Aires de La Parra

La enfermedad del clientelismo (por César García Muñoz)

En sociedades con frágiles mecanismos democráticos, al individuo sin capital social no le queda más remedio que conectarse a redes de influencia buscando atajos para superar sus carencias. Y se impone la corrupción

César García Muñoz Publicado en El País, aquí)

EVA VÁZQUEZ

Si según Karl Popper una sociedad abierta se caracteriza por ser “una
asociación de individuos libres que respetan los derechos el uno del otro dentro
del marco de la mutua protección proporcionada por el Estado y que logra,
mediante la toma responsable y racional de decisiones, una vida más humana y
rica para todos”, entonces España ha fracasado estrepitosamente.

Dejando de lado lo engorroso de la definición (incluida quizá la traducción
del propio articulista), lo que ponen de manifiesto los últimos acontecimientos
de presunta corrupción que han indignado hasta el límite a la opinión pública
española (empezando con Iñaki Urdangarin, pasando por Amy Martin y Carlos Mulas
y acabando con Luis Bárcenas) es que vivimos en un coto cerrado en el que los
mayores enemigos de las sociedades abiertas, los Gobiernos, las partitocracias y
las oligarquías económicas, han sabido sacar provecho de un viejo patrón
organizativo de las sociedades mediterráneas llamado clientelismo, o caciquismo
en su versión más castiza.

El clientelismo es, no nos engañemos, una variante o sucedáneo de la
corrupción. Es una forma de organización social que se salta las fronteras
geográficas, llamado rousfeti en Grecia y de la misma forma en Italia y
Portugal, y une en un mismo destino a los países del sur de Europa y a los
latinoamericanos. La principal consecuencia que el clientelismo tiene en la vida
de los ciudadanos es que el acceso a determinados recursos es controlado por una
serie de patrones, cuya condición viene determinada por tratarse de políticos,
detentadores de poder económico o ambas cosas a la vez, que reparten dádivas a
sus clientes a cambio de su apoyo. Es un fenómeno social con raíces profundas en
nuestro país, heredado de los tiempos feudales en que una mayoría de la
población campesina dependía de los latifundistas.

La pertenencia o proximidad a un partido facilita en
España llegar a determinados puestos

La longevidad del fenómeno clientelista en una sociedad como la española solo
puede explicarse como una carencia de capital social (usando el término del
sociólogo francés Pierre Bourdieu, referido a la suma de los recursos con los
que cuenta cada individuo en virtud de sus relaciones personales) de una mayoría
de la población que carece de acceso a los centros de poder mediante un mercado
libre, unas instituciones políticas representativas o un sistema legal igual
para todos. Al individuo sin capital social no le queda más remedio que
conectarse a redes de influencia buscando un atajo que le permita saltarse las
barreras sociales. Este atajo puede consistir en entrar a formar parte de un
partido político o, si se ofrece la posibilidad, aprovechar las conexiones
familiares que uno tiene a mano.

El clientelismo, en suma, vendría a ser una respuesta a la persistencia de
tradicionales estructuras sociales jerárquicas que alienan al individuo y
caracterizan a las sociedades cerradas. Esta cruda naturaleza de las
desigualdades sociales se expresa incluso en Norteamérica, paradigma de las
sociedades abiertas, con el famoso dicho It is not what you know, it is who
you know (“No es lo que uno sabe, sino a quién conoce”) que en román
paladino vendría a equivaler que un buen enchufe vale más que una carrera.

En las sociedades regidas por una lógica clientelista los niveles de protesta
tienden a ser más bien escasos. El individuo acepta las situaciones injustas,
tiende a desconfiar del Estado y de las instituciones y a buscar la solución
individual renunciando a la lógica, la racionalidad o la aplicación de las
leyes. La lógica clientelista salpica a la sociedad en su conjunto y no
solamente a los políticos o los empresarios. De la misma forma que determinadas
empresas que querían beneficiarse de subvenciones o fondos públicos se aliaron
con uno de los “patronos”, por ejemplo Iñaki Urdangarin o Luis Bárcenas and
company, para compartir juntos el botín, el resto de los ciudadanos también
tratan de saltarse las reglas del sistema. Que tire la primera piedra, por
ejemplo, quien no ha conocido a alguien en lista de espera que, tras ponerse en
contacto con un familiar o un conocido, ha logrado ser operado antes, pasando
por encima de aquellos que se encontraban por delante de él en la misma lista
desde la absoluta comprensión de sus allegados.

Lo cierto es que la vida de las empresas y cualquier organización en nuestra
sociedad depende en gran medida de sus relaciones con el Gobierno o los partidos
políticos que han asumido muchas de las funciones de los patrones individuales
en el pasado. De hecho, los partidos políticos que, no olvidemos, se financian
en buena parte con el dinero de los ciudadanos, son la piedra angular del
clientelismo. No dejan de ser el equivalente contemporáneo, en términos de
movilidad social, de lo que era el clero y la milicia en tiempos pasados al
estar en muchos casos integrados por personas de escasa formación que ven en la
política una posibilidad de progreso social en ausencia de otro tipo de
méritos.

La pertenencia a Europa no ha significado que se impongan
sus estándares de razón y legalidad

No era este necesariamente el caso de Carlos Mulas y Irene Zoe Alameda. Muy
al contrario, ambos tienen doctorados en universidades de prestigio y son
beneficiarios directos del célebre cierre de clase weberiano, es decir, del afán
de las clases privilegiadas de subir los requisitos para poder pertenecer a
ellas que en España hoy día se traduce, debido al descrédito de la universidad
local, a que las familias pudientes manden a estudiar a sus chicos a
universidades de élite generalmente norteamericanas para seguir manteniendo las
distancias sociales. Para qué engañarse, cualquiera mínimamente versado en el
mundo académico norteamericano sabe que obtener un doctorado en una universidad
de prestigio, sobre todo si se viene del extranjero, depende tanto de los
méritos académicos como de la solvencia económica. Pero incluso teniendo en
cuenta sus favorables circunstancias de partida, Mulas y Alameda entendieron que
la pertenencia o proximidad a un partido era un camino mucho más corto de
acceder a determinados puestos adjudicados por criterios más políticos que
profesionales (como por ejemplo el de director de la sede del Instituto
Cervantes en Estocolmo o el de asesor del FMI). En lo que su caso no se
distingue en absoluto de muchos otros es en la lógica cínica (alguno de los
artículos de Amy Martin versaba sobre el hambre en Somalia) y familiarista
(enchufar a la mujer) típica de las maniobras clientelares.

La indignación creciente de la opinión pública española no es solo un suceso
puntual como respuesta a unos acontecimientos de corrupción y nepotismo que se
acumulan en tiempo de crisis acuciante. Es sobre todo una reacción de hartazgo y
de decepción ante una realidad indubitable: España sigue siendo una sociedad
cerrada y dual como siempre ha sido aunque de vez en cuando se den algunos
Antonios Alcántara (el personaje de Imanol Arias en Cuéntame lo que
pasó). Si alguna vez hubo un ascensor que permitía el ascenso (y se supone
que la caída también) social de los individuos, este se averió hace mucho
tiempo. España sigue pareciéndose al reino en el que, parafraseando a la reina
del relato Alicia en el País de las Maravillas, da igual que uno corra
lo más rápido que pueda, ya que hay muchas posibilidades de permanecer en el
mismo lugar.

