(Publicado en El Confidencial Digital, aquí)
La regeneración se ha convertido en un mantra de la actual política española. Pasamos a analizar las principales propuestas regeneradoras y su viabilidad.
Palabras como “ejemplaridad”, “responsabilidad”, “transparencia” o “proximidad” son escritas o pronunciadas, día sí y día también, en los principales periódicos y televisiones del país. Y es que la conjunción de dos factores muy concretos –honda y duradera crisis económica unida al auge de casos de corrupción dentro de los grandes partidos políticos- han propiciado que en la opinión pública española haya irrumpido un discurso de corte regeneracionista que previamente venía formulándose en distintos ámbitos y frentes.
Además de la llegada de los nuevo partidos políticos, que han hecho suya –si bien es cierto que desde distintos enfoques ideológicos- la bandera regeneracionista, el proyecto Nación y Libertad, auspiciado por la Fundación Cultural Ángel Herrera, ha elaborado en su página Web un detallado mapa que vendría a ser un ‘quien es quien’ de casi todas las asociaciones, plataformas, foros y think tanks que ofrecen -cada uno desde su singular perspectiva- propuestas de regeneración política. Pero antes de realizar un resumen de estas propuestas, primero presentemos -de modo muy sumario- las características fundamentales del modelo que pretenden regenerar; nos referimos a la monarquía parlamentaria que nace en 1978 con la aprobación de la actual Constitución.
Se trata de un sistema democrático que, ante todo, trata de favorecer la gobernabilidad. Tiene sentido. España entonces acababa de salir de una dictadura de casi 40 años, que a su vez había sido precedida por una guerra civil, una efímera república y otra dictadura. Por decirlo de un modo muy resumido, España, en 1978, para mirar al futuro con razonable seguridad y optimismo, optó por restaurar una institución de multisecular solvencia –la monarquía- e implantar un sistema democrático cimentado en el máximo consenso posible. El régimen de 1978 lleva en los genes el bipartidismo y un Ejecutivo con amplio margen de poder.
El marco normativo que desde entonces ha ido desarrollándose avanza por la misma línea, otorgándole a los partidos políticos un notable control sobre muchas instituciones del Estado. Sin embargo, para realizar un correcto análisis de la situación actual, conviene distinguir dos derivadas: la primera es el formato real de relación que tienen los partidos políticos con el Estado –esta podría ser la parte objetiva del asunto-; la segunda derivada -no menos importante que la primera- es la percepción subjetiva que la ciudadana tiene del acontecer de dicha relación.
Señalados estos dos factores, recordamos que el funcionamiento interno de los partidos no está marcado tanto por la Constitución de 1978 como por la rotunda victoria que alcanzó el PSOE en 1982. Fue entonces cuando Felipe González, con la ayuda de Alfonso Guerra, pasó a configurar un modelo de partido con una estructura de mando tan vertical como eficaz. Cuando en 1990 José María Aznar se hizo con el mando del Partido Popular pasó a copiar este modelo. Antes, con Manuel Fraga, existía un sistema de consultas permanentes entre el líder gallego y sus seis vice presidentes, que iban rotando mensualmente en la presidencia de AP. Todo esto terminó con la llegada de Aznar, que refundó al PP y lo convirtió en una moderna máquina electoral capaz de alcanzar el poder. Hasta el día de hoy, los dos grandes partidos han funcionado básicamente igual: con hiper-liderazgos y con escasa democracia interna.
Pero el hecho es que la opinión pública, de un tiempo a esta parte, parece demandar de forma insistente y creciente una forma de hacer política más abierta y participativa; también más transparente y responsable. Por ello, el factor “gobernabilidad” pasaría a un segundo plano. Es en esta corriente en la que engarzan muchas de las propuestas regenerativas que hoy en día se están presentando. Pero antes de abordarlas hagamos una última precisión: si algo ha caracterizado al Gobierno de Mariano Rajoy, además de su afán por la alcanzar la recuperación económica, ha sido su apuesta por llevar a cabo un amplio programa de regeneración democrática. Sin embargo, como decíamos antes, una cosa es la relación de los partidos políticos con el sistema, y otra, la percepción que tiene la ciudadanía de dicha relación, percepción en la que lógicamente también influye la capacidad de los políticos para vender sus logros.
