- Una sociedad que parecía aletargada se moviliza en multitud de frentes.
- Nadie se libra ya de los recortes.
- La protesta es trasversal: médicos con pacientes, profesores con alumnos, jueces con abogados
Cristina Galindo / J. A. Aunión (Publicado en El País, aquí)
Manifestación el pasado abril en Madrid para exigir al Gobierno que no aplicase recortes en servicios públicos como sanidad o educación. / Álvaro García
El ambiente era inflamable y la chispa ha saltado. Los trabajadores de la
sanidad, la educación, los jueces, los activistas antidesahucios... La duración
y profundidad de la crisis económica ha empujado a miles de ciudadanos a tomar
la calle y muchos están convencidos ahora de que la protesta sí que sirve. La
insistencia de los profesionales de la medicina ha logrado que la Comunidad de
Madrid haya aceptado repensar su plan de transformar el hospital
de La Princesa en un centro para mayores, mientras cientos de personas han
paralizado
decenas de desahucios y han pasado por encima de la banca para cambiar
algunas reglas. La protesta, según los expertos, va a ir a más.
Si hace unos meses los ciudadanos se mostraban indignados pero no acababan de
movilizarse, ahora han despertado del todo. “La chispa está saltando por
sectores”, afirma José Félix Tezanos. Este catedrático de Sociología de la Uned
ya vaticinaba en abril de 2011 en este mismo periódico lo que estaba por llegar:
había un caldo de cultivo de paro, falta de expectativas y recortes (que
empezaron con el anterior Gobierno socialista en 2010) que podía estallar en
cualquier momento. Y así ha sido. “Una novedad de estos conflictos es su
transversalidad; en las protestas de los médicos, hay jefes de servicio,
residentes, pacientes, votantes del PP y del PSOE”, añade. “Pero también son un
cóctel explosivo, porque se trata de un movimiento social cada vez más indignado
que se enfrenta a un poder político cada vez menos representativo”,
advierte.
El punto de inflexión, esa chispa, saltó con el 15-M, a partir de la
ocupación de la Puerta del Sol de Madrid el 15 de mayo de 2011 en torno a un
difuso pero contundente sentimiento de indignación por el deterioro económico y
social, afirman la directora del Laboratorio de la Fundación
Alternativas, Belén Barreiro, y el profesor de Sociología de la Carlos
III de Madrid Daniel Kaplún. Aquello, aparte de devenir en movimientos tan
importantes y exitosos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, sirvió
“como una toma de conciencia de que para mejorar las cosas ya no servían los
cauces institucionales”, según Kaplún.
Aquel movimiento desde las bases, que ha desbordado a las instituciones
tradicionales como los sindicatos y los partidos de izquierda —que solo han
podido sumarse a remolque—, ha ido creciendo y organizándose en diferentes
áreas, “con la legitimidad que le da la gente”, es decir, esas amplias bases,
añade el profesor.
Las grietas del malestar
El 15-M. Un movimiento espontáneo y difuso desembocó en la
ocupación de la Puerta del Sol de Madrid el 15 de mayo de 2011. Durante meses,
en torno al descontento por los recortes y por el funcionamiento de las
instituciones democráticas, tocaron todos los palos, debatieron y la protesta se
fue diluyendo en proyectos de barrio y otras iniciativas.
Desahucios. Desde 2007 se han producido 350.000 ejecuciones
hipotecarias. Un gran movimiento para paralizarlos en torno al grupo Stop
Desahucios y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca han obligado a mover
ficha al Gobierno, aunque, para muchos, de forma insuficiente. Los jueces
también han salido en defensa de los afectados.
Educación. Los recortes educativos suman varios miles de
millones de euros y la previsión del Gobierno es un descenso de unos 10.000
millones entre 2010 y 2015. En el último año, ha habido dos hitos: una huelga
total en todos los niveles (de infantil a la universidad) el 22 de mayo; y una
huelga de padres en apoyo del paro estudiantil el 18 de octubre.
Sanidad. Los recortes en sanidad superan los 10.000 millones
de euros en tres años (contando los que vienen en 2013). A ello se suman los
planes para privatizar el servicio sanitario en varias comunidades. En las
últimas semanas, Madrid ha sido la punta de lanza de las protestas, con una gran
huelga esta semana.
Servicios sociales. Los trabajadores del sector y las
personas más necesitadas han visto cómo la Ley de Dependencia perdía de dos
tacadas casi 500 millones. Se quedó en 1.087. La partida para los servicios
sociales básicos de los Ayuntamientos ha perdido en los dos últimos presupuestos
un 65%.
Igualdad. Las partidas destinadas a este área por el
Gobierno han perdido unos 13 millones en dos años y se quedan con 18,9 millones.
La lucha contra la violencia machista también pierde.
Justicia. Las nuevas tasas han sublevado a los jueces. Las
cuantías van de los 100 euros en un procedimiento monitorio (una reclamación por
una deuda) a los 1.200 euros de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
La jurisdicción penal queda exenta, así como los casos de maltrato.