El viejo sueño de que la pertenencia a Europa impondría unos estándares en
los que regiría la razón y la legalidad en nuestra sociedad parece haberse

desvanecido. Ni siquiera la dictadura de la eficacia que parecía traer aparejada
la globalización ha logrado alterar el sistema de relaciones que rige en
nuestras instituciones. Desafortunadamente, como afirma el politólogo italiano
Caciagli, el clientelismo tiene raíces profundas. Implica “un lenguaje, unos
ritos, unos valores y símbolos, pautas de comportamiento y redes de relaciones
aceptadas por una comunidad que comparte una mentalidad”. Se adapta bien a la
mentalidad posmoderna siempre en búsqueda de soluciones flexibles orientadas a
satisfacer las necesidades individuales, al declive de las ideologías, a la
fuerza de lo local y a la personalización de la política. El cerrojo está bien
echado y sus beneficiarios lo saben.

César García es profesor en la Universidad
Pública del Estado de Washington. Es autor de American psique (Editorial Lo Que
No Existe).

‘Neuropenalidad’ (por Javier Sampedro)

• El conocimiento del cerebro puede tener implicaciones penales

Javier Sampedro (Publicado en El País, aquí)

La demencia frontotemporal no es precisamente una enfermedad rara. Da cuenta
por sí sola del 20% de los casos de demencia presenil, solo por detrás en
importancia del alzhéimer. Se llama presenil porque, trágicamente, los primeros
síntomas suelen aparecer en la mediana edad, entre los 45 y los 65 años. El 57%
de los (numerosos) pacientes de demencia frontotemporal se comporta como si el
contrato social hubiera expirado. Todos los humanos tienen impulsos ocultos más
o menos conscientes, pero estos pacientes, a diferencia de los demás mortales,
parecen haber perdido la capacidad de controlarlos. Empiezan a robar en las
tiendas —sin mucho disimulo— o a saltarse los semáforos, desnudarse en público,
cantar más de lo estrictamente necesario, hurgar en la basura y otras formas de
sacar los colores a sus allegados.

“Los pacientes con demencia frontotemporal suelen acabar en los tribunales”,
explica el director del laboratorio de percepción y acción del Baylor College of
Medicine, David Eagleman, “donde sus médicos, abogados y avergonzados hijos
adultos deben explicarle al juez que el quebrantamiento de la ley no fue
exactamente culpa del infractor, que gran parte de su cerebro había degenerado y
que no hay en la actualidad medicación que lo detenga”. Eagleman dedica a la
neuropenalidad —si se puede llamar así a la neurología de la
responsabilidad penal— un capítulo de su libro recién publicado en Anagrama,
Incógnito; las vidas secretas del cerebro. Otros autores como los
filósofos Daniel Dennett y Patricia Churchland llevan tiempo reflexionando sobre
la materia.

Otro ejemplo, o fábula moral, proviene de una patología tan común como el
párkinson. Hace 10 o 12 años muchos pacientes de párkinson empezaron a tratarse
con pramipexol (o Sifrol), un potenciador de la dopamina, que es la sustancia
más afectada en esa enfermedad. Y las familias empezaron a quejarse a los
médicos por lo que veían como unos comportamientos inauditos en los pacientes.
Algunos de ellos se volvieron adictos al juego, pese a que previamente no habían
pisado un casino en su vida, y otros a la hipersexualidad, al alcoholismo, a la
comida compulsiva.

La dopamina, y los fármacos que la potencian, no solo son reguladores
centrales de la coordinación de movimientos, sino también de los circuitos del
placer: la trampa darwiniana que todos llevamos en la cabeza y que nos mueve a
respetar los dos preceptos de la evolución por encima de todas las cosas: creced
y multiplicaos; comer y copular, en la jerga.

Lo anterior se refiere a las condiciones mentales más comunes, pero también
hay historias mucho más raras, y que en ocasiones iluminan mucho más; historias
de las que se podría hacer un episodio de House o de Perry Mason. Tomen al
asesino de la Universidad de Tejas, el tipo que en 1966 la tomó a tiros con su
madre, su mujer, dos familias de turistas, peatones embarazadas y hasta el
conductor de la ambulancia que iba a recoger a algunos de los anteriores. El
propio asesino, que se llamaba Charles Whitman, dejó escrito el día antes: “A lo
mejor la investigación puede prevenir futuras tragedias de este tipo”.

Y algo de eso hubo. La autopsia reveló en el cerebro de Whitman un
glioblastoma que presionaba su amígdala (nada que ver con las amígdalas de la
garganta), la sede cerebral del miedo y de las emociones agresivas asociadas a
él. Whitman murió en el tiroteo que él mismo había provocado, pero imaginemos
que no hubiera sido así. Imaginemos que el asesino hubiera sobrevivido lo
bastante para que el doctor House le diagnosticara el glioblastoma y se lo
extirpara.

Ese nuevo Whitman, ya convertido de nuevo en un modélico boy scout, ¿tendría
la culpa de la horrenda masacre causada por su anterior encarnación? ¿Menos
culpa? ¿Ninguna?

El totalitarismo hunde la confianza de la ciudadanía en la UE (por Miguel Massanet Bosch)

 

"La tiranía totalitaria no se edifica sobre las virtudes de los totalitarios, sino sobre las faltas de los demócratas" (Albert Camus)

 

Deberíamos hacer una reflexión sobre el totalitarismo. Tradicionalmente, los regímenes de gobierno totalitarios se le vienen atribuyendo a las izquierdas, quizá porque los mejores ejemplos del despotismo de un gobernante han sido, habitualmente, atribuidos a personajes que han formado parte de la izquierda más radical y violenta, capaces de imponer su absolutismo más que con la persuasión o la confianza que pudieran ejercer sobre la ciudadanía, mediante el ejercicio de la fuerza, el terror y la opresión. El "padrecito" Stalin fue uno de estos monstruos que supo ejercer su poder omnímodo en la Rusia soviética durante años a costa de matanzas de cientos de miles de personas; otro de ellos fue el líder de los jemeres rojos Pol Pot un personaje vesánico que ejerció su dictadura en Camboya entre los años 1.975 y 1.979, al que se le atribuyen la desaparición de entre 1.500.000 y 2.000.000 de personas, víctimas de sus métodos brutales de exterminio; el tercero podría ser el líder comunista chino Mao Zedong, el inventor de la "revolución cultural" al que se le atribuyen, directa o indirectamente, el exterminio de entre 70 millones y 10 millones de personas, gracias al autoritarismo y brutalidad con los que impuso de forma sangrienta su concepto de la sociedad.

No obstante, no parece que los métodos totalitarios puedan ser descartados en regímenes conservadores, en sectores del capitalismo o en ámbitos financieros y económicos, celosos de sus privilegios que, cuando entran en colisión con los de otras naciones , estamentos o instituciones, no dudan en emplear los métodos más expeditivos, menos solidarios, más deshumanizados y menos dignos que, si no alcanzan directamente a la vida de las personas sí, en cambio, son capaces de convertirla en una verdadera tortura. Es posible que, en estos momentos, nos encontremos ante un evidente caso de totalitarismo económico; atribuible a una Europa que parece que ha sido incapaz de digerir el intento de aunar voluntades, prescindir de fronteras, hermanar a ciudadanos de distintos países, creencias, costumbres y razas, cuando ha llegado el momento de demostrar al Mundo que, el sueño de una Comunidad Europea integrada por un conjunto de naciones unidas por una sola Constitución y regida por leyes que establecieran la igualdad de derechos y obligaciones y de oportunidades de progreso, se había conseguido. No ha sido así y la llegada de la crisis se ha encargado de poner en cuarentena los sueños de aquellos que pensaron que sería fácil construir unos nuevos Estados Unidos de Europa.

