El premio Nobel de Economía Douglas North, uno de los padres de la moderna economía institucional, tras estudiar el desarrollo económico de la humanidad durante diez mil años, desde los primeros asentamientos humanos estables hasta la actual revolución tecnológica, llegó a la conclusión de que el conflicto más ubicuo en todas las civilizaciones era el choque entre el autointerés de los gobernantes y la eficiencia social. Por esto antepongo el rostro de los dos últimos presidentes castellano-manchegos, al resultar patéticos y sugerentes de cuanto quiero expresar, algo que se asienta en lo que el ex diputado provincial conquense Eulalio López Cólliga ha manifestado en el artículo que publicaba ayer La Vanguardia de Cuenca (ver aquí). Se deduce de él que la gestión política y administrativa, lo mismo en esta región que en la provincia de Cuenca, no se están haciendo bien y son muy mejorables; estando necesitadas de una mejora de la "gestión proyectiva", como se conoce en Ciencia de la Administración a la puesta en marcha de acciones para abordar brecha o tensión entre la realidad percibida y la proyección de un deseo. Veámoslo en el siguiente esquema:
La brecha no necesariamente representa un problema en el sentido de inconveniente, sino que puede dar cuenta de una expectativa, un desafío próximo, un objetivo personal o una ambición que originan y sostienen el sentido de un proyecto. Todos nosotros convivimos permanentemente con estas brechas en diversos ámbitos de la vida: social, afectiva, laboral, política, económica, etc. No obstante, es la tensión entre realidad y deseo, como parte de la identidad y la salud individual y compartida, la que nos conforma como sujetos con proyección.
Como nos enseña el llamado Teorema de Imposibilidad, la provisión de un bien colectivo requiere delegar poderes a un gobernante. Y este, en el momento de decidir sobre las características del bien público (sea un ejército o el sistema nacional de salud), goza de una inherente, e imposible de exterminar, tentación para sacar ventaja de su posición, para beneficio suyo y de sus allegados, y a expensas del bienestar social.
Es decir, a ojos de North, y de muchos otros economistas e historiadores, el problema principal al que se enfrenta cualquier sociedad es cómo controlar a sus gobernantes. Pero, a nuestros ojos, no. Con las gafas ideológicas siempre puestas, el problema solemos verlo en el gobierno de nuestros adversarios políticos. A ellos sí que hay que atarles las manos, pero, a los de nuestro bando, todo lo contrario: permitamos que, «para saldar deudas históricas» o «por justicia social», «democraticen» las instituciones públicas al llegar al poder. Lleva pidiendo esto López Cólliga desde hace mucho tiempo, y de Page sólo obtiene un incómodo y exacerbante silencio.
¿Qué se deduce de esto? Que el equipo de comunicación política del presidente autonómico actual es tan malo como el que tuvo su predecesora, la desaparecida Cospedal. Lo mismo que ésta, García Page adolece de transparencia. Mientras tanto, la vida política de Castilla-La Mancha continúa sin regenerarse, sin realizar las reformas institucionales que específicamente debe poner en marcha para no extender las brechas existentes y las que seguirán abriéndose.
Con cierta intermitencia algunos analistas de la vida pública de esta región hemos reprochado que en el noventa por ciento de las ocasiones que vemos, oímos o leemos las notas de prensa o las declaraciones de las autoridades administrativas, los portavoces políticos o los representantes públicos elegidos en listas del partido en el poder de Castilla-La Mancha, observamos inmediatamente un déficit de comunicación política, trasnochado y fuera de lugar. Máxime cuando los bien llamados “periodistas ciudadanos” favorecen la verdad, la apertura y la transparencia informativa de gobiernos y entidades.
La Internacional Association of Business Communicators (IABC), integrada en la Global Alliance for Public Relations and Communication Management, organizó en el World Public Relations Forum, celebrado a finales de noviembre de 2012 en Melbourne, un taller para avanzar en la definición de los principios que deben inspirar el trabajo de los profesionales de la comunicación, y a los seis principios o actitudes claves (análisis, contexto, estrategia, consistencia, implicación y ética) para entender el ejercicio profesional del comunicador en un escenario global y muy competitivo, pero al mismo tiempo con unas grandes necesidades de cohesión social, Velasco añadió el séptimo: la coherencia.
Por este conjunto de motivos, cualquiera de las voces del PSOE que surja como actor en el papel de portavoz natural, ha de defender ante todo la transparencia, el derecho a la información y la verdad. Llevamos una década larga durante la que se vienen produciendo errores y equivocaciones de comunicación política que han aumentado la desconfianza en el Gobierno regional, al haber pecado muchísimo de lo que se conoce como persuasión ideológica o propaganda, concebida por Salomón Ash como: “El intento deliberado realizado por agentes especializados, para provocar vuelcos en la opinión y en el sentimiento”. Técnicamente, toda propaganda es un manejo y manipulación de las opiniones, y sobre todo, de los sentimientos colectivos, basándose en el carácter sugestionable e irreflexivo de muchas de nuestras actitudes y creencias personales sobre diferentes aspectos de la vida social. Desde una perspectiva ética, hay importantes diferencias entre la propaganda con fines de información o formación, pero con contenidos que se caracterizan por sus significados y símbolos de tolerancia y liberalidad, de la propaganda con fines manipuladores de las conciencias y de los comportamientos.
Por contra, la experiencia internacional de los países que mejor puntúan en las comparativas sobre control al gobierno nos indica que, por necesarios que sean los controles jurídicos en determinados aspectos, se deben complementar con controles de gestión. En particular, se debe empoderar a las personas con capacidad (como los empleados públicos) o con incentivos (como los periodistas) para monitorizar la actividad pública en todas las dimensiones, más allá de la concordancia, o no, con la ley. En este sentido, la incitación comunicativa -el "carteoW" de Eulalio es encomiable, aunque al presidente Page y su corte no les parezca así, y por esto decaen en una comunicación política de ínfima calidad, que constituye una de las mejoras de gobierno que deben institucionalizar rápidamente.
Dos grandes expertos en esta materia lo explicaban extensa y pormenorizadamente en un trabajo que recomiendo a las autoridades con mando en el PSOE o en la oposición -regional y provincial-, me refiero a los profesores de ESADE Elena Costas y Víctor Lapuente (vid. "El control de los gobernantes", publicado en Nueva Revista, aquí). En ese condensado estudio, añaden a la recuperación de la gestión pública el mejor control de la administración, indicando literalmente:
"Aquellos países que, como los países nórdicos, Holanda, Canadá, Australia o Nueva Zelanda, aparecen como los que mejor controlan los abusos de la cosa pública —sin eliminarlos del todo; eso es utópico—, minimizándolos, lo hacen gracias a potenciar el rol, y liberar las cadenas, de dos tipos de agentes. En primer lugar, los subordinados de los políticos electos: los empleados públicos y, en especial, quienes ocupan los puestos directivos tanto en administraciones como en entes autónomos y empresas públicas. Y, en segundo lugar, los periodistas: personas que, desde fuera de la administración, tienen sin embargo los incentivos para controlar la administración pública. Las democracias que fortalecen el poder de estos dos tipos de agentes —evitando que los gobernantes coarten su labor fiscalizadora, mediante nombramientos de altos cargos, publicidad institucional en prensa o cualquier otra fórmula de intimidación— presentan mejores resultados en cualquier indicador de gobernanza."
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