Aires de La Parra

¿Tibieza, prudencia o temor a equivocarse? ¡Nada de eso nos vale! (por Miguel Massanet Bosch)

 

El comediógrafo latino Titus Maccius Plautus (254 a.C.-184 a.C.) en su Pseudolus hizo el siguiente comentario que nos va a servir para iniciar este comentario: "Sería una estulticia encomendar una gran hazaña a un hombre tímido, pues todas las cosas tienen la talla de quien las hace". En más de una ocasión nos hemos lamentado de que un hombre como Rajoy que, sin duda, tiene grandes cualidades para gobernar, sin embargo se muestre tan excesivamente prudente, tan remiso a tomar decisiones importantes cuando la ocasión lo demande y tan pusilánime cuando la inmediatez del estímulo o la imposibilidad de demorar la respuesta, le pone en la tesitura de tener que improvisar. Él necesita meditar las cosas, darles largas, asegurarse de que ha analizado punto por punto los pros y contras de la decisión que va a tomar, antes de decidirse a tomarla. Claro que, por desgracia, existen momentos en la vida política en los que no se dispone del tiempo para retrasar la respuesta; que debe acudirse a la rapidez de reflejos y, como se dice, coger al toro por los cuernos antes de que, una dilación en parar la embestida, pueda llegar tarde para evitar que nos los clave en pleno pecho.

Sabemos que, en estos momentos, los populares no están en su mejor momento; que el caso Bárcenas los ha cogido a contrapié y que, a los ministros, nos les da tiempo para intentar achicar la marea de críticas que les llueven de la oposición. Tampoco es que no hayan dispuesto de la oportunidad, desde que se destapó este desagradable asunto, para hacer lo que ahora, a toda prisa, dice la señora Santamaría que va a hacer su partido, al que van a someter a dos auditorías, una externa y otra interna, para sacar a la luz todas las posible irregularidades que pudieran existir en su financiación. Ni que decir tiene que suena a una puerilidad el lanzar una proclama para promover una campaña de todos los partidos del arco parlamentario para luchar contra la corrupción; cuando se ha venido demostrando que, al menos los más importantes, están emponzoñados por este virus que tanto afecta de los políticos, que los lleva a echar mano del dinero de los contribuyentes para destinos que nada tienen que ver con el uso que se les debiera dar.

Y es que, al parecer, no existe unanimidad dentro del PP, me refiero a su dirección, en cuanto al enfoque que se le debe dar al "problema catalán" que, salvo para don Felipe de Borbón, desde su padre, el Rey, hasta el último español lo consideran uno de los mayores con los que se ha de enfrentar el Estado español. Si hasta ahora se ha venido confiando, por una parte del Ejecutivo, en la mediación del señor Durán Lleida para actuar de enlace con el bloque más radical del independentismo catalán, pensando que actuaría de freno a sus aspiraciones separatistas; la última votación del Parlamento catalán ha dejado claro que, cuando llega el momento de la verdad, el siempre inestable líder de Unió Democrática de Catalunya les ha fallado. Una persona que ha empezado a ser cuestionada desde que el caso Pallarols les ha explotado en la cara y ha demostrado la falta de fiabilidad de sus promesas al no cumplir con su promesa de dimitir si se demostraba la financiación ilegal de su formación; algo que acaba de hacer la Audiencia cuando ha declarado demostrado que, parte de los fondos del caso Pallarols, sirvieron para pagar las nóminas del personal de UDC, otra para adquirir materiales de oficina y mobiliario y también hubo cantidades de las que se aprovecharon terceras personas que no han sido enjuiciadas.

Comprobado que la solución de Joseph A. Durán ha dejado de ser efectiva y visto que lo peor que podía pasar en Catalunya ha tenido lugar cuando los separatistas, con mayoría en el Parlament, consiguieron aprobar un texto en el que declaraba a Catalunya un "ente jurídico soberano con facultades para decidir", es cuando en el seno del PP han empezado a surgir las disputas internas referentes a cuál ha de ser la postura del Gobierno ante la abierta postura levantisca del gobierno de la Generalitat. Como siempre, la pretensión de buscarle los tres pies al gato a la Constitución española; este emperramiento en pretender sacar conclusiones complicadas o interpretaciones sesgadas de los artículos constitucionales, les impide ver con claridad lo que en el texto de la Carta Magna parece quedar meridianamente claro-. No sabemos si para ganar tiempo o si, porque tienen miedo de un TC politizado, que ya ha dado muestras de interpretar la Constitución según sea el humor de sus magistrados o si la mayoría es de izquierdas (como ahora parece ser) o de derechas; prescindiendo de la verdadera intención de los legisladores que, como no podía ser menos, se desprende claramente de la lectura del texto constitucional.

El hecho concreto, señores, es que el acuerdo tomado por el Parlament catalán no ha sido una sorpresa, sino que era algo que ya se venía anunciando desde hace meses, desde el famoso 11 de septiembre, en el que la manifestación multitudinaria celebrada en Barcelona les sirvió de excusa, a los partidos catalanistas, para exigir un trato especial desde España que se concretó en la petición de un acuerdo fiscal específico amenazando que, en caso contrario, se acudiría a la decisión, votada por el pueblo catalán, de la separación de Catalunya de España. No cabe la menor duda de que, el Gobierno de la nación, ha tenido tiempo de sobras para hacer un estudio exhaustivo de la situación, una consulta al Consejo de Estado y, con mayor motivo, a esta medida a la que acaban de acudir, de solicitar un informe jurídico de la abogacía del Estado.

La impresión que tenemos los ciudadanos de a pie es que, el señor Rajoy y su gobierno, no tienen clara cual debe ser su postura ante el descarado desafío catalán. El hecho de que el señor Presidente del gobierno se ausente en viajes protocolarios por estos mundos de Dios, cuando tanta falta hace en España, la poco entendible circunstancia de que, medidas de gran calado para la economía española, las tenga que comunicar en una entrevista con el presidente de Ecuador o en un encuentro con el embajador alemán; nos produce la sensación de que se encuentra más cómodo fuera de España que teniendo que enfrentarse, cara a cara, con los gravísimos problemas que nos están afectando de lleno.

El caso catalán ya debiera de haber sido objeto de un pleno extraordinario en el Parlamento, para que la representación de la voluntad popular se manifestara y dejara constancia, ante todos los españoles, del rechazo unánime a estos juegos ilegales de los mandatarios autonómicos de Catalunya. No se entiende que, a estas alturas, todavía se esté tratando el tema desde los intereses políticos de los distintos partidos del arco parlamentario cuando de lo que se trata es de si se hace cumplir la constitución, con el apoyo de todos o si lo que buscan algunos partidos es, aprovechando las aguas revueltas del separatismo catalán, sacar beneficios políticos de esta inquietante situación por la que pasa el reino de España.

Como suele ocurrir, quienes sacan más provecho de que, las medidas que pudiera poner en marcha el Gobierno, se vayan aplazando y de que el tiempo vaya permitiendo que la convicción de que van a conseguir su objetivo se vaya reafirmando en todos aquellos que piensan en que la independencia es un hecho, son los nacionalistas. Somos muchos los que recelamos de estas políticas de "diálogo" y "paciencia", cuando se trata de un tema del que no hay nada que hablar y sí cumplir con el mandato constitucional. O así es, señores, lo que opino yo.

Miguel Massanet Bosch

La reforma acelera la caída del empleo (por Manuel V. Gómez)

• La recesión actual es más dañina para el mercado laboral que la de 2009
• El año pasado, por cada punto perdido de PIB se destruyeron 531.000 trabajos

Manuel V. Gómez Madrid (Publicado en El País, aquí)

Cola en una oficina de Empleo, en Madrid. / SAMUEL SÁNCHEZ

Ninguna reforma del mercado de trabajo crea empleo en plena recesión. Este
axioma se comparte en todo el orbe laboral. En cambio, sí se le exige a una
norma de ese calibre que frene la caída. Eso buscaba la promulgada en febrero de
2012. Casi 12 meses después, se concluye que no lo ha logrado. El paro ha pasado
del 22,8% al 26%. Incluso cuando se compara lo sucedido durante el último año
con lo que pasó en 2009, otro año nefasto para el empleo como consecuencia de
una recesión, se observa que el desplome se ha acelerado. Y esto sucede en un
mercado laboral que no ha dejado de caer en el último lustro.

Hace cuatro años se trituraron 1,2 millones de empleos, en 2012 han sido
850.000. En cambio, mientras en 2009 la economía española cayó a una media del
3,7%, el año pasado lo hizo al 1,3%. Lo mismo sucede si el foco se centra solo
en los asalariados, el colectivo al que afecta la reforma laboral: en el peor
trimestre de la Gran Recesión la caída llegó a 406.000 empleos por cada punto
que se perdía de PIB; ahora, en el trimestre menos malo el trompazo ha sido de
531.000 por punto de PIB. La diferencia se agudiza cuando la comparación se
realiza teniendo en cuenta solo a los asalariados que tienen trabajo fijo.

