Aires de La Parra

De subvenciones y reformas estructurales (por Victoriano Martín)

Victoriano Martín (Publicado en elEconomista.es, aquí)

La inmensa mayoría de las medidas de ajuste tomadas por el Gobierno actual,
además de ser coyunturales, tienen una serie de características preocupantes:
afectan mayoritariamente a los empleados públicos y, dentro de éstos, a dos
profesiones -los médicos y los maestros- de capital importancia para la
acumulación de capital humano y su consecuencia, el avance tecnológico, tal vez
la variable determinante del crecimiento económico. No se toca ninguno de los
gastos superfluos pero estructurales en los que incurren el propio Estado
central, las comunidades autónomas, las diputaciones provinciales y los
ayuntamientos, lo que no tiene otra explicación que la de que afectan a los
privilegios de la casta política. Se han reducido en un 20% las subvenciones a
partidos políticos, sindicatos y patronal. ¿A qué espera el Gobierno para
suprimir todas las subvenciones?

 

A propósito de las subvenciones, las más perversas y que son el escarnio
para el mundo subdesarrollado y los países en vías de desarrollo son las que
reciben los agricultores de los países ricos, con independencia del nivel de
renta. Un editorial del Financial Times del 16 de agosto postulaba
"una reforma fundamental de las leyes agrarias". Cuatro días más tarde, el día
20, el mismo periódico en su sección de Cartas reproducía una escrita por dos
profesores americanos de Contabilidad y Finanzas, que ponía el dedo en la llaga
acerca de los efectos perversos de la protección agrícola, refiriéndose a ellos
como "simplemente una defensa corporativa de los privilegios de los
agricultores" de los países ricos.

La carta de los profesores insiste en la obligación moral de todos los países
ricos de reformar sus leyes agrarias, porque prácticamente todos ellos subsidian
su sector agropecuario, mientras que las restricciones agresivas a las
importaciones y las tarifas arancelarias sobre las importaciones agrícolas
procedentes de los países pobres y en vías de desarrollo tienen un impacto
trágico sobre la supervivencia de estos últimos países.

A este respecto existen varias preguntas que no tienen fácil respuesta. ¿Por
qué no se suprimen todos los subsidios agrarios desde el momento que no son otra
cosa que una forma de defensa corporativa de los privilegios de los
agricultores? ¿Por qué razón las clases bajas y medias tienen que subsidiar a
agricultores millonarios o a cualquier clase de agricultores? Los países de
la OCDE mantienen todavía un nivel de protección arancelaria media a las
importaciones de productos agrarios de en torno al 40%. Este porcentaje era el
que existía para los productos industriales a mediados del siglo pasado,
proporción que en la actualidad es de alrededor del 5%.

La mayor protección a los productos agrarios, tanto en aranceles como en
subvenciones millonarias, la aplica Europa -pero sigue muy de cerca Estados
Unidos-. Como resultado de este estado de cosas, el 96% de los agricultores del
mundo que viven en países pobres son expulsados de los mercados internacionales.
Pues bien, la protección y los subsidios a la agricultura de los países ricos
tienen una trágica consecuencia inmediata para los países pobres, que es la de
condenar a la miseria y a la muerte por inanición a millones de seres
humanos.

La tragedia y el escarnio son mucho mayores cuando existe prueba empírica
suficiente que demuestra que la libertad de comercio ha sido y sigue siendo
todavía el camino más rápido, más importante y prácticamente el único de la
mayoría de los países en vías de desarrollo para su crecimiento y para el
abandono de una pobreza insufrible. No cabe duda de que los efectos más
perversos de la protección y las subvenciones a la agricultura de los países
ricos los sufre la población de los países pobres. Pero no es menos cierto que,
en las circunstancias actuales que está padeciendo en nuestro país una parte
considerable de la población más desfavorecida, la política agraria común (PAC)
gasta millones de euros en subvenciones a agricultores y ganaderos, que no
tienen ningún tipo de justificación que no sea la superstición que ha respaldado
desde tiempos inmemorables la protección a los precios del trigo.

Pero de nuevo la tragedia y el escarnio son mayores cuando el grueso de las
subvenciones se las llevan los grandes terratenientes y poderosos ganaderos.
Pues, grosso modo, las subvenciones derivadas de la PAC dependen del número de
hectáreas de las explotaciones agrarias y del número de cabezas de ganado con el
famoso cupo, con independencia del nivel de renta de sus propietarios. Hace
ya tiempo que se lanzan globos sonda para reformar la PAC, pero el lobby agrario
defiende sus privilegios a la manera de la casta política, y en unos
momentos de recortes sociales que afectan a los más necesitados no se ha tocado
ni un solo céntimo de los pingües salarios que reciben hectáreas de tierra
cultivable, vacas, ovejas, cabras y otras razas en peligro de extinción, como
burros y algunas variedades autóctonas de vacas y caballos.

