Aires de La Parra

Panorama desde dentro (por Victoria Prego)

(Publicado en El Mundo-Reggio´s, aquí)

ESPAÑA: PREGUERÍAS

Hay verdades que suenan distinto en según qué bocas y que tienen distinto eco según el momento en que se digan. Las verdades que hoy dice aquí Carme Chacón no suenan como insultos, amenazas o agresiones porque no las ha formulado un miembro del Gobierno ni un dirigente del PP. Ni siquiera las ha dicho nadie de Madrid, centro geográfico de España, sede del poder en la política nacional y, por eso, la referencia más detestada por los neoindependentistas.

Las verdades de Chacón suenan como trallazos porque las dice una socialista catalana que sabe muy bien de lo que está hablando y cuyos intereses políticos y territoriales son los mismos que los de millones de catalanes estupefactos que, como ella, están comprobando todos los días cómo Artur Mas y los suyos les están tomando el pelo.

Por muy evidente que sea para cualquier observador que el equipo de Mas está demostrando una cortísima talla política y una extraordinaria falta de seriedad en la exposición de su fantasía independentista, hay cosas que los no catalanes no suelen atreverse a decir con la crudeza con que las acaba de decir Chacón. Y, si lo hacen, ya pueden darse por bautizados como ultraderechistas, anticatalanes, fascistas y toda esa retahíla con la que se busca infamar al autor para no tener que enfrentarse a sus argumentos.

No puede ser el caso de esta señora que, con un puñado de frases, desmonta hoy desde dentro de la vida política el tinglado levantado por la Generalitat con el propósito de conseguir una amplia mayoría en las elecciones.

Aquí Chacón habla de la Cataluña de verdad y de la Cataluña de mentira, que es la que Artur Mas dibuja para el futuro.

Y enciende, además, un potente foco sobre la ridícula y escandalosa inconsistencia de un proceso -o como se pueda llamar a esto que está ocurriendo- que pretende acabar con cientos de años de vida en común porque, tras unas horas de conversación, dos dirigentes políticos estuvieron en rotundo desacuerdo sobre las exigencias fiscales planteadas por uno de ellos. Contrapone así la gigantesca dimensión de las consecuencias a la inaudita inanidad de la causa.

Hacía falta que desde el Partido Socialista alguien levantara la voz con claridad y contundencia y se enfrentara sin ambigüedades a las pretensiones de los nacionalistas. Si cosas como ésta se hubieran dicho mucho antes y con la misma firmeza, probablemente las perspectivas electorales del PSC no habrían sido tan lamentables como lo son hoy.

Y, probablemente también, su partido no habría cometido la torpeza de enredarse con ese «derecho a decidir» que, en el PSC, pasa a ser un concepto político indeterminado. Chacón es aquí mucho más rotunda que Rubalcaba, quien se ha limitado a decir que «no está de acuerdo» con un planteamiento que, por sí, tiene una carga política potencialmente explosiva.

Queda pendiente de respuesta la pregunta de a dónde se dirige la socialista y qué plazos se pone para llegar a su meta. Pero eso lo iremos viendo enseguida.

  

Brotes verdes, ¡Uy, lo he dicho! (por Vicente Lozano)

(Publicado en El Mundo-El Consejo editorial/blogs, aquí)

En las últimas semanas, desde la última cumbre europea en concreto, hay un tono distinto de las comunicaciones de los ministros relacionados con la economía. Es cierto que la titular del departamento de Empleo, con el 25% de paro actual, es la menos indicada para avanzar que esto se empieza dar la vuelta, pero los datos pueden indicar que algo está cambiando en la situación macroeconómica y es interesante resaltarlo.

 

En primer lugar, hay que dejar bien claro que nadie puede hablar de luz al final del túnel. Si queremos, es posible que ahora nos encontremos en ese punto de inflexión que hace que la caída se frene y se vea un poco más adelante el inicio de una ligera subida en nuestro camino.

La pregunta es si esto es compatible con un país en el que "dan ganas de llorar" como decía el Rey hace unos días. Una sociedad en la que aumenta la pobreza, los desahucios llevan a la desesperación del sucidio, hay más de un millón de familias con todos los miembros en el paro y en la que los jubilados tienen que hacer frente con sus ahorros a los gastos que no pueden realizar sus hijos y nietos en edad de trabajar que no tienen ingresos.

Pero hay algunas razones que invitan a pensar que en estas últimas semanas sí ha habido un cierto cambio en el país. Veamos primero las condiciones financieras, que como dicen los analistas, anticipan lo que ocurrirá con la economía real.

1. La caída de la bolsa se ha frenado desde el verano. A finales de julio rompió la tendencia bajista y el movimiento desde entonces, con vaivenes, es al alza.

2. Las principales empresas españolas han acudido a los mercados de capitales a financiarse y lo han conseguido.

3. La prima de riesgo se ha moderado y se sitúa en torno a los 400 puntos básicos. Todavía alta, pero mucho más asequible para el 'bolsillo' público. La última subasta de bonos a 10 años se cerró en el 5,4%, pero llegó a superar el 7% en julio.

4. La sola existencia del plan de ayuda del BCE actúa de parapeto ante los especuladores. Las últimas subastas de deuda lo reflejan. Rajoy tiene la armadura que le ha proporcionado Draghi y, aunque no se la ponga, los 'malvados' mercados saben que ya no está sólo en sayal para luchar.

 

Ahora, algunos detalles macroeconómicos.

1. El Gobierno está en condiciones de cerrar 2012 con un déficit público cercano al comprometido con la UE. Es muy posible que no sea del 6,3% previsto, pero si no pasa del 7% la cifra se dará como buena.

2. Esto significa que las medidas más duras que ha aplicado el Gobierno -recortes de prestaciones y subidas de impuestos- empiezan a dar algunos frutos.

3. El sector exterior está tirando de la economía ante la ausencia de demanda interna, como muestra el dato del PIB del tercer trimestre. Hemos ganado en competitividad -aunque hasta el momento sea a costa de la destrucción de empleo- y nuestras empresas se han preparado para crecer cuando 'toque'. Y entonces crearán puestos de trabajo.

4. Todas las administraciones públicas, hay que reconocer que a la fuerza, se han dado cuenta de que no hay más remedio que ajustarse y lo está haciendo. Aunque queda mucho, aquí sí que se ha invertido la tendencia de los años de la irresponsabilidad.

5. Quizá lo más preocupante de todo es el retraso que llevamos en la reforma del sistema financiero. Los bancos todavía no dan crédito y eso es fundamental para generar crecimiento de la actividad.

Son señales y no brotes verdes, a pesar del titular de esta entrada. Y como decía antes, puede parecer obsceno con un 25% de paro y un 52% de desempleo juvenil decir que España se empieza a encarrilar. Pero no es avanturado decir en estos momentos que la economía encara una nueva etapa.

 

Lo malo es que en las crisis económicas en España lo primero que sufre es el paro lo último que se recupera es el paro. Es el fruto de nuestra penosa legislación laboral. Así, si ahora se empieza a dar la vuelta esta penosa situación podemos pensar que a lo largo de 2013 lograremos ver una cierta creación de empleo.

¿Estamos bien? En absoluto. ¿Mejor que a principios de año? Sí. Ésa es la esperanza para el futuro próximo.

                                                                                              @vicentelozano

¿Se puede reformar la política? ¿Cómo? (por José Antonio Gómez Yáñez)

No hay soluciones mágicas, pero se puede mejorar y sanear. Desliar este enredo requerirá altura de miras, liderazgo, ideas claras y capacidad de convicción, de lo contrario acabará dando un serio disgusto al país

José Antonio Gómez Yañez (Publicado en El País, aquí)

EVA VÁZQUEZ

Las elecciones gallegas y vascas han dejado media docena de dirigentes políticos amarrados a sus puestos tras sus catastróficos resultados, alguno más se sumará a estos náufragos tras las catalanas. No es lo malo que traten de sobrevivir, sino que sepan que lo pueden hacer porque los órganos internos de sus partidos son impotentes para exigirles la responsabilidad (su cargo, por incompetencia) por llevar a su partido a tal resultado. La política española está enmohecida, momificada, que sigan flotando estos náufragos lo prueba. El origen de esta metástasis no es solo la Ley Electoral como se suele apuntar, sino la falta de regulación de los partidos y del entramado en que se ramifica la política.

