"El derecho es el conjunto de condiciones que permiten a la libertad de cada uno acomodarse a la libertad de todos" (Kant)
Es muy posible que la Historia demuestre que sin el derecho a protestar, el de abandonar el puesto de trabajo y el salir a las calles para cuestionar las leyes, las actuaciones del poder, los abusos de las autocracias, oligarquías o dictaduras, la humanidad no hubiera salido de la esclavitud impuesta por los poderosos y de la dependencia y sumisión a los que ejercían su poder totalitario sobre los ciudadanos. Debemos reconocer que, sin una legislación que apoye los derechos de los débiles, no hubieran llegado las conquistas sociales que han establecido una justicia social que, hace doscientos años, no era nada más que una utopía y, es obvio que, cualquiera que trabaje, que se esfuerce en dar un rendimiento y que produzca un bien a cambio de un salario, tiene derecho a que su retribución por el esfuerzo realizado sea recompensada debidamente, de modo que pueda atender dignamente a sus necesidades y a las de su propia familia.
Sentadas estas premisas, no nos queda más remedio que entrar a tratar de los abusos que constantemente se vienen produciendo argumentando, esgrimiendo y aprovechándose de este derecho que nuestra Constitución concede a cualquier español, para que pueda manifestarse libremente y declararse en huelga para exigir el cumplimiento de las leyes, reclamar contra los abusos o pedir unos salarios más dignos. Desgraciadamente, la experiencia nos viene demostrando que, en numerosas ocasiones, las manifestaciones y las huelgas son utilizadas por expertos manipuladores de opinión, por profesionales de la política o por defensores del anarquismo o el comunismo a ultranza que, a través de engaños y subterfugios, pretenden movilizar a los ciudadanos precisamente con el único objeto de crear caos, de hundir la economía y de agitar a las masas, con fines políticos que nada tienen que ver con el bienestar de aquellos a los que ilusionan , desorientan y seducen con sus discursos revolucionarios.
Durante mi vida laboral he tenido ocasión de ver como empresas con posibilidades de continuar dando ocupación a sus trabajadores, han sido desmanteladas y han caído en la ruina por un erróneo cálculo del uso y del abuso del derecho de huelga; en la mayoría de los casos debido a la imprudente intervención de los sindicatos y a una utilización política de las legítimas aspiraciones de los trabajadores, para fines que nada tenían que ver con los intereses de aquellos a los que se les hacía creer que se los estaba ayudando y defendiendo. La mayor sinrazón, que afecta a este derecho constitucional del ejercicio de la huelga; es que, si bien está reconocido a los trabajadores en el Art.28'2 de la CE, sic: ""Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad….", pero aquí ni se ha promulgado "…la ley que regule el ejercicio…", ni su desarrollo, que debiera de haberse producido por medio de una ley orgánica que aclarara cuáles eran las garantías "esenciales" que debieran observarse., en cada caso.
Parece, no obstante, que esta ley no se ha producido todavía, después de 34 años de la promulgación de la Carta Magna, y su regulación sigue dependiendo de una norma preconstitucional, el Real Decreto Ley de Relaciones de Trabajo de marzo del año 1.977. En el Art.11 de dicho cuerpo legal se deja constancias de los casos en los que la huelga es ilegal:
-Cuando se inicie o sostenga por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados.
-Cuando sea de solidaridad o apoyo, salvo que afecte directamente al interés profesional de los trabajadores afectados.
-Cuando tenga por objeto alterar, dentro de su período de vigencia, lo pactado en un convenio colectivo o lo establecido por laudo.
-Cuando se produzca contraviniendo lo dispuesto en el presente Decreto-ley, o lo expresamente pactado en convenio colectivo para la solución de conflictos.
Evidentemente, hace ya muchos años que ni las Magistraturas ni los Tribunales de lo Social aplican, en la práctica, estos conceptos para declarar ilegales cualquier tipo de huelgas, incluso las llamadas salvajes por no haberse cumplido las formalidades administrativas requeridas para ejercer el derecho de huelga, contempladas en la norma. Sin embargo, como muy acertadamente ha dicho, últimamente, el presidente de la Comunidad de Madrid, señor Ignacio Gonzáles: "las huelgas han generado unas pérdidas de 1.748 millones de euros y han costado 23.780 puestos de trabajo, un punto en la tasa de paro madrileña. Su impacto en el PIB de la comunidad ha sido de un 0'5%." Sólo atribuible, en una gran parte, al vacío legal que, por lo visto tanto asusta rellenar a los gobernantes; debido, en gran parte, a esta inactividad de la Justicia, este pasotismo de los tribunales o ¿quizá miedo a dar la cara?
Aquí, en este país, todo aquel que quiera armar la Mari morena no tiene más que ponerse de acuerdo con quienes son expertos en armar broncas, salir a las calles y cometer cualquier salvajada, agresión, lanzamiento de piedras o dedicarse a destruir autobuses, mobiliario urbano o escaparates, con la absoluta seguridad de que siempre encontrará un partido político, un sindicato o una de estas bandas antisistema, que los van a apoyar. Tampoco deberán temer a las fuerzas del orden o a la Guardia Civil porque quienes tienen el mando, quienes los deberían apoyar en su trabajo no están dispuestos a jugarse el cargo para dar la cara por sus subordinados. Y es que, en un escaso periodo de tiempo, se han producido 2 huelgas generales y más de mil huelgas. En cuanto al sector público las huelgas y los paros parciales han sido 62 y las manifestaciones 2.550 (siete diarias) ¿Han visto ustedes que alguien tomara medidas para evitar que la gente que quiere trabajar pueda hacerlo, que los transportes lleven a los ciudadanos a sus respectivos destinos o que la gente pacífica, los ancianos, las embarazadas o los niños puedan ir por las calles sin miedo a ser atropellados? ¡Evidentemente que no! Nadie se atreve a actuar para que no digan que es un "fascista" o que "el pueblo tiene derecho a manifestarse" y que quien no está con los salvajes que se apoderan de las calles "no es un verdadero demócrata".
De hecho, los sindicatos, aquellos que se quejan de los recortes, son los primeros que no tiene miramiento en convocar paros. Incluso los sanitarios, los médicos y especialistas hacen piñas con los del 15M y comunistas. Estos señores que trabajan lo mismo en el Servicio Nacional de Salud que en despachos particulares, de pronto se han erigido en los defensores de lo público y han salido a las calles cantando canciones de protesta y haciéndoles el caldo gordo a los señores Cayo Lara o al desgastado señor Rubalcaba. ¡Bravo por los médicos!, no obstante, vean ustedes la coherencia de estos señores, han dejado si realizar más de 5.000 operaciones (que no se sabe cuando se podrán realizar) y ya ni se sabe el número de consultas que han dejado de llevar a cabo. Y ¿dónde les parece que habrán ido los pacientes que se vean apurados por su dolencia? Pues, claro, al médico privado, a los que parece que los médicos de la sanidad pública consideran menos preparados que ellos. No es cierto, porque todo aquel que se lo puede permitir tiene su propia compañía de asistencia médica particular, para no tener que esperar que los doctores del INS se dejen de pamplinas y se dediquen a cumplir con sus obligaciones. O así es como veo yo este dichoso problema.
Miguel Massanet Bosch
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