"Estos cambios tienen que hacerse cuando hay crecimiento",
recalca el profesor Dolado

La reforma laboral tenía por misión corregir un mal endémico de España: la
gran cantidad de empleo que destruye cada vez que llega una recesión. Para eso
facilitó a las empresas bajadas de sueldo unilaterales, traslados o reducciones
de jornada. Se pretendía que esa, la llamada flexibilidad interna, fuera la
primera opción ante los problemas económicos. Pero en la misma ley se facilitó y
abarató el despido. “Este tipo de reformas tienen que hacerse en época de
crecimiento. Entonces se crea empleo. Ahora su efecto inmediato es más
destrucción, aunque a medio plazo tendrá efectos positivos”, analiza Juan José
Dolado, profesor de Economía de la Universidad Carlos III, partidario de
profundos cambios en la legislación laboral.

“Puedo estar de acuerdo con algunos elementos de la reforma, pero desde luego
no con el momento en que se aplicó”, añade Jesús Cruz Villalón, catedrático de
Derecho Laboral. “Las reformas laborales tienen que acompañar al ciclo económico
y puede hacer más suave o más intensa la destrucción de empleo. Y esta la ha
hecho más intensa”, añade.

Menos temporales

La temporalidad ha caído al 23% del empleo asalariado en 2012, un dato
históricamente bajo. La reforma quiso atajar “el cáncer del mercado laboral
español”, como define el profesor Dolado el gran peso de los contratos
temporales en España. Pero esta caída no ha llegado por la acción legislativa,
sino por la destrucción de empleo.

La no renovación de contratos fue la vía por la que se evaporaron casi medio
millón de empleos en 2012, no el nuevo contrato creado en la reforma que permite
despedir sin indemnización durante el primer año. Esa figura no ha supuesto un
repunte en la contratación indefinida, que cayó un 2,2%. Solo sustituyó a otras
figuras existentes, explica el laboralista Cruz Villalón.

Las recetas para acabar con esta enfermedad varían mucho según el médico.
Dolado defiende que se imponga un contrato único sin distinción entre fijos y
temporales que tenga una indemnización creciente que, según sus estudios,
hubiera evitado el 40% del desempleo durante esta crisis. Miguel Ángel García,
de CC OO, defiende que la solución no está en los cambios normativos, sino en el
control de los abusos en la utilización de los contratos temporales.

Para Santiago Soler, de Adecco, falta protagonismo de las empresas de trabajo
temporal. “Puede parecer una paradoja, pero en los países de Europa donde más
presencia tienen las empresas de trabajo temporal (ETT), menos temporalidad hay.
Deberíamos poder hacer contratos de formación o recurrir el nuevo cuando nuestro
cliente sea una pyme”, expone. Otra queja de Soler está en la falta de
desarrollo de las políticas activas. Está satisfecho con que la reforma haya
permitido a las ETT intermediar en el mercado laboral, “pero todavía no se ha
firmado ni un acuerdo de colaboración con autonomías o con Empleo. Falta acción,
no otra reforma”.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, discrepa. El viernes opuso que “estaba
comenzando a frenarse la destrucción de empleo”. Recurrió a varios datos, entre
ellos el paro registrado, una estadística administrativa de mucho menos valor
científico que la encuesta de población activa, advierten los economistas. Es
cierto que el trimestre más dañino para el empleo medido en relación a la marcha
de la economía es el primero de 2012, un periodo en el que la reforma acaba de
echar a andar y sus efectos apenas se notan. Pero también es verdad que cada uno
de los tres trimestresposteriores es peor que cualquiera de la Gran Recesión,
sea cual sea el criterio que se use: ocupación total, población asalariada,
trabajadores fijos o empleados públicos.

“Los datos son tozudos. La reforma está produciendo efectos en otros
aspectos, pero no en el empleo. Buscaba que la flexibilidad interna sea una
alternativa, pero es cierto que esto todavía no llega”, admite el secretario
general de Adecco, Santiago Soler, cuya opinión conjunta de la reforma es
positiva.

La visión se endurece cuando se le pregunta a Antonio González, miembro de
Economistas frente a la crisis. “La aceleración no tiene que ver con el PIB,
sino con otra cosa. ¿Con qué? Con la reforma laboral, con el cambio normativo.
Es la única novedad respecto a 2009”, analiza el ex jefe de gabinete de
Valeriano Gómez, último ministro de Trabajo socialista. González expone un
cálculo muy preocupante: la destrucción de empleo sin tener en cuenta la
construcción crece trimestre a trimestre, sobre todo en los últimos meses.

Cuesta entender la dimensión de la destrucción de empleo si se tiene en
cuenta que la alternativa de la flexibilidad interna sí que está funcionando.
Los salarios en convenios se están conteniendo, muchos despidos colectivos van
acompañados de reducciones de sueldo para los que no pierden su empleo y los
descuelgues de convenios se han multiplicado. Y los precios suben al 2,9%.

Pese a la reforma, o gracias a ella, en esta recesión se está dando el ajuste
laboral por una doble vía: destrucción de puestos de trabajo y contención
salarial. “La flexibilidad interna no está siendo alternativa al despido. La
moderación no se debe a la reforma. Ya en 2010 y 2011 hay moderación de costes
laborales. Y ahora la destrucción de empleo por cada punto de PIB ha sido el
doble que en 2009”, expone Miguel Ángel García, jefe del gabinete de estudios de
CC OO.

Ahora, el ajuste laboral combina despidos masivos con
descensos de salarios

En contra de esto, Báñez recurrió el viernes a las estadísticas de
regulaciones de empleo y descuelgues de convenio para decir que solo en el 16%
de las medidas colectivas de ajuste que se aplican en las empresas se recurre al
despido. Pero este es un dato muy parcial y, en consecuencia, muy distorsionado.
El grueso de las rescisiones de contrato en España llega por la vía individual,
el 88% del total.

En línea con la postura de Báñez, está Salvador del Rey, abogado laboralista
de Cuatrecasas: “Mi experiencia me dice que la caída se debe al contexto
económico. No hay evidencias de que se haya abaratado o facilitado el despido
con las sentencias dictadas [en referencia a la veintena larga de sentencias de
nulidad o improcedencia de otros tantos despidos colectivos]. Lo que veo es que
en las regulaciones que se destruyen puestos de trabajo si no hubiera bajadas de
salario, habría más rescisiones”.

No obstante, Del Rey, también catedrático de Derecho Laboral, advierte de que
sus observaciones se circunscriben al ámbito privado, y admite que en el público
sí que se destruye mucho empleo y eso lo facilitó el Gobierno con el decreto de
febrero. “La reforma da seguridad jurídica a los ERE en la Administración, eso
es así”.

Los secretos de Bárcenas acosan al PP (por J. M. Romero y F. Mercado)

• El extesorero guarda documentación de la financiación irregular del partido, de las donaciones que sirvieron para abonar sobresueldos y de otras anomalías

José Manuel Romero / Francisco Mercado Madrid (Publicado en El País, aquí)

ampliar foto

Una financiación bajo sospecha En el sumario del ‘caso
Gürtel’ figura documentación que obra en poder del PP sobre donaciones a su
fundación madrileña que acabaron supuestamente financiando actos electorales,
algo prohibido por ley.

El sábado 4 de julio de 2009, el senador por
Cantabria Luis Bárcenas, tesorero nacional del PP, inicia su
particular huida hacia delante ante un futuro cargado de incertidumbres. Está a
un paso de ser imputado en el Tribunal
Supremo por supuesto delito fiscal y cohecho en relación con el
caso Gürtel,una trama de corrupción masiva vinculada a la formación
conservadora.

Ese sábado de julio, Bárcenas entra en la sede vacía del PP, sube a su
despacho, recoge nueve cajas de documentación y se las lleva a su casa, situada
a escasos diez minutos en coche de Génova 13.

Está muy preocupado. Las sospechas de corrupción le persiguen desde que hace cinco
meses el juez Baltasar Garzón desarticulase una extensa trama de corrupción
ligada a administraciones gobernadas por el PP. Gerente del partido durante 18
años y tesorero nacional desde julio de 2008 por decisión de Mariano Rajoy,
Bárcenas teme el desenlace de la causa abierta en el Supremo y prepara las armas
para su defensa.

Manejo una información delicada

Aquel mes de julio de 2009, cinco meses después de que estallara el caso
Gürtel, la investigación judicial ya acumulaba numerosos indicios
de corrupción contra dos decenas de altos cargos del PP (alcaldes,
concejales, diputados y consejeros autonómicos principalmente).

