Aires de La Parra

Los vanidosos de La Parra de Las Vegas. 9 (por Juan Andrés Buedo)

En esta porción territorial está enclavado uno de los municipios con menor densidad de población de toda España. Es mi pueblo, La Parra de Las Vegas (Cuenca), que posee ahora 39 habitantes -es decir, 0,63 hbs./km²-, con una edad media de 54,33 años (ver aquí).

Cuando digo esto es porque pienso lo mismo que Maite González, directora del grupo de acción local Adefo en la comarca zaragozana de las Cinco Villas, que abarca 52 núcleos de población y 30.000 habitantes, de los que 24.000 corresponden a Ejea y Tauste. Y, como destaca igualmente, "la Administración debe prestar los servicios básicos, pero esta es una lucha de largo recorrido y con resultados inciertos". Una microsíntesis que lleva mal curada la cicatriz de la despoblación, causada por la brecha -cada día más honda- entre la España urbana, localizada alrededor de Madrid y la periferia de la costa; y la rural, con una población escasa, envejecida y dispersa geográficamente. Las dos verdaderas Españas, una mala realidad que parecía amortizada hasta que en 2017 coincidieron dos circunstancias, agudamente descritas por Raúl Conde (vid. su artículo "La mitad de los pueblos de España está en riesgo de desaparición", aquí): por un lado, la introducción de este asunto en la agenda política; por otro, la publicación de varios libros de éxito, entre los que sobresalen La España vacía, de Sergio del Molino; o Los últimos, del periodista Paco Cerdà, lo que ha disparado la celebración de congresos y conferencias.

Mi hijo Juanan ha participado en varios de estos eventos, y, muy concienciado con este problema, se halla investigándolo a fondo con otros profesionales desde el Grupo Recoveco, paso a paso, con carácter multidisciplinar (por lo cual han tenido la deferencia de incluirme como sociólogo, cosa que agradezco a estos jóvenes especialistas de la Arquitectura y la Ingeniería, para cooperar en las tareas demográficas y en el desenvolvimiento de proyectos de políticas "directas" de población; área en la que vengo trabajando desde 1971).

Estos conocimientos me fuerzan a dejar a un lado la literatura y obrar como cualquier cirujano social que se precie, o sea, cumpliendo con la obligación moral de atajar y reparar las enfermedades producidas en una sociedad. La clave se halla en evaluar -algo que no todo el mundo sabe- las prioridades que deben marcarse, y realizar inmediatamente una serie de políticas cuya clave se desenvuelva en la ejecución de programas colaterales e ininterrumpidos que faciliten oportunidades para desarrollar las capacidades de cada zona; más aún, que allanen un desarrollo que debe venir de abajo a arriba. Algo que dio la razón al propio Aurelio García, presidente de la Red Española de Desarrollo Rural, que engloba a más de 170 grupos de acción local, al afirmar que todavía "hay mucha filosofía y poca concreción. Bienvenidos sean los pasos políticos que se están dando, pero hemos perdido un año. Hay que empezar a exigir fondos públicos". Y parece que, por fin, esto van a llegar a partir de este mismo año 2019. ¡Manos a la obra!, pues, si no queremos ver convertida La Parra de las Vegas en un pueblo así: en una ruina.

A partir de 2017, el aumento de la población española (en La Parra este fenómeno se produjo desde comienzos del sexto decenio del siglo pasado) ha quedado exclusivamente —ya lo estaba mayoritariamente— en manos del saldo migratorio, un fenómeno muy variable y mucho más impredictible que las tendencias de natalidad y mortalidad. Hay que retroceder hasta la Guerra Civil para observar un fenómeno igual.

Un estudio del INE prevé que España pierda en los próximos 10 años 2,6 millones de habitantes —más de la suma de la población de las ciudades de Barcelona y Valencia— y caiga hasta los 44.082.671. “Es un reflejo de que la situación en España es mala: vienen menos inmigrantes, emigran más residentes y la gente no tiene los hijos que desearía”, sostiene Teresa Castro, del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Y, lo que resulta más dramático para estas cercanías, la caída de población dejará de ser un fenómeno limitado básicamente a zonas rurales o en desarrollo, sino que se generalizará. Así está llegando ya a Cuenca capital, y se acentuará durante el próximo quinquenio de no ponerse en marcha rápidamente las políticas que los expertos en demografía venimos demandando.