El malestar atraviesa ideologías y abarca todas las vertientes de la política. Ollero, exdiputado del PP y magistrado del Constitucional, señala que “quien ocupa un cargo político se siente en un Olimpo rebosante de prebendas y sinecuras” (Abc, 27-6-12). Nuez, abogada del Estado, afirma que los nombramientos en la Administración se hacen por lealtad “a riesgo de dejar en ridículo a los españoles y a las instituciones” (El Mundo, 7-8-12). En EL PAÍS, Lapuente apunta la imbricación de funcionarios y políticos como clave de la “enfermedad institucional” de España (15-8-12), Casajuana muestra el contrapunto de la reforma militar que obligó a los militares a abandonar sus carreras para entrar en política (3-9-12), Rubio Llorente escribe “es urgente acabar con (el) regateo en el nombramiento de magistrados” del Constitucional (10-8-12), sería fácil ampliar las citas. El goteo de casos de corrupción es vergonzoso. No seamos ingenuos, estos problemas aquejan a los países democráticos, en 1992, Katz y Mair teorizaron el cartel party, es decir, la evolución de los partidos hacia formas de funcionamiento que les llevan a gestionar los recursos públicos para mantener sus organizaciones y puestos de trabajo. Pero, conviene afinar: los políticos son vistos como una casta solo atenta a sus intereses, pero también hay muchos que se sienten atrapados por los mecanismos que aquí se han forjado, y que desearían cambiarlos.

Los congresos de partidos no son traumas ni pueden retrasarse a conveniencia de la dirección

Y desde la política, ¿qué? Fabra reducirá 20 escaños autonómicos en Valencia, Aguirre propuso reducirlos a la mitad, en Madrid hay 129, por tanto, es razonable; Feijóo lo clareó en Galicia, y en Castilla-La Mancha, después de pasar de 49 a 53, Cospedal propone dejar 25 y que cobren dietas; pero, como secretaria general del PP, trata de evitar un congreso en Madrid para que los afiliados elijan nuevo presidente regional. El PSOE retorna a la idea de elegir su candidato a presidente del Gobierno en primarias, pero el aparato seguirá cooptando a todos los demás candidatos a todo. El PSOE ya hizo este experimento, con Borrell y Almunia, y acabó como el rosario de la aurora porque en una organización como el PSOE elegir al candidato mediante primarias, si hay dos, fractura la organización en mitades, ya que los cuadros saben que quien gane nombrará en cascada a todos los demás candidatos. Tras las gallegas y vascas, la vicesecretaria general del PSOE recordó que su ejecutiva fue elegida para cuatro años. O sea, desde la política ni siquiera parece haber un diagnóstico del problema, solo alguna agitación. Al margen de la política hay propuestas que semejan varitas mágicas, como las listas abiertas, pero con esas soluciones los partidos presentarían los mismos candidatos y los demás problemas seguirían.

La política hay que regularla y no se hace de un plumazo. Estados Unidos y Alemania han avanzado con leyes sobre el funcionamiento de los partidos. Bajo ellas late una directriz: los partidos no son asociaciones privadas con legitimidad para autorregularse; son entidades especiales a las que se da el monopolio de la representación política, financiadas con dinero público y cuyo personal percibe retribuciones públicas, por tanto, deben regularse por leyes para proteger las instituciones, y sus cajas.

Tomemos Alemania como modelo, adaptemos sus leyes de partidos y electoral, sería fácil. La política alemana no es perfecta, véase el Libro Negro del Contribuyente, pero es raro ver a un político alemán por los juzgados y dimiten cuando deben. La ley de partidos alemana fija los congresos cada dos años, el voto secreto de los afiliados a personas, no a listas, para elegir delegados a congresos o cargos internos, y la auditoría externa de cuentas. ¿Para qué regular la actividad interna de los partidos? Para prevenir la cooptación a la que tienden naturalmente, para proteger a los políticos con discursos diferentes a los de la dirección permitiéndoles sobrevivir en un contexto de voto a las personas, o sea, para permitir la supervivencia de alternativas internas; y, sobre todo, para obligar a las direcciones a rendir cuentas en plazos razonables (cada dos años en Congresos y cada tres o seis meses ante los parlamentos internos). Los congresos no son traumas como se pretende en España, ni pueden retrasarse a conveniencia de la dirección. Los órganos internos deben ser operativos para controlar la gestión de sus ejecutivas, no se trata de crear mecanismos para derribar ejecutivas, sino de que haya instrumentos que funcionen cuando sea preciso. Discrepar de la dirección no puede significar despedirse de la carrera política o someterse al silencio, por eso, los cuadros de los partidos deben sentirse protegidos por la seguridad de que su posición se asienta en el voto de los afiliados, no en la benevolencia de la dirección. Solo así pueden decir lo que piensan.

En Alemania la elección de los candidatos dentro de los partidos se incluye en la Ley Electoral. Los afiliados eligen los candidatos a todos los cargos representativos mediante elecciones primarias (internas). Se celebran a fecha fija, si la ejecutiva regional del partido no acepta al candidato ganador se convoca una semana después otra votación, siendo elegido el que gane. Es un sistema menos brillante que las primarias norteamericanas (impensables aquí), pero dota a los elegidos de bases autónomas de poder. Aquí las direcciones eligen a los candidatos en un forcejeo que mezcla la cooptación bajo presión y el reservado el derecho de admisión. Esta fase del proceso electoral debería incorporarse a la Ley Electoral española.

Es precisa una ley de la Función Política que regule sus retribuciones e indemnizaciones

Lo fundamental de estas leyes es que, sin ser perfectas, obligan a que los políticos compitan a base de conectar intereses, generar un discurso, convencer a la gente, gestionar limpiamente porque los compañeros / rivales vigilan. O sea, incentivan las capacidades para conseguir apoyos sociales, no para caer bien a quienes hacen la lista. La competencia interna haría más difícil la vida de los corruptos que, en los partidos españoles, están entre los más leales (aunque los más leales no son los corruptos necesariamente, cuidado) por eso entran en las listas, y atraería a más personas interesadas por lo colectivo y con ideas innovadoras.

¿Es suficiente esto para regenerar la política? No. Al menos son precisas: I. Una ley de la función política que regule sus retribuciones e indemnizaciones al cese o seguro de desempleo, incompatibilidades, Seguridad Social y pensiones, prohibición de dietas por asistir a reuniones de satélites de las Administraciones, estatuto de los asesores, etcétera. II. Una ley de funcionarios que los separe de la política, defina una trayectoria profesional funcionarial sin interferencia de los políticos y elimine los puestos de libre designación, congele las carreras de los que pasen a la política, extienda la prohibición de los militares a los del Poder Judicial y establezca un sistema retributivo homogéneo en todas las Administraciones. III. Separar la política del Poder Judicial, de los órganos reguladores, de los tribunales Constitucional y de Cuentas, etcétera, mediante sistemas de elección individuales que impidan negociar por lotes de magistrados. IV. Reducir el número de cargos políticos.

No hay soluciones mágicas para la metástasis de la política española, pero se puede mejorar y sanear. Salvo para los militares, la Transición superpuso los partidos a la discrecionalidad de los políticos sobre las Administraciones heredada del franquismo, cómoda para los dirigentes políticos. La legalización de los partidos no era suficiente, hubiera sido preciso que los políticos hubieran puesto límites a su discrecionalidad. Desliar este enredo requerirá altura de miras, liderazgo, ideas claras y capacidad de convicción, de lo contrario la política acabará dando un serio disgusto al país. Ya estamos en vías de ello.

José Antonio Gómez Yáñez es profesor de Sociología en la Universidad Carlos III.

¿Ante un nuevo fracaso colectivo? (por Jaime I. del Burgo)

(Publicado en vozpopuli.com-Reggio´s, aquí)

El enemigo somos nosotros

La crisis económica nos ha situado ante una terrible realidad. El  edificio de nuestro bienestar estaba construido sobre arena y con las  primeras turbulencias financieras se vino abajo con estrépito. El  panorama no puede ser más desolador e inquietante. El pesimismo se ha  adueñado de la sociedad española cuya esperanza en este momento se  reduce a que las cosas no lleguen a peor.

Pero la crisis ha tenido otro efecto demoledor. Los españoles somos  muy dados a buscar culpables y se ha extendido la idea de que la  responsabilidad la tiene “el sistema”, que así se denomina al régimen  político que los españoles nos dimos en 1978, cuando por vez primera en  nuestra historia España dejó de ser diferente para asimilarse al resto  de los países democráticos del mundo. Un sistema al que acusan de haber  creado una “clase política” privilegiada y corrupta, que comienza a ser  denostada por un número cada vez mayor de ciudadanos.