Muchos de ellos dejan sus puestos bien remunerados ante las evidencias de
corrupción que han salido a la luz; otros, que se resisten a dimitir, acaban
renunciando forzados por la dirección del partido.

Pero Bárcenas aguanta pese a ser la persona que, según la policía y la
Fiscalía, se oculta en la contabilidad de la trama corrupta bajo las siglas “L.
B.”, “L. B. G.” o la denominación “Luis el cabrón”. El tesorero habría recibido
cientos de miles de euros en comisiones ilegales a cambio de supuestos
favores.

He cubierto las espaldas a mucha gente durante

estos años

Mariano Rajoy
protege de momento al hombre de las finanzas del partido, defiende su
inocencia y expresa públicamente su confianza en él. Pero no es suficiente

Pese a este apoyo del jefe, el tesorero, guardián de los secretos de 20 años
de historia del PP, está molesto con la dirección de su partido y se lo cuenta a
los compañeros con los que tiene más confianza: “Me tratan mucho
peor que a [FRANCISCO] Camps, [presidente de la Comunidad Valenciana
imputado en la causa] y debería ser al revés, porque yo manejo una información
delicada que Camps nunca tendrá y he cubierto las espaldas a mucha gente en
estos años”.

La frase, que recuerdan algunos dirigentes consultados por este periódico,
envuelve una amenaza. Las nueve cajas con documentación que ha sacado con sigilo
de Génova 13 guardan las claves de esa amenaza.

Hay decenas de cheques por menos de 3.000 euros para no
rendir cuentas

El 23 de julio de 2009, Bárcenas entra a declarar en el Supremo, dos meses
después de que lo hiciera Camps ante el Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana. A Camps le acompañaron numerosos dirigentes del PP para
pasar el mal trago; a Luis Bárcenas le acompaña solo su sombra. Se siente solo,
otra vez.

Unos días después de la declaración en el Supremo, Bárcenas deja su cargo de
tesorero y se va de vacaciones. La ruptura con el partido en el que ha trabajado
sus últimos 20 años acaba de comenzar.

Pasan ocho meses hasta que Bárcenas pide, en abril de 2010, la
baja temporal de militancia en el PP y deja su escaño en el Senado. Cuenta
que ahora ya puede dedicarse en exclusiva a su defensa. Antes, el partido le
pagaba la minuta de su abogado, el prestigioso Miguel Bajo. Ahora también debe
asumir ese gasto. Ha pasado de cobrar 200.000 euros al año a quedarse sin sueldo
fijo, pendiente de sus negocios.

Rajoy gana las elecciones pero a Bárcenas se le complica
el proceso

La investigación judicial sigue su curso y descubre nuevos indicios contra el
extesorero popular: un crédito sospechoso para comprar obras de arte que él atribuye a
un préstamo que hace a su amigo Rosendo Naseiro; notas en la documentación
incautada a la trama corrupta que le involucran en delitos de blanqueo de
capitales y una carga más que le obsesiona: su mujer, sin ingresos conocidos,
está imputada por ingresar 500.000 euros en billetes de 500 euros en una
sucursal bancaria en el año 2006.

Acorralado por las pruebas, el extesorero intenta escapar; sigue disponiendo
de secretaria y coche, que pone el PP a su disposición pese a que ya no milita
en el partido. Entra y sale de Génova 13 como si mantuviera el mismo poder de
antaño. Maneja documentos que guarda en la sala Andalucía, un espacio que el
partido ha puesto a su disposición en exclusiva.

Son tiempos de tensión y nervios para Bárcenas, quien muestra a sus amigos
documentación que acredita prácticas poco éticas de dirigentes del PP, que
utilizan supuestamente el partido para lucrarse con sus negocios privados;
enseña algunos papeles para probar que organizaciones de su propio partido de
distintos territorios utilizan de manera indebida el dinero que reciben de
donaciones de empresarios muy conocidos.

ampliar foto

El PP es un partido afortunado, recauda diez veces más donaciones
que el PSOE, incluso en los tiempos en que los socialistas están en el
Gobierno. Y sobre todas esas operaciones tiene un control absoluto Bárcenas, que
es la memoria viva de las finanzas del PP y ahora ha decidido recordar que, en
esos años, algunas cuentas no estuvieron del todo claras.

Por aquellas fechas, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid investiga una
práctica ilegal: el PP de Madrid tiene una fundación para estudios que recibe donaciones
anónimas de muchos empresarios conocidos, entre ellos el expresidente de la
CEOE, Gerardo Díaz Ferrán. Esas donaciones acabarán pagando actos
electorales de Esperanza Aguirre organizados por la trama Gürtel, que ha
recogido en su contabilidad todas las incidencias.

Los documentos que obran en la causa judicial acreditan esa supuesta
financiación ilegal; Bárcenas también tiene esos papeles y lo sabe. Pero la
fiscalía considera prescritos los delitos, cometidos supuestamente en 2003, y no
avanza en la investigación.

ampliar foto

Hay otros documentos de la contabilidad regional del PP donde se apunta el pago de actos electorales con fondos de la
fundación FAES, una práctica supuestamente irregular.

Y una causa mayor abierta en la Comunidad Valenciana por financiación ilegal,
en la que están imputados los jefes de la red Gürtel, parte de la cúpula del PP
en esa autonomía y empresarios que pagaron grandes cantidades. En ese litigio,
los valencianos intentan involucrar a Bárcenas y este se queja amargamente de
que le involucren en maniobras ilegales que no le corresponden.

Hay fotocopias que circulan por el partido de decenas de cheques al portador
firmados por un gran empresario por cantidades inferiores a 3.000 euros, que
alguna organización territorial del PP ingresó en sus cuentas, sin declarar como
donación al Tribunal de Cuentas porque no superaba las cantidades previstas
legalmente.

Son meses en los que el extesorero, según dirigentes consultados por este
periódico, cuenta también a algunos de sus compañeros cómo una parte del dinero
que recibían de donaciones anónimas se empleaba en pagar sobresueldos opacos a
los principales cargos del partido sin que tributaran por esos ingresos a
Hacienda al considerarlos gastos de representación.

Por si alguien tiene dudas sobre estas prácticas, Bárcenas recalca a sus
compañeros que existen documentos que lo prueban.

ampliar foto

La investigación judicial avanza lentamente en 2011 y el caso Gürtel
ya no monopoliza las portadas de los periódicos ni las noticias en televisión.
La corrupción no parece restar votos al PP, que se impone por amplio margen en
las encuestas mientras se desangra el PSOE a la misma velocidad que aumenta el
número de parados en España. El
presidente José Luis Rodríguez Zapatero convoca elecciones anticipadas para
noviembre.

En aquellos meses, el caso Bárcenas entra en una nueva dimensión. El
juez que instruye la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid
resuelve, en una de sus últimas decisiones antes de que el caso regrese a la
Audiencia Nacional, que los indicios contra Bárcenas no son suficientes y
decreta el archivo, pese a que aún no ha recibido el resultado de las
investigaciones abiertas en países extranjeros, entre ellos Suiza, para
determinar si el extesorero oculta fondos en paraísos fiscales.

En septiembre de 2011, Bárcenas respira aliviado por primera vez en 30 meses,
e imagina un horizonte despejado porque, con su causa archivada, el PP va a
recuperar el Gobierno de la nación.

Rajoy gana las elecciones generales de noviembre con mayoría absoluta, pero a
Bárcenas, al contrario de lo que pensaba, se le complica su situación
judicial.

La
Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado han recurrido el auto de
archivo del juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La Audiencia
Nacional les da la razón y Bárcenas regresa a su pesadilla.

El juez Pablo Ruz activa las comisiones rogatorias a Suiza, interroga a
Bárcenas sobre una compraventa de cuadros sospechosa, y mantiene viva la
investigación. El tesorero se defiende como puede y, pese a que el magistrado
intenta interrumpirle en varias ocasiones, Bárcenas coloca su lamento: se siente
perseguido por la fiscalía, por la policía y por la Abogacía del Estado.

En los últimos días de diciembre, Bárcenas ya sabe que la comisión rogatoria
ha dado resultado positivo: le han encontrado una cuenta en Suiza a nombre de
una sociedad panameña, donde ha llegado a acumular hasta 22 millones de
euros.

La noticia tarda
dos semanas en hacerse pública a través de un auto del juez Pablo Ruz, donde
reclama nueva documentación sobre las cuentas suizas del extesorero nacional del
PP.

La amenaza guardada en nueve cajas que sacó hace casi cuatro años de su
despacho en la sede del PP empieza a aflorar. El Mundo da cuenta del
supuesto pago de sobresueldos opacos a los ejecutivos del PP, pero exculpa a
Rajoy y Cospedal del cobro de los mismos.