El reciente ejemplo del atrabiliario rescate de Chipre, una pequeña nación que precisaba de una ayuda de 10.000 millones de euros, ha bastado para ponernos ante la evidencia de que la flexibilidad de la CE, que la independencia del Parlamento Europeo o la democracia interna dentro de este institución, no son más que una ilusión, que ha valido mientras no han existido grandes problemas pero que, al menor atisbo de una crisis o recesión, inmediatamente queda patente que, la pretendida solidaridad no es más que una filfa y que, en realidad, la imaginaria influencia del llamado Parlamento Europeo para tomar decisiones importantes y decidir por mayoría sobre las cuestiones que importan a los europeos, no es más que un espejismo que esconde el hecho irrefutable de que, dentro de la UE, existen naciones de primera y de segunda clase. De hecho existe la famosa Europa a dos velocidades, aunque ello no se haya puesto por escrito ni se haya tomado alguna decisión en este sentido.

Pero si, hasta hace poco, se han disimulado las diferencias entre pobres y ricos; si se ha pretendido hacerle creer a la clase media que dependía de ella, de sus sacrificios y de su renuncia a una vida mejor, el que Europa pudiera salir de la crisis; hemos podido comprobar, de primera mano, que todo ello no ha sido más que un engaño que se ha venido tejiendo desde que la crisis hizo acto de presencia. Tanto en el nefasto gobierno socialista del señor Rodríguez Zapatero como ahora – en que hemos podido comprobar lo que planea la UE para los ciudadanos europeos, los ciudadanos de primera y segunda clase, los que viven en países ricos y los que sufren en sus carnes la parte más dañina de la recesión – cuando estamos sufriendo directamente los efectos de las erróneas decisiones que se tomaron y nos vemos lastrados por casi seis millones de personas, sin trabajo y sin perspectivas de que, los programas de relanzamiento de la economía, sean lo eficientes que nos quieren hacer creer, para sacarnos a todos de esta situación insoportable que llevamos aguantando desde hace más de 5 años; vienen los "sabios" de Bruselas, aquellos que cobran fabulosos emolumentos para deambular por aquellas oficinas haciendo como que hacen, pretendiendo haber encontrado la piedra filosofal, para instruirnos sobre lo que van a poner en práctica para "salvarnos".

La "impactante" y "maravillosa" idea de convertir a los clientes de la entidad, que tienen su dinero en una cuenta de un banco, en una especie de "accionista" de la entidad, eso sí, sin cobrar dividendos ni otras gabelas pero, si a la entidad le van mal las cosas porque sus directivos la han gestionado mal o porque la Junta ha sido incapaz de pararles los pies; ¡ los impositores, aquellos que creyeron que en el banco su dinero estaría a salvo, aunque no bien retribuido, estarán obligados, como si formaran parte del accionariado, a aceptar una quita sobre el capital que tengan depositado, cuando éste supere los 100.000 euros! Para entendernos: usted lleva un dinero a la cuenta de su banco para no tenerlo debajo del colchón, pensando que allí estará seguro. Este dinero es el que le permite al banco sacar rendimiento prestándolo a un interés elevado o invirtiéndolo en bolsa o bonos del Estado, con lo que se aseguran un rendimiento seguro. Pero si la dirección del banco no está capacitada u obra especulativamente y no se asegura en invertir "su" dinero de una forma segura, puede ocurrir que, si el banco entra en pérdidas y precisa de un rescate, a usted el consorcio bancario le garantiza hasta 100.000 euros por entidad pero, si el banco no recibe ayuda del Fondo de Rescate Europeo, porque a la señora Merkel no le da la gana, entonces de lo que le quede le van a quitar una parte ( un 20, un 30 o un 50%) para ayudar al banco que no ha sabido defender sus imposiciones. Es decir que usted, por ser cliente del banco, asume, como los accionistas, el hecho de poder perder el dinero invertido, sin formar prte de la sociedad mercantil ¿Dónde está legislado tamaño despropósito? En parte alguna.

Un sistema capitalista de robo a mano armada. Ahora pretenden decir que ello no tendrá lugar, que se trata de un caso especial para Chipre y que, ni España ni el resto de países, se verán afectados por tal idea. No obstante, acto seguido de que se dijera esto, han vuelto a salir los niños bonitos de Bruselas para insistir en que "esta era una solución muy buena" para que el BCE o el Fondo de Rescate no se vieran afectados por las posibles quiebras bancarias. ¡Pero respiren ustedes, dicen que esta medida no se aplicaría hasta el 2018! Lo que sucede es que, tantas veces nos han mentido, tantas veces nos han dicho que al año próximo se acabará la crisis que, como toro toreado, nos hemos resabiado y ya no nos creemos una palabra de aquello que nos dicen y, menos, si son promesas de los políticos. Pero pongan atención: los políticos y bancos, como sucedió en la recesión de 1.929 en EE.UU, el desplome bancario causado por la retirada masiva de los ahorros de los ciudadanos, puede volver a ocurrir en Europa y no vayamos a creer que podrán hacernos el "corralito", para impedir que la gente recobre lo que es suyo, ¡esto se acabó! O esta es, señores, mi pesimista opinión al respecto.

Miguel Massanet Bosch

Cataluña como problema democrático (por José Tudela Aranda)

La actual legalidad se basa en los ideales de solidaridad e integración que representa Europa

José Tudela Aranda (Publicado en El País, aquí)

Poco a poco, parece extenderse la creencia de que el debate sobre el derecho a una eventual secesión de Cataluña es un debate entre legalidad y democracia. También, de alguna manera, una disputa ideológica entre, pretendidamente, fuerzas de progreso, aquellas que defienden, al menos, la posibilidad de ejercer un denominado derecho a decidir, y fuerzas conservadoras, sino directamente reaccionarias, que defienden el mantenimiento de la unidad del Estado y, en todo caso, el respeto a la legalidad. Como es natural, quienes propugnan las tesis secesionistas subrayan la plena legitimidad de su posición. Una legitimidad que, de forma más o menos expresa, se niega a la posición contraria. Contrastemos estas posiciones.

Aquellos que defienden el llamado derecho a decidir, y la independencia como eventual consecuencia, argumentan que la tesis secesionista tiene un plus de legitimidad por apoyarse en valores como la libertad, la democracia o la justicia. Legitimidad fuerte frente a una legitimidad débil. Son muchas las ideas que podrían usarse para rebatir esta posición. Baste decir que en una democracia se exigen argumentos muy poderosos para convertir en extranjero a un conciudadano. Parece cuestionable hacer elegir ciudadanía al catalán que vive en otra comunidad española y a aquel que desea seguir viviendo en Cataluña, pero no entiende de forma excluyente su condición identitaria, especialmente cuando no se da, ni remotamente, ninguno de los motivos que justifican en derecho internacional y filosofía política el ejercicio de la secesión.

Y no se dan porque el presente nivel de autogobierno garantiza de forma incuestionable el ejercicio de derechos individuales y de las expresiones culturales del ser catalán. Más aún, todo lo que se aduce como justificación de la apuesta independentista, identidad, autogobierno, financiación, tiene solución en un marco jurídico y político común. Por todo ello, puede sostenerse que defender la consecución de un marco compartido que de satisfacción a todos es más acorde con los valores que sustentan la legitimidad en una sociedad democrática que la posición contraria.

No se puede debatir sobre la celebración
de un referéndum
si no se han establecido las reglas de juego

Por otra parte, el principio democrático parece monopolizado por aquellos que defienden la independencia. La única exigencia de este principio sería la celebración de un referéndum para ejercer el derecho a decidir. Desde luego, es una parte del debate. Pero las exigencias democráticas no se limitan al hecho de votar, pues la democracia supone exigencias adicionales para los poderes públicos. Así en el supuesto que se comenta, la celebración de un referéndum, y el conjunto del debate sobre la independencia, plantean exigencias ineludibles y previas a cualquier decisión sobre una eventual votación. Entre las mismas, un funcionamiento equilibrado de los medios de comunicación públicos, la garantía de igualdad de oportunidades para todas las opiniones o, por supuesto, una información amplia y fidedigna sobre las condiciones y consecuencias de la independencia. También unos tiempos y un procedimiento que respondan perfectamente a las exigencias de un asunto de tanta trascendencia. No es posible debatir sobre la eventual celebración del referéndum si las reglas esenciales del juego no se han establecido. O, más bien, se han establecido unilateralmente.