Pero una cosa es predicar y otra dar trigo. Quienes descalifican el  sistema difieren a la hora de proponer soluciones. Unos quisieran, por  convicción o por oportunismo, acabar con la Monarquía. Otros con el  Estado de las autonomías, al que culpan de todos nuestros males, para  volver al centralismo decimonónico. Los hay que, sin llegar a tal  extremo, reclaman la devolución de competencias autonómicas al Estado.  No faltan quienes reniegan de la democracia representativa para  instaurar modos utópicos de participación, so pretexto de que los  “políticos” no nos representan. Y lo peor es que quienes incitan a sacar  a los diputados del Congreso a boinazos para iniciar por las bravas un  proceso constituyente hayan encontrado el amparo de un juez de toga  teñida de bermellón, al que este amago al menos intelectual de golpe de  Estado le parece un simple desahogo contra la “decadente clase política”  amparado por la libertad de expresión. En ciertos ámbitos sindicalistas  se utiliza el viejo lenguaje propio de la lucha de clases, que aquí  acaba siempre como el rosario de la aurora. En medio de tal guirigay  alguno ha llegado a decretar el “agotamiento” del régimen –como si la  democracia envejeciera con el transcurso del tiempo- y profetiza la  revolución si no se reforma a fondo la Constitución. Y para completar  este turbio panorama, los nacionalistas catalanes –a los que no tardarán  en sumarse los vascos- tratan de aprovechar la actual coyuntura para  buscar la puerta de salida de la comunidad nacional y marcharse dando un  portazo.

Pues bien, cuando todos estos nubarrones se ciernen amenazadores  sobre nosotros, en vez de tratar de salvar la “marca España” no se nos  ocurre nada mejor que retransmitir en directo los asaltos a los  supermercados y las algaradas frente al Congreso de los diputados,  anunciar urbi et orbi que Cataluña quiere irse y proclamar a  los cuatro vientos que el país se le cae de las manos al gobierno. Habrá  que llegar a la conclusión de que el enemigo somos nosotros.

Una lanza a favor de la Constitución

Antes de hablar de Navarra, permitidme romper una lanza a favor de la  Constitución de 1978, porque no es cierto que en ella esté el problema  sino que, por el contrario, en el respeto a sus valores, principios y  normas está la solución. Debiéramos tener muy presente que nuestra Carta  Magna es demasiado joven como para llevarla al cirujano plástico y que,  en cualquier caso, todo retoque o remiendo ha de hacerse con el mismo  consenso que presidió su elaboración y a sabiendas de que si se remueven  sus cimientos el edificio entero puede derrumbarse sobre nuestras  cabezas.

Los españoles –incluidos catalanes y vascos- refrendamos la  Constitución de 1978 y, por tanto, la idea de España que subyace en  ella, que no es otra que la afirmación de que el sujeto del poder  constituyente es el pueblo español, porque en él reside la soberanía;  que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho;  que los valores superiores del ordenamiento jurídico son la libertad, la  igualdad, la justicia y el pluralismo político; que la Constitución se  fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e  indivisible de todos los españoles; que somos una nación plural, de  modo que el derecho a la autonomía de los diversos pueblos españoles es  consustancial con la idea de España; que el idioma oficial del Estado y  lengua común de todos los ciudadanos españoles es el castellano -el  español por antonomasia-, que el reconocimiento de la pluralidad  lingüística no puede conducir a la imposición del monolingüismo; que la  forma de gobierno es la monarquía parlamentaria; que los españoles somos  iguales en derechos y obligaciones; que el Estado autonómico implica  que todas las comunidades autónomas tienen derecho a acceder al mismo  grado de autonomía, sin perjuicio de los hechos diferenciales derivados  de la existencia de una lengua propia, de la posesión de un derecho  civil secular, de la foralidad y de la insularidad; y, por último, que  para el cumplimiento de los grandes objetivos nacionales se requiere un  Estado fuerte y eficaz, lo que es incompatible con la pretensión de  convertirlo en un Estado residual.

Frente al federalismo

Con motivo de las maniobras secesionistas en Cataluña, se ha  introducido de matute el debate sobre el federalismo. Los estados  federales surgieron para encauzar procesos de integración, cuando un  grupo de estados preexistentes renunciaban a su soberanía para  conferirla a la federación. En el momento fundacional, la soberanía  reside en los estados miembros dispuestos a transferirla a la  federación. No tiene sentido que frente a la peligrosa deriva  nacionalista se proponga como fórmula taumatúrgica el federalismo, ni  aún con el calificativo de asimétrico que no deja de ser un estrambote  fruto de la ignorancia. El nacionalismo pasa olímpicamente del  federalismo porque sólo anhela la independencia. Además, para asegurar  la asimetría no hace falta entrar en un proceso constituyente, pues el  Estado autonómico ya refleja la pluralidad de España al respetar las  singularidades derivadas de los hechos diferenciales de algunas  comunidades.

La transformación de España en un Estado plurinacional, de carácter  confederal o federal, afecta al núcleo esencial de la Constitución. Un  proceso de tanta trascendencia no puede hacerse por la presión de los  nacionalismos ni de grupos extremistas de cualquier signo, unos y otros  espoleados por la devastación económica. No se puede dinamitar la  Constitución de 1978 si el conjunto de los ciudadanos españoles no  consienten en ello, pues no olvidemos que el pueblo español es el único  titular del poder constituyente.

“En tiempos de tribulación, no hacer mudanza” (Iñigo de Loyola)

Lo peor que podemos hacer es dejarnos llevar en estos momentos por el  pesimismo. Para levantar el vuelo hay que estar convencidos de poder  volar. Sería muy lamentable que la catástrofe económica nos arrastre a  una nueva crisis nacional. En momentos como éste cobra mucho sentido la  máxima de Ignacio de Loyola: “En tiempos de tribulación no hacer mudanza”.  Ello no significa ninguna concesión al inmovilismo y que no podamos  exigir a nuestros gobernantes y representantes políticos que sean  ejemplares en su comportamiento, luchen de forma implacable contra la  corrupción, acaben con cualquier privilegio irritante, limpien la  Administración de corruptelas, pongan punto final al despilfarro y  trabajen esforzadamente para recuperar el prestigio perdido ante los  ciudadanos.

Pretender el derribo del sistema constitucional sin consenso y sin  tener ideas claras del rumbo a seguir representa una irresponsabilidad y  un salto en el vacío. Lo que hay que hacer es restablecer la pureza de  nuestra Constitución. La politización de la justicia –por poner algún  ejemplo- es directa consecuencia de la perversión de la Constitución y  de quien sancionó que el Consejo General del Poder Judicial fuera  elegido íntegramente por las Cortes y consintió que los jueces pudieran  demostrar sus preferencias ideológicas a través de asociaciones  altamente politizadas. En materia autonómica el problema principal  reside en que el Estado ha abdicado del ejercicio de muchas de las  competencias que la Constitución le atribuye para garantizar la  libertad, la igualdad básica de los ciudadanos españoles y el  cumplimiento de los grandes objetivos de la nación española. No es  congruente con la Constitución que el funcionamiento de los partidos y  de los sindicatos no sea plenamente democrático. Tampoco la Constitución  impone que las listas electorales sean cerradas y bloqueadas. Y por  supuesto no es la Constitución un freno, sino todo lo contrario, para la  regeneración de la vida pública y la ejemplaridad de nuestros  gobernantes.

“Nosotros esta vez no podemos fracasar” (Jordi Pujol)

Los españoles no podemos permitirnos un nuevo fracaso colectivo. Es  muy doloroso comprobar que en el barco de España hay quien, en medio de  la tempestad, en lugar de ayudar a soltar lastre se dedique a abrir  nuevas vías de agua, olvidando que o nos salvamos todos o pereceremos  todos. Es lamentable que haya líderes políticos que quieran conducir a  su pueblo al limbo europeo y a la insignificancia internacional, con la  excusa de que el Estado le niega un puñado de euros o, lo que es peor,  diciendo que “España nos roba”. Qué irresponsable es la pretensión de  romper esta vieja nación que, en palabras del propio Jordi Pujol, aunque  ahora reniegue de ellas, es “una realidad no puramente administrativa, sino afectiva, de sentimientos entrelazados, histórica”, [porque] “hay  una serie de vivencias históricas comunes muy importantes, de contacto  de la población, de intereses, de memorias comunes. Todo eso forma una  comunidad y España lo es”. No cabe mejor definición de la idea de España. ¿Vamos a romper dos mil años de vida en común por una cuestión “de pelas”?

