La gestión de la DANA en Valencia ha sido objeto de intensas críticas y controversias. La Generalitat Valenciana, liderada por Carlos Mazón, ha sido acusada de errores y falta de previsión en la respuesta a la emergencia. Mazón ha señalado al Gobierno central y a la Unidad Militar de Emergencias (UME) como responsables de la tardanza en la respuesta, pero estas afirmaciones han sido desmentidas por el Gobierno y la UME
La tensión política ha aumentado, con la oposición pidiendo una comisión de investigación para analizar los errores cometidos. La Generalitat Valenciana lanzó la alerta tarde, lo que generó una sensación de desamparo entre los afectados. Además, la lentitud en la llegada de ayudas y recursos públicos ha sido otro punto de crítica.
La desorganización continúa siendo la nota predominante en las zonas afectadas por la DANA. Una desorganización que afecta a la gestión de los voluntarios y a la de los almacenes de productos básicos, que se quedan sin repartir, y que incluso se expresa en contradicciones en el número de víctimas. Las unidades de rescate siguen buscando desaparecidos y se teme a la aparición de enfermedades.
No contribuyen a combatir el caos las últimas noticias de la Administración. La consellera de Interior, Salomé Pradas, responsable de Emergencias, admitió ayer que desconocía el sistema de avisos ES-Alert y que cuando supo de su existencia se envió el mensaje a los móviles, mucho después de comenzar las inundaciones. Las críticas continúan en torno al presidente Mazón y en por qué estuvo ausente en las horas clave de la catástrofe.
Sobre el terreno ya en su momento los alcaldes de las poblaciones afectadas, muchas de pequeño tamaño, alzaron la voz para reclamar ayuda y ahora son los que tienen un papel fundamental en la gestión de la recuperación. Las entidades aseguradoras han recibido 116.000 reclamaciones de indemnización, buena parte de las cuales corresponde a vehículos.
Compactado todo ello por Fernando del Pino en su resumen de tropelías, podemos entender la óptica en la que Carlos Martínez Gorriarán sitúa el conjunto del problema, dirigida a salir de un pozo de fango, que, como dice, afecta gravemente al cadáver del Estado de las Autonomías. Triste finado que según este profesor, exdirigente de UPYD, aparecerá cuando se limpien de fango las calles de los pueblos valencianos afectados por la DANA. En su obituario habrá los elogios de rigor, pero el hecho es que la catástrofe natural ha dejado al desnudo el desastre político. De ahí que hayan salido a la superficie de la opinión pública la demanda de respuestas a unos interrogantes inapelables: ¿Cómo calificar que la cuarta economía del € responda a una DANA histórica, avisada con anticipación, con la lentitud, chapuza y negligencia que asociamos a un “país del tercer mundo”? ¿Cómo es posible que la respuesta institucional a las catastróficas inundaciones de Bilbao de 1983 fuera mucho más rápida, eficaz y empática que esta de 2024? Son los 40 años de centrifugación autonómica sin proyecto nacional, agravada por un Gobierno nefasto que parece reo de gravísimos delitos: denegación de auxilio, el primero.
El veredicto deja muy mal parado al Gobierno de Pedro Sánchez, un colectivo/coalición que lo primero que evidencia es el de ser un conglomerado desdeñoso entorno al cual afilan sus garras terroristas y separatistas que quieren destruir el Estado mismo (con gran eficacia), y comunistas cuquis empeñados en liquidar el capitalismo los ratos en que no se liquidan entre ellos. Y, en afirmación contundente de Martínez Gorriarán, "tener mucho, pero bajo control de corruptos y saqueadores, es como no tener nada". Los propios movimientos y decisiones de Sánchez así lo demuestran.
Distinto es el valor de la sociedad en este fiasco, puesto que ha demostrado -y continúa haciéndolo- las mejores intenciones. La tragedia meteorológica es el fracaso de un Gobierno y de las administraciones a su mando, desde las fuerzas de seguridad a las armadas, a las que no han dejado trabajar, pasando por la Confederación Hidrográfica del Júcar, incapaz de informar, y también de las autonómicas, incapaces de reaccionar. Los prudentes por oficio piden que esperemos a que los comités convocados al respecto redacten tediosos informes que repartan culpas y propongan premios.
La experiencia personal ante todos estos hechos no puede pasar por alto la petición de una información veraz al servicio del ciudadano, como demandó recientemente Miguel Ángel Noceda, presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE). Contra lo que estamos viendo a diestro y siniestro, empezando por la "vendida" y tendenciosa RTVE, más monclovita que los panolis asesores del presidente que en el palacio habitan, hay que exigirles a muchísimos periodistas que examinen el cerebelo de su trabajo. Ocupación que consiste en defender la democracia con las armas de la verdad y la honestidad, para trasladar al ciudadano la información real de lo que sucede a su alrededor.
Se trata -continúo con Noceda-- de que los periodistas cumplan con los principios fundamentales del periodismo, pese a la amenazas y falsedades que puedan emanar de los poderes establecidos. Es decir, buscar la verdad y difundir la información después de haberla confirmado, contrastado y contextualizado, cumpliendo las reglas éticas y deontológicas de la profesión, y sin dejarse llevar por la inmediatez, impulsada por las redes sociales, un soporte que ha multiplicado las posibilidades de desinformar.
Un escenario cuyo encuadre pone ante nuestros ojos la multiplicidad de acusaciones con la burocracia paralizante e incapaz de organizarse eficazmente. Conclusión perfectamente refundida por Martínez Gorriarán:
"Sobran duplicidades y triplicidades, sobran normas y protocolos, burocracia y clientelismo. La estructura constitucional de España debe ser clara y sencilla, flexible pero firme, eficiente y transparente. Cuando algo va mal, como la maldita dana, la respuesta debe ser automática, previsible, conocida, confiable. La comunicación debe ser veraz, inequívoca, rápida. En un desastre, todo el mundo debería saber qué hacer y qué puede esperar. La burocracia con obesidad mórbida, paralizante, incapaz de movilizar sus propios medios y de organizar a miles de voluntarios y ofrecimientos de ayuda, como hemos visto en Valencia, debe y puede cancelarse.
No es tan difícil: para empezar, basta con definir bien las competencias del Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Sus obligaciones y servicios para desempeñarlos, desde medios materiales y humanos a políticos y financieros. Debemos suprimir todas las administraciones y entidades inútiles en una dieta histórica de adelgazamiento, la IA puede sustituir con ventaja la burocracia paralizante y liberar talento humano para soluciones creativas. Debemos reescribir la Constitución, especialmente el aciago Título VIII, monumento a la ambigüedad y el chalaneo competencial. Debemos barrer la morralla legislativa de seis años de sanchismo, y también la anterior: necesitamos las leyes indispensables, claras y obligatorias."
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