Victoriano Martín, catedrático de Historia del Pensamiento Económico, de
la Universidad Rey Juan Carlos.

La libertad del repugnante Uribetxebarria pone a prueba la grandeza de las víctimas de ETA (por Antonio Papell)

Antonio Papell | (Publicado en EcoDiario.es, aquí)

Iosu Uribetxeberria Bolinaga saldrá en libertad el próximo juves. Imagen: EFE

Pocas veces un auto judicial fue tan expresivo como el que ha dictado el juez
de vigilancia penitenciaria para
dejar en libertad al repugnante etarra Iosu Uribetxeberria Bolinaga, el
secuestrador de José Antonio Ortega Lara y de Julio Iglesias Zamora, el asesino
de tres guardias civiles, por un criterio humanitario, en
contra del informe del fiscal.

 

En efecto, José Luis de Castro, el juez en cuestión, argumenta de este modo:
"Procede acceder a la libertad condicional propuesta resaltando que frente a
quien no ha respetado ni expresado ningún tipo de consideración, de
humanidad, de piedad frente a las personas asesinadas, secuestradas, a sus
familias y a sus seres queridos, el Estado de Derecho, en virtud de la estricta
legalidad vigente, sienta la línea divisoria que marca la asimetría moral entre
quienes viven en conformidad con las reglas del Derecho y quienes no respetan la
misma".

El sujeto que se beneficiará de la medida está enfermo de cáncer, su
dolencia es terminal y, según el juez, le quedan menos de nueve meses de
vida, y, por supuesto, no se ha arrepentido de sus crímenes ni ha dado muestras
de compasión alguna hacia sus víctimas.

En tales condiciones, la legislación vigente, y en concreto el Reglamento
Penitenciario de 1996 que se ha aplicado continuadamente desde entonces, dispone
la libertad del condenado para que pueda morir entre los suyos y en su propia
casa. Y así se ha hecho una vez más, pese a la muy explicable campaña de las
víctimas del terrorismo y de muchas
voces de distintas procedencias que lamentan la generosidad del Estado
frente a un personaje siniestro.

Una prueba de fuego para las víctimas

Hay que decir con claridad que resulta perfectamente legítima y comprensible
la indignación de las víctimas ante este gesto. Pero hay que decirles también,
con la misma sencillez, que en hechos como éste se pone a prueba la grandeza del
sacrificio que realizaron las víctimas del terrorismo. Porque la acción de
ETA ha sido doblemente odiosa: en primer lugar, por su significación
intrínseca, por los crímenes que objetivamente ha cometido; y en segundo lugar,
porque, primero, trató de impedir la construcción del régimen democrático, y,
después, intentó derribarlo por la fuerza.

En otras palabras, en aquel enfrentamiento desigual, moralmente asimétrico
como dice el juez, uno de los contendientes, el que actuaba en nombre del
Estado, defendía los grandes valores democráticos, que son los que ahora se
ponen en juego al auspiciar la libertad de este asesino enfermo. Y el otro, el
que invocaba torpes argumentos identitarios, no tenía escrúpulos: asesinaba,
torturaba, estragaba sin miramientos.

Hoy ya puede decirse que el Estado ha ganado esta batalla descomunal
contra ETA. Pero no por ello ha de abdicar de sus principios. Al contrario.
Es ahora cuando el Estado tiene que demostrar a todos y a sí mismo la grandeza
de su posición, la causa noble por la que lucharon quienes dieron su vida o su
integridad por defenderlo.

Por supuesto, estos criterios nítidos en abstracto se deforman cuando pasan
por el tamiz partidario. Y para evitar cualquier tergiversación y por
respeto a las víctimas, convendría que los políticos asistieran con respeto y en
silencio
al debate que mantienen las víctimas consigo mismas sobre este trance para
ellas amargo: de un lado, es indignante comprobar que un sicario se beneficia
del Estado de Derecho. Pero por otro, esto da realce al sacrificio que
realizaron, lo carga de sentido, lo vuelve sencillamente excelso.

