El pasado día 13 la Vanguardia Dossier consagró su monografía número 47 a El mundo de la clase media, dedicado a analizar hasta qué punto hay un declive de esta clase social y si puede tener un efecto desestabilizador en las sociedades democráticas. El comentario introductorio hecho por Alex Rodríguez afirma que tanto la clase media como la democracia parecen hallarse perpetuamente amenazadas, pero es muy difícil hacerlas caer (Plattner). Las clases medias, consideradas como un baluarte contra las formas no democráticas de gobierno, no van a desaparecer (Milanovic), pero sí van a disminuir, así como su representación política, lo que va a generar una crisis de identidad en Occidente con dañinas consecuencias (Bouzou).
En esta presentación de los distintos artículos ahí agrupados, advierte la página editorial que en el orden del día de Europa hay temor a un cierto recrudecimiento de las tendencias fascistas o racistas como consecuencia de este declive social (Hassner). Hay incluso quien recuerda que la sociedad yugoslava era de clase media y se desintegró, y con ella el país (Galbraith), para alertar contra las políticas de extrema austeridad impuestas a los países del sur de Europa. Porque un sistema edificado sobre niveles excesivos de desigualdad se descompone (Lansley) y sus sociedades tienden a presentar un cuadro menos saludable (Wilkinson y Pickett). El proceso de globalización ha hecho que las desigualdades impacten en las diferentes clases sociales (Blossfeld) de manera muy distinta. Ingresos, riqueza y ocupación (Atkinson y Brandolini) de las clases medias se han visto afectados.
Al revisar el destino de la clase media, James K. Galbraith observa que la situación de la clase media, que fue la respuesta dada por los norteamericanos del siglo XX al Viejo Mundo decimonónico, se encuentra hoy amenazada, tanto en Estados Unidos como en Europa. Más que en el nivel de vida, los efectos más importantes y duraderos de la crisis están relacionados con la seguridad financiera, los servicios públicos y las perspectivas de progreso futuro. Quiere esto decir que las clases medias, esa parte de la población que está en condiciones de acceder a los bienes de consumo corrientes, no han desaparecido en Occidente ni desaparecerán. Pero disminuyen tanto en número como en representación política, lo que se traduce en una crisis de identidad con unas presumibles consecuencias nocivas.
El miércoles 20 de marzo se publicó el dato del PIB 2012 de las comunidades autónomas españolas. Castilla-La Mancha registró un testimonio demoledor: una caída del 3%, más del doble de la caída nacional (-1,4%). A juicio de CCOO CLM, el responsable de este desastre económico no es otro que el mal llamado "Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos de CLM", una hoja de ruta en donde se perfilaron fortísimos e injustos ajustes económicos y presupuestarios, materializados en el "Plan Económico y Financiero de Reequilibrio 2012-2014". "Esta y no otra es la causa del desplome de nuestro PIB", señala Juan José González1, secretario de Política Institucional y Comunicación de CCOO CLM.
"Las llamadas políticas de austeridad", añade González, "con la vista puesta en exclusiva en la consecución del objetivo del déficit, han supuesto, como ya preveía CCOO CLM, una caída brutal de la actividad económica regional, dado el peso importantísimo del sector público en la misma". En esa misma política inciden también los Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para 2013, que sostienen la senda del ajuste y la contención del déficit (0,7% del PIB). Volver a situar el déficit como único objetivo de todas las políticas es reincidir y ahondar en el error, ya que hace imposible reactivar la economía, crear empleo y garantizar los servicios públicos, que nuevamente acaban convirtiéndose en los máximos castigados por los recortes.
En estos instantes, cuando se vende como un gran logro del Gobierno Cospedal la consecución del objetivo del déficit, hay que contraponer este dato con la pérdida de riqueza que está provocando esta política, como ha puesto de manifiesto la cifra espantosa de la caída del 3% del PIB y su correlativa pérdida masiva de empleos - incitada además por la Reforma Laboral de Rajoy-; hasta situar el paro en Castilla-La Mancha en un insoportable 30,02 %, muy cerca de las 300.000 personas.
Todo esto deriva en una pérdida de poder adquisitivo de los hogares castellano-manchegos, que se hacen más pobres. El Informe 2013 de la Fundación FOESSA, que se presentó en Madrid el 20 de marzo también bajo el título "Desigualdad y derechos sociales Análisis y perspectivas", muestra de manera contundente la dimensión de los efectos sociales de la crisis en las personas más pobres. Los datos de dicho informe indican que ese proceso de empobrecimiento se ha profundizado en extensión e intensidad a lo largo de 2012. Sin embargo, el hecho más destacado es, como ha alertado el Secretario General de Cáritas Española Sebastián Mora, "el incremento severo de la desigualdad social que nos muestra una sociedad fracturada".