Funcionarios. Se han quedado sin extra de Navidad y sus
salarios se congelarán en 2013 por tercer año.
Cultura. El recorte para 2013 es del 30% y ha puesto en pie
de guerra al sector. El IVA ha pasado del 8% al 21% para las entradas a cines,
teatros, circos, conciertos y exposiciones.
Un ejemplo es la Asociación
de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), creada hace unos meses por
un grupo de médicos y que ya ha conseguido capitanear las protestas contra los
planes de la Comunidad de pasar a la gestión privada un buen número de
hospitales públicos de la región: su huelga indefinida la siguen un 30% de
facultativos, según la Consejería de Sanidad. “Surgió por el sentimiento de
desencanto desde la base de la sociedad y de los profesionales; sentíamos que no
estábamos siendo representados ni por los sindicatos ni por las asociaciones”,
cuenta el presidente de Afem, el neurocirujano del 12 de Octubre Pedro González.
“El 15-M señaló el descontento del pueblo, pero creemos que los profesionales
tenemos que ir un poco más allá, dar soluciones, decir que hay alternativas que
podemos poner en práctica para mejorar las cosas sin que sea excesivamente
gravoso para la sociedad”, dice González.
Belén Barreiro apunta que, si el 15-M señaló el camino, el deterioro social y
económico ha ido abriendo cada vez más frentes. “La sociedad está peor que hace
un año y medio, y los recortes van tocando cada vez más palos, hasta los pilares
intocables”, afirma esta doctora en Ciencia Política y Sociología. Barreiro se
refiere a las bases del Estado del bienestar, la sanidad, la educación y las
pensiones (no incluye la dependencia, dice, porque la sociedad aún no lo ha
interiorizado), bienes a defender por la izquierda, pero también por amplios
sectores de “una derecha católica con fuerte sentido de la solidaridad”.
Después de cinco años de crisis económica, la situación es insostenible cada
vez para más gente. La tasa de desempleo ha pasado del 21% de hace un año al
25%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Por primera
vez en 25 años se ha superado la barrera de los dos millones de parados sin
ninguna prestación. Cerca de 1,7 millones de hogares tiene todos sus miembros en
paro, 312.700 más que hace un año. Los pensionistas se han convertido en el
sustento principal de miles de hogares, pero la ayuda de los parientes como
colchón de seguridad económica empieza a agotarse, coinciden los especialistas.
Y los jubilados tienen que hacer frente a cada vez más gastos, como el copago de los
fármacos.
El Gobierno ha subido el impuesto de la renta y el IVA. También son más caras
las tasas universitarias, las guarderías, hay menos becas, menos profesores, más
recortes en sanidad, entre los funcionarios, los servicios sociales o la
justicia. “Estamos en la segunda fase de ajuste de la crisis. El grueso del
ajuste necesario para reducir el déficit presupuestario se ha completado, pero
ahora nos queda una purga por exceso de tamaño en el sector público”, afirma
Sara Baliña, economista de Analistas
Financieros Internacionales. “Estas medidas generan mucho malestar porque
tienen una repercusión más directa”, añade. “¿Hemos pasado lo peor? Espero que
sí, pero no creemos que la situación económica, tanto en términos de producto
interior bruto como de empleo, se empiece a normalizar hasta final de 2013”. La
crisis va para largo.
El suicidio de Amaya Egaña, de 53 años, cuando iba a ser desahuciada de su
vivienda a principios de noviembre en Barakaldo, se ha convertido en uno
de los símbolos de la desesperación creciente de la sociedad. Poco después,
el Gobierno decretó una moratoria de dos años para algunos casos muy concretos
de desalojos por impago de la hipoteca. “El decreto contra los desahucios es
insuficiente y deja a mucha gente fuera, pero es una pequeña victoria y por eso
la gente confía en nosotros”, explica Adrià Alemany, de la Plataforma
de Afectados de la Hipoteca, gran defensor de los actos de desobediencia
civil.
A través de esta asociación y del movimiento Stop
Desahucios se han logrado paralizar cerca de 500 desalojos. “Son esas
pequeñas batallas las que abren otro horizonte de posibilidades. En 2009, cuando
nació nuestra organización, dábamos gritos en el desierto; desde hace unos
meses, somos un clamor popular. Se han conseguido cosas y la gente se ha dado
cuenta de que protestar sí sirve para cambiar las cosas”, remata.
La irrupción de los jueces, desde los más progresistas hasta los más
conservadores, en contra de los abusos cometidos en los desalojos ha supuesto
otro avance. En un gesto poco habitual, el gremio denunció hace unas semanas la
indefensión que viven los afectados, ya que el juez no puede decidir si el
impago se produce por motivos justificados o no. Poco después, los jueces han
arremetido, junto a fiscales y abogados, contra las nuevas tasas judiciales,
porque creen que perjudican al ciudadano. “No se nos puede quitar carga de
trabajo a costa de reducir la capacidad del ciudadano de acceder a la justicia”,
explica Joaquim Bosch, portavoz de Jueces
para la Democracia. “Las tasas y los desahucios han sacado a los jueces de
su mundo”, añade el juez. “Con la crisis cada vez se veían más desalojos en los
juzgados y la indefensión de los demandados frente a las entidades”, prosigue.