PREGUNTAS QUE PLANTEA EL RESCATE A CATALUÑA (por Álvaro Anchuelo)

(Publicado en Blog de Álvaro Anchuelo, aquí)

La Generalitat pide, o sería más exacto decir exige, 5000 millones de euros. Esto supone el 28% del total del Fondo de rescate autonómico, de 18000 millones.  Valencia y Murcia han anunciado peticiones, todavía no formalizadas, que sumadas a la de Cataluña ascienden a 8500 millones. Entre las tres, consumirían ya casi la mitad del total. ¿Va a fijar cada Comunidad la cifra que le parezca unilateralmente? ¿Qué va a impedir que, una vez más, la suma supere el 100%? La Valencia gobernada por el PP ya anuncia, como en la “cláusula Camps”, que ellos pedirán “todo lo que les puedan dar”. Por pedir que no quede, es la dinámica habitual. No han aprendido nada.
En cualquier caso ¿Serán estas enormes cantidades suficientes para el espeluznante pozo sin fondo autonómico? En el caso catalán, lo solicitado serviría poco más que para cubrir los vencimientos de deuda hasta fin de año. Buena parte se iría en pagar los 2639 millones en “bonos patrióticos” que vencen en noviembre. Es deuda a 12 meses con un jugoso interés del 4.75%. ¿Hay que pagar ahora a los “patriotas” sus intereses íntegros con el dinero de todos los españoles? ¿Y qué sucederá el próximo año?
En los pagos a hacer frente no se incluyen los pagos a proveedores, ni a entidades del tercer sector con conciertos con la administración autonómica (que dejaron de recibir sus pagos en julio). Para eso ya se creó otro enorme fondo de ayuda estatal para pago a proveedores, de 35000 millones, que había “puesto el contador a cero”. Parece que ya ha vuelto a resurgir la morosidad pública, como vaticinó UPyD. ¿A cuánto está en realidad el contador? ¿Qué va a pasar con esos proveedores y entidades del tercer sector?
Ante tamaño desastre, uno esperaría escuchar justificaciones, explicaciones, peticiones de perdón, dimisiones, asunción de responsabilidades, propósitos de enmienda… Nada de eso. Una vez más ¿nadie es responsable de nada?
Para más inri, el gobierno catalán afirma que no piensa aceptar condiciones a cambio del dinero. No pide, exige. Sin embargo, incluso la Ley de Estabilidad (votada por CiU) permite los controles y las condiciones. Razón de más si se pide un rescate. Por otro lado, a la comunidad la rescata el Estado que está rescatado por Europa. Y Europa exige condiciones. ¿Cómo puede el Estado cumplir las condiciones europeas si las comunidades no están dispuestas a cumplir las del Estado?
Bruselas ya ha reaccionado, por medio de un portavoz de la Comisión, recordando que las ayudas han de estar sujetas a estricta condicionalidad. No así el presidente del Gobierno español. El sr. Rajoy se ha limitado a explicar que las comunidades autónomas “son España”, por lo que las ayudará. Siguiendo con ese curioso razonamiento ¿no son también España los parados de larga duración sin cobertura o los desahuciados de sus viviendas?
Además de no aceptar condiciones, los partidos nacionalistas catalanes tampoco están dispuestos a frenar su deriva rupturista, exigiendo el Pacto Fiscal y promoviendo una manifestación independentista en la Diada. Es de temer que esa tentación rupturista se agudice. Resulta mucho más cómodo para las élites dirigentes catalanas culpar a los de fuera de todos los males que dar explicaciones sobre su nefasta gestión. Estas tensiones son justo lo que España necesita en el momento actual para acabar de ahuyentar a los pocos inversores extranjeros que queden.
Entre tanto, el gasto identitario y clientelar en embajadas, televisiones, entes públicos de distinto pelaje… sigue intacto, y la deuda total de la Generalitat asciende a 42 000 millones.
¡Y luego nos echamos las manos a la cabeza cuando sube la prima de riesgo!

PP y PSOE se hunden: ¿'saltarán al campo' la izquierda y la derecha radical? (por Antonio Papell)

Antonio Papell | (Publicado en EcoDiario.es, aquí)

PP y PSOE pasan de una intención de voto del 83% en 2008 al 66,5%
actualImagen: EFE

El retroceso
de PP y PSOE es objetivo, y aparece tanto en la secuencia electoral como en
los sondeos políticos de intención de voto. En efecto, en las elecciones
generales de 2008, el PP y el PSOE consiguieron conjuntamente llevar a la máxima
expresión el bipartidismo imperfecto de nuestro modelo representativo: entre
las dos formaciones abarcaron el 83,81% de los votos, equivalentes al 92,29% de
los escaños. 323 de los 350 diputados del Congreso fueron del PP o del PSOE,
de forma que las minorías tan sólo alcanzaron 27. En aquel momento electoral, el
país estaba al borde del precipicio pero todavía tal cosa no era evidente y a la
mayoría social le parecía que vivíamos en un presente prometedor y magnífico,
por lo que había que continuar de aquel modo.