Pasemos ahora a enumerar y valorar las principales propuestas regeneradoras:
- Listas abiertas. Esta medida, que es de las que suele proponerse con mayor insistencia, ya existe para votar al senado. No sirve de gran cosa. Los ciudadanos españoles, para elegir a sus representantes en la cámara alta, deciden su opción política en base al líder del partido. Esta forma de votar quedó recalcada con singular fuerza en las pasadas elecciones europeas, cuando muchos votantes se decantaron por Podemos por el hecho de que en la papeleta aparecía el rostro de su conocido líder, Pablo Iglesias. También hay que tener en cuenta una posible consecuencia no deseada de las listas abiertas: el aparato de un partido puede hacer campaña contra sí mismo para evitar que un candidato de la misma formación resulte elegido. Pongamos un ejemplo: en una provincia dada, en la que por sondeos previos –o por tradición- se sabe que un partido sacará tres senadores y otro, solo uno, los partidarios de una determinada candidatura podrían repartir entre los militantes sobres con la casilla de un candidato previamente marcada para que él sea el elegido. Quizás tampoco resulte del todo ocioso recordar que el caciquismo continúa fuertemente implantado en muchas zonas de España, sobre todo, en las diputaciones provinciales –algunas han llegado a heredarse vía familiar durante generaciones-. Los caciques locales podrían repartir papeletas con la cruz marcada de su candidato. Esta letra pequeña también conviene tenerla en cuenta.
- Democracia interna. Decíamos antes que los partidos españoles tienen un déficit de democracia interna. Y acabamos de ver hace poco como desde Nuevas Generaciones del PP se ha reclamado la implantación en su partido este modelo. Ahora bien, sustituir este sistema por unas primarias, a las que puedan concurrir todos los militantes –o, incluso, como proponen algunos, hasta los simpatizantes-, puede favorecer tácticas tan clásicas como el ‘entrismo’, en las que un grupo previamente coordinado, presentando una o varias candidaturas, acabe por hacerse con el control del partido. El caciquismo también pueden verse propiciado por un sistema de primarias. Bastaría un grupo de gente con medios y capacidad para dar un ‘golpe de Estado’ dentro de un partido, y de forma totalmente democrática, además. De hecho, las nuevas formaciones políticas, pese a su discurso regeneracionista, no son del todo ajenas a estas experiencias. La democracia interna puede tener otro efecto indeseado: el crecimiento del aparato burocrático de la formación. Por no señalar que si se le otorga el poder al que está todo el día haciendo política dentro del partido, luego es normal que sus cuadros se alejen de su entorno social. Una medida de control eficaz es el mismo electorado, que premiando o castigando será el que acabe por poner a cada uno en su lugar correspondiente. Vemos que, en realidad, dentro de la política se ha producido un círculo vicioso, pero de corte más moral que propiamente político; la baja apreciación de la clase política hace que la gente cada vez se aleje más de ella; y, a sensu contrario, los que se acercan no suelen ser las personas más valiosas.
- Financiación de los partidos políticos. Este es uno de los terrenos en los que más ha avanzado el Gobierno de Mariano Rajoy. Ya han sido suprimidos aspectos tan sospechosos como la financiación sin tope de empresas que, acto seguido, podían contratar con la Administración pública. Sin embargo, queda por abordar la financiación de las fundaciones de los partidos. Si no reciben un tratamiento similar al de los mismos propios partidos, las fundaciones pueden acabar por convertirse en un coladero de dinero. También parece necesario que los líderes tengan una responsabilidad, jurídicamente vinculante, a la hora de velar por la administración y financiación de los partidos que dirigen.
- Reforma del senado. Las propuestas de reforma del senado que habitualmente se escuchan hacen referencia al anterior modelo del senado alemán. En todo caso, el sistema senatorial alemán –el antiguo y el nuevo- parte de dos premisas: la lealtad de todos los partidos a la Constitución germana y la asunción de un planteamiento igualitario entre todas las regiones del país. Estas dos características no se cumplen en el caso español. Los partidos nacionalistas, además de mostrar una deslealtad manifiesta hacia el mismo concepto de España, afrontan sus reivindicaciones políticas sobre la base de la desigualdad; no quieren que todos tengan lo que ellos tienen, sino que buscan la excepcionalidad por sistema, o lo que es lo mismo; quieren estar en posición de permanente ventaja. En cualquier caso, el Bundesrat, como decíamos antes, fue reformado en 2006. Ahora, cada land envía al senado a sus representantes y, según sean el tema a debatir, van rotando. Además, todos los representantes de cada land tienen que votar lo mismo. Esto, en España, en la práctica se traduciría en que un senador del PP y otro del PSOE por la misma comunidad –Galicia, pongamos por caso- tendrían que votar igual, cosa que no parece viable.