En 1978 la Minoría Catalana, por boca de Pujol, expresó su  satisfacción por la aprobación de una Constitución que además de  reconocer los anhelos de la nacionalidad catalana garantizaba la  existencia de un Estado equilibrado y fuerte. “Pensamos –dijo el su intervención ante el pleno del Congreso el 21 de julio de 1978- que la Constitución persigue un Estado equilibrado, un Estado fuerte,  no en el sentido autoritario de la palabra, sino en el de la eficacia y  el de la capacidad de servicio”. Y concluyó con esta sabia reflexión: “Muchas  veces en España se ha fracasado. La historia de los dos últimos siglos…  es la historia de los fracasos, del intento de estructurar, de  construir, de estabilizar, de poner las bases para el progreso del país,  de todo el país. Nosotros esta vez no queremos fracasar. Desde nuestra  perspectiva catalana, desde la cual a veces hemos fracasado doblemente,  doblemente en nuestra condición de españoles y, además, porque hemos  fracasado en aquello que nos afectaba directamente como catalanes,  desde esta perspectiva… nosotros aportamos aquí, por una parte nuestra  firme decisión de no fracasar esta vez, y nuestra aportación para que,  ente todos, consigamos eso que la Constitución nos va a permitir; un  país en el que la democracia, el reconocimiento de las identidades  colectivas, la justicia y la equidad sena una realidad.”

Cualquier agravio histórico quedó saldado en el pacto constitucional  de 1978 que ahora no se vacila en romper mediante la puesta en marcha de  un proceso revolucionario de desbordamiento institucional por la vía de  hecho. Es una tremenda ingratitud para el conjunto de los españoles que  una comunidad cuyos representantes han sido copartícipes para bien o  para mal de todo cuanto en este país ha ocurrido desde que vivimos en  democracia, se presente ante la comunidad internacional para anunciar  “sí o sí” un proceso de emancipación, como si fuera una colonia oprimida  por una potencia imperialista y los ciudadanos catalanes fueran objeto  de discriminación en el seno de España. La autodeterminación pretendida  viola la Constitución –que votaron los catalanes- y además no tiene  respaldo alguno ni en el derecho de la Unión Europea ni en el derecho de  la comunidad internacional. Todo es fruto de un gran engaño. Incluso la  misma pregunta es mendaz: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado dentro de  la Unión Europea?”. ¿Y qué pasa si falla la premisa mayor?

¿Una calle de Madrid para Carrillo? Una infame afrenta a España (por Miguel Massanet Bosch)

 

Indignación, señores, rabia, repulsa e indignación ante la noticia de que el Ayuntamiento de Madrid ha decidido dedicar una calle a Santiago Carrillo, algo que ha permitido, con su abstención y mojigatería habitual, la representación mayoritaria del PP en dicha institución. Una insólita manera de demostrar su autoridad.

Si la mayoría absoluta que le dimos al partido del señor Rajoy, sólo sirve para que las izquierdas sigan haciendo lo que les convenga a su antojo y nos vayan dando bofetadas a los votantes de derechas; que pensábamos que, con la entrada del Partido Popular en el Gobierno, el panorama político de España iba a sufrir un cambio y que todas las barrabasadas, inconveniencias, chanchullos, errores y leyes absurdas y desnortadas con las que pretendieron descristianizar a España y convertirla en el paraíso de degenerados, antisistema, separatistas, médicos abortistas y comediantes progresistas, iban a ser derogadas y sustituidas por otras, acordes con los preceptos constitucionales; deberemos reconocer que nos equivocamos, que generamos falsas esperanzas de cambio cuando observamos que, desde que se constituyó el nuevo Gobierno, supuestamente de centro-derecha, no ha hecho más que defraudarnos, sorprendernos negativamente y hacernos llegar a la conclusión de que, en este país, no hay nadie con suficientes arrestos y agallas para coger el toro de la izquierda por los cuernos y devolverle a España su honra, su honor y su respeto por las costumbres y por la moral y ética tradicionales; entre las que se deben incluir el respeto por la Iglesia católica y la regeneración de una juventud, adoctrinada por socialistas y nacionalistas en la senda del egoísmo, el libertinaje, la abulia, la falta de respeto por sus mayores y la indisciplina.

El que, la señora Botella, alcaldesa de Madrid, no sabemos por qué clase de mal fario, haya permitido que, una calle de la capital del reino, sea dedicada a un individuo con uno de los peores historiales de entre todos aquellos izquierdistas que convirtieron la llegada del Frente Popular al gobierno de la República, en una de las más perversas, despiadada y cruel de las cacerías de religiosos, católicos, miembros de la CEDA y republicanos de pro, permitiendo que las calles se llenaran de cadáveres y las turbas y sindicatos CNT y FAI, apoyados por las Juventudes Socialistas (de las que el mismo señor Carrillo fue su dirigente), se convirtieron en verdaderos mensajeros de la muerte y ávidos saqueadores de viviendas, sin que ni las fuerzas del orden ni el ejército de la República levantaran un dedo para impedir semejante carnicería. El "venerado" líder de los catalanes, el abogado Companys, fue incapaz de parar la vesania de tantos locos carniceros y, mediatizado por el Comité de Milicias Antifascistas, no se atrevió a parar los desmanes que se extendieron por toda Catalunya.

Santiago Carrillo, en el año 1932 estuvo al frente del diario Renovación, desde el cual el 9 de diciembre de 1.933 atacó a las nuevas Cortes, después del claro triunfo de las derechas, con el siguiente panfleto: "(las Cortes) vivirán lo que el pueblo y el proletariado tarden en prepararse para clausurarlas" ¡Gran sentido de la democracia y respeto por las leyes… republicanas¡ Luego vino su participación dirigiendo a las Juventudes Socialistas, en octubre de 1,934 y, cuando se inició el movimiento nacional de 18 de julio de 1.936, el escabroso y truculento caso de los asesinatos de Paracuellos del Jarama, en los que fueron sacados de las cárceles de Madrid y ajusticiados, (sin ser juzgados ni dándoles la mínima posibilidad de defenderse, sólo por la "presunción de que formaban parte de la V Columna de los rebeldes del victorioso general Franco") entre los meses de noviembre y diciembre de 1.936, según las relaciones de las cárceles las que los sacaron para matarlos, un total de 2.500 asesinatos, entre los cuales hubo importantes personalidades republicanas. El señor Carrillo fue uno de los responsables ante la Historia de que esta masacre se produjera.

Ningún español bien nacido puede quedarse impasible ante una demostración semejante de falta de sensibilidad, de enaltecimiento del crimen y de sectarismo comunista, como la que acaba de protagonizar al Ayuntamiento de Madrid. Todo ello con la connivencia de los ediles del PP, incapaces, acaso por cobardía, por incompetencia o, quizá, por desconocimiento o ignorancia del papel de este señor en la Guerra Civil española. La señora Ana Botella, la esposa del señor Aznar, debería dimitir automáticamente ante tamaña falta de autoridad y de vergüenza. Una decisión tan inconveniente como si, en la Gran Bretaña, se rindiese un homenaje popular a Jack el Destripador o en Camboya se premiara la labor de exterminio de los Jemeres rojos y su macabra colección de cientos de miles de calaveras humanas.

El PP debería empezar a hacer caso de las repetidas muestras de disgusto de sus votantes, reclamando el cumplimiento de sus promesas electorales –y no nos referimos ni a la bajada de impuestos ni a la reducción del desempleo, que no son de su directa responsabilidad – No obstante, parece que no les está quedando tiempo para cumplir con sus promesas de cambiar la ley del aborto; ni para poner en marcha una política de acorde con las promesas que se les hicieron a las víctimas del terrorismo o respecto a los etarras encarcelados; ni hacer un cambio radical en cuanto se refiere a la tan criticada administración de Justicia o actuar, con firmeza y sin contemplaciones, con las amenazas secesionistas, especialmente por parte de la comunidad catalana. Notamos mucha tibieza; mucha resignación y muchas ganas de dialogar en algo que no tiene nada que discutir, porque está perfectamente establecido en la Constitución de 1.978. Lo cierto es que se siguen practicando, en este país, cientos de miles de abortos anuales; se trata a los presos de ETA mucho mejor que a los comunes; se permite que, en las comunidades gobernadas por separatistas, la ley española no se aplique, los derechos de los españoles a exigir la educación de sus hijos en castellano no se cumplen; a pesar de las numerosas sentencias de los tribunales, entre ellos del TS, reafirmando este derecho.

