"Yo declaro que la Justicia no es otras cosa que la conveniencia del más fuerte" Platón.
El hecho de que, en España, la Justicia haya pasado a primer plano de la actualidad, se haya erigido en protagonista de los medios informativos y sea una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos, ya es suficiente para sospechar de que, en este país, las cosas no funcionan como es debido. La proliferación de los llamados "jueces estrella", la evidente politización de fiscales, jueces y magistrados; el lento funcionamiento de la propia administración de Justicia y los, cada vez más aparentes, casos de prevaricación, en ocasiones camuflados por lo que se pudiera calificar de un "exceso de celo" por parte de quienes tienen el poder, el derecho y la obligación de hacer que se cumplan las leyes; han producido, en la opinión pública, el temor y el convencimiento, manifestado a través de las encuestas de opinión, de que el tercer poder del Estado según Montesquieu, no está cumpliendo con la función que le corresponde; en ocasiones por abarcar más de lo que le está encomendado y en otras por discriminar, según las tendencias políticas de los encausados, el trato que se les ha dado.
Desde el mismo TC, la máxima autoridad en la interpretación de la Constitución, hasta el último juzgado de provincias, se ha entrado en una fase de actuación que, de no corregirse con urgencia, de no entrar a fondo en sus causas y consecuencias o de no tomar las medidas para cortar de raíz la tendencia, es posible que se pueda hablar de que, al menos en España, existe una Administración de Justicia convertida en uno más de los apéndices de los partidos políticos y del gobierno y, en consecuencia, del poder fáctico. Asusta, señores, causa verdadero pánico, el ver como el Presidente del CGPJ, señor Moliner, no se corta lo más mínimo cuando, con evidente imprudencia, se manifiesta sobre la trascendencia de los violentos acosos a los políticos (si no en su sentido físico, que también, en lo que implica de presión psicológica y sufrimiento moral) a los que se refirió con evidente frivolidad, restándoles importancia (aunque luego tuvo que rectificar). Y, si me apuran, todavía causa más desasosiego y preocupación, el que, teniendo tantas cosas importantes que corregir, tantos jueces a los que amonestar por su estulticia y parcialidad política y tanto que reprocharse a sí mismo, por la forma en la que usa el dinero de los españoles, viajando a cuerpo de rey cuando, las circunstancias del momento, aconsejarían que diera ejemplo viajando, como cualquier español de a pie, en la clase turista; no obstante, ha dado preferencia y ha actuado con inusitada premura y urgencia en reconvenir a la juez Alaya, una jueza que, rara avis, se ha atrevido a enfrentarse con la misma Junta de Andalucía..
Veamos si puntualizamos. En Andalucía, esta tierra de María Santísima que, por los azares del destino, parece condenada al yugo socialista, se están produciendo sucesos que, sólo la incuria de un gobierno autonómico afectado de caciquismo, después de haber ocupado la poltrona por más de treinta años, puede justificar; resulta inconcebible el hecho de que, desde hace tantos años, la espada de la Justicia no haya caído con fuerza sobre todos aquellos que, impunemente, se vienen enriqueciendo a costa del dinero de los impuestos de los españoles, sin que, la mafia que se ha venido beneficiando de las actuaciones fraudulentas, haya sufrido el castigo que corresponde a aquellos que roban, defraudan y engañan al resto de los ciudadanos.
Por una de estas afortunadas circunstancias que, de tanto en tanto, prestigian a la profesión judicial, una juez, la señora Mercedes Alaya, entró a conocer de un asunto tan atrabiliario que, cualquier otro juez, con menos redaños, más acomodaticio y poco amigo de complicarse la vida, hubiera procurado despacharlo lo antes posible, sin entrar a averiguar más de lo que fuera imprescindible para sacarse de encima tan espinoso asunto. Pero la señora Alaya es mucho juez y se tomó en serio averiguar todo lo que se escondía detrás de lo que fueron unos ERE's, evidentemente fraudulentos y amañados, en la comunidad andaluza, demostrando que existían indicios de enriquecimiento injusto de algunos políticos y sindicalistas en detrimento de unos trabajadores que debían recibir unas prestaciones por desempleo; con la agravante de que se habían incluido, entre los beneficiarios de las ayudas estatales, a una serie de personas que nunca habían trabajado en las empresas afectadas. El asunto se complicó, la señora jueza enfermó y, cada vez, han ido apareciendo más imputados de modo que, el trabajo se fue le acumulando, no por su propia voluntad sino porque la magnitud del fraude ha adquirido proporciones gigantescas.
Se le tuvieron que ofrecer ayudas aunque, de los dos jueces que se le ofrecieron, ella tuvo que rechazar a uno que seguramente consideró que no era el más idóneo para enfrentarse a un procedimiento que distaba mucho de ser fácil. Y, entonces, al señor presidente del CGPJ y del TS se le agotó la paciencia. No, por supuesto, contra el instructor de caso Gürtel, que ya no se sabe cuantos años lleva ayudando a los socialistas a explotar este filón que han encontrado los del PSOE con el caso Bárcenas y la supuesta financiación ilegal del PP; no, señores, no ha sido al juez Ruz, de la Audiencia Nacional, a quien ha reconvenido el señor Moliner por retrasarse en la instrucción de su caso; al contrario, le dejará que siga hurgando en las finanzas del PP porque ello contribuye, si existiera una presunta infracción de la Ley de Financiación de Partidos, a poner en duda la credibilidad de las buenas artes de los populares.
Es posible que alguien poco informado, se escandalice de que algunos empresarios hayan entregado al PP cantidades para ayudarle en su propaganda electoral pero, esta persona, demostrará ser el español más ingenuo, con derecho a Premio Guines; porque, en este país, no existe persona mayor de edad que no sepa que: ni uno solo de los partidos que han gobernado la nación, incluido, como no, el PSOE, ha dejado de recibir subvenciones de aquellos a los que les interesa que estén en el poder. Lo negarán, pero mentirán. En todo caso, no han estafado a nadie ni el dinero que han recibido ha sido sustraído de los impuestos de los españoles.
Sin embargo, el caso de los ERE's andaluces si entraña un fraude. Una estafa a quienes tenían derecho a repartirse las subvenciones estatales, los verdaderos perjudicados por los ERE's en cuestión, que vieron finalizados sus contratos; un robo y malversación de caudales públicos que se destinaron a un fin distinto de aquel al que se había previsto; un abuso de cargo público por los imputados en el fraude y un enriquecimiento injusto, cometido por aquellos sindicalistas y políticos que se embolsaron, ilegítimamente, unos dineros que no les pertenecían. El señor Moliner, por el cargo que ejerce, por el interés de la Justicia y por cumplir con su deber de defender la equidad, la ética, y la recta aplicación de las leyes tenía la obligación de apoyar a la jueza Alaya en lugar de reprenderla, en lugar de amenazarla con un expediente por su retraso. En beneficio de la legalidad, debió ofrecerle toda la cooperación precisa y el total apoyo del CGPJ, algo que, al parecer, no han considerado necesario ante las evidentes trabas que, desde la Junta de Andalucía, han puesto a trasladar a la jueza los documentos que les ha ido solicitando, con la evidente intención de obstaculizar la buena marcha del proceso. Un feo asunto, cuando la Administración de Justicia está en los niveles más bajos de confianza de la ciudadanía española. O así lo veo yo, señores, desde mi atalaya de ciudadano de a pie.
Miguel Massanet Bosch
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