Pero, antes de nada, se encuentra el propio respeto a la legalidad. En una sociedad democrática, la legalidad es expresión de la voluntad del pueblo y cualquier opción política, para respetar el propio principio democrático, debe encauzarse a través de la misma. En ocasiones, como es el caso, el ordenamiento no da satisfacción a una voluntad política determinada, pues la independencia de Cataluña no es posible en el presente marco jurídico, por lo que la consecución de tal objetivo obliga a reformar nuestro ordenamiento. No se trata de un mero formalismo jurídico, pues el gobierno de las leyes sigue siendo la forma más virtuosa de la democracia.

Finalmente, parece ganar posiciones la idea de que apoyar la posibilidad de la independencia de Cataluña o, al menos, ser equidistante respecto de la misma, es sinónimo de progreso mientras que la tesis contraria sería manifestación de un españolismo rancio. Semejante consideración, al menos, sorprende. En una visión conjunta del Estado, única posible desde fuera de Cataluña, identidad y financiación, principales argumentos del soberanismo, particularmente el segundo, pueden definirse como regresivos. Así, será necesario que se expliquen las consecuencias financieras sobre otras comunidades autónomas de materializarse esa independencia. O el ejemplo que se proyecta sobre el proceso de construcción europea, particularmente en el actual contexto de crisis. Renunciar a esta dimensión de la solidaridad tiene consecuencias inevitables sobre la idea y praxis de justicia.

Se ha dicho que no es posible entender España sin Cataluña. Como no es posible entender Cataluña sin España, pues no son dos realidades separadas. Es mucho más lo que une que lo que separa. Ninguna de las cuestiones que se aducen para defender el proceso de secesión son irresolubles si existe voluntad de resolverlas. Así, es plausible pensar en modelos jurídicos y políticos que encuentren acomodo en un Estado común a posibles déficits en materia identitaria y de financiación. La opción por ese Estado no se sostiene en una legalidad anacrónica. Está sostenida por la legalidad y por la legitimidad. Por el principio democrático y por una comprensión del Estado como instrumento de justicia redistributiva. Por los ideales de solidaridad e integración que representa Europa. Es el momento de convencer: desde el derecho, pero, ante todo, desde la razón.

José Tudela Aranda es letrado de las Cortes de Aragón.

Intereses de los gobernantes vs interés general

Editorial UPyD (Ver aquí)

El Banco de España ha hecho públicas unas previsiones económicas que dejan en muy mal lugar a las del Gobierno. El organismo regulador contempla un punto más de caída del PIB para 2013 de lo previsto por el Ejecutivo (1,5% frente a 0,5%). La diferencia para 2014 también es notable: un raquítico 0,6% frente al brote verde del 1,2%. En esta diferencia de cifras España se juega mucho. Para empezar, los Presupuestos Generales del Estado se elaboraron partiendo, lógicamente, de lo previsto por el Gobierno. Un punto más de contracción económica convierte en pura fantasía las ya endebles cuentas públicas.

El Banco de España prevé además que el paro alcance el 27,1% este año. Es difícil a estas alturas decir algo sobre este desastre que no suene a un lamento puramente retórico, pero lo cierto es que convierte a nuestro país en inviable. Incluso con el horizonte de que en 2014 se podría volver al crecimiento económico, el desempleo apenas descendería tres décimas. ¿Cuánto tiempo le queda a España para recuperar una tasa homologable con nuestros vecinos europeos? ¿Cuántos ciudadanos se quedarán por el camino? ¿De qué niveles de desigualdad seremos testigos? ¿Qué consecuencias sociales traerá?

Además, el supervisor bancario prevé que el déficit no baje este año del 6% y que el año que viene aún se mantenga en el 5,9%. Aparte del problema de que el déficit hay que financiarlo, también se crea la incertidumbre sobre qué ocurrirá si seguimos tan lejos de cumplir los objetivos europeos. España es un Estado de la zona euro. Renunció (en buena hora) a parte de su soberanía a cambio de grandes ventajas y de un proyecto político tan relevante como Europa. Si Bruselas insiste en ajustar más el déficit ¿en qué decidirá el Gobierno recortar? Los antecedentes no son esperanzadores.

El Gobierno vende como un éxito haber evitado el rescate completo (el del sector financiero ya tuvo lugar en 2012). La prima de riesgo, aunque sigue en unos niveles que en otro tiempo se consideraban insoportables, se ha moderado desde que el Banco Central Europeo anunció un compromiso serio con el euro. Esto ha producido una cierta ilusión de estabilidad por contraste. Parecíamos abocados al colapso y ahora simplemente tenemos una economía en coma. Pues bien, ni siquiera el colapso se ha evitado por completo. Incluso las dudosas previsiones del Gobierno arrojan una imagen desoladora; no digamos ya las del Banco de España. La incertidumbre sobre la solvencia del Estado no se ha desvanecido, y los mercados financieros podrían volver a cerrarnos la puerta.

El Gobierno tuvo la oportunidad de negociar un rescate en unas condiciones aceptables. Era evidente que los modelos griego o portugués no podían aplicarse a España. Sin embargo, Rajoy se esforzó en evitarlo, probablemente por temor a una pérdida de soberanía y a sus consecuencias electorales. Sin embargo, hace sólo dos semanas, el Parlamento Europeo aprobó que Bruselas controle con el máximo rigor (e incluso pueda vetar) los presupuestos de los países de la zona euro, y en especial de aquellos con problemas financieros. Hace años que la soberanía es compartida. Ahora, España tendrá encima a los inspectores de la UE que le dirán lo que puede y no puede hacer, pero no habrá accedido a las ventajas del rescate. Eso sí, Rajoy ha evitado el supuesto daño electoral.

Es lógico que el presidente y su partido quieran ser reelegidos, pero al Gobierno hay que exigirle soluciones reales basadas en un diagnóstico real. Lo que nos ofrece son datos maquillados (como el del déficit) y previsiones muy cuestionables. Por otro lado, la UE falla por la falta de control y transparencia (que ha denunciado el diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán). Europa debe reforzar el papel de las instituciones comunes y más democráticas (como el Parlamento Europeo) frente a aquellas en las que las decisiones se toman por negociación entre los Estados miembros. Tanto la situación española como el penoso espectáculo del rescate chipriota muestran lo que ocurre cuando priman los intereses de los políticos en el poder frente al interés general

El juego político de las varas de medir (por Miguel Massanet Bosch)

 

"Los hombres no quieren la verdad; no quieren sino que se les disfrace la mentira" L. Dumur.

 

Es posible que los ciudadanos no nos merezcamos vivir en la tierra en la que Dios permitió que naciéramos o es posible, también, que la mezcla de sangres, de las que se nutrió la raza ibérica, haya resultado un cóctel demasiado fuerte para que nuestros cuerpos y mentes sean capaces de asimilarlo sin que nos produzca determinados efectos, no sé si nocivos o meramente inquietantes, que nos induzcan a actuar de manera distinta a la de otras razas; pero lo que, sin duda, es cierto es que sí tenemos algo que nos impulsa a magnificar nuestras virtudes y a minimizar nuestros defectos haciendo, con ello, bueno aquel refrán que dice: "Vemos la paja en el ojo ajeno pero no vemos la viga en el nuestro". Sin embargo, no se puede descartar que, en esta disyunción patológica o interesada, que de todo hay en la viña del señor, no exista una parte importante de malicia o mala uva, que nos hace poner en las faltas ajenas un plus de gravedad, mala fe y malignidad cuando, por el contrario, tratamos con benevolencia, condescendencia y comprensión las nuestras.