Se ha transigido con la eliminación de símbolos del régimen anterior; se ha aceptado el trágala de la legalización del partido comunista, un partido que fue responsable de que la guerra se prolongara innecesariamente por la negativa de Negrín a rendirse a los nacionales a pesar de que Besteiro y el general Rojo se lo pidieron. Hemos hecho el esfuerzo de olvidarnos hasta de las famosas "checas" que la KGB rusa nos trajo para que, en ellas, se torturase a las personas que se consideraba poco afines al bando rojo o a los propios miembros de la CNT que, después de los sucesos de mayo de 1.937, en Barcelona, cuando ERC y el PC atacaron a la CNT y al POUM. Esto fue un regalo imprevisto para el general Franco que sacó provecho de los milicianos que abandonaron el frente para acudir en ayuda de sus compañeros en la retaguardia. Pero, ahora ya se nos pide demasiado, cuando comprobamos que estamos ante un gobierno débil incapaz de cumplir sus compromisos. Nos sobran tantas palabras grandilocuentes de la señora Soraya Sáez de Santa María; nos ofende que el señor Rajoy se incline y actúe a la gallega con el gobierno catalán del señor Mas, que se enfrenta a España, exhibiendo su "ejército" de mossos de escuadra; nos desmoraliza que todos los sacrificios que se nos piden a los ciudadanos sean "recompensados" con cesiones a la izquierda, cuando el PP goza de una amplia mayoría absoluta. En fin, señores, esto parece que no tiene remedio. O, al menos, esta es mi visión de lo que nos sucede, a los que somos españoles, en este país.

Miguel Massanet Bosch

El déficit se modera del 4,77% al 4,39% en septiembre tras la subida del IVA

• La Administración ingresa un 12% más hasta septiembre por el impuesto con el alza del tipo
• La mejora de los ingresos modera a la mitad la caída acumulada desde enero con un 5%

Jesús Sérvulo González Madrid (Publicado en El País, aquí)

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, hoy, durante el debate del proyecto
de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad del sistema energético en el
Congreso de los Diputados. / CRISTÓBAL MANUEL

El déficit público cambió de tendencia en septiembre con un descenso del
4,77% de agosto al 4,39%, el equivalente a 46.113 millones, según los datos de
ejecución presupuestaria que ha presentado este martes el Ministerio de
Hacienda. Esta moderación, que vuelve a situar el desfase entre los ingresos y
los gastos por debajo del objetivo del 4,5% del PIB establecido para todo el
ejercicio —aunque esta cifra también debe incluir el déficit que sufrirá la
Seguridad Social—, tuvo lugar tras la entrada en vigor de la subida del IVA, lo
que permitió mejorar la recaudación por este impuesto en un 11,9%.

En términos homogéneos, es decir, descontando gastos como adelantos a otras
administraciones y devoluciones impositivas, el
déficit se quedó en el 3,9%, que fue el dato que avanzó el ministro del
ramo, Cristóbal Montoro, la pasada semana en el Congreso.

Por este motivo, Montoro cree posible que España pueda cumplir un objetivo
tan ambicioso como el marcado con la UE", que implica no superar el 4,5%,
incluyendo en este cómputo el desfase presupuestario de la Seguridad Social y
que según
el propio Gobierno cerrará el año con un déficit de 10.500 millones, el 1%
del PIB.

más información

• Montoro
  reorganiza la cúpula del Ministerio de Hacienda
• Bruselas
  equipara el déficit público de España de 2011 al de Grecia
• Las
  pérdidas en ayudas a la banca disparan el déficit y la deuda del Estado

La recaudación por IVA aumentó un 11,9% con respecto a agosto por la
aplicación del nuevo impuesto, que subió del 18% al 21% en el tipo general, y
pese al deterioro
de las ventas del comercio. Gracias al incremento de los ingresos, se
reduce a la mitad el ritmo de caída interanual que sufre este gravamen, que
pasa del 10% de agosto al 5% en septiembre.

Además de la subida del IVA hay que recordar que en septiembre las pequeñas
empresas realizan sus liquidaciones tributarias. Estos pagos, que las pymes
hacen trimestralmente, recogen el efecto del cambio en el impuesto que entró en
vigor el 1 de septiembre, pero también el impacto del adelanto de las decisiones
de gasto a agosto por parte de las familias para adelantarse a la subida.

Para Montoro, "los ingresos del Estado están mejorando claramente". También
ha calificado de "positivos" los datos sobre la evolución de recaudación del
IRPF, que hasta septiembre creció un 2,9%. Asimismo, los ingresos por impuesto
de sociedades, "que estaban cayendo dramáticamente", según ha recordado, han
subido un 4,1% hasta el citado mes, según Montoro.

Hacienda admite que la Seguridad Social gastará más de lo
que ingresa

Con vistas al próximo año, Montoro ha subrayado hoy que la ley de medidas
tributarias que acompaña los presupuestos generales del Estado completará las
previsiones de ingresos del cuadro macroeconómico del Gobierno para 2013.

Entre las medidas tributarias del proyecto, el titular de Hacienda se ha
referido a la "oportunidad" para las empresas para actualizar los balances con
una carga fiscal del 5 %, lo que mejorará la capacidad de amortización y de
reinversión. Además, ha recordado que partir de 2013 los contribuyentes que
adquieran nuevas viviendas no tendrán derecho a deducción, como señala una de
las recomendaciones de la Comisión Europea, ha dicho.

Por su parte, el portavoz de Hacienda del grupo socialista en el Congreso,
Pedro Saura, reclamó ayer al Gobierno "cautela" a la hora de valorar los datos
de la ejecución presupuestaria de septiembre. Saura reclamó al Ejecutivo que
haga una "valoración prudente" y con "cautela" de los datos para "no extraer"
conclusiones equivocadas. Al tiempo, explicó "el efecto de anticipación" del
consumo en agosto por la subida del IVA en septiembre, y subrayó también que
"los ingresos de las retenciones sobre los intereses pagados por el Tesoro sobre
la deuda pública se devuelven el mes siguiente", por lo que aún no estarían
computados en esos datos de ejecución, según informa Europa
Press. El diputado murciano señaló que "con toda probabilidad" también
se "ha retrasado el ritmo de devoluciones" del IRPF, del Impuesto de Sociedades
y del IVA, lo que también afectaría a las cifras de recaudación.

Por un gran pacto contra el independentismo (por Rosa Díez)

(Publicado en El Mundo el día 29 de octubre de 2012, y en El blog de Rosa Díez, aquí)

Hubo un tiempo en que en España se sabía que fuera de la ley no hay democracia; además, funcionaban los pactos de Estado y las cosas serias -la política antiterrorista, el modelo territorial del Estado, la política europea o la política exterior- no estaban sometidas al albur del resultado electoral.

Aprendimos en la Transición que el triunfo de la tercera España dependía de que las dos primeras se entendieran. Nuestros padres, que sufrieron las consecuencias de la guerra fratricida, apostaron por que no se repitiera la historia en sus hijos o en sus nietos. Y eso nos enseñó a buscar el acuerdo sin señalar vencedores o vencidos. Y supimos entender que todos los proyectos políticos son respetables y discutibles, con dos únicas condiciones: que son ilegítimos todos aquellos proyectos que, para triunfar, requieran eliminar al adversario o situarse fuera de la ley.

Conozco las consecuencias de dar la batalla contra el totalitarismo nacionalista. Como se ha explicado en muchas ocasiones, no es el método empleado por los terroristas lo que resulta ilegítimo; lo ilegítimo es el propio objetivo, en la medida en que sólo puede triunfar aplicando métodos fascistas.

La segunda causa de ilegitimidad de un proyecto político es la falta de respeto a la ley. Si, para que triunfe una idea en una comunidad política, ha de prescindirse del respeto a las reglas del juego, es la idea misma la que no merece ser respetada ni contrapuesta como una más en el juego democrático.

Esto segundo es lo que está ocurriendo en Cataluña con el mal llamado debate abierto por los nacionalistas alrededor de la independencia. A estas alturas nadie se engaña sobre los verdaderos objetivos del viaje de Mas a La Moncloa; nadie puede pensar que Mas acariciara la idea de que Rajoy fuera a ceder a la primera al chantaje. No estamos en esa época de vacas gordas en la que Mas fue a Moncloa para escuchar atónito cómo el presidente Zapatero le animaba a seguir adelante con un Estatuto que era, en sí mismo, la ruptura del pacto constitucional. Tampoco está Rajoy en situación de hacerlo, con todos los ojos europeos fijos en nosotros, en nuestro desastre de modelo territorial, en la ruptura de nuestro mercado interior, en los diversos modelos fiscales que pueblan nuestro país, en las dificultades para cumplir el déficit… Ni queriendo -que no sé si quería- podía Rajoy darle el plácet a Mas.