Esta bomba
nunca quiso activarla Bárcenas, según varios dirigentes del PP, porque sabía
que también dañaría a los escasos cargos relevantes que aún le apoyan en el
partido. El extesorero no podía revelar cómo cobraron los cuadros del partido
desleales a su persona sin implicar a los altos cargos que aún le son afines en
su calvario. Hasta no hace mucho, Bárcenas declaraba su lealtad y confianza
hacia Rajoy. No así hacia la secretaria general, Dolores de Cospedal, a la que
involucra en su caída en desgracia y posterior expulsión del partido. El odio es
mutuo.

El entorno de Bárcenas acusa a Cospedal de administrar la
información de los sobresueldos opacos. Y añade con sorna: “Cospedal le ha
hecho un gran favor a Bárcenas”. Porque se ha liberado un gran secreto que él no
podía destapar sin comprometer a sus amigos y mentores en las filas del partido.
El entorno de Cospedal niega esa teoría y asegura que Mariano Rajoy conoce
perfectamente quién ha filtrado esos trapos sucios.

Quienes quieren situar a Bárcenas como origen de esta denuncia grave de
irregularidades en el partido que gobierna España saben que, como todo tesorero,
acumula más informaciones delicadas, suficientes como para salpicar a la
institución entera.

Durante dos décadas, primero como gerente y luego como tesorero, Bárcenas ha
sido testigo principal de cómo se financiaba el partido. Las cuentas del PP
pueden estar perfectamente limpias ante el Tribunal de Cuentas, que lleva un
retraso de cinco años en las auditorias a las formaciones políticas, pero
Bárcenas conoce la intrahistoria de algunas donaciones que, según fuentes
próximas al tesorero, nunca figuraron en la contabilidad oficial.

El exdirigente del PP puede recuperar la memoria y revelar quiénes
financiaron determinadas campañas electorales o identificar donaciones al PP que
no acabaron en ninguna cuenta del partido, ni en su tesorería central ni en la
de las autonómicas. Hay constancia documental de todas estas prácticas, según
fuentes próximas al extesorero.

Bárcenas, hasta la fecha, ha callado porque no da por rotas sus relaciones
con el partido. Le cuesta convertirse en un arrepentido que destroce a la
organización en la que ha trabajado toda su vida. Pero como amo de las finanzas
del PP, también conoce las interioridades financieras de otras organizaciones
territoriales poco afines a la actual dirección nacional.

Quienes le frecuentan señalan, frente a la tesis oficial de que fue amigo de
la trama Gürtel y receptor de cohechos, que se enfrentó poderosamente al jefe de
esa red, Francisco Correa, en el mismo momento en que Mariano Rajoy se hizo
cargo del partido, en 2004.

De la mano del extesorero Álvaro Lapuerta alertó al presidente del PP de que
Francisco Correa iba a intermediar en un pelotazo urbanístico en Arganda bajo el
patrocinio de altos cargos del Gobierno de Esperanza Aguirre.

Pero la presidenta madrileña desoyó esa advertencia y rechazó todas las
sospechas. La Audiencia Nacional investiga aún hoy si hubo irregularidades en
aquella adjudicación de suelo y se pagaron comisiones ilegales en la operación
urbanística que ganó Martinsa.

Por otro lado,
la red Gürtel fue apartada de la organización de los actos electorales del PP
nacional porque Lapuerta y Bárcenas conocieron y denunciaron que Correa y
los suyos estaban haciendo algo intolerable: esgrimir el nombre del partido para
hacer caja. Y ellos sabían perfectamente que no estaba trabajando en favor de su
caja, la caja oficial del partido.

Cuatro años después de que estallara el caso Gürtel y pusiera bajo
sospecha la honorabilidad del partido de Rajoy, su extesorero, Luis Bárcenas, se
enfrenta al descrédito nacional y a un duro proceso judicial. El PP, que se
creía a salvo del escándalo tras su enorme éxito electoral de 2011 y el inmenso
poder institucional logrado en media España, teme ahora que las cuentas suizas
de su tesorero acaben por afectar al crédito de la formación, muy dañado por los
efectos de la crisis económica y su ineficaz lucha contra el desempleo. Los
secretos que Bárcenas guarda en nueve cajas pueden hacer estallar el
partido.

Es hora de una democracia más participativa (por Bonifacio de la Cuadra)

(Publicado en El País-Caffe Reggio, aquí)

OPINIÓN

La conversación entre don Juan Carlos y Jesús Hermida difundida el 4 de enero del nuevo año, con formato aparente de entrevista televisiva de un periodista al Rey, ofreció muestras de que la democracia que el Monarca contribuyó a traer y que fue ratificada en referéndum en 1978 por personas de la generación del Rey y de Hermida no está adaptada a las nuevas generaciones. Tampoco cumple un requisito básico: la equiparación de todos los ciudadanos desde la perspectiva de género, es decir, mediante la igualdad de derechos y de oportunidades para hombres y mujeres.

La preferencia ciudadana hacia la Monarquía, que todavía en 1998 era de un 72%, frente a un 11% para la República, en 2012 descendió al 53% y 37%, respectivamente. La opinión de los jóvenes fue decisiva para esos datos generales: según el barómetro del CIS de 2011, mientras que el 45,6% de la población entre 55 y 64 años situó su nivel de confianza en la Monarquía entre 7 y 10 puntos (de 0 a 10), en la franja de edad de entre 25 y 34 años el 25,6% no tenía ninguna confianza y un 7,9% la evaluó entre 2 y 3 puntos.

Ese declive monárquico, especialmente entre los jóvenes, no se puede saldar con referencias a las incidencias familiares y personales que han deteriorado la institución o a la repercusión de la crisis económica sobre esos juveniles ciudadanos, que tanto el Rey como el príncipe Felipe se encargan de resaltar siempre que pueden. Porque, por encima de todo eso, los ciudadanos que no tenían edad para votar en 1978 la Constitución no son receptivos al recuerdo de lo logrado en la Transición para establecer las reglas del juego democrático. Los esfuerzos del Rey y de Hermida por rememorar acontecimientos que entonces fueron decisivos (incluido el logro del conHay que adaptarse a la juventud y asegurar la igualdad entre hombres y mujeres senso y l a desactivación del 23-F) solo tienen eficacia sobre la generación que vivió aquello, pero no sobre las que estuvieron obligadamente ausentes y tienen derecho hoy a participar en la adaptación de aquellas normas a las exigencias democráticas del momento actual o en el establecimiento de otras.

Dentro todavía del marco de la Monarquía, don Juan Carlos, que tanto agradecimiento dedicó a su padre cuando recordó que con su renuncia al trono logró “que la generación más mayor o más vieja respetara a los más jóvenes”, no se aplica ahora el cuento y, a pesar de la excelente preparación que aprecia en el príncipe Felipe —que con sus 45 años no es ya un niño—, no da un paso atrás y le cede los trastos. La afirmación de don Juan Carlos de que se encuentra “en buena forma, con energía y, sobre todo, con ilusión para salir adelante”, operación tras operación, a trancas y barrancas con sus caídas y con su edad, no se sostiene y a él mismo le cuesta sostenerse. Abdicar sería un detalle en favor de la Corona y rejuvenecería esa institución constitucional.

Tampoco los dos grandes partidos —PP y PSOE—, beneficiarios políticos actuales de aquel consenso de la Transición y principales avalistas del diálogo ReyHermida, hacen nada para actualizar la democracia e incorporar a ella a las nuevas generaciones. Como el Rey, pero sin el aplauso de Hermida, utilizan la Constitución más como un freno que como un estímulo, olvidando que, lejos ya las presiones fácticas que permiten explicar las renuncias de la etapa constituyente, es hora de establecer una democracia más participativa, avanzada socialmente y con menor protagonismo de los partidos políticos, fracasados en su obligado funcionamiento democrático y contra los que la ciudadanía va levantando su indignación por el incremento indecente de la corrupción, según constatan las encuestas y las redes sociales.

Otra carencia esencial de la democracia de hoy, todavía, es la resistencia masculina a que las mujeres —tan personas y ciudadanas como los hombres, resulta triste tener que recordarlo— disfruten del derecho a la igualdad de género, establecido en la Constitución, pero no suficientemente cumplido por los poderes públicos, a los que corresponde (artículo 9.2) “promover las condiciones” para que sea real y efectiva y “remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud”.

La estupenda película documental Las constituyentes, dirigida por Oliva Acosta, muestra el meritorio papel desempeñado en el proceso constituyente por 27 mujeres (21 diputadas y 6 senadoras, sobre un total de 598 parlamentarios) que lucharon por la equiparación femenina. En la votación de la preferencia del varón en la sucesión en el trono finalmente se ausentaron.

