Como persona, ya mayor, de cane y hueso no puedo sustraerme ni quedar aislado a la tristeza y el dolor que siente todo el mundo ante una tragedia tan grave como la que ha sucedido en Valencia. Y como community manager -en ejercicio, aunque jubilado en tareas laborales, porque así me lo requiere la condición de pensionista- tengo que decir que ha faltado sistema, eficiencia administrativa, clarividencia social y sagacidad política.
Frente a lo que pedíamos los expertos a lo largo de la semana el Gobierno ha errado. Y menos mal que hoy se ha corregido: Sánchez, por fin, declara zona catastrófica el territorio afectado y anuncia un Plan de Respuesta Inmediata con 3 fases El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de Protección Civil para aquellos lugares de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Cataluña y Aragón perjudicados por la DANA, así como un decreto ley de urgencia con ayudas económicas, laborales y fiscales para los afectados.
Durante estos días hemos sido informados minuto a minuto de la catástrofe, al tiempo que los medios de comunicación de cobertura nacional se han esforzado en indagar cómo había podido suceder una tragedia de estas características. Lo primero estaba, como dijo el director de la Vanguardia, en atender este ejercicio de narrativa visual para explicar cómo ha sido esta gota fría. Lo segundo, ofrecer una explicación científica de experto que opinan que si se hubiera avisado a tiempo se podrían haber salvado muchas vidas. De la misma opinión, este otro grupo de especialistas han ofrecido su dictamen. Conclusión: una predicción meteorológica incompleta, el desconocimiento de la orografía local y las carencias de los servicios de emergencia forman un cóctel que unido a la violencia de esta DANA hace comprensible tanta devastación.
El problema añadido a la crisis ha sido la tardanza de los servicios públicos en atender a las víctimas. Se han perdido muchas horas clave en las que el Estado no ha estado a la altura. Nos han fallado. La máxima responsabilidad y competencia está en manos de la Generalitat valenciana y el Gobierno central ha estado en un segundo plano ofreciéndose a colaborar y a dar toda la ayuda que fuera necesaria, pero siempre esperando a la iniciativa de la comunidad autónoma. Significativas fueron las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que señaló que ella no podía enviar al Ejército a la zona hasta que lo autorizase el president Carlos Mazón. Se perdió un tiempo precioso.
Es evidente que la Generalitat falló a la hora de alertar a la población. Y el Gobierno central no ha querido declarar el estado de alarma, como sí hizo en marzo de 2020 con la pandemia. Es posible que, si lo hubiera hecho, se hubieran dinamizado más los mecanismos del Estado, pero la administración más próxima, la que tiene más conocimiento real del país, es, sin duda, la autonómica. Se entiende que se haya dejado la primera responsabilidad en la Generalitat. El problema es la capacidad de esta para asumir un reto tan grande como éste. En este sentido, es muy recomendable el análisis de Jaume V. Aroca sobre la falta de profesionales y técnicos de nivel en nuestras administraciones que deberían permanecer en sus puestos de gestión, aunque cambie el partido que los gobierne.
Paiporta quedará registrado como el nombre del escenario en el que quedó retratado el Estado español ante la tragedia de la DANA que asoló Valencia. A la visita de los Reyes Felipe y Letizia, que iban a ser acompañados por el presidente valenciano, Carlos Mazón, se sumó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y los vecinos dieron rienda suelta a su ira, entre toneladas de barro, escombros y muertos por decenas. En cuanto arreciaron las bolas de barro y los insultos, la escolta de Sánchez se lo llevó de Paiporta, mientras volaba un palo que impactó en el servicio de seguridad del presidente del Gobierno. Sánchez se fue, los Reyes se quedaron y Mazón aguantó. La ejemplaridad de Felipe VI y la Reina Letizia no necesita ser glosada, porque fue retransmitida en directo. Se mantuvieron firmes en el propósito que los había llevado a Paiporta. La Corona, en su función constitucional de representar al Estado, asumió la extrema gravedad del momento y convivió con la desesperación de unos ciudadanos que sabían discriminar perfectamente quiénes eran responsables, y quiénes no, de la exasperante lentitud de la respuesta pública a la tragedia. Aguantaron barro, gritos, tensión y violencia verbal, manifestaciones inéditas en la visita de unos Reyes al lugar de una tragedia. Pero quien meta a la Corona y a los responsables políticos en el mismo saco de las acusaciones populares se equivoca o manipula: los Reyes siguieron su marcha, hablaron con los vecinos, escucharon quejas y abrazaron a personas hartas y humilladas. El presidente Mazón fue destinatario directo de las imprecaciones de los cientos de ciudadanos que rodeaban la comitiva real, pero no se fue: se quedó junto al Rey y, con una dignidad que nadie le puede negar, redimió en parte su torpe papel político en los primeros momentos de la DANA.