"La fractura social –ha asegurado el secretario general de Cáritas durante la presentación del Informe– se ha instalado entre nosotros y con el tiempo cada vez será más difícil que las personas empobrecidas puedan salir de la exclusión". Es más, este "incremento de la desigualdad ha venido acompañado de una disminución de los recursos de protección social pública en su vertiente redistributiva y asistencial".
La brecha que se ha abierto entre las personas empobrecidas y las personas con más posibilidades de acceso a bienes y servicios es alarmante. Según datos del Informe, que ha detallado el coordinador del Equipo de Estudios de Cáritas, Francisco Lorenzo, los ingresos medios de las personas más ricas de España es siete veces superior al nivel medio de ingresos de quienes tienen menos rentas. Y desde el comienzo de la crisis, esta diferencia se ha incrementado en un 30%.
Para los autores del Informe, el rasgo más preocupante de la evolución de la renta en la crisis es el aumento sin precedentes de la desigualdad en su distribución, ya que desde 2006 los ingresos de la población con rentas más bajas han caído cerca de un 5% en términos reales cada año, mientras que el crecimiento correspondiente a los hogares más ricos ha sido el mayor de toda la población.
La destrucción de empleo y la moderación salarial han sido determinantes en la reducción del nivel de renta de los hogares españoles, a lo que cabe sumar el efecto negativo sobre la renta disponible que han tenido tanto algunos de los cambios en las prestaciones sociales (reducción de las cuantías de la prestación contributiva de desempleo) como las mayores exigencias para percibir el subsidio y el aumento de algunos impuestos (incremento de los tipos marginales del IRPF y de los tipos del IVA).
Todo ello explica que los indicadores de desigualdad en España arroje los niveles más altos de la Unión Europea. Y de cara al futuro, alerta Francisco Lorenzo, "existe un riesgo notable de que el ensanchamiento de las diferencias de renta entre los hogares españoles se enquiste en la estructura social". En su opinión, "procesos de dualización social como este conllevan riesgo real de ruptura, lo que significa que el no dotarnos de los mecanismos redistributivos necesarios supone empujarnos a la fragmentación social".
Los datos del Informe FOESSA indican que asistimos a un proceso de empobrecimiento que eclipsa a los más pobres. Como ha denunciado Sebastián Mora, "se está dando una especie de invisibilización de la pobreza y de la exclusión severa por saturación y extensión de la pobreza. La pobreza severa se ha incrementado de manera importante y esto nos habla de personas más allá de las fronteras de la dignidad. Estamos borrando las fronteras de la dignidad humana en este contexto social que vivimos, una sociedad disfuncional a la que ha cooperado Castilla-La Mancha de manera notable, con Cospedal y su Gobierno. De hecho, si volvemos a los análisis de El mundo de la clase media, la desigualdad causa divisiones y desgasta a la sociedad; los datos demuestran, como indican Richard Wilkinson y Kate Pickett, que donde las diferencias entre ricos y pobres es menor, la vida social es más intensa, la gente es más solidaria, hay menos violencia y la esperanza de vida es mayor. Obviamente, la política de Cospedal y su gente nos lleva a la esquina opuesta, como bien demuestran los miedos que le conducen a la presidenta a salir densamente protegida por las fuerzas de seguridad, ante los temores a insultos e incluso agresiones que desconfía obtener del pueblo castellano-manchego.
Por supuesto, la política "impopular" del PP está necesitada de amplios cambios, que dinamice la vida económica, política y social de nuestra región. Cabe hablar de un equilibrio entre el crecimiento y la redistribución social, que evidentemente plantea un problema: una política sostenible de redistribución requiere un crecimiento económico a largo plazo netamente positivo, que no es el caso de la mayoría de países desarrollados y pone en evidencia la caída del PIB atrás indicada. Al contrario, la vía obsesiva de Cospedal y sus acompañantes por la inercia privatizadora (encerrada en el teatro endeble del emprendimiento) no funcionará si las clases medias no se ven compensadas por su trabajo y su moderación. Además, los efectos pueden ser muy negativos si se relajan sus valores morales. De ahí que podamos concluir ahora con Nicolas Bouzou aconsejando al carro popular, dadas las cifras entregadas, que el punto fundamental de su política necesita un viraje directo y expeditivo: "en una sociedad que se casa con una especie de reloj de arena, la política pública debe fijarse dos objetivos: asegurarse de que la parte superior del reloj de arena sea más ancha que la parte inferior y de que quienes se hallan en la parte inferior del reloj de arena tengan oportunidades de llegar a la cima. Se puede defender una sociedad más desigual, claro está, pero no podría defenderse ni justificarse una sociedad más desigual con situaciones presas de la parálisis". Para esto debe cambiar el Gobierno de Castilla-La Mancha, prácticamente todos los miembros actuales, lo mismo que un amplio conjunto de directores generales –más técnicos, perspicaces y con mayor formación política-, del que no puede olvidar la salida del director general de la Función Pública y Justicia.
Juan Andrés Buedo
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