Veamos algunos ejemplos de lo que está sucediendo estos días en nuestro propio país. Si usted repasa la información nacional se apercibirá que la gran mayoría de los medios de comunicación se esmeran en resaltar, con grandes titulares, el caso Gürtel o, el no menos popular, caso Bárcenas; sin embargo, cuando se trata de el escandaloso fraude de los ERE`s andaluces, parece que existe un pacto de no agresión al que se han apuntado la mayoría de informativos de tendencia izquierdista, para evitar que se le de la publicidad que por su magnitud, por los personajes que parecen estar implicados en dicha trama y por las cantidades que se manejan defraudadas a los obreros que debían percibirlas para ser destinadas a pagar a imaginarios beneficiarios que ni siquiera trabajaban en las empresas en los que se produjeron. El caso instruido por la jueza Mercedes Alaya, una verdadera heroína que, pese a las dificultades que debe superar, la falta de colaboración de la Junta de Andalucía y sus problemas de salud, mantiene con una tenacidad admirable el pulso a todos aquellos que intentan, por todos los medios, desacreditarla; apenas merece el comentario de algunos rotativos.

Una distinta vara de medir que, en este caso, aparte del enfoque que algunos partidos de la oposición, incluida IU (que está sosteniendo el gobierno del señor Chaves en la comunidad andaluza); claramente tendenciosos en cuanto a la forma de contemplar el tema, remando a favor de echar toda la tierra que puedan encima, para evitar el bochorno que produciría el que, la Junta de Andalucía, estuviera conchabada en el caso y pudiera acabar con la imputación de importantes directivos del PSA. Debemos denunciar a toda esta prensa y cadenas de TV que, informan segadamente, favoreciendo comentarios y tertulias que resten importancia al tema andaluz mientras, por el contrario, cargan las tintas y explotan hasta la saciedad los temas que perjudican al PP.

Otra forma de medir, especialmente preocupante, es la que se produce cuando, desde hace unos días, esta plataforma de los anti desahucios, que ha surgido en un momento crucial favorable para intentar hacer leña del Ejecutivo ( aunque es el que menos tiene que ver con el hecho de que los bancos pretendan defender sus intereses, utilizando las medidas previstas en la Ley Hipotecaria de diciembre de 1.909 que, como es sabido, fue modificada por una serie de decretos y leyes, de entre los cuales podemos destacar la que tuvo lugar por un Decreto de 15/11/2012, aprobado bajo el gobierno del PP para paliar los efectos de los desahucios) parece que se olvidaron de que, en el 2011, se batieron records, cuando los socialistas todavía estaban en el poder, alcanzando la apabullante cifra de 58.214 familias desalojadas de sus viviendas. ¿Se manifestaron los amigos de la señora Colau frente al domicilio del señor Zapatero o ante las casas de los parlamentarios del partido socialista para llamarles sinvergüenzas, asesinos o hijos de puta; al tiempo que les acosaban físicamente?, ¿ qué no? ¡Vaya, pues ya tenemos de nuevo la nueva longitud de las distintas varas de medir utilizadas para juzgar las respectivas posturas de los gobiernos socialistas y del PP!

Porque, en tanto se analiza y se pone en práctica la sentencia del Tribunal Europeo y se tramitan en las Cortes las propuestas para la redacción de una nueva Ley Hipotecaria; los únicos que hicieron algo práctico a favor de los afectados por los desahucios; han sido, precisamente, los del PP mientras que, los socialistas, pasaron olímpicamente de entrar a fondo en el problema que, igualmente, afectaba a los que sufrieron desahucios durante el año 2011. Resulta curiosa la actitud de algunos jueces que se han apresurado a tomar la delantera a los legisladores, actuando motu propio, atribuyéndose la interpretación de la norma comunitaria antes de que la ley española se haya actualizado.

Y vamos a comentar, una vez más, la necesidad de poner en vereda a la Administración de Justicia que, sea porque la Ley de Enjuiciamiento Criminal no está suficientemente al día; sea porque existe una laxitud en la aplicación de las normas o porque los hay que prefieren actuar según su criterio antes que someterse al imperio de la ley; se está produciendo el caso vergonzoso y de todo punto intolerable, ya que afecta a la seguridad de los ciudadanos, de que la laboriosa, sacrificada y eficiente labor de los cuerpos de policía para conseguir pruebas, perseguir, localizar y detener a aquellos que infringen las leyes, queda en agua de borrajas cuando, los detenidos, pasan a disposición judicial ya que, en la mayoría de los casos, los jueces vuelven a dejarlos en libertad con la consiguiente desesperación de aquellos que invirtieron meses en conseguir las pruebas para las detenciones. Y esto que les digo no son meras elucubraciones, sino el reflejo de la realidad cuando, como ha ocurrido en Catalunya, una serie de 17 personas que robaban a los joyeros por el procedimiento del butrón, fueron atentamente vigiladas, seguidas, y espiadas papa poder sorprenderlas en su delictiva ocupación. Cuando han pasado ante el juez, incluso aquellos en los que concurrían un gran número de tenciones previas, han sido puestos en libertad, algunos con cargos, a pesar de que el fiscal pedía su ingreso en prisión.

Ya pueden imaginarse la desmoralización que esta circunstancia ha producido en el gremio de joyeros, que ya están hartos de reclamar medidas para acabar con los robos que desvalijan sus joyerías, sin que, por parte de las autoridades, se haga algo para impedir su repetición. El Estado de Derecho no puede dejar de funcionar, permanecer anquilosado en leyes obsoletas y pendiente de que a alguien se le ocurra tomar la iniciativa, por mucho que existan otras preocupaciones que tienen prioridad, como pudiera ser nuestra situación económica. Es imposible que nada más funcione una parte del Ejecutivo, mientras se producen trances como el descrito, que es muy posible que sólo sean atendidos, puestos en primer plano y solucionados cuando, en alguno de estos robos, se produzca una muerte que cause la oportuna alarma social lo que, al parecer, es lo único que mueve a las autoridades a actuar.

Amenazas, insultos, violencia y violación de las leyes por parte de aquellos para quienes las leyes no cuentan y las normas de convivencia de la democracia las quieren dictar ellos. Alguien deberá de poner remedio si queremos defender lo poco que queda de nuestra democracia. O así es como veo yo, señores, el desafío de los antisistema.

Miguel Massanet Bosch

Advenedizos callejeros buscan suplantar al Estado de Derecho (por Miguel Massanet Bosch)

 

"La indigestión es la encargada de predicar la moral al estómago" Victor Hugo

 

Un fenómeno harto preocupante parece que está adquiriendo carta de naturaleza, con pretensiones de legitimidad si no de legalidad que, evidentemente, no la tiene. Al parecer, al primer conato de saltarse la ley a la torera por parte de esta llamada Plataforma de Afectados por la Hipoteca, dirigida por una activista con pretensiones de darse a conocer, una tal Ana Colau; utilizando la violencia, la coacción, la algarada callejera y los insultos, para impedir que se lleven a cabo los desahucios decretados por los tribunales; ha conseguido despertar el interés de los partidos de izquierdas, empeñados en la labor de minar la credibilidad del gobierno, presidido por el señor Rajoy; de forma que desde IU y todos los grupos de extrema izquierda hasta el propio PSOE, que no pierde ripio en cuando ve la posibilidad de clavarle algún aguijonazo al PP, parece que ven con buenos ojos que este grupo de activistas siga en su política de obstruir la labor de la Justicia y de intentar achacar al PP lo que nada tiene que ver con él, por tratarse de una actividad que pertenece a la Administración de la Justicia.