La retirada de Pedro Sánchez se explicó por motivos de seguridad. Sin duda fue así. Pero la imagen y la realidad se imponen a las versiones oficiales, y en la retina del pueblo quedará un presidente del Gobierno que se fue del lugar al que había acudido, quizá con la confianza de guarecerse tras los Reyes, quizá con la ilusión de ser recibido como un 'deus ex machina', quizá con la idea de confrontar públicamente con un desacreditado Carlos Mazón. Sin embargo, Sánchez resumió con su retirada o su fuga, como quiera llamarse, la actitud de su Gobierno ante la tragedia de la DANA. Algún estratega de La Moncloa pudo pensar que los ciudadanos no iban a caer en la cuenta de que, de los tres visitantes, sólo uno, Pedro Sánchez, tenía en su mano promover un estado de alarma, desplegar al Ejército, la Guardia Civil y la Policía Nacional y activar los recursos estatales para responder a una crisis nacional. En política, quien más puede más debe. Los reproches a Mazón tienen un recorrido corto frente a las dimensiones masivas de las facultades del Gobierno central. Y esta impostura de Sánchez, esta táctica tramposa de endosar a Mazón responsabilidades que no eran suyas, es lo que ayer estalló ante el presidente del Gobierno por las calles de Paiporta.
Juan Luis Cebrián ha retratado como nadie la circunstancia, a través de un titular flagrante publicado en The Objetive: "Un monigote frente a la catástrofe". Nos ofrece en este artículo la llamarada concluye, donde afirma que «es responsabilidad del presidente, su gabinete y la mayoría parlamentaria que le apoya no haber adoptado las medidas extraordinarias necesarias».
Está fuera de dudas, como subraya el exdirector de El País, que el poder político, el nacional y el autonómico, es también culpable de la tardanza, la descoordinación y el caos a la hora de proteger a la población, primero, y de ayudarla más tarde a reparar los daños, que superan ya las doscientas víctimas mortales mientras los desaparecidos son por el momento casi incontables. Hay por lo demás anécdotas vergonzantes que ponen de relieve lo distante de las preocupaciones de los actuales políticos profesionales respecto a la realidad de las calles. El mismo día que la mayoría sedicentemente progresista del Congreso renunció a enfocar sus trabajos en la catástrofe, prefiriendo dedicarse a controlar por la vía rápida RTVE, hubo declaraciones en el parlamento que hablan por sí solas de la catadura de quienes las pronunciaron. La diputada de Sumar Aina Vidal, favorita para sustituir a Iñigo Errejón como portavoz de su grupo, enfatizó: «Los diputados no estamos para ir a achicar agua».
Ante esta necia boutade bien está apuntalar lo que Cebrián enseña, rebosante de bien decir. Esto es, que la política es una profesión no solo necesaria sino absolutamente admirable en la medida que quienes se dediquen a ella lo hagan con vocación de servicio, o sea de achicar el agua y conjurar los peligros que acechan a la ciudadanía. La lucha por el poder es necesaria y lícita siempre que se respeten las instituciones, se refuerce el gobierno de las leyes, y se someta la acción de los gobiernos al escrutinio público, respetando y promoviendo la libertad de expresión en vez de persiguiéndola como hacen las actuales huestes monclovitas. Los partidos son absolutamente necesarios para el funcionamiento de las democracias. Pero hace tiempo que existe una crisis de representación en la mayoría de ellas. Se están generando elites de poder para las que su principal, y casi único, objetivo es el mantenimiento del mismo so pretexto de que su misión no consiste en regular la convivencia y promover la igualdad sino transformar la sociedad con arreglo a su particular ideología e intereses. Por desgracia poder y sabiduría no van habitualmente juntos.
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