(Continuará)

 

Socialismo: de igualdad e identidad (por Jesús Banegas)

• «Estamos asistiendo a la desvertebración del Estado de Derecho que sustenta la democracia liberal»

Jesús Banegas es presidente del Foro de la Sociedad Civil

(Publicado en ABCdesevilla, ver aquí)

La más genuina conquista del sistema democrático liberal es su concepción de la ciudadanía: todos los ciudadanos de una nación son libres e iguales ante la ley, con independencia de su sexo, el color de su piel, o cualquier otra circunstancia de su personalidad. Y la consecuencia más sobresaliente de esta concepción democrática del ciudadano es la igualdad de oportunidades, sobre todo ante la ley, para desarrollar su vida. Ello implica que en un orden democrático liberal, todos los ciudadanos tienen los mismos derechos tanto legales como a las prestaciones que emanen del Estado.

Mientras el modelo liberal implica igualar a todos los ciudadanos en la línea de salida, el antiguo socialismo pretendía imponer la igualdad en la línea de llegada; es decir, que con independencia de las capacidades, méritos y gustos de las personas todo el mundo viviese igual. Alcanzados muchos de los objetivos del antiguo socialismo a través del Estado de bienestar, el «nuevo socialismo» se propone entronizar una sociedad de la diferencia basada en las afinidades selectivas.

Para Friedrich Hayek: «La igualdad de los preceptos legales generales y de las normas de conducta social es la única clase de igualdad que conduce a la libertad y que cabe implantar sin destruir la propia libertad»; y para Kant, «la misión del Estado es proteger las libertades ciudadanas y jamás igualar las condiciones materiales de los ciudadanos». Como muy bien ha denunciado Mark Lilla en «El regreso liberal». «Más allá de la política de identidad» (2018), frente al clásico concepto de ciudadanía , se ha puesto de moda -desde el populismo izquierdista y nacionalista- «la retórica de la diferencia» que pone el énfasis en identidades cada vez mas rebuscadas frente al «todos somos libres e iguales ante la ley». La política seriamente democrática se está sustituyendo por el «modelo Facebook de meras afinidades selectivas».

Las nuevas ideas sobre derechos humanos conllevan que unos grupos tengan derechos que se les niegan a otros grupos. El nuevo socialismo, con la ayuda de los nacionalistas, es mas refractario si cabe que el anterior a la democracia liberal, que pretende subvertir radicalmente: frente a la igualdad ante la ley y a recibir cualquier servicio que pueda prestar el Estado, proliferan cada vez más desigualdades que favorecen a unos grupos sociales mientras perjudican a otros:

-Los nuevos «reinos de taifas» en que han devenido las comunidades autónomas son una fuente inagotable de desigualdades ciudadanas.

-La regulación del uso de las lenguas se ha convertido en un absurdo, inaudito, y sin embargo, cada vez más extendido mecanismo de segregación lingüística y por tanto de desigualdad ciudadana.

-Las legislaciones «de género», genuinamente discriminatorias, cuestionan la igualdad ante la ley: una enorme conquista ahora subvertida.

-La educación pública forzosamente inclusiva al querer igualar por abajo -la única posible- los resultados educativos, termina consiguiendo mediocridad, lo que genera desigualdad en la vida real.

-Las subvenciones públicas, típicamente arbitradas con criterios políticos partidistas, son un perfecto dispositivo de discriminación y desigualdad.

-Los convenios colectivos sectoriales benefician el statu quo de las empresas instaladas y sus trabajadores a cambio de perjudicar las nuevas empresas y la creación de empleo. Los viejos tejidos productivos sobreviven a costa de impedir el florecimiento de los nuevos.

-El salario mínimo que expulsa del mercado de trabajo a quienes tienen menos capacidades profesionales, es otra fórmula que genera desigualdad al negar la posibilidad de trabajar a quienes más lo necesitan.

-La regulación intervencionista de los alquileres de viviendas restringe su oferta y aumenta el precio para perjuicio de quienes menos posibilidades económicas tienen, acentuando así la desigualdad ciudadana.

-La preponderancia de la imposición fiscal directa -sobre la renta- frente a la indirecta -sobre el consumo- siendo pretendidamente progresista es socialmente más injusta y además recauda menos, lo que perjudica a los más dependientes del Estado.

-El endeudamiento público para pagar los gastos excesivos de hoy y que deberán sufragar las nuevas generaciones, implica una flagrante injusticia distributiva intergeneracional que conllevará a la bancarrota de la próxima generación: «Bank Rupting the Next Generation» (D. Ammann y M. Krobath, 2014)

-La acción colectiva de grupos de interés -que descubriera Mancur Olson en «The Logic of Collective Action» (1965)- persigue y consigue a través del sistema democrático beneficios para sus miembros a costa de la inmensa mayoría de la sociedad; de este modo la expansión socialista del Estado termina generando cada vez más desigualdad.

Estamos asistiendo a la desvertebración del Estado de Derecho que sustenta la democracia liberal junto con la pérdida de los valores morales que han amalgamado con éxito a las sociedades occidentales; y como ya investigara Mancur Olson en «Auge y decadencia de las naciones» (1982), ambos hechos están relacionados con el buen o el mal uso de la democracia.