Resulta revelador el diálogo propiciado por el documental entre varias de las constituyentes con parlamentarias actuales de los diferentes partidos, ya que las dificultades de las mujeres en 1977 para figurar en las listas electorales son muy similares a las de hoy, 36 años después, a pesar de lo legislado sobre paridad: los hombres figuran en los primeros puestos, y solo en el caso de que cesen acceden a los escaños las mujeres, situadas inicialmente en puestos secundarios. En la actual legislatura, la sustitución de 32 diputados ha permitido que ocupen escaño en la Cámara baja 139 mujeres, cerca del 40% previsto legalmente.

Obama 2.0 (por Manuel Castells)

(Publicado en La Vanguardia-Caffe Reggio, aquí)

OBSERVATORIO GLOBAL

Una brisa de esperanza sopla en EE.UU. La inauguración del nuevo mandato de Obama se produce en un momento de repunte de la economía, de apaciguamiento de los tambores de guerra, de reforma de salud, de apoyo a la educación, de regularización de inmigrantes indocumentados, de control del armamentismo doméstico y de apuesta por energías renovables. De repente, ha surgido un Obama dispuesto a enfrentarse a un Partido Republicano que siguió una estrategia de tierra quemada, tratando de destruir por todos los medios a un Obama sospechoso de socialdemocracia, aupado al poder por una movilización popular. Obama llegó a la presidencia en plena crisis financiera que amenazaba con ser catastrófica y que derivó en crisis industrial y de empleo. Con la guerra de Iraq aún candente, la de Afganistán fuera de control, Bin Laden y Al Qaeda boyantes y con unas fuerzas armadas superadas por el caos provocado por la pretensión de un unilateralismo planetario más allá de la capacidad de un superpoder decadente.

Las primeras medidas de Obama fueron para controlar la crisis financiera y económica aunque eso significara entregar de nuevo el poder a Wall Street y comprometer dos billones de dólares, uno para salvar a los bancos y otro para estimular la economía. Funcionó. Se restableció el equilibrio y la economía fue recuperándose lentamente ( a diferencia de Europa), con sectores, como el automóvil, resurgiendo con fuerza como resultado de la intervención del Gobierno. Obama lanzó un plan de inversión en infraestructuras que superó, en proporción con el PIB, la inversión de Roosevelt durante el new deal. Acabó la retirada de Iraq, atacó en Afganistán para acabar la guerra en posición de fuerza y mató a Bin Laden, descabezando a Al Qaeda. Y se la jugó a fondo en la reforma del sistema de salud, su obsesión. Pero cometió un error decisivo que ralentizó sus reformas y dio pie a una oposición populista financiada por grandes corporaciones y alimentada desde la extrema derecha. Quiso unir al país por encima de divisiones partidistas. Y malgastó 18 meses de su mandato en intentar consensuar políticas con dirigentes republicanos envalentonados con su control de la Cámara de Representantes en las elecciones del 2010. Algo así sucedió con los poderes fácticos: Wall Street, que, tras ser salvado, quiso volver a sus privilegios. Y los pretorianos de las guerras: Petraeus y McChrystal sobre todo, que trataron de seguir hasta la victoria total. A trancas y barrancas, Obama superó la mayoría de estos obstáculos, forzó al retiro a McChrystal, mientras Petraeus (hábilmente promocionado por Obama a jefe de la CIA) se autoliquidó por un asunto de faldas aún no aclarado en sus implicaciones de seguridad, Wall Street tuvo que aceptar una reforma moderada de sus prácticas abusivas, la reforma de salud siguió adelante y, sobre todo, Obama derrotó claramente a los republicanos en la elección presidencial. Como consecuencia, el famoso Tea Party ha desaparecido prácticamente, los republicanos carecen de liderazgo y están profundamente divididos entre los fundamentalistas de la moral, los fundamentalistas del mercado y los políticos que intentan sobrevivir pactando con Obama.

Y este es el momento, en el inicio del segundo mandato, en que un Obama que superó la ingenuidad de querer unir a todos pasa al ataque. Decidió que unir a la gente sí, pero a los partidos no. Así que en lugar de negociar en los pasillos de Washington, moviliza su apoyo popular para avanzar de forma decisiva en temas clave, usando si es necesario decretos presidenciales sin pasar por el Congreso. De momento la nueva actitud ofensiva ha conseguido que los republicanos apoyaran la subida de impuestos a los ricos (más de 450.000 dólares anuales) y a las ganancias de capital, algo inédito en tiempos recientes. Y es que el déficit público es la gran amenaza de la economía y Obama, más coherente que los europeos, piensa que esto sólo se soluciona a corto plazo con subidas de impuestos y a medio plazo con crecimiento económico estimulado por gasto público. Ahora está consiguiendo que se autorice el aumento del endeudamiento público para disponer de recursos. Y si el Congreso cierra el grifo pondrá presión desde la sociedad, con la ayuda de la Organización para la Acción, la asociación de base formada en la campaña de Obama para apoyar las iniciativas presidenciales. Más aún: Obama va a enfrentarse por fin al lobby pro armas y va a proponer una serie de medidas, empezando por la verificación de identidad de los compradores de armas y siguiendo por el control de municiones, contando con la presión ciudadana sobre sus representantes. Y el gran proyecto de futuro: legalizar a 11 millones de indocumentados creando una masa de futuros votantes, sobre todo hispanos, que recordarán en su voto a quien les permitió sentirse estadounidenses.

Tras cerrar el vergonzoso capítulo de Iraq, Obama se apresta a terminar la intervención en Afganistán en el 2014, y a evitar en el futuro iniciar guerras sin sentido, lo que incluye negociar con Irán hasta el final, aunque no podría evitar una acción armada si hubiese una confrontación entre Israel e Irán. Pero se acabaron el unilateralismo y la amenaza de intervención. Obama no renuncia a su poder geopolítico, entre otras cosas porque no se fía de China, Rusia, Irán, Corea del Norte, ni de las redes terroristas activas. Pero utilizará información, tecnología ( drones), logística y diplomacia activa en lugar de invasiones destructivas e indiscriminadas. No vamos a un mundo en paz, porque no lo está, pero sí a una política de contención de riesgos al menor coste económico y humano.

En fin, con respecto a Europa, Obama tiene dos obsesiones: estabilizar la economía española y convencer a Merkel de que pase de la austeridad al crecimiento. De momento, su contribución a la salida de la crisis se centra en reducir la deuda de EE.UU. y hacer crecer su economía. Paz y crecimiento en lugar de guerra y crisis. Hay una brisa de esperanza.

UPyD pide atajar el fenómeno de la "puerta giratoria" de los cargos públicos

Agencia EFE (Publicado en ideal.es, aquí)

Madrid, 26 ene (EFE).- La líder de UPyD, Rosa Díez, ha reclamado al Gobierno que incremente las exigencias legales y las incompatibilidades de los cargos públicos para atajar el fenómeno de la "puerta giratoria" por el que algunos políticos entran y salen de la vida pública desde la empresa privada y viceversa sin control.

En una pregunta dirigida al Gobierno a la que ha tenido acceso Efe, UPyD considera urgente actuar de forma contundente y decidida contra la corrupción en la actividad política para "devolver así la legitimidad y credibilidad en las instituciones".

"Tolerar la corrupción política acaba impregnando y corrompiendo la totalidad del sistema", alerta.

Diez asegura que en España se cumple la "lógica implacable" de la corrupción política, el despilfarro de los recursos públicos, la mala gestión, la opacidad, la manipulación de la información y la tolerancia social con todo ello.

"Son los ingredientes del cóctel de esta crisis económica, política, institucional y social sin precedentes", subraya.

Para atajar esta situación y mejorar la "deteriorada imagen" que tiene los ciudadanos de la política, UPyD propone endurecer la normativa existente "a la luz de las prácticas utilizadas en las últimas décadas por las personas imputadas y sentenciadas por delitos relacionados con corrupción".

Además, en la línea de una proposición no de ley presentada esta semana en el Congreso, UPyD pide una reforma del Código Penal para introducir como un delito específico la financiación ilegal de los partidos y el enriquecimiento ilícito de los cargos públicos.

En la iniciativa, UPyD propone que se sancione también como tipo delictivo autónomo la omisión o falsedad deliberada por parte de los partidos políticos en sus estados contables o en su patrimonio social, que deberían publicarse en un registro específico.