Mas sabía -y quería- la respuesta de Rajoy: venga, vamos a hablarlo… No esperaba, ni obtuvo, una respuesta tajante, ésa que ha tardado más de un mes en darle a través de los medios de comunicación. Deseaba distraer al presidente, provocar cábalas: «Se va a estrellar»; «Va a ser el siguiente Ibarretxe»; «Está superado por los acontecimientos»… Y mientras la ingeniería de comunicación monclovita se apañaba en dar ese mensaje tranquilizador: «No llegará la sangre al río», «Cataluña no es un problema…», la bola seguía creciendo y nos encontramos con la convocatoria de unas elecciones que son cualquier cosa menos unas elecciones autonómicas.

En Cataluña han convocado un plebiscito, y sería un enorme error abordar ese reto como si se tratara de una campaña electoral de las previstas en nuestro ordenamiento jurídico. Ni la economía, ni los recortes, ni el funcionamiento de la sanidad, la educación o las infraestructuras… van a motivar que uno solo de los ciudadanos llamados a la urnas se mueva de su casa. La pregunta que nadie querrá hacer explícitamente durante la campaña es la única que todos interpretarán cuando el recuento de las papeletas esté finalizado: ¿Está usted a favor o en contra de la independencia?

Quienes creemos en el imperio de la ley y sabemos que todo lo que afecta a una parte de España nos afecta en primera persona y tenemos, por tanto, la obligación de pronunciarnos, hemos de dar la batalla contra el silencio cómplice o cobarde; contra el determinismo, contra la mentira y contra el miedo. No deberemos consentir que los nacionalistas -como en una versión catalana de Psicosis- saquen la muerta a pasear cuando les venga en gana. Lo que hemos de hacer es abrir el desván y que se vea el espectro. Enseñárselo a todos los catalanes y a todos los españoles. Y llevarlo a Bruselas y airearlo bien para que todos nuestros socios lo vean, lo palpen y lo huelan de cerca. Y para que se pronuncien sobre la conveniencia o no de meter ese espectro en su desván.

Formamos parte de la UE. No debiéramos consentir que en el Parlamento y en otras instancias europeas la iniciativa la tomen quienes quieren romper el vínculo de ciudadanía, quienes quieren excluir a una parte de los españoles de esta comunidad democrática llamada España. No es la primera vez que los que quieren romper la convivencia entre españoles llevan a las instancias europeas lo que llaman la «internacionalización del conflicto». Y no sería tampoco la primera vez que la respuesta de quienes han de defender la legitimidad y la verdad en nombre de todos los españoles se haga de esperar. Ha llegado la hora de reaccionar ante la campaña de desprestigio de España llevada a cabo por el Gobierno de Cataluña y por diversos diputados del Parlamento Europeo, que, por cierto, han sido elegidos en circunscripción única nacional, por todos los españoles.

Esta batalla por la legitimidad democrática supera la acción de cualquier partido, incluso la del propio Gobierno de la Nación. Más allá de las legítimas aspiraciones partidarias, de la lucha electoral en que cada cual intentará obtener los mejores resultados, creo que, por patriotismo constitucional -y por pura supervivencia-, debemos concertar una respuesta europea entre todos los partidos políticos que no estamos dispuestos a que, en nombre de sentimientos tribales superados por el derecho de ciudadanía, nos quieran obligar a renunciar a una parte de lo que somos.

El 31 de enero de 2001, sendas delegaciones del PSOE y el PP, encabezadas por Luis de Grandes, Jesús Caldera y Alfredo Pérez Rubalcaba (sí, como lo oyen), viajaron a Bruselas a defender ante el Parlamento Europeo y ante la Comisión el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. Ambos partidos, juntos, hablaron no sólo con Prodi y Fontaine, sino que explicaron el acuerdo a los grupos parlamentarios europeos. El acuerdo, consecuencia de un gran pacto para acabar con ETA y excluir de la vida política a todos sus cómplices, había sido duramente criticado por los partidos nacionalistas, que siempre encuentran acogida en las almas cándidas del Parlamento Europeo. Por eso, los dos partidos que pugnan en España por la alternancia quisieron que los socios europeos vieran que en esta materia no había disputa, sino grandeza y sentido de Estado.

Ha llegado la hora de que PP y PSOE hagan un nuevo viaje al Parlamento Europeo y a la Comisión. Que vayan y expliquen, por si hubiera alguna duda, que España es un miembro de la Unión comprometido con la defensa de los valores proclamados en nuestra Constitución y también en la europea. Que preservaremos el derecho al libre albedrío de nuestros ciudadanos y que no consentiremos que dentro de nuestras fronteras se vulnere la ley.

Cuanto antes lo hagamos, antes se frenará este delirio que nos distrae de lo importante para exacerbar los más bajos sentimientos humanos. Los millones de españoles parados, desahuciados, sin esperanza… están impotentes. Hagan política con mayúsculas, pónganse por delante y actúen. Demuestren que aún pueden ser útiles para los ciudadanos.

Y, si quieren, aquí nos tienen, para lo que haga falta.

Los engaños del señor Mas hundirán a Catalunya (por Miguel Massanet Bosch)

 

La falsedad tiene alas y vuela, y la verdad la sigue arrastrándose, de modo que cuando las gentes se dan cuenta del engaño ya es demasiado tarde. Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616).

El semanario francés Le point, en su número del viernes, habla de la "plaga regionalista" que recorre Europa, cargando contra "la fiebre regionalista de varios regiones del Viejo Continente" mostrándose especialmente crítico con Catalunya y su movimiento soberanista: "He aquí una provincia rica española –dice – que carga con una deuda de 42.000 millones de euros… que ya dispone de autonomía considerable pero pide limosna al Estado central español para salir de este berenjenal y, al mismo tiempo, reclama una independencia que sería incapaz de asumir financieramente. Ya que la deuda de Catalunya representa el 30% del total de los territorios autónomos de España, pero sólo el 18 del PIB". Quizá sea posible decirlo con más estilo y floritura, pero es imposible expresar con más claridad lo que se está convirtiendo en el verdadero problema para el Gobern catalán, si sigue empeñado en convencerse a sí mismo de que, en las actuales circunstancias, es posible constituirse en un estado independiente.

El daño que la postura levantisca del señor Mas y sus seguidores, entre los que, como no, están los mismos de siempre, como ERC y los comunistas de ICV, siempre dispuestos a apuntarse a una insensatez, aunque ello los pueda conducir directamente a perjudicar a siete millones de ciudadanos catalanes. Centrémonos en el Cuento de la Lechera de presentarnos a una Catalunya directamente integrada en la UE. El señor Mas sabe perfectamente que ello es imposible y, no obstante, no deja de apelar en sus declaraciones y discursos al argumento de que, si se salen de España, se acogerán a formar parte, como una nación más, de la CE como si ello fuera tan fácil; empezando con que, para que esto pudiera suceder, sería necesario que Bruselas cambiara la legislación comunitaria, con el apoyo de todas las naciones que la integran. ¡Una utopía inalcanzable! Y ¿mientras se intentara conseguir este imposible, qué sería de Catalunya y de los catalanes, aislados y sin posibilidades de comerciar con Europa debiendo someterse a pagando aranceles para poder hacerlo? ¡Qué lo explique Mas!

Si, en estos momentos, los parados que hay en Catalunya alcanza la cifra de los 800.000, una cantidad que representa la mayor después de la de Andalucía, en todo el territorio nacional, ¿en qué se basa el señor Mas para hablar una tasa de ocupación del 75% para personas de entre 20 y 64 años? Ha tenido ocasión de poner en práctica sus "planes secretos" durante el tiempo que se ha dedicado a exigir el famoso Pacto Fiscal para conseguir una subvención mayor del Estado. Habla de la creación de un espacio fiscal catalán, para desarrollar un sistema tributario propio ¿significará esto que los que residimos en Catalunya vamos a tener que soportar una carga fiscal superior a la que ahora debemos asumir? Evidentemente que si, en la actualidad, no son capaces de pagar a los proveedores de la Sanidad pública; y deben recurrir a la ayuda del Estado central, ¿quién nos garantiza que, con la independencia, no va a ir mejor?