Como ya hemos comentado en otra ocasión, el problema de los desahucios y el de darle otro contenido a la actual Ley Hipotecaria no es tarea fácil, especialmente por las mil implicaciones que ello comporta respecto a los legítimos derechos de todas las partes implicadas en este tipo de contratos. El fallo del Tribunal de la Unión Europea sólo establece que, antes de llevar a cabo un desahucio, si se sospecha que pudieran existir en el contrato de hipoteca cláusulas abusivas o que vulneran los derechos del deudor, se podrá recurrir a un juez para que dictamine sobre el caso. En tal situación, quedará en suspenso la ejecución del desahucio de que se trate. Como era de suponer, la izquierda ha movido, inmediatamente, ficha lanzando las campanas al vuelo como si, el indicado Tribunal europeo, hubiera decretado la invalidación de todas las hipotecas y el derecho de todos los que las suscribieron a quedarse en la vivienda para siempre y sin pagar lo que adeudan. Sólo los interesados en crear un ambiente enrarecido; los que utilizan la demagogia para engañar a la gente (que ¡cuidado! en muchos casos están encantados de dejarse engañar) y aquellos que, apoyándolos, saben que pueden sacar beneficios electorales, dejando que cunda el mal entendido; pueden mantener semejante estupidez.

Pero en todo este tema subyace algo más que una simple reivindicación callejera; que una aparente identificación ciudadana con unos pobres viejos que van a quedar en la calle o que, una pretendida acción popular avalada por un número determinado de firmas, obligue al Parlamento a estudiarla; lo que no significa que al final sea tenida en cuenta, La frecuencia con la que, últimamente, se producen esta clase de acciones; la dispersión con la que las protestas se han extendido por el país, afectando a muchas de las ciudades mas importantes; la progresiva agresividad en las formas y la proliferación de acosos a políticos del PP, llegando a amenazarlos, entrar en sus casas, insultarles llamándoles asesinos etc., con la natural congoja de sus familiares; suponen una escalada que parece se viene extendiendo de modo que ya son muchos los fiscales y jueces que se adelantan a la nueva Ley Hipotecaria haciendo valer su interpretación de la norma europea para paralizar desahucios.

Ya se han dado casos, por parte de policías y funcionarios encargados de llevar a término la ejecución del fallo de los jueces que, incurriendo en desobediencia, se han negado a cumplir con su deber; deberemos concluir que se ha llegado a un momento en el que es preciso tomar conciencia de la situación en la que se encuentra el país y de las consecuencias que se adivinan si, el Gobierno de la nación, sigue impasible, dejando que el malestar siga su curso y que los que se van haciendo con el dominio de las calles y se constituyen en una suerte de bandidos generosos, consigan salirse con la suya prestigiándose ante los ciudadanos que contemplan, asombrados, como todo aquel que se erige en cabecilla de un grupo de antisistemas, se convierte en una especie de héroe popular.

Y esta es la misma sensación que nos produce el apaño que, el gobierno del señor Rajoy, hace con los catalanes, cediendo, una vez más, a sus peticiones y olvidándose de que siguen manteniendo lo del "derecho a decidir" y, por si fuera poco, se están creando ( con el dinero que les vamos dando el resto de españoles) una serie de departamentos encargados de llevar a la práctica las acciones precisas para reforzar las embajadas y crear las instituciones precisas para cuando consigan su ilusión de ser independientes. Lo cierto es, señores, que parece que vamos como los cangrejos caminando hacia atrás en lugar de avanzar, todos unidos, hacia adelante. Somos ya muchos los españoles que no podemos entender que se transija con tanta podredumbre; que se cometa el error de seguir subvencionando con miles de millones al separatismo catalán, sabiendo a ciencia cierta que en la primera ocasión que se les presente van a intentar lo que llevan tanto tiempo buscando: la independencia de Catalunya de España.

Cuando uno ve por la TV catalana como una chica, con aspecto de miliciana del Frente Popular, arengaba a aquellos que la escuchaban, diciendo con énfasis que nos los iban

" a parar", repitiendo una y otra vez el eslogan, en clara alusión a la lucha contra el PP y a los desahucios; los que tuvimos ocasión de vivir los años de la Guerra Civil y los de la posguerra, tenemos la sensación de escuchar a La Pasionaria repitiendo aquella célebre frase de "No pasarán", refiriéndose a las tropas nacionales que, sin embargo, y pese a la bravatas de los rojos, pasaron y llegaron al mar mientras, los derrotados, huyeron por donde pudieron.- Algunos, con barcos llenos de tesoros robados a las familias de las derechas, que se fueron a Méjico, Francia o Moscú y otros, pobres y sin avituallamiento alguno, fueron a pagar a los campos de concentración que la República francesa había habilitado cerca de la frontera con España.

Es evidente que estamos ante el peligro de que, en esta Europa desquiciada, mal dirigida y en manos de una UE falta de personas de categoría, capaces de conseguir enderezar su rumbo y actuar con serenidad, acierto y ecuanimidad; se produzca un vuelco social, impulsado por la realidad de que, a pesar de los años de crisis que ya han transcurrido desde que el señor Zapatero la negaba reiteradamente, no se ha conseguido avanzar ni un paso en cuanto a recuperar parte de la confianza de los ciudadanos en la posibilidad de una recuperación, algo que a todos se nos antoja como una utopía cuando contemplamos, entre asombrados y desilusionados, como un tema del tenor de lo que sucede en Chipre consigue poner en jaque a toda la UE y, la única solución que se les ocurre, a los del G20 y a Bruselas, es hacer cargar con las consecuencias de los errores de sus gobernantes y los incumplimientos de los consejos que se les dieron; imponiendo una tasa, que puede alcanzar el 50%, sobre los depósitos de los ciudadanos superiores a los 100.000 euros. ¡Un robo a mano armada!

Pero ¡ojo, señores!, no se confíen, porque el Eurogrupo, encantado de conocerse, ha puesto como ejemplo de su buen hacer el rescate de Chipre. La consecuencia: el IBEX25 ha bajado un 2'2% y se ha disparado la prima de riesgo. ¡Y lo que vendrá, si se sigue pensando que, la quita que se ha llevado a cabo en los bancos chipriotas, puede darse en otros países! O esta es mi apreciación, señores, de esta locura en la que vivimos.

Miguel Massanet Bosch

Los ERE y la política del 'y tú más'

Editorial UPyD (Ver aquí)

La intención de PSOE, IU y sus medios amigos es mantener el escándalo de los ERE como un caso de corrupción local, frente a Gürtel o los papeles de Bárcenas que serían gravísimos sucesos nacionales. Parece que en España el afán territorial sirve a algunos incluso para rebajar su responsabilidad en ciertos robos. Sin embargo, la gravedad de la corrupción en España sólo se contempla en su totalidad si se tienen en cuenta todos los delitos (condenados o presuntos) que se localizan a lo largo y ancho de nuestra geografía, ya sea en el nivel central de la administración (caso Campeón, por ejemplo), en el autonómico (ERE, Gürtel, ITV y un larguísimo etcétera), en el local (el caso Brugal quizás sea el más simbólico entre cientos), o bien en los partidos y sus entornos (Bárcenas, Amy Martin...).

Además de esto, el siniestro asunto de los ERE plantea la cuestión de la responsabilidad política del presidente del PSOE y de la Junta de Andalucía. Según informa hoy el diario El Mundo, José Antonio Griñán, como consejero de Economía y Hacienda, fue quien firmó el incremento del famoso 'fondo de reptiles', una partida sin control de ningún tipo que ha servido para que algunos se hagan ricos a costa del dinero público. El tamaño del fraude hace que sea inaceptable que tanto Griñán como antes Manuel Chaves no conocieran lo sucedido. Las cantidades que se manejan dejan pequeñas las de cualquier otro delito contra la Administración: de momento, se estima que se distrajeron 50 millones de euros, aunque la opacidad de las operaciones aconseja no dar por cerrada todavía la cifra. En el complejo entramado, los presuntos delincuentes han contado con la inestimable colaboración de los sindicatos UGT y CCOO. Así pues, el caso de los ERE tiene una relevancia que trasciende lo meramente autonómico. 