- Sistema electoral. Muchos críticos con el actual sistema electoral actual señalan que, reformando la LOREG, el Partido Popular -que en muchos lugares es la formación más votada- tendría una mayor representación. Pero el sistema actual asume dos factores: el primero es un número mínimo de votos para obtener un escaño, y luego marca una compensación entre provincias que hace que sea mucho más difícil obtener un escaño por Madrid que por Soria. Ahí está el caso de IU; es un partido con una implantación baja aunque extensa a lo largo de todo el territorio español. Pero le cuesta muchísimo obtener representación al no superar el umbral mínimo de votos (3 %) y no tener una gran concentración de votantes en ninguna provincia. Pese al tópico, la Ley D’Hondt, que está incluida dentro de la LOREG, traza un reflejo fiel del territorio electoral español. Un sistema uninominal puro –como el británico- dejaría sin representación a una parte muy significativa del electorado. Y esto, en un país como España, que tiende a acumular tensiones políticas, no parece que implicase una mejora de la situación. Para superar el actual sistema de proporcionalidad –o, según se mire, de desproporcionalidad- habría que reformar la provincia, que es la base sobre la que se asienta, e ir hacia unas circunscripciones electorales más uniformes. Pero si la reforma de los partidos judiciales en España ya originó una problemática mayúscula, la reforma de las provincias tendría una aún mayor dificultad, máxime cuando son los concejales de los pueblos los encargados de elegir a los representantes de las diputaciones provinciales.
- Consejo General del Poder Judicial. El CGPJ lleva ya unos años en constante reforma. De hecho, está siendo retocada la reforma que hizo Alberto Ruiz-Gallardón en 2012. El modelo actual, dicho de forma resumida, es una copia del italiano. Tiene 20 consejeros más un presidente, todos con una dedicación exclusiva que, en ocasiones, genera dudas sobre a qué dedican exactamente su tiempo. Antes, durante los años de Gobierno de Felipe González, se pasó de un modelo en el que eran 12 jueces y magistrados elegidos por ellos mismos -lo cual implicaba asumir el riesgo del corporativismo, tan presente, por ejemplo, en la vida universitaria-, a ser 20 consejeros designados por partidos políticos. La reforma de Gallardón ha querido reducir el número de los que tienen dedicación exclusiva para que algunos sigan dedicándose a su actividad profesional, hecho que también puede suscitar problemas y dudas. La segunda reforma en marcha pretende retocar de nuevo el número de consejeros permanentes.
- Tribunal Constitucional. En cuanto a la politización del TC, argumento que se suele emplear para proponer su reforma, hay que tener en cuenta una diferencia. Si bien la presencia de partidos políticos en el ámbito de la judicatura es algo que se tiene que evitar, debido a que es un terreno donde ha de reinar el respeto al pluralismo democrático a la hora de aplicar las leyes, el TC, en cambio, expresa otros valores: por ejemplo, la lealtad en la defensa del marco constitucional. Por eso, incluso aunque sus vocales son nombrados por los distintos partidos, luego suele ser relativamente sencillo que alcancen acuerdos. La propia dinámica de funcionamiento habitual del TC demuestra que su supuesta politización no es la clave para comprender su funcionamiento habitual. De ser así, entonces estaría dividido en dos mitades a la hora de abordar una medida concreta. Sin embargo, muchas veces sus magistrados se dividen en tres o más bandos. Y pese a que todos han sido nombrados por partidos políticos, luego, en la práctica, a los magistrados esto no les marca de modo especial y actúan de manera independiente. Dicho esto, la falta de acuerdo entre los partidos políticos hace que se paralicen los nombramientos de nuevos cargos y que por ello haya puestos que se ocupen menos tiempo del que en principio les había sido asignado.