El señor Mas y su gobierno deberían acudir al notario, como hicieron cuando se conjuraron contra el PP, para garantizar a los ciudadanos catalanes que no vamos a tener que pagar más por los servicios públicos, por las carreteras, por las infraestructuras, por la enseñanza y por las pensiones, que las cantidades que ahora, ¡y ya nos quejamos!, estamos obligados a pagar por nuestros impuestos. Da pena y, al mismo tiempo, resulta casi un chiste que, en su programa electoral, hable de reducir el fracaso escolar cuando, habiéndose transferido la educación a la Comunidad Catalana; han sido incapaces, los distintos gobiernos locales, de conseguir mejorar el abandono escolar, la disciplina en las aulas, elevar el nivel educativo y, señores, lo que resulta todavía más increíble: ¡habla de mejorar el lugar de las 7 universidades( demasiadas sin duda) catalanas entre las 200 mejores del mundo! Seguramente se referirá al magnífico nivel de castellano que en ellas se consigue. Y es que, a la hora de prometer, no parece que al señor Más le inquiete otra cosa que intentar convencer a sus paisanos para que le voten, porque las demás promesas que se ha atrevido a hacer no son más que un conjunto de intenciones, de deseos y de utopías, que sólo pueden tener cabida en una mente llena de alucinaciones como parece ser la del President de la Generalitat catalana.

Lo que sucede es que somos muchos los que no estamos dispuestos a comulgar con ruedas de molino y esto es lo que, al parecer, se proponen todos estos independentistas enchufados en los organismos oficiales, cobrando sustanciosos sueldos y sin otra cosa que hacer que arrimar el ascua a su sardina que, en este caso, es conseguir apoyo para independizarse de España; sin tener en sus manos los medios, la preparación, las estructuras económicas y las posibilidades de poder levantar, sin la ayuda exterior, a una región en plena depauperación económica, comercial (ojo: el paro en el sector comercial catalán, en el tercer trimestre del corriente año, ha crecido un 46%, el peor dato del 2012, según informa el C.O. de Agentes Comerciales de Barcelona) y financiera (las cajas de Catalunya, excepto La Caixa,, han debido de buscar fusiones o ayuda del FROB para evitar la quiebra).

Y, entre las múltiples objeciones que se le pueden poner a esta política errática de la Generalitat ( aquí recomendaría la lectura de un interesante artículo del catedrático de economía aplicada de la UA de Madrid, don Donato Fernández) titulado "La crisis económica y la identidad nacionalista hunden las finanzas de Cataluña"), no debiéramos olvidarnos de que, con toda esta campaña de insultos a España, de acusaciones a Madrid, de victimismo y de desprecio por todo lo español; no hay duda que los catalanes han sabido ganarse, a pulso, la antipatía de una gran parte de los españoles del resto de España y sería muy curioso que, por ejemplo, todos los que tienen cuentas, depósitos o plazos fijos en La Caixa de Pensiones, sea a través de Banc Caixa o de las propias siglas de La Caixa, pudieran decidir retirar de dicha entidad sus ahorros y depositarlos en una entidad bancaria española. Tampoco se debe despreciar lo que pudiera significar que, quienes compran cava, productos manufacturados, hortalizas u otros productos procedentes de Catalunya, optaran por no hacerlo.

En Catalunya, señores, se han levantado expectativas, se han forjado ilusiones y se ha mentido a mansalva, para conseguir que, una parte del pueblo catalán, faltaría ver qué porcentaje, esté convencido de que existen posibilidades reales de conseguir la independencia y, además, de que esta tierra, por sí sola, sería capaz de valerse para poder atender sus necesidades y las de los pensionistas, la sanidad, los medicamentos y los servicios públicos. Urge que este espejismo desaparezca, es de perentoria necesidad que el Gobierno central deje claras cuales son, en realidad, las posibilidades de que ello suceda o sea: nulas. Cuanto más se tarde en imponer el sentido común y se aclaren los posibles resultados de una política catalana de hechos consumados, menos probabilidades de que este preocupante asunto se solucione antes de que sea demasiado tarde para España y para Catalunya. O así es, señores, como veo yo el panorama de esta parte de España en la que vivo.

Miguel Massanet Bosch

Mas prevé que Cataluña sea un Estado de la UE en 2020 (por Maiol Roger)

• CiU asume la hoja de ruta soberanista de Mas sin mencionar la palabra “independencia”

• El programa de CiU

Maiol Roger Barcelona (Publicado en El País, aquí)

Mas con Oriol Pujol en el acto de CiU en Barcelona en el que ha presentado su programa. / TONI GARRIGA (EFE)

Convergència i Unió (CiU) evita hasta lo rocambolesco hablar de independencia, una orden directa de su líder y presidente de la Generalitat, Artur Mas. Dicho y hecho, el programa electoral de CiU para las elecciones catalanas del 25-N, presentado ayer, no incluye ni una sola vez la mención a la independencia de Cataluña. Eso sí, hasta 26 veces en el centenar largo de páginas que componen la estrategia electoral de la federación se menciona la necesidad de que Cataluña tenga un Estado propio. E incluso se fija un horizonte temporal para que forme parte de pleno derecho en la Unión Europea: el 2020.

“Queremos y podemos tener una Cataluña puntera en Europa en 2020”, dijo Mas en la presentación de su programa electoral. La federación nacionalista quiere responder a las dudas que genera en Europa el proceso independentista catalán haciendo gala de su europeísmo en los gestos —ahora Mas siempre sale flanqueado por una bandera catalana y otra europea— y en los hechos. En el programa electoral, CiU se compromete a asumir como propios los ejes del documento Europa 2020, la estrategia comunitaria de crecimiento sostenible: trasladados a Cataluña, una tasa de paro equivalente a la UE, un crecimiento mayor de la mediana comunitaria, reducir el 25% la tasa de pobreza y situar a Cataluña entre los veinte primeros países del mundo en competitividad.

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Estos objetivos, todos ellos recogidos en el programa, están muy lejos de la realidad catalana: un 22,5% de paro, una caída del PIB del 1,1% y una tasa de pobreza del 29%, ocho puntos más que la media europea. El propio Mas prometió en 2010 reducir al paro a la mitad y en su legislatura 170.000 personas más han engrosado las listas del paro en Cataluña. Las cifras negativas, concluye CiU, serían menos dolorosas si la comunidad fuese independiente.

El programa de CiU

“El Gobierno impulsará una consulta la próxima legislatura para que el pueblo de Cataluña pueda determinar libre y democráticamente su futuro colectivo”.

“El Gobierno trabajará en la construcción de estructuras de Estado que acompañen este proceso de ejercicio del derecho a decidir”.

“Nuestra transición nacional hacia el Estado propio pasa necesariamente para seguir formando parte de Europa, y el primer paso es cumplir las obligaciones que fija la UE”.

“Cataluña necesita un Estado propio para poder vivir mejor. Ahora y en el futuro”.

“Asumiremos la gestión de la Tesorería General de la Seguridad Social y de las cotizaciones, de manera que nos permitan hacer un mercado de trabajo más dinámico y creador de puestos de trabajo”.

También los recortes, eje de la legislatura de Mas y apenas mencionados en el programa: “Cataluña necesita un Estado propio para poder vivir mejor. Se podría afrontar la crisis con mejores garantías de lo que podemos ahora. Estaríamos en condiciones de garantizar un mayor bienestar para todos los catalanes y garantizar la cohesión social”, se lee en el programa. Si la comunidad no puede hacerlo, concluye en un argumento reiterado, es por culpa del trato que recibe de España. "Todas las naciones europeas tienen un Estado que las ayuda, las protege y las defiende. Si el Estado español no es nuestro aliado, nosotros debemos tener un Estado propio que nos permita progresar en la línea de 2020 y situarnos junto al resto de las naciones de Europa", resumió Mas. El argumentario de CiU para justificar su órdago soberanista sostiene que, tras tres décadas de lucha para “cambiar España”, ya no hay posibilidad de arreglo. Por ello también rechaza las “ofertas de diálogo sobrevenidas” del Gobierno.

El camino dibujado por el presidente pasa por convocar una consulta por la autodeterminación —sea autorizada por el Estado o no— en los próximos cuatro años, tiempo en el que CIU trabajará para construir “la mayoría social necesaria” para que el sí a la independencia venza en la votación. En esa lucha se encuentra la creación de lo que la federación llama “estructuras de Estado”, epígrafe que recoge 105 propuestas. Cataluña ya tiene competencias policiales, sanitarias, educativas... y CiU se compromete a conseguir más. Entre ellas, la hacienda propia —rechazada por el Gobierno en la negativa del pacto fiscal— para que la comunidad recaude todos los impuestos y la gestión de la seguridad social, que CiU asegura que asumirá, sin concretar cómo. Los nacionalistas incluso prometen una ley electoral propia para la comunidad, una norma que los partidos nunca han logrado acordar.