En opinión de Rosa Díez, la corrupción política es una forma concreta de delincuencia organizada contra la que hay que actuar desde el Código Penal. EFE

¿Necesita la Iglesia católica un nuevo aggiornamento? (por Miguel Massanet Bosch)

 

"La Iglesia es un yunque que ha gastado todos los martillos" (T.Baeza)

 

Atila, rey de los hunos y calificado como el "Azote de Dios", detuvo incomprensiblemente a sus ejércitos cuando tenía todo a su favor para llevar a cabo la conquista de Roma; después de una misteriosa entrevista con el Papa León I, renunciando a su matrimonio con Honoria y a los terrenos que había deseado conquistar. Desde entonces la Iglesia católica ha resistido el paso del tiempo sin que, nadie ni nada haya sido capaz de vencerla o hacer que su poder, especialmente el moral que viene ejerciendo sobre millones de fieles, haya disminuido a pesar de las sucesivas escisiones que a tenido que padecer en su mismo seno y de los momentos difíciles que se ha visto obligada a sortear, para evitar ser destruida por aquellos que la han considerado un peligro para sus intereses personales o para sus ambiciones políticas.

Sin embargo, durante los últimos tiempos se ha venido notando un enfriamiento notable en la fe de muchos de los fieles, una atonía generalizada que se ha venido manifestando entre los miembros de dicha institución religiosa, un alejamiento motivado por la percepción que ha cundido en muchos de que algunos preceptos de la Iglesia católica parecen haber entrado en colisión directa con la nueva concepción de que, lo que debe primar en el ánimo de los católicos, por encima de toda la serie de ritos, pompas, aburguesamientos, gastos calificados de excesivos y preceptos demasiado estrictos en determinados aspectos de la vida; debería ser potenciar la caridad, la ayuda a los necesitados, la desaparición de las grandes desigualdades y la supeditación de los despilfarros inherentes a un modelo de vida, la pobreza de la Iglesia y la vida monacal de sus ministros junto a la erradicación de el excesivo apego que parece que existe en algunas partes de la jerarquía eclesiástica por las riquezas, la buena vida y el boato.

No hay duda de que las nuevas corrientes materialistas y relativistas que se están abriendo camino, especialmente entre la juventud; algunos hechos imperdonables que se han detectado en el seno de la curia como los horribles casos de pederastia y otras prácticas que nada tienen que ver con lo que debería ser una existencia ejemplar de aquellos pastores que, por su especial compromiso con la religión, debieran de ser el ejemplo vivo de lo que debería ser la vida de un buen católico; han contribuido a que, entre la comunidad católica, muchos hayan abandonado sus prácticas religiosas, algo que es evidente si se observa la disminución de feligreses que asisten a los cultos en las iglesias y el escaso número de las vocaciones religiosas que hacen que, en muchos casos, los sacerdotes tengan que multiplicarse para poder prestar asistencia religiosa en aquellas localidades que, por el escaso número de practicantes, hace imposible sostener a un religioso a dedicación exclusiva.

Sin ninguna pretensión de polemizar, algo para lo que no estoy preparado ni es mi intención, no obstante, debo de manifestar que, debido a mi ya avanzada edad, he tenido ocasión de ver personalmente una evolución más que notable en cuanto a los criterios bajo los cuales se han valorado distintos comportamientos morales y éticos que, en tiempos pretéritos, eran considerados como los más reprobables y pecaminosos y que, en la actualidad, parece que ya no se consideran tan graves y, por el contrario, otros de los que ni se hablaba, da la sensación de que se han convertido en los más reprobables. Yo entiendo que la religión, cualquiera que sean sus preceptos debe, en primer lugar, ser comprensible, debe tener explicaciones sencillas asequibles y entendibles, sin que se les puedan exigir a los fieles el tener conocimientos profundos en teología ni el ser especialmente inteligentes para poder sentirse atraídos por sus argumentos y contenido. Durante los últimos años muchos han sido los desencuentros de lo que se pudiera entender como la religión "oficial", la emanada del sector conservador, integrada y dirigida desde la Santa Sede y la de determinados filósofos y cardenales, de la propia curia, que parecen partidarios de desposeer a la Iglesia de su cascarón externo y centrarse específicamente en la labor humanitaria, caritativa, participativa y misionera de la institución; promoviendo un nuevo tipo de Iglesia despojada de sus actuales riquezas materiales, dedicada con mayor intensidad a la erradicación de la pobreza, la lucha contra las grandes hambrunas que asolan continentes como África y Asia y que son las responsables de millones de muertes de niños y personas mayores que no tienen medios para poder subsistir en medio de la miseria. Una iglesia más en concordancia con aquella primitiva de los primeros cristianos de las catacumbas romanas.

Sin duda que, personajes de la importancia de Pere Casaldàliga, obispo emérito de Sao Félix do Araguaia (Brasil) y defensor de los pobres, se solidaricen con el clérigo renegado nicaragüense Ernesto Cardenal o los ideólogos de la Teología de la Liberación, tales como Gustavo Gutierrez (Prícipe de Asturias) "aproximación desde la libertad al Evangelio" o el teólogo y filósofo brasileño Leonardo Boff que acabó colgando los hábitos ante las amenazas del Vaticano de sancionarlo, debido a sus poco ortodoxas teorías, así como el también brasileño Helder Cámara, que fue obispo auxiliar de Río de Janeiro; se hayan enfrentado al Papa; sosteniendo, desde el mismo seno de la Iglesia católica, posturas más flexibles respecto a lo que consideran las enseñanzas de Jesucristo en pro de una religión más popular, más libre y menos dogmatizada.

Uno, dentro de su ignorancia en materias de tanta enjundia y profundidad, no deja de pensar que si, a estas alturas de la Historia, no ha llegado el momento en que se haga un esfuerzo de integración, de revisión en profundidad de la verdadera doctrina trasmitida por Cristo en sus años de predicaciones y se hagan esfuerzos de unión de los hermanos separados del cristianismo, teniendo en cuenta las circunstancias en las que tuvieron lugar algunas de las consideradas grandes herejías en el seno de la Iglesia que, vistas desde la distancia, como en el caso de Lutero, se debe reconocer que el clero de aquellos tiempos estaba más preocupado por las cuestiones materiales que por las materias meramente espirituales.

Con una gran dosis de generosidad y una autocrítica desapasionada es posible que, mediante un nuevo Concilio ecuménico, con la participación de todas las iglesias cristianas; en el que se sometieran todos los temas que han sido causa de polémica, dejándose de dogmatismos interesados, se pudieran alcanzar acuerdos básicos sobre los valores fundamentales que predicó Cristo. Es obvio que, reduciendo la religión al reconocimiento de un Creador bondadoso y comprensivo, que nos pide amor al prójimo y vivir de acuerdo al dictado de nuestras conciencias, fuera posible mejorar la percepción del concepto religioso universal, apartándolo de la gran parafernalia a la que, actualmente, están sometidos la mayoría de los cultos, normalmente anclados, más de lo que debieran, en materialismos y empresas mundanas que, difícilmente, pueden entenderse como ejemplares ni adecuadas a las doctrinas evangélicas..

Si el Papa Juan XXIII fue el gran artífice de la convocatoria del Concilio Vaticano II (1.962-1.965) fue el Papa Pablo VI quien lo concluyó y a él se le debe la constitución Pastoral Gaudium et Spes, sobre "la Iglesia en el mundo actual". La modificación y actualización de esta encíclica, quizá fuera uno de los hitos más importantes para una verdadera renovación de la Iglesia católica. O así, modestamente, lo pienso yo.

Miguel Massanet Bosch

Aquí está el origen de la corrupción (por Carlos Sánchez)

Carlos Sánchez (Publicado en ElConfidencial.com, aquí)

"El general Franco, el hombre que pronto vendrá a Barcelona, ha elegido como instrumento de gobierno la corrupción. Ha favorecido la corrupción. Sabe que un país podrido es fácil de dominar, que un hombre comprometido por hechos de corrupción económica o administrativa es un hombre prisionero. Por eso, el régimen ha fomentado la inmoralidad de la vida pública y económica. Jordi Pujol. 'Us presentem' al general Franco".

La frase que precede a este artículo forma parte de un conocido panfleto que Jordi Pujol elaboró hace medio siglo. Su objetivo era chafar la llegada del general Franco a Barcelona forzado por las circunstancias. Pujol había pasado por la cárcel tras liderar una revuelta contra un viejo franquista, Luis de Galinsoga, director de La Vanguardia Española (que así se llamaba el rotativo). Éste, en un arranque de sutileza política, había dicho tras asistir a una misa en catalán que los catalanes eran una “mierda” (sic).

Unas mugrientas declaraciones que levantaron un profundo malestar en ese cuerpo extraño que se conoce como burguesía catalana, lo que explica el viaje posterior del dictador que, como gesto amistoso, devolvió el castillo de Montjuic a Barcelona. Ni que decir tiene que Galinsoga fue destituido y le sucedió Manuel Aznar, el abuelo del expresidente.

