Los riesgos de que situaciones difíciles, crisis económicas, inseguridad jurídica o incrementos de la pobreza lleguen a enquistarse y se conviertan en algo endémico, pueden identificarse con las posibilidades de que las armas de fuego, cargadas y amartilladas, puedan dispararse en el momento menos esperado. Estos supuestos, resultado de años de crisis, deberían hacer que los gobiernos reflexionaran muy en serio ante la predisposición innata a dejar que sea el paso del tiempo el que se encargue de resolverlos. Hace ya demasiados años que vamos arrastrando un estado de "excepción financiera y económica" que ha derivado en "social"; en los que se ha pasado de un estado de bienestar, sostenido durante muchos años, a una progresiva degradación del nivel de vida de los ciudadanos, una etapa en la que, cada vez más, se ha ido convirtiendo en más inestable la seguridad en el puesto de trabajo y en la que millones de ciudadanos se han quedado sin él y, lo que es peor, sin la esperanza de recobrarlo en un largo periodo de tiempo. Es extraordinaria la facilidad con la que, en momentos de depresión económica, de empobrecimiento de la ciudadanía o de desplome de las instituciones, el modo de pensar de los ciudadanos sufra un cambio radical; de modo que, muchos que fueron activos defensores del orden, contrarios a la violencia o simpatizantes de un determinado sistema político o de gobierno; acaben por sentirse incómodos, desprotegidos y postergados, al sentirse abandonados por aquellos en los que confiaron y que han acabado defraudándole permitiendo que, aquello que se les prometió, quede desvirtuado por una realidad completamente distinta.
Este es, sin duda, un escenario muy aproximado al que, en la actualidad, nos encontramos los ciudadanos españoles; al menos una gran parte de ellos; que fueron, precisamente, los que votaron, sin reserva alguna, al PP. No podemos negar que la herencia que dejaron los socialistas estaba cargada de explosivos de alto impacto; pero, aún así, aparte de que, en lo económico y financiero e incluso en las relaciones con nuestros socios europeos, se puede decir que se ha actuado con celeridad, a contra pelo de lo que esperaban los españoles, pero, sin lugar a dudas, en el único sentido que era posible seguir, debido a la difícil situación de nuestra deuda y la evidente degradación de la solvencia, cercana a la quiebra, de muchas de nuestras entidades bancarias. No obstante debemos admitir algunos fallos del actual ejecutivo, que ha adolecido de hermetismo informativo; de lentitud en salir al paso de algunas cuestiones que, indudablemente, han venido afectando negativamente a su imagen; de carencia de respuestas contundentes ante situaciones, como las provocadas por los nacionalismos y, curiosamente, de falta de desparpajo político, cuando tenía el apoyo de una gran mayoría, tanto en el Congreso como en el Senado. Incomprensiblemente, los del PP, han sido incapaces de utilizar tal ventaja, para solucionar, con rapidez, algunos temas polémicos que han quedado aparcados debido al complejo de inseguridad y el miedo a la reacción de determinados colectivos, que les llevaron a buscar consensos, cuando los hubieran podido solventar en menos tiempo, con la acción directa.
Quizá sea debido a esta falta de contundencia del gobierno del señor Rajoy el que, desde hace poco más de un año, cuando tomaron las riendas de la nación, parezca que se ha desatado la caja de los truenos y los partidos de la oposición, tanto de izquierdas como nacionalistas, hayan aunado sus fuerzas para desatar una campaña nacional en contra de las políticas gubernamentales y a favor de una insurrección ciudadana; que les permita alcanzar en los mítines, en las masas vociferantes y en las ocupaciones callejeras, lo que los ciudadanos les negaron en las urnas. Es obvio que, desde el mismo PSOE hasta CIU y ERC, están intentando por todos los medios de que disponen (y no son ajenos a ellos la mayoría de los medios de comunicación controlados por ellos que parecen dispuestos a utilizar su influencia sobre los ciudadanos para crear un ambiente completamente hostil al partido del Gobierno) hacer que el Gobierno del PP tire la toalla.