Para completar el cuadro, el gobierno andaluz no está formado sólo por el PSOE, sino que tiene la colaboración (complicidad) de Izquierda Unida. Esta coalición, azote puramente retórico de la injusticia, que anda metida en una campaña exigiendo la dimisión completa del Ejecutivo de Mariano Rajoy, tiene en su mano forzar al de Griñán a reconocer lo sucedido y a colaborar con la justicia. Este doble rasero es la marca de la casa del comunismo patrio, sectario hasta la médula y orgulloso de serlo, incapaz de lograr, allí donde es decisivo, reformas de calado como la de la Ley Electoral, que tanto les perjudica. Ellos también tienen sus corruptos y sus consejeros en las cajas de ahorros desvalijadas, lo que no les impide apuntarse con entusiasmo al acoso a los representantes legítimos de la ciudadanía.

Los partidos tradicionales siguen exigiendo dimisiones en todos los casos de corrupción que afectan a los demás. Por supuesto son muy libres de seguir haciéndolo, pero alguna vez deberían pararse a pensar si les sale rentable. A estas alturas, con la credibilidad por los tobillos, cada vez que alguien del PSOE aparece en los medios con aire de gravedad para denunciar la inacción del PP ante los escándalos que le abruman, está llamando la atención sobre la corrupción propia (y viceversa). El intercambio de descalificaciones resulta altamente desmoralizador para la sociedad. ¿Qué pasaría si un partido, en lugar de ofrecer ruedas de prensa acusatorias se dedicara a limpiar su casa, a investigar (de verdad) lo sucedido, a colaborar sin ambages con la justicia, a modificar sus estatutos para que los acusados no puedan ir en listas electorales? ¿Qué pasaría si se pusieran manos a la obra en las reformas legislativas que pueden servir para luchar de verdad contra la corrupción? Quizás descubrirían que los ciudadanos se lo agradecen.

El papel de la transparencia en el rescate de la democracia (por Carlos Martínez Gorriarán)

(Publicado en carlosmartinezgorriaran.net, aquí)

Quizás suene raro hablar de “rescate de la democracia”, pero cada día que pasa se trata de un rescate más urgente. La democracia podría no sobrevivir a una crisis que no sólo parece inacabable, sino que se recrudece de vez en cuando por las decisiones de instituciones que, siendo formalmente democráticas, prescinden de las reglas de la democracia a la hora de tomar decisiones. Me refiero, por ejemplo, al desgraciado y estúpido modo en que las instituciones europeas, más el FMI, han llevado el fallido rescate de Chipre.

Para la mayoría de la gente, la democracia es un do ut des. El contrato social democrático consiste en que los ciudadanos pagan sus impuestos, eligen a sus representantes y respetan las leyes (todo ello en grado variable de cumplimiento) a cambio de que el Estado garantice seguridad, prosperidad y tranquilidad. Si estas tres cosas fallan durante mucho tiempo, aparecen mesías más o menos peligrosos que se ofrecen a restaurar esa sagrada trilogía: seguridad, prosperidad y tranquilidad.

Pasó en muchos países europeos entre 1918 y 1945; en ese periodo, en Europa la democracia sólo sobrevivió, con enormes dificultades, en Gran Bretaña, Suecia, Suiza e Irlanda. Conviene recordar que la democracia es muy frágil, y que las crisis económicas y políticas prolongadas le sientan tan mal como bien a sus enemigos, algo que sin ir más lejos ya se ha ido viendo en Grecia e Italia (y en Venezuela).

Debido a su fragilidad, la democracia está condenada a reinventarse sin cesar. Por eso la breve historia de la democracia moderna es una sucesión de cambios incesantes: reformas de la constitución política, ampliación de derechos y creación de otros nuevos, invención de nuevas instituciones. El acceso a la información y la transparencia son de los últimos derechos e instituciones incorporados al elenco. Pero en España todavía no hemos aprobado siquiera una Ley de Transparencia (estamos en las primeras fases de la tramitación), mientras Ruanda estrenaba hace poco una muy avanzada. Y eso explica por otra parte la profunda institucionalización de la corrupción en nuestro sistema político: la transparencia es su antídoto.

El retraso español en política de transparencia, caso único en la Europa democrática, puede explicarse por muchas razones, desde la herencia de pactos de opacidad del régimen de la Transición (la amnesia política tendida sobre la dictadura es decididamente poco transparente) a la debilidad de una sociedad civil poco exigente. Porque la transparencia es básicamente una reclamación cívica surgida en las sociedades democráticas más maduras. Nace del principio de que toda la información que concierne a las personas, en poder de las administraciones del Estado, debe ser de libre acceso, salvo aquella, tasada, que afecte a la seguridad y al derecho a la privacidad. Y ello por dos razones: porque es una información de todos, propiedad de los ciudadanos, que el Estado sólo custodia, y porque cualquiera tiene derecho a saber en qué y cómo se gastan sus impuestos o lo que una administración guarda sobre él y sus bienes.

El concepto ha ido ampliando su radio: del derecho a saber cómo se administran los bienes públicos que salen de nuestro bolsillo, lo que implica conocer cómo se ejecuta un presupuesto, cómo se contraen deudas, cuánto se paga a los representantes públicos, que organismos reciben subvenciones públicas, etcétera, se ha pasado a considerar que el acceso a la información es un derecho básico que debería estar reconocido expresamente en la Constitución (no lo está en la española, por ejemplo), y que la política de transparencia debe ir mucho más lejos que la mera publicación pasiva, parcial y a petición, de datos en poder de la administración.

Ya se debate  si la obligación de transparencia no debe incluir no sólo ya a quienes reciben subvenciones públicas sin excepción (eso ni se discute, como aquí pretenden hacerlo PP, PSOE, CIU o PNV), sino a cualquier organismo o entidad privada cuya influencia (poder) en la economía, la seguridad o la política del país sea tanta que pueda condicionarlas. Eso significaría que también bancos y grandes empresas estratégicas -por ejemplo, las energéticas, grandes corporaciones industriales y grandes grupos de comunicación- estarían obligadas a hacer públicas informaciones que ahora se consideran privadas.

La transparencia está muy vinculada a otra institución poco desarrollada entre nosotros: la dación de cuentas. Es la cara activa de la transparencia y el gran antídoto contra la opacidad: la obligación de los cargos públicos, administraciones e instituciones políticas de dar cuenta pública de sus actos y responder a cualquier cuestión pertinente sobre los mismos.

Veamos ahora en qué modo transparencia y dación de cuentas mejoran la democracia y pueden rescatarla de sus males degenerativos. Pondré dos ejemplos: la ruina de la mayoría de las Cajas de Ahorro españolas, y el rescate de Chipre por la Trokia (UE, BCE y FMI).

La ruina de las Cajas (51% del sector financiero español) fue consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria, pero esta burbuja no se infló sola: fue cebada a conciencia por decisiones políticas y también por la credulidad de la gente (favorecida por la poca o nula crítica de la burbuja en los grandes medios de comunicación). De haber habido políticas exigentes de transparencia y dación de cuentas de los responsables de las Cajas, nombrados por partidos políticos, sindicatos y patronales, es obvio que la verdadera situación financiera de las Cajas se habría conocido mucho antes de que fuera irremediable elegir entre rescate del Estado (que ha resultado muy erróneo y dañino para el interés general) o la quiebra ordenada. Pero además se habría sabido a tiempo que los gestores de esas Cajas eran una mezcla de ineptos y saqueadores, y se podría haber desmontado a tiempo esa bomba de relojería financiera que eran esas Cajas al servicio del poder político, sindical y empresarial.