Definir el conflicto catalán (por Daniel Innerarity)

Daniel Innerarity

Catedrático de Filosofía Política en la UPV

 

(Artículo publicado en LA VANGUARDIA, ver aquí)

 

La solución del conflicto catalán no vendrá por la aceptación del modo como el soberanismo catalán lo plantea, por las mismas razones por las que tampoco veo que la salida consista en aceptar el marco mental de quienes están en la posición contraria. Si hay un conflicto que debe resolverse es precisamente porque hay un desacuerdo sustancial acerca de cuál es su naturaleza y, en lógica consecuencia, sobre el modo más adecuado de resolverlo.

Propongo delimitar el perímetro de este conflicto en torno a unas propuestas de enunciación que a mi juicio facilitan el acuerdo más que otras. Se articularían en torno a los siguientes principios:

(Getty)

1) La misma formulación del problema debe no prejuzgar inevitablemente la solución. Si insistimos en que la soberanía reside en el pueblo español y entendemos que cualquier otra distribución de esa soberanía debe ser aceptada por el conjunto indiferenciado del pueblo español, entonces estamos cerrando el camino a una solución pactada, que exige necesariamente instalarse más allá del marco mental de las so­beranías incompartibles. Si lo planteamos como un conflicto “entre Catalunya y España” (minusvalorando la división que este asunto produce en el seno de la sociedad catalana), estamos dando por bueno un marco mental que favorece a una de las partes, en este caso, al mundo soberanista. Propongo que el punto de partida no sean ni las formulaciones constitucionales cerradas ni unos derechos cuya existencia no es incontestable sino parte precisamente de lo que se discute. ¿Estarían unos dispuestos a aceptar que el principio de indisolubilidad del Estado es compatible con una distinta distribución interna de soberanía, del mismo modo que la integración europea ha implicado cesiones sustanciales de soberanía sin que hayan sido interpretadas como contrarias al ordenamiento constitucional? ¿Aceptarían los soberanistas que el principio de que la ciudadanía de Catalunya ha de poder decidir su futuro no excluye la posibilidad de compartir ese derecho con otro ámbitos más amplios, en España y en Europa? Una visión rígida de la idea de unidad del Estado o del pueblo de Catalunya hacen inviable cualquier solución democrática porque el marco da la razón a una de las partes. Quien ponga encima de la mesa la unidad del Estado como un límite que no permite modulaciones o la autodeterminación como un derecho innegociable ha de saber que está imposibilitando el diálogo y la transacción. No podemos convertir un posible punto de llegada en un inevitable punto de partida.

2) Imaginemos otra manera de ejercer la soberanía popular en un Estado compuesto. Aceptemos como principio general que el futuro de Catalunya depende de la voluntad de su ciudadanía y pensemos en toda su radicalidad el concepto “ciudadanía de Catalunya”, de la que forman parte personas cuya identificación nacional es muy plural, desde quienes aspiran a ejercer esa voluntad política de manera independiente hasta quienes quieren configurarla en el marco estatal y, a su vez, con lógicas de muy diverso tipo (centralizado, federal o confederal). Tomarse la voluntad de la ciudadanía catalana en serio significaría diseñar un procedimiento, un algoritmo de encuentro podríamos llamarlo, entre esa variedad de voluntades políticas, ninguna de las cuales tiene en principio preeminencia sobre las otras y cuya relevancia política depende del grado de aceptación que susciten.

3) Hay que lograr un punto de encuentro entre la diferenciación y la ampliación de la voluntad popular de los catalanes. Los llamados unionistas deben ofrecer una fór­mula para que se reconozca la especificidad de la voluntad de la sociedad catalana, si es que siguen manteniendo el implícito reconocimiento de su subjetividad política di­ferenciada que se contiene en el término ­nacionalidad y en el espíritu y la letra del pacto constitucional del 78. Los soberanistas tendrían que responder a la pregunta acerca de cómo esa voluntad recoge la pluralidad de la sociedad catalana y cómo se articula con la de los españoles, a la que de hecho está vinculada en un condicionamiento recíproco. Unos y otros deben pensar cómo incluir a las minorías que se establecen según el ámbito de decisión en el que estemos operando, y la mejor garantía de estar haciendo lo correcto es que nadie exija a la otra mayoría lo que no está dispuesto a hacer con su minoría. La mejor negociación sería poner en juego esta lógica de reciprocidad. Se trataría de encontrar un camino intermedio entre la decisión subordinada y la decisión solitaria, entre las dos unilateralidades (la de la secesión no pactada y la del derecho de veto o imposición) que no son procedimientos a la altura de una sociedad compuesta. Si debe pactarse el concepto y procedimiento para realizar esa voluntad política, no es para reducir esa voluntad sino para asegurar que sea lo más integradora posible.