Estas quejas se enmarcan, además, en un momento muy tenso entre el poder
judicial y el ministro del ramo, Alberto
Ruiz-Gallardón, que ha ampliado los recortes y ha congelado las plazas
judiciales pese a que los juzgados están totalmente congestionados.
Así, un día y otro día se van sumando sectores a la protesta (colectivos de
discapacitados han organizado una gran protesta en Madrid para el domingo por
los impagos de las administraciones autonómicas y locales) y los que vienen de
más lejos resurgen continuamente. Uno de ellos es el educativo, que ha sufrido
recortes de varios miles de millones de euros en 2010, y que, tras muchos meses
de protestas dispersas como respuesta a los recortes puntuales de las
comunidades, un decreto del Gobierno en abril para recortar más de 3.000
millones en educación consiguió unir la protesta y darle más visibilidad.
En Madrid, ya desde mediados de 2011, fueron las ansias movilizadoras de los
profesores de base las que empujaron unas protestas que desembocaron en el
movimiento que más tarde se ha llamado la marea verde. Esta es la que dio la
idea de las mareas en la manifestación que reunió en Madrid a decenas de miles
de personas contra los recortes el pasado 15 de septiembre. La blanca era la de
sanidad; la violeta, la de igualdad; la naranja, servicios sociales; la negra,
los servicios públicos, los funcionarios. Los convocantes de esa marcha, 230
colectivos, quizá sean la expresión más clara de esa movilización social en que
hoy por hoy se mezclan y amontonan sindicatos, grupos políticos y asociaciones
clásicas y recién creadas de todo tipo y condición.
Aparte de la velocidad y amplitud de los recortes —“Hay una clase media que
se está depauperando a una velocidad de vértigo, y aumentan las desigualdades a
la misma velocidad”, “ya no queda nadie ajeno”— el profesor Kaplún también
apunta al descontento “porque no se están repartiendo las pérdidas: unos pocos
siguen ganado cada vez más mientras la mayoría es cada vez más pobre”, y con un
sistema político que parece maniatado por los intereses económicos: “Cada vez es
más descarado el contraste entre el rescate a la banca y los recortes”, señala.
Barreiro habla también de la frustración de muchos de los que votaron al PP
convencidos de que “tenía la llave para salir de la crisis”, pero se han
encontrado que “las cosas no están mejor, sino que han empeorado”.
Todo ello aumenta la movilización, y lo hará todavía más si, como parece,
empieza a dar frutos, como en el caso de los desahucios. “A medida que la crisis
va afectando a más factores, la gente es más consciente de que puede hacer cosas
y la resignación deja de ser una opción”, opina Jordi Mir, del Centro de
Estudios de Movimientos Sociales de la Universidad
Pompeu Fabra de Barcelona. “La situación se ha ido agudizando porque no hay
elementos que nos hagan pensar que esto vaya a mejorar; la democracia
representativa está fallando, y la movilización recluta a sectores de la
población tradicionalmente menos activos, tanto jóvenes como adultos”, añade.
“De momento, se cuestiona la legalidad, pero no hay un enfrentamiento violento;
las protestas son pacíficas”, dice.
La crisis de los partidos es uno de los elementos que está detrás de estas
protestas de base. La pérdida de apoyos electorales potenciales del PP está
siendo rápida y contundente, hasta el punto que en estos momentos el PP solo
mantiene la lealtad del 56% de los que le votaron hace solo un año, según los
datos recogidos por José Félix Tezanos en el último número de la revista Temas.
Y la principal novedad es que el retroceso en el partido de gobierno no se
traduce en un ascenso del principal partido de la oposición.
Al sociólogo de la Uned le inquieta la situación actual, cuyo desenlace ve
imprevisible. “Vamos hacia una época de grandes conflictos y de pérdida de peso
de los partidos políticos”, advierte. “La sociedad occidental tiene que pensar
que la estabilidad no está garantizada”, considera. Tezanos advierte que los
partidos deben hacer frente a esta situación o “nos enfrentamos a sociedades
inviables, en las que el descontento es difícilmente canalizable”, lo que deja
abierta la puerta al ascenso de los movimientos extremistas y populistas. Y si
el Gobierno considera que se trata de un problema de orden público y saca a los
antidisturbios, un movimiento pacífico como el actual puede volverse
violento.
Todos los expertos coinciden: las movilizaciones van a ir a más. “Esto no se
va a agotar en reivindicar lo que había, la vuelta atrás es imposible; esto va a
devenir en un nuevo modelo de sociedad, que no sé cuál será, pero creo que hay
solo dos salidas, por la ultraderecha o por la izquierda”, augura.
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