Lo mismo cabe decir del fallido y chapucero rescate de Chipre. La Unión Europea está demostrando un enorme déficit de transparencia y dación de cuentas compatible con altos niveles de exigencia en ambas cosas en algunos de sus Estados miembros. Obviamente, porque la UE no es un Estado aunque se vea obligada a tomar decisiones propias de uno. Pero lo hace con total opacidad y sin responder ante nadie, pues el Parlamento Europeo no tiene la capacidad de obligar a la Comisión a responder de sus insensateces en los rescates, ni al BCE de su política de salvación de la banca y abandono de los Estados. La consecuencia es que nos enteramos de decisiones tan graves como el rescate de Chipre cuando ya están tomadas y no pueden corregirse.

Transparencia y dación de cuentas no son la panacea, que desgraciadamente no existe. Pero sí poderosas instituciones para el desarrollo de la democracia, su mejora y la preservación de su eterno peligro, el secuestro del interés general por el de poderosos grupos de interés particular, sean partidos políticos descarriados o corruptos, o poderes financieros y económicos. Para ser eficaces y no mero papel mojado en el BOE, necesitan actuar en sinérgica combinación con una justicia independiente y con reguladores independientes con capacidad sancionadora. Y por supuesto, con ciudadanos responsables, activos y exigentes. Pero de esto último hablaremos otro día.

NO (por Rosa Díez)

Artículo publicado en el diario El Mundo el día 25 de Marzo de 2013

(Publicado en El blog de Rosa Díez, aquí)

NO es aceptable que se cambie el nombre de las cosas para enmascarar las acciones más viles y cobardes.

NO es aceptable el silencio cómplice de los que aplauden a quienes desde la tribuna de invitados del Congreso de los Diputados llamaron asesinos y ladrones a los diputados del Partido Popular.

NO es aceptable que haya medios de comunicación teorizando sobre la legitimidad o los límites del acoso a las personas, sean diputados o no.

NO es aceptable que se justifiquen actos que violan los derechos más esenciales como la libertad de expresión, el derecho a la intimidad, la inviolabilidad del domicilio o la protección de los menores.

NO es aceptable que unos ciudadanos, por muy justamente indignados que puedan estar, se crean con el derecho de sustituir a quienes han sido elegidos en las urnas y representan la soberanía nacional.

NO hay ninguna disculpa, ningún argumento, ninguna justificación para tolerar lo que está ocurriendo desde que hace unas semanas se aprobó en el Congreso de los Diputados la tramitación de una Iniciativa Legislativa Popular para reformar las normas que han permitido los desahucios domiciliarios en condiciones claramente abusivas. Toda la legitimidad, toda la razón que tuvieron quienes promovieron esa iniciativa, la perdieron el mismo día que se aprobó cuando en vez de celebrarlo decidieron insultar a quienes habían posibilitado, con su voto mayoritario, que se tramitara. Aquel día quedó patente, con su actuación en la tribuna del Congreso de los Diputados, que, al menos los que allí estaban, no querían que se tramitara la Ley.

Por eso insultaron a los diputados después de la votación, frustrados por no poder seguir intimidando y amenazando como habían hecho días antes por carta a todos los portavoces de los grupos parlamentarios. Antes de aprobarse la tramitación nos exigían el voto; después nos exigen que no cambiemos ni una sola coma de su texto… salvo que queramos arriesgarnos a ser tildados de asesinos en nuestros propios domicilios.

Nosotros NO estamos dispuestos a revivir épocas pasadas, aunque cambie el escenario y los nombres de los impulsores de tales vilezas. Hemos sufrido demasiado tiempo la perversión del lenguaje como para consentirlo y dejarnos engañar a estas alturas.

En Euskadi hemos vivido la persecución de centenares de personas en sus propios domicilios; hemos sufrido amenazas a la libertad de expresión de los representantes legítimos de los ciudadanos; hemos vivido todo tipo de coacciones a los hijos de quienes eran señalados como enemigos del pueblo. Todas esas cosas -y algunas más graves, que vinieron después- decían hacerlas «para recuperar la democracia»; a todas esas cosas las denominaron kale borroka; pero era terrorismo. A esto que algunos están haciendo ahora en nombre de los desahuciados por las hipotecas le llaman escrache; pero es acoso. Acoso cobarde, acoso vil, acoso radicalmente inaceptable.

Uno de los mayores males de nuestra democracia es la impunidad; la impunidad ante la corrupción política o económica, la gestión impropia y dolosa de los recursos públicos o la falta de transparencia en los actos de las administraciones públicas lo que nos distingue de los países en los que existe una democracia de calidad. Pero el compromiso de acabar con la impunidad no puede ser selectivo, porque entonces no habremos avanzado nada.

NO puede haber impunidad para aquellos gestores de entidades financieras que las han arruinado; ni para responsables de los organismos reguladores que no cumplieron con su obligación; ni para los políticos que los nombraron y mantuvieron mientras el desfalco se estaba consumando. Pero tampoco puede haber impunidad para quienes en nombre de una causa justa vulneran las reglas del juego democrático. Ni para ellos ni para quienes los protegen o justifican. La injusticia no se combate con más injusticia; y pocas cosas hay más injustas, más cobardes, más rastreras, que acosar a unos niños en su domicilio o en su centro escolar o de recreo. Tampoco la democracia se regenera con menos democracia; hay pocas cosas más contrarias al orden democrático que tratar de subvertirlo apropiándose de una representación que nadie te ha otorgado.

Albert Camus insistió en explicar que cuando una causa requiere de la violencia para triunfar es la propia causa la que hay que revisar. Pero por mucho que se empeñen ni siquiera estamos ante un caso similar, porque quienes están protagonizando estos actos violentos no lo hacen para garantizar que la causa justa salga adelante; su objetivo -como quedó demostrado el día que empezaron a insultar diputados una vez que estos habían votado favorablemente la toma en consideración de la Ley- es sustituir ilegítimamente a los representantes de los ciudadanos, aunque para ello tengan que violar nuestros derechos y nuestros deberes constitucionales.

Que nadie se engañe: a quienes lideran ese movimiento les importa un bledo que sus acciones pongan en riesgo el objetivo mismo de la ILP que dicen defender; el bien superior para ellos es imponer su voluntad a la de los legisladores. Pues voy a decirlo muy claro: desde Unión Progreso y Democracia no estamos dispuestos a consentirlo. El chantaje y las amenazas sólo podrán triunfar si los representantes de los ciudadanos abdicamos de nuestro deber de representarles; y nosotros no lo vamos a hacer. Nunca aceptaremos que la algarada -promovida hoy por unos y mañana por otros- sustituya al Parlamento; ni que los gritos se impongan sobre los votos; ni que la violencia sustituya al debate democrático.

Anuncio que no cederemos ni un milímetro ante el chantaje o las amenazas; que no aceptaremos jamás que la «democracia asamblearia» sustituya al voto emitido por los ciudadanos en la urna; porque de eso es de lo que estamos hablando, por mucho que haya demasiados intereses -e interesados- en hacer que parezca que se trata de otra cosa. En palabras de Primo Levi: «Nos queda una facultad y debemos defenderla con todo nuestro vigor, porque es la última: la facultad de negar nuestro consentimiento».

Nuestro partido ha aprendido a decir: NO. Quienes quieren validar métodos antidemocráticos han de saber que siempre nos tendrán enfrente; y que nadie conseguirá, nunca, que renunciaremos a defender la democracia.