- Separación de poderes. El ejecutivo, por fuerza, se tiene que apoyar en la mayoría legislativa que le ha aupado al poder y que lógicamente siempre va a serle fiel. Un caso distinto es el del Reino Unido, donde el sistema mayoritario uninominal hace que los diputados, en teoría, sean más fieles a su distrito que a su partido, aunque luego existe el whip (literalmente, “látigo” en inglés), figura encargada de lograr las mayorías de partido dentro de la cámara parlamentaria.
- Reforma de la administración local. Muchos países de la Unión Europea han reducido de forma drástica el número de sus ayuntamientos. Por poner solo dos casos, señalemos Reino Unido, que en 1992 tenía 484 concejos, 1.544 menos que en la década de los cincuenta, o Dinamarca, que en el año 1950 tenía 1.387 y en 1992 pasó a tener 275 ayuntamientos. España, en cambio, tiene 8.122 concejos. Esta reforma parece tan ambiciosa como complicada, sobre todo, por la reacción que tendría entre los ciudadanos. Por tanto, antes de acometerla necesitaría un consenso previo muy generalizado entre la clase política.
Llega el momento de las conclusiones. Parece que en la actual situación de crisis y confusión, la ciudadanía reclama propuestas que no son compatibles entre sí. Dejando al margen el ignaciano consejo de “en tiempos de tribulación no hacer mudanza”, vemos, por un lado, una demanda mayor democracia interna, pero cuando efectivamente la hay –ahí tenemos el caso de IU-, el electorado luego castiga a estas formaciones por ofrecer un modelo confuso e inestable de gobierno. Por otro lado, el electorado al final acaba por premiar la estabilidad y el liderazgo fuerte, que es lo que ofrecen los partidos tradicionales, aunque por ahora, quizás debido a los casos de corrupción y a la crisis, parece que continúan siendo penalizados. Sin embargo, en la medida en que los ciudadanos aprecien falta de estabilidad en el sistema –cosa que ya se está empezando a suceder con los representantes electos en las últimas elecciones municipales y autonómicas-, parece probable que el voto regresará a los grandes partidos.
Podríamos concluir el artículo aquí. Entonces parecería que los conceptos con las que abrimos el artículo -“ejemplaridad”, “responsabilidad”, “transparencia” o “proximidad”- no son necesarios para la actual época que atraviesa España. Nada más lejos de nuestra intención. De hecho, creemos que estas palabras diagnostican perfectamente unas carencias que afectan al futuro del Estado libre y democrático de Derecho. Pero si prestamos atención, veremos que estas palabras no son de tamiz tecnocrático, sino que hacen referencia a actitudes de corte mucho más profundo. De hecho, estas actitudes pre-políticas no sólo permiten la pervivencia de la forma libre, social y democrática del Estado de Derecho, sino que además ayudan a apuntalar la consistencia de la civilización, una consistencia de la que el mismo Estado de Derecho se nutre.
Todo depende, pues, de cómo interpretemos el diagnóstico de la regeneración. Si optamos por creer que el ser humano tiene que edificar una tecnocracia todavía más eficiente, o que ha de ceder más soberanía personal a un Estado omnipotente, o que debe creer en la existencia de un imaginario deus abscónditus que ejecuta su justicia inmanente a través de la mano invisible que mece al mercado, el análisis resultante, a nuestro juicio, presentará un defecto de fantasía.
Sin un cambio personal más radical en la manera de aprehender la vida y la actividad humana, todas las soluciones, ya sean técnicas, económicas o jurídico-políticas, serán insuficientes y, en el mejor de los casos, retrasarán el vencimiento de un plazo que no se anuncia halagüeño. Pero una de las grandes esperanzas de nuestro tiempo radica en que los representantes, aquellos que hacen de mediadores en el mundo de la sociedad y de la política, lleguen a ser capaces, con su inteligencia y con su ejemplo, de abrir para todos el acceso hacia aguas más frescas y profundas.
El presidente griego, Alexis Tsipras, se ve entre la espada y la pared y reacciona como cabía esperar: con la irresponsabilidad de los populistas. Fue elegido hace apenas unos meses y en lugar de asumir sus decisiones convoca un referéndum en medio de un deplorable discurso sentimental con apelaciones a la "dignidad" y a la "soberanía". Nunca hay que despreciar la capacidad de los demagogos para engañar a la gente, pero será interesante ver qué dignidad queda en Grecia si el corralito se mantiene, si el país quiebra, si no hay dinero ni para pensiones. Él será, sin duda, el primer responsable.
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