Uno ya no sabe cuántas desgracias más le pueden ocurrir a este desvencijado país y a sus pobres ciudadanos y, no obstante, cada día que pasa tenemos ocasión de enterarnos de nuevos hechos, de sucesos y aconteceres que se dan en España, marcada por las desgracias, que nos dejan perplejos y cariacontecidos ante la evidencia de que, la estupidez humana, no tiene límites y de que el sentido común, como decía Voltaire, es el menos común de los sentidos, al menos en muchos de nuestros dirigentes.
Hete aquí, señores, que esta mañana he tenido ocasión de leer, en el diario digital, Libertad Digital, un artículo en el que se incluye una lista de lo que podríamos llamar el vademécum del despilfarro; gracias al cual, la actual administración autonómica, ha convertido la gestión autonómica en el gran abismo en el que se vienen enterrando los impuestos de los contribuyentes. Gracias a nuestros dirigentes políticos tiene lugar, ante nuestras propias barbas, el mayor expolio que puede hacerse a los españoles. Resulta impresionante como, el establecimiento de un régimen autonómico, interpretado por cada gobierno regional a su manera y puesto en práctica sin tener en cuenta que España es, toda ella, un mismo país, sin otras fronteras que las que nos separan de Francia y Portugal; haya podido conducir al país a una especie de tierra de locos en la que, en lugar de actuar todos de una forma coordinada y sinergética; por causa de los individualismos interesados y enfrentamientos culturales entre las distintas comunidades, lo único que se ha conseguido ha sido convertir el Estado autonómico en una verdadera jaula de grillos, donde cada gobierno regional hace de su capa un sayo, sin preocuparse de si ello perjudica a sus vecinos y, en definitiva, a España.
Para empezar, podemos decir que la fragmentación del mercado español cuesta a los ciudadanos la nada despreciable cantidad de 45.000 millones de euros ¿Qué significaría disponer de tal excedente para reducir sustancialmente nuestra deuda externa? Sin embargo, aquí estamos, como si no pasara nada alargando la toma de las medidas precisas para que, las 17 autonomías españolas, no se comporten como si cada una de ellas fuera una nación con sus propias tasas y sus especiales tributos y ordenanzas, con las que deben enfrentarse los empresarios españoles para vender sus productos en las distintas comunidades del Estado español. Por ejemplo ¿pueden ustedes creerse que el etiquetado de bebidas alcohólicas, lo mismo que las sanciones por su incumplimiento están sometidos a distintos criterios según la comunidad autónoma? Créanselo y lo mismo sucede con los proveedores de comidas y bebidas de los comedores escolares que tienen que enfrentarse a regulaciones autonómicas dispares respecto a los criterios nutricionales. ¿Acaso los niños de Extremadura tienen una constitución física distinta de los catalanes? No señores, pero no se espanten que, en la comunidades autónomas de Catalunya, Andalucía, Extremadura y Galicia, aplican distintas legislaciones respecto a un mismo sistema de recetas electrónicas de medicamentos de manera que, un señor de Gerona no puede usar su tarjeta sanitaria en Cáceres porque no funciona. ¿Por qué, si todos estamos en un sistema unificado de prestaciones de la Seguridad Social? Pregúntelo ustedes a los responsables de cada una de ellas y, seguramente, le dirán que para ello tienen las competencias recibidas del Estado. ¡Inaudito!
¿Puede un país, competir en los mercados extranjeros cuando los gobierno regionales se entrometen con sus normas en cómo las entidades privadas manejan sus negocios? Vean el caso del gobierno Balear que prohíbe que las entidades bancarias hagan promociones de sus productos financieros, como la apertura de una cuenta corriente, regalando vajillas u otros artículos de uso corriente. Esto obliga a los bancos a tener que atenerse a la ley regional al intentar hacer una promoción a nivel nacional, con lo que ello significa, teniendo en cuenta que, en España, tenemos 17 autonomías y dos ciudades autónomas.. Existen, señores tres legislaciones distintas para definir los itinerarios que deben seguir los trasportes de mercancías peligrosas: una elaborada por la Administración Central, otra por el Gobierno de Catalunya y la tercera por el del País Vasco.; algo que, según la CEOE, "o permite la fluidez del transporte de mercancías creando problemas de eficiencia por la dificultad de coordinar los tráficos en determinadas fechas". Estos ejemplos, junto a otros muchos que se podrían mencionar nos dan la medida de los obstáculos con los que tropiezan nuestras empresas a la hora de transportar sus productos a través de las distinta regiones de España, algo que contrasta con lo que sucede cuando circulan por las carreteras de la CE. Y todo esto significan problemas, gastos extras, tiempos perdidos y trabas administrativas, dentro de un país que, lo que precisa, es dar el máximo de facilidades a nuestros empresarios para que sean competitivos, rápidos en servir los pedidos, y libres de circular por el territorio nacional sin que ninguna administración periférica les ponga obstáculos a su gestión.
El Gobierno del señor Rajoy prometió poner manos a la obra en conseguir que, en toda España, no hubiera distintos mercados; que los españoles no tuvieran trabas por residir en una parte determinada del territorio nacional o por tener su negocio en una autonomía determinada. Vean, no obstante, lo que sucede en Catalunya donde, gracias al problema de la lengua se sanciona a quienes rotulan en castellano y se obliga a los fabricantes a que, sus productos, sean rotulados en catalán aunque, según la Constitución todo español es libre de utilizar el castellano en todo el territorio nacional. Pese a ello todas las medidas para conseguir esta normalización, por cuestiones políticas, por miedo a no incomodar a los nacionalistas o por no enfrentarse al gobierno separatista, están durmiendo el sueño de los justos, mientras España se está depauperando sin que nadie se tome en serio las causas de su decadencia.
Y es que, señores, esta nación hace aguas por los cuatro costados y, cuando parece que se arregla uno de los problemas que nos acucian, por otra parte surge otro que pone en entredicho el que, una vez más, podamos llegar a taponar a tiempo nuestros desagües, para que las aguas del progreso puedan volver a llenar los embalses de prosperidad que representan el progreso, el trabajo y el desarrollo de nuestra paralizada industria. No ayuda, evidentemente, a que lo consigamos, el que los problemas separatistas estén en su punto álgido, que dentro de unos días tengamos elecciones autonómicas en Catalunya y que, entretanto, las voces discordantes de los separatistas amenacen con trasladar el problema de sus relaciones con España a los foros internacionales donde, evidentemente, no tienen la más mínima posibilidad de lograr éxito, pero sí pueden lograr que la confianza de los inversores se resienta y decidan esperar a que, el problema interno de nuestra nación, se aclare; lo que significa que nuestras posibilidades de financiación a un interés razonable puedan sufrir un retraso que, en modo alguno, nos conviene.
España no está para aguantar retrasos por cuestiones de orden interno. El Gobierno debe dejarse de pamplinas y actuar con firmeza antes de que se le ponga en la tesitura de tener que acudir a los medios extremos previstos en la Constitución. Lo venimos pidiendo reiteradamente, sin que, al parecer, nadie entre en razón. O esta es, señores, mi apreciación de la complicada situación de este país.
Miguel Massanet Bosch
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