Se cuenta que quien mecanografió la octavilla fue su mujer, Marta Ferrusola (hoy una rica y ejemplar empresaria, como todo el mundo sabe). La cita la recoge, a modo de introducción, el periodista Manuel Trallero en un libro* iniciático sobre el saqueo del Palau de la Música, precisamente el epicentro de las primeras revueltas políticas contra el franquismo en Barcelona.

La corrupción se sigue abordando como si se tratara de la suma de comportamientos individuales aislados -esos golfos descarriados que hay en cada casa-, en lugar de relacionarla con la existencia de un entramado institucional que favorece, precisamente, las conductas ilícitas. ¡Es el sistema, estúpidos; es el sistema!, parafraseando la célebre cita

El libro, sin embargo, va mucho más allá. Es el fiel reflejo de una sociedad adormecida ante la corrupción de sus élites (no sólo la intelectual, sino también la económica), que miran hacia otro lado cuando se trata de uno de los nuestros.

El gesto complaciente hacia la corrupción no es, sin embargo, patrimonio de la sociedad catalana, sino de buena parte de la sociedad española, donde la corrupción económica se ha visto hasta ahora como consustancial al sistema político (Baleares, Comunidad Valenciana, Galicia, Andalucía…). Ya resulta hasta ocioso recordar cómo el latrocinio público no pasa factura en términos electorales en la mayoría de los casos.

Este statu quo es el que ha triunfado en la vida política española a modo del periodo de la Restauración, pero algo está cambiando a consecuencia de la crisis económica. Lo que antes apenas importaba -al fin y al cabo el país crecía y se creaban puestos de trabajo- ahora no sólo repugna, sino que la frecuencia de los casos de corrupción ha revelado un país lleno de miserias por culpa de una clase política (unos más y otros menos) incapaz de entender el curso de la historia. Y que, en lugar de enfrentarse a los problemas de frente, los esquiva, esperando a que escampe.

De caso a caso

O esperando a que los jueces o la prensa desvelen otro caso de corrupción en la acera de enfrente para tapar sus propias vergüenzas. Y así es como el país pasa del ‘caso de los Eres al caso ITV. Del caso Gürtel al caso Bárcenas. Del caso Marbella al caso Pallerols’ sin que los delitos sirvan de escarnio público. Entre otras cosas porque quienes pagan -las empresas- no sufren casi nunca el consiguiente reproche penal, lo cual es un sinsentido. Ni siquiera administrativo. Muchas empresas -o sus filiales- que han sobornado a empleados públicos siguen haciendo negocios con la propia Administración.

Así es como la corrupción se ha metido en nuestras vidas, aunque probablemente habría que decir que nunca ha salido. Forma parte de nuestra imagen exterior, como el Museo del Prado o Almodóvar, lo cual es una auténtica catástrofe en un país con seis millones de parados que ha visto como en el último año han salido más de 250.000 millones en inversión extranjera. La corrupción cuesta más en términos de prima de riesgo que muchos recortes socialmente injustos.

Hay, en este sentido, un reciente informe de la OCDE en el que pone de relieve las desgracias en la lucha contra la corrupción. Sostiene la OCDE que el nivel de cumplimiento de España respecto de las leyes contra el cohecho internacional -cuando las empresas sobornan a funcionarios extranjeros a cambio de favores- es “extremadamente bajo”. Hasta el punto de que no se ha celebrado ni un solo juicio por este motivo. Aunque no es menos lacerante que en los últimos trece años apenas se hayan realizado siete investigaciones. Ningún cargo público está en la cárcel por meter mano en la caja.

Una auténtica vergüenza que refleja la desidia y hasta la impunidad que rodea a la corrupción. Sólo se descubre una muy pequeña parte de la que en realidad existe, como sostiene alguien que conoce bien los mecanismos de represión del fraude.

Lo curioso del caso es que la corrupción se sigue abordando como si se tratara de la suma de comportamientos individuales aislados -esos golfos descarriados que hay en cada casa-, en lugar de relacionarla con la existencia de un entramado institucional que favorece, precisamente, las conductas ilícitas. ¡Es el sistema, estúpidos; es el sistema!, parafraseando la célebre cita.

Cuando en un país no existe responsabilidad individual de los políticos por el hecho de que éstos se pueden cobijar bajo el manto protector de sus partidos, se llega, necesariamente, a esta situación. Bárcenas nunca hubiera sido senador si tuviera que haber concurrido a unas elecciones con su propio discurso político. Lo mismo que otros muchos corruptos, que siguen en las listas por temor a que canten.

Listas cerradas y corrupción

El sistema de listas cerradas contribuye a ese estado cosas, toda vez que si algún militante honrado pide explicaciones a la dirección por algo que ve o por una sospecha fundada, es probable que haya cavado su tumba política. Nunca más podrá presentarse a unas elecciones. Y así es como surgen las camarillas en los propios partidos políticos, origen de muchas filtraciones interesadas.

No se busca la verdad, sino dañar al adversario político, aunque sea del mismo partido. Y todo lo que rodea al caso Bárcenas en el PP apunta en esa dirección. Lo que se ventila en la calle Génova es quién mandará en el partido. Y la detestable posición de Esperanza Aguirre -que ahora aparece ante la opinión pública como si ella no tuviera nada que ver con el PP- apunta en esa dirección. Aguirre, aunque ahora en estos  le disguste, forma parte de eso que ahora critica. Es parte del problema, no de la solución. Aguirre es la que ha amamantado durante años a muchos dirigentes de su partido sin oficio ni beneficio (origen del caso Gürtel) que han hecho toda su carrera profesional en el PP. Es un sarcasmo que quiera aparecer ahora como la renovación dentro del PP. Es el pasado.

Lo que se ventila en la calle Génova es quién mandará en el partido. Y la detestable posición de Esperanza Aguirre -que ahora aparece ante la opinión pública como si ella no tuviera nada que ver con el PP- apunta en esa dirección. Aguirre, aunque ahora le disguste, forma parte de eso que ahora critica. Es parte del problema, no de la solución

Las listas cerradas son, obviamente, un incentivo inverso y hasta perverso que degrada la democracia. Máxime cuando todo el sistema institucional -el nombramiento de los jueces o de los altos cargos de la administración y hasta de los chóferes del parque móvil- se canaliza a través de unos omnipotentes partidos políticos que dictan la vida y obra de millones de personas, sin que ellos, en su esencia, funcionen de forma democrática, que es, al fin y al cabo, lo que podría garantizar la objetividad y la imparcialidad en la toma de decisiones. O dicho de forma castiza en célebres palabras de Alfonso Guerra: "el que se mueva no sale en la foto". Imposible resumir mejor en una sola frase el origen de la corrupción.

De manera mucho más inteligente lo describía Dionisio Ridruejo en Escrito en España refiriéndose a la corrupción durante el franquismo. "El hecho de los incompetentes leales", decía, "tuvieran ventaja segura en toda competición sobre los competentes sospechosos (algún día se escribirá la historia de las oposiciones, concursos y provisiones de toda suerte de plazas e incluso de la concesión de toda suerte de negocios en estos años), constituía ya un principio de tan grave inmoralidad que, por fuerza, los benficiarios tendrían que sentirse implicados en ella, quedando ligados por un vínculo turbio, como clientes, a un sistema cuya duración era la garantía de que la injusticia no podría ser revisada en su perjuicio". Como se ve, nada nuevo. Ni mucho menos original.

Los partidos políticos son hoy cuerpos cerrados -necesariamente endogámicos- que tienden a protegerse ante el exterior tapando sus miserias, lo que explica que cuando algún dirigente roba, la tendencia natural de la dirección sea tratar de amortiguar el golpe para no dañar al conjunto de la organización.

Los propios dirigentes corruptos saben eso, lo que les convierte en extremadamente poderosos porque están seguros de que el partido tenderá a protegerlos para evitar un escándalo mayor. Se hace bueno, de este esta manera, aquello que decía Michels: cada militante de un partido político lleva dentro de su mochila el bastón de mariscal. Unos lo utilizan y otros, no. Y alguno lo hace de forma magistral.

*Música Celestial. Del mal llamado caso Millet o caso Palau. Manuel Trallero. Editorial Debate. 2012.

Un país presunto (por Irene Lozano)

Irene Lozano (Publicado en ElConfidencial.com, aquí)

El problema de España es de sintaxis: se ha puesto imposible construir una frase sin la palabra “presunto”. Y lo mismo ocurre al leer los periódicos. Si las noticias aluden a la Monarquía, el “presunto” es el yerno -a veces el Rey- mientras “amiga” ha recuperado aquel significado hipócrita de los años 60: el retroceso semántico como síntoma del deterioro general.