Y aquí, señores, hemos tenido ocasión se seguir como, desde las actitudes levantiscas de los partidos de izquierdas en el Congreso, desde las bancadas del PSOE, IU o los nacionalistas de ERC, se viene intentando inculpar al gobierno popular de muchas carencias, recortes y limitaciones sociales que, de una forma torticera y olvidándose de la más elemental ética, provenían, sin más, de los graves errores cometidos por el anterior ejecutivo del propio PSOE. Pero, donde evidentemente estos colectivos políticos vienen desarrollando con más eficacia su guerra sucia contra le legalidad es, sin duda alguna, en las calles donde, ya sea movilizando a unos sindicatos entregados al PSOE y a CC.OO; ya favoreciendo a grupos de agitadores que se han presentado como independientes ( el caso de los 15M), que vienen intentando transferir al Gobierno la responsabilidad de la crisis, que ellos fueron incapaces de atajar, valiéndose de lo que no es más que la aplicación de una Ley Hipotecaria, vigente desde hace un siglo, que dio lugar a que durante el 2011 se produjeran más de 58.000 desahucios, sin que entonces ni los socialistas ni esta agitadora profesional Anna Colau, se atrevieran a enfrentarse con el anterior gobierno.
Es preciso que, por encima de todo, se mantenga la legalidad, se eviten los chantajes, se castigue como corresponde a quienes acosan, amenazan e insultan a determinados miembros de partidos políticos y se apliquen severas sanciones económicas a aquellos que se atreven a perturbar, impunemente, el orden en las calles y la seguridad de los ciudadanos. El seguir con las políticas actuales; el intentar solucionar los problemas de orden públicos con buenas palabras y más cesiones o el buscar apaciguar a los independentistas catalanes, a cuyo frente tenemos a este sujeto que dirige ERC, el señor Junqueras, que no para de incitar a los ciudadanos de Catalunya para que exijan la independencia, utilizando para ello todos los medios que consideran les van a favorecer (incluyendo aquellos que van en contra de nuestro Estado de Derecho); no es más que cometer otro error garrafal.. Son demasiados los frentes que tiene abiertos el gobierno del señor Rajoy para que se pueda permitir volver la mirada hacia el otro lado cada vez que, un desvergonzado o un antisistema, levanta su voz para insultar a los españoles, a España y a todo lo que representa el Estado de Derecho. Las cárceles se construyen para meter en ellas a quienes no aceptan el sistema democrático que nos dimos los españoles, los que son incapaces de vivir en el país observando sus leyes o que pretenden, a través de métodos ilícitos o revolucionarios, subvertir el orden o conseguir a la fuerza lo que la Constitución les niega.
Desde que el señor Mas declaró, abiertamente, que pretendía independizar a Catalunya del resto de España; la ligera mejora que se percibía en cuanto a la confianza de los inversores en nuestra deuda y valores; el efecto favorable que las medidas del señor Rajoy venía produciendo en el resto de cancillerías europeas y una cierta mejora de la confianza de las organizaciones empresariales en cuanto a una posible tendencia positiva de la economía; se han ido desplomando, como lo hace un castillo de naipes al menor soplo de viento. El trabajo de muchos meses de negociaciones, el esfuerzo diplomático de nuestro Gobierno y el aprecio que desde Bruselas se hizo de los recortes hechos por España para ajustarse al déficit y sanear el sector bancario, parece que se ha ido al garete en un momento en el que, los acontecimientos de Chipre, vuelven a hacer que los inversores sitúen a España y a Italia en la diana de la desconfianza. O se toman medidas enérgicas para evitar que la insumisión se haga dueña de las calles o el panorama que se presenta no puede ser más ominoso. O así es, señores, como lo veo yo.
Miguel Massanet Bosch
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