La apuesta parece contentar al líder de Unió. Josep Antoni Duran Lleida parece haber asumido con pocos remilgos la convocatoria de una consulta. Un enganche a la estrategia de Mas que permite a Duran sostener que autodeterminación no significa independencia, término que también rehuye el democristiano. Ayer Duran planteó la necesidad de tener un Estado propio para “rescatar” a Cataluña del “menosprecio actual de un Estado que nos ahoga social, política y económicamente”. Dicho esto, dejó claro que el objetivo prioritario de CiU el 25-N es la mayoría absoluta: “Unos votarán por la independencia, otros por el Estado propio, entendido de una manera u otra, otros porque están hartos... pero necesitamos que voten este programa”.

Los sondeos demuestran que CiU ganará con amplitud, pero no lo suficiente para alcanzar los 68 escaños (seis más que los que tiene ahora) que marcan la mayoría absoluta. Sin embargo, se logra apaciguar el efecto electoral de los duros recortes de la Generalitat apostando por la independencia sin mencionarla. Una estrategia que pasa por captar a todos los votantes: siendo lo suficientemente ambiguos para atraer a los escépticos con la secesión y, a la vez, lo suficientemente claros para que también voten CiU los independentistas.

Ahogados por el pandemonium autonómico (por Miguel Massanet Bosch)

 

Uno ya no sabe cuántas desgracias más le pueden ocurrir a este desvencijado país y a sus pobres ciudadanos y, no obstante, cada día que pasa tenemos ocasión de enterarnos de nuevos hechos, de sucesos y aconteceres que se dan en España, marcada por las desgracias, que nos dejan perplejos y cariacontecidos ante la evidencia de que, la estupidez humana, no tiene límites y de que el sentido común, como decía Voltaire, es el menos común de los sentidos, al menos en muchos de nuestros dirigentes.

Hete aquí, señores, que esta mañana he tenido ocasión de leer, en el diario digital, Libertad Digital, un artículo en el que se incluye una lista de lo que podríamos llamar el vademécum del despilfarro; gracias al cual, la actual administración autonómica, ha convertido la gestión autonómica en el gran abismo en el que se vienen enterrando los impuestos de los contribuyentes. Gracias a nuestros dirigentes políticos tiene lugar, ante nuestras propias barbas, el mayor expolio que puede hacerse a los españoles. Resulta impresionante como, el establecimiento de un régimen autonómico, interpretado por cada gobierno regional a su manera y puesto en práctica sin tener en cuenta que España es, toda ella, un mismo país, sin otras fronteras que las que nos separan de Francia y Portugal; haya podido conducir al país a una especie de tierra de locos en la que, en lugar de actuar todos de una forma coordinada y sinergética; por causa de los individualismos interesados y enfrentamientos culturales entre las distintas comunidades, lo único que se ha conseguido ha sido convertir el Estado autonómico en una verdadera jaula de grillos, donde cada gobierno regional hace de su capa un sayo, sin preocuparse de si ello perjudica a sus vecinos y, en definitiva, a España.

Para empezar, podemos decir que la fragmentación del mercado español cuesta a los ciudadanos la nada despreciable cantidad de 45.000 millones de euros ¿Qué significaría disponer de tal excedente para reducir sustancialmente nuestra deuda externa? Sin embargo, aquí estamos, como si no pasara nada alargando la toma de las medidas precisas para que, las 17 autonomías españolas, no se comporten como si cada una de ellas fuera una nación con sus propias tasas y sus especiales tributos y ordenanzas, con las que deben enfrentarse los empresarios españoles para vender sus productos en las distintas comunidades del Estado español. Por ejemplo ¿pueden ustedes creerse que el etiquetado de bebidas alcohólicas, lo mismo que las sanciones por su incumplimiento están sometidos a distintos criterios según la comunidad autónoma? Créanselo y lo mismo sucede con los proveedores de comidas y bebidas de los comedores escolares que tienen que enfrentarse a regulaciones autonómicas dispares respecto a los criterios nutricionales. ¿Acaso los niños de Extremadura tienen una constitución física distinta de los catalanes? No señores, pero no se espanten que, en la comunidades autónomas de Catalunya, Andalucía, Extremadura y Galicia, aplican distintas legislaciones respecto a un mismo sistema de recetas electrónicas de medicamentos de manera que, un señor de Gerona no puede usar su tarjeta sanitaria en Cáceres porque no funciona. ¿Por qué, si todos estamos en un sistema unificado de prestaciones de la Seguridad Social? Pregúntelo ustedes a los responsables de cada una de ellas y, seguramente, le dirán que para ello tienen las competencias recibidas del Estado. ¡Inaudito!

¿Puede un país, competir en los mercados extranjeros cuando los gobierno regionales se entrometen con sus normas en cómo las entidades privadas manejan sus negocios? Vean el caso del gobierno Balear que prohíbe que las entidades bancarias hagan promociones de sus productos financieros, como la apertura de una cuenta corriente, regalando vajillas u otros artículos de uso corriente. Esto obliga a los bancos a tener que atenerse a la ley regional al intentar hacer una promoción a nivel nacional, con lo que ello significa, teniendo en cuenta que, en España, tenemos 17 autonomías y dos ciudades autónomas.. Existen, señores tres legislaciones distintas para definir los itinerarios que deben seguir los trasportes de mercancías peligrosas: una elaborada por la Administración Central, otra por el Gobierno de Catalunya y la tercera por el del País Vasco.; algo que, según la CEOE, "o permite la fluidez del transporte de mercancías creando problemas de eficiencia por la dificultad de coordinar los tráficos en determinadas fechas". Estos ejemplos, junto a otros muchos que se podrían mencionar nos dan la medida de los obstáculos con los que tropiezan nuestras empresas a la hora de transportar sus productos a través de las distinta regiones de España, algo que contrasta con lo que sucede cuando circulan por las carreteras de la CE. Y todo esto significan problemas, gastos extras, tiempos perdidos y trabas administrativas, dentro de un país que, lo que precisa, es dar el máximo de facilidades a nuestros empresarios para que sean competitivos, rápidos en servir los pedidos, y libres de circular por el territorio nacional sin que ninguna administración periférica les ponga obstáculos a su gestión.

El Gobierno del señor Rajoy prometió poner manos a la obra en conseguir que, en toda España, no hubiera distintos mercados; que los españoles no tuvieran trabas por residir en una parte determinada del territorio nacional o por tener su negocio en una autonomía determinada. Vean, no obstante, lo que sucede en Catalunya donde, gracias al problema de la lengua se sanciona a quienes rotulan en castellano y se obliga a los fabricantes a que, sus productos, sean rotulados en catalán aunque, según la Constitución todo español es libre de utilizar el castellano en todo el territorio nacional. Pese a ello todas las medidas para conseguir esta normalización, por cuestiones políticas, por miedo a no incomodar a los nacionalistas o por no enfrentarse al gobierno separatista, están durmiendo el sueño de los justos, mientras España se está depauperando sin que nadie se tome en serio las causas de su decadencia.

Y es que, señores, esta nación hace aguas por los cuatro costados y, cuando parece que se arregla uno de los problemas que nos acucian, por otra parte surge otro que pone en entredicho el que, una vez más, podamos llegar a taponar a tiempo nuestros desagües, para que las aguas del progreso puedan volver a llenar los embalses de prosperidad que representan el progreso, el trabajo y el desarrollo de nuestra paralizada industria. No ayuda, evidentemente, a que lo consigamos, el que los problemas separatistas estén en su punto álgido, que dentro de unos días tengamos elecciones autonómicas en Catalunya y que, entretanto, las voces discordantes de los separatistas amenacen con trasladar el problema de sus relaciones con España a los foros internacionales donde, evidentemente, no tienen la más mínima posibilidad de lograr éxito, pero sí pueden lograr que la confianza de los inversores se resienta y decidan esperar a que, el problema interno de nuestra nación, se aclare; lo que significa que nuestras posibilidades de financiación a un interés razonable puedan sufrir un retraso que, en modo alguno, nos conviene.

España no está para aguantar retrasos por cuestiones de orden interno. El Gobierno debe dejarse de pamplinas y actuar con firmeza antes de que se le ponga en la tesitura de tener que acudir a los medios extremos previstos en la Constitución. Lo venimos pidiendo reiteradamente, sin que, al parecer, nadie entre en razón. O esta es, señores, mi apreciación de la complicada situación de este país.

Miguel Massanet Bosch