Si se trata de política nacional, el adverbio “presuntamente” antecede a “cobró”, a “financiación ilegal”, a “sobres”, y últimamente también a escritoras, rematando la estafa dineraria con la intelectual. Por no hablar de la política autonómica, donde parece que los presuntos reyezuelos se especializan en apoderarse del dinero relacionado con los parados. La degeneración política sobrepasa con mucho el asunto de la corrupción: los presuntos partidos políticos -instrumentos de participación ciudadana- se han convertido en barcas a la deriva cuya tripulación sólo piensa en sobrevivir para seguir instalados cuando pase el temporal. Presuntamente el duopolio PP-PSOE hace política, pero ya se sabe que cuando la historia se pone en marcha, quienes tienen la hegemonía dedican sus esfuerzos a cambiar las reglas de modo que les permitan conservarla.

Y a todo esto, ¿qué dice el presidente del Gobierno? ¿Qué explica a los ciudadanos respecto a las irregularidades en el PP? ¿Cómo va a enfrentarse al soberanismo catalán? ¿Es Rajoy sólo un presunto presidente del Gobierno?

Como ocurre en todo fin de régimen que se precie, ningún estamento queda fuera de la espiral de decadencia: presuntamente el sector financiero da créditos, aunque ahora les hemos empezado a pagar uno muy abultado entre todos los contribuyentes. Presuntamente, los medios dan noticias, aunque su labor se concentra en seguir forrando el riñón de sus directivos mientras despiden en masa a los periodistas encargados de conseguir las noticias. El hasta hace poco jefe de la patronal, por cierto, es también presunto, a la espera de destino. Otro presunto, Rodrigo Rato, ha sido más rápido en tomar posesión de su plaza en Telefónica, lo cual sólo demuestra que sigue teniendo muchos amigos. Y así podríamos seguir con la enumeración hasta el infinito: discúlpenme aquellos a quienes me olvido de citar.

Esa palabra, 'presunto', que puebla nuestras conversaciones, da la medida del estado en que vivimos, pues se presume lo que no se sabe con certeza. No es ya desconfianza, sino una sospecha generalizada hacia el poder la que tiñe la vida pública. El Gobierno hace una reforma laboral que presuntamente va a crear empleo, pero lo destruye. El Parlamento de Cataluña proclama su presunta soberanía, aunque todo el mundo sabe que carece de ella. Los presuntos defraudadores acaban de ser admitidos en el reino de los probos ciudadanos a un módico precio. Y por si faltara alguna impostura, un presunto miembro de ETA se hace senador del Reino de España.  

¿Ustedes se imaginan yendo a la frutería a comprar y que los carteles anunciaran: “presuntas mandarinas”? Resultaría inaudito vivir con ese grado de incertidumbre, ¿verdad? Pues así es la mercancía que vende hoy el establishment: putrefacta, corrupta, hedionda, pero por encima de todo, falsa. Nos la coloca sin dejar de sonreír, como el buen comerciante, mientras al público se le acaba la paciencia.

Y a todo esto, ¿qué dice el presidente del Gobierno? ¿Qué explica a los ciudadanos -no a sus alcaldes- respecto a las irregularidades en su partido? ¿Qué opina del paro? ¿Se conforma con no haber alcanzado los seis millones? ¿Qué piensa hacer? ¿Qué rumbo quiere dar al país? ¿Cómo va a enfrentarse al soberanismo catalán? ¿Cómo mirará al senador Goioaga cuando comparezca en el Senado? ¿Está satisfecho de su amnistía fiscal? ¿Es usted mismo también, señor Rajoy, sólo un presunto presidente del Gobierno?

El país de los 6 millones de parados y la amnistía fiscal

Editorial UPyD (Ver aquí)

Seis millones de parados. Cerca de dos millones de hogares con todos sus miembros en paro. 850.000 puestos de trabajo menos. Una población activa (los que buscan trabajo) menguante. Un 55% (cincuenta y cinco por ciento) de paro juvenil. Este es el balance laboral del primer año de gobierno de Mariano Rajoy. Estas cifras dan cuenta de un país arrasado. Un país en el que muchos, muchísimos de sus ciudadanos han visto cercenadas sus esperanzas. Un país en el que muchas personas ya no tienen más expectativa que sobrevivir, que salvar su casa si todavía no la han perdido, que poder hacer la compra hoy, y mañana ya veremos. Un país que vive de sus mayores, de sus pensionistas (que también ven menguar su poder adquisitivo), y que está consumiendo los ahorros que tanto les costó acumular.

El Gobierno de Rajoy ha fracasado con el paro. Dirán que para que se cree empleo se necesita recuperación económica, pero España está batiendo algunas marcas poco usuales. Se supone que cuando el paro en un país es ya muy alto, resulta difícil que siga subiendo. Sencillamente, se va agotando el empleo que se puede destruir. En España, en cambio, no deja de crecer. Además, los datos de temporalidad son incluso peores que hace un año. El poco empleo que se crea es de mala calidad. Unión Progreso y Democracia ya advirtió que la reforma laboral que aprobó el Gobierno no iba a servir para nada, y pidió la implantación del contrato único indefinido, que serviría para suavizar el brusco salto que se produce cuando una empresa convierte a un trabajador temporal en indefinido. Sería un paso hacia un mercado laboral más racional.

Los recortes sociales y las subidas de impuestos agravan la situación que viven las familias españolas. Está ampliando, hasta lo inaceptable, las diferencias entre los ciudadanos. La inmensa mayoría de los españoles tienen ahora menos de lo que tenían antes: sus sueldos o prestaciones son más bajos, los servicios que reciben por sus impuestos son peores, su patrimonio (si lo tienen) vale menos, etc. Pero la gran diferencia se está produciendo con los que ya no tienen nada. No tienen patrimonio, ni sueldo, ni prestación. Éstos, cada vez más, están siendo excluidos de nuestra sociedad. La brecha, es, además, territorial. Entre el 12,6% de paro que tiene el País Vasco y el 31,2% de Andalucía, hay un abismo que nos recuerda la vergüenza que suponen los conciertos fiscales, los privilegios que conservan Euskadi y Navarra. Si algunas CCAA están en mejor situación que otras, deberían contribuir más, no menos.

El fracaso del Gobierno no se limita a las cifras del paro. Su verdadera dimensión se comprueba al observar también otras de sus iniciativas, por ejemplo la amnistía fiscal. Ayer, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con ese tono tan particular suyo, se lamentó de que los partidos y los medios le criticaran cuando él había conseguido ingresar dinero para Hacienda. Parecía convencido de que los 1.200 millones fruto de la amnistía fiscal justificaban la operación tal como se había concebido y desarrollado.

Para empezar, la amnistía fiscal es un premio para defraudadores. Los que ocultaron rentas o patrimonio a Hacienda, han podido sacarlo a la luz pagando sólo un 10% sobre las cantidades ocultadas. Pero es que, además, tal como señaló el diputado de UPyD Álvaro Anchuelo, Hacienda fue suavizando las condiciones para acogerse a la amnistía - con el objeto de evitar un ridículo total -, hasta el punto de que el tipo de interés efectivo que han pagado los que a ella se han acogido, ha sido sólo del 3%. Montoro ha permitido que las cantidades afloradas, pero cuya deuda hubiera prescrito, no pagaran nada. Y ha permitido blanquear el dinero de personas que pudieran estar siendo objeto de un procedimiento penal. Es decir, Luis Bárcenas, en contra de lo que dijo el propio ministro, podría haberse acogido a la amnistía fiscal (tal y como, por otra parte, aseguró su abogado que había hecho). UPyD ya ha pedido explicaciones al Ejecutivo.

Sí, Montoro ha ingresado 1.200 millones. Y a cambio de este, 0,1% del PIB y de la deuda españolas, ha lanzado el mensaje de que en España el que cumple con las leyes recibe un castigo más duro que el que se las salta. Como ha dicho Anchuelo en varias ocasiones, el Gobierno ha vendido la conciencia fiscal del país. Los bancos no perdonan las deudas hipotecarias a quienes no tienen ingresos, pero el Gobierno perdona las deudas con Hacienda a quienes han incumplido sus obligaciones. Montoro, además, está siendo totalmente opaco con los datos obtenidos en la amnistía. Al menos, podrían servir para investigar su origen, porque, aparte de los posibles delitos fiscales que ya quedarán impunes, la procedencia del dinero podría ser el crimen. Podría ser dinero procedente de la corrupción política, por ejemplo. O del tráfico de drogas. O incluso del chantaje terrorista. ¿Va a hacer algo el Gobierno?

Con la amnistía fiscal, el Gobierno insulta a los españoles, en especial a los que ya no tienen ingresos de ningún tipo y a los que nadie les perdona nunca nada.