrés Buedo
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