 

En 2011, el declive de las dos grandes fuerzas ya se hizo evidente. PP y
PSOE sólo alcanzaron el 73,49% de los votos -diez puntos- y 296 escaños, con lo
que las minorías obtuvieron 54 diputados, exactamente el doble que en las
elecciones anteriores. Y este descenso está yendo a más si hay fiarse
de las encuestas posteriores. En efecto, la última encuesta del CIS -el
barómetro de julio, cuyo trabajo de campo se hizo en la primera quincena de ese
mes- otorgaba a PP y PSOE una intención de voto total del 66,5%. En tanto la
encuesta de Metroscopia para El País, cuyo trabajo de campo se realizó a
finales de julio, daba un voto conjunto a PP y PSOE del 54,7%.

No es difícil de ver que los dos grandes partidos se desmoronan a medida que
transcurre la crisis, con su secuela interminable y poco comprensible de
ajustes, recortes, sacrificios, muestras de incapacidad política y marrullerías
de toda índole en el espacio público. También la clase política ha descendido a
niveles de popularidad preocupante? Y es claro que esta situación inestable es
caldo de cultivo de toda clase de experimentos ideológicos y políticos, aunque
de momento todo indica que la mayoría de los desencantados, que son legión y
están en ascenso, iría hacia la abstención. Lo cual, en democracia, generaría
una situación explosiva.

¿Y qué podría ocurrir entonces? El declive de los dos grandes partidos, que
por ahora no cesa ni da paso a síntoma alguno de recuperación de la iniciativa,
podría dar paso, en primer lugar, a un acenso de las minorías ya existentes
en las Cortes españolas. Pero no es fácil que eso suceda: en primer lugar,
las minorías nacionalistas tienen su propio techo regional, que es cambiante con
la coyuntura de su respectiva nacionalidad de origen; en segundo lugar, IU,
actualmente controlada por el ala izquierda de la coalición y en manos de
políticos de capacidad limitada, no parece dar más de sí ni poseer una gran
capacidad de seducción ni por tanto de crecimiento; por último, la UPyD de
Rosa Díez continuará probablemente su lento ascenso, pero tampoco parece
probable que un partido-bisagra, condenado por su posición a la ambigüedad
ideológica y al oportunismo, llegue mucho más lejos que lo que consiguió Adolfo
Suárez con su CDS, que nunca fue mucho.

El riesgo de la desafección hacia los grandes partidos proviene más bien del
exterior del actual espectro institucional, de que cuaje por la derecha alguna
opción desvinculada del PP -la de Mario Conde es improbable
a primera vista, por los aspectos negativos de su propia imagen- o de que
decante por la izquierda algún grupo radical -en el sentido de Alain-
proveniente del descontento social que en su momento capitalizó
el 15M y que en el futuro próximo podría cristalizar de nuevo si en
este otoño se acaban imponiendo más sacrificios, al hilo del segundo rescate y
de la exigencia europea de convergencia en plena recesión.

Es evidente que las dos principales formaciones no se han percatado de lo
que sucede, o de que no saben cómo hacerle frente, o de que no creen que, a la
hora de verdad, estas tendencias se consoliden. Y sin embargo, el riesgo
objetivo de una gran deserción de las clientelas de PP y PSOE está ahí, a la
vista de todos.

 

El despilfarro identitario de Cataluña

La Generalitat solicita al Estado un rescate por valor de 5.023 millones «sin condiciones»

ABC / Madrid (ver aquí)

Inés Baucells

Artur Mas, presidente de la Generalitat

Política lingüística

Más de 40 millones para promocionar el catalán. En el presupuesto de la Generalitat para 2012 la partida para la promoción de la lengua catalana es de 40,5 millones de euros, solo 200.000 euros menos que el año pasado. El gobierno de Mas los gasta en doblar películas al catalán, en incrementar la presencia de esta lengua en el mundo, a través por ejemplo de las universidades, o en cursos varios. Mientras, desacata las sentencias que instan a que el castellano sea lengua vehicular en sus escuelas.

Embajadas y política exterior

Los «asuntos exteriores» se llevan 26,9 millones. El Gobierno de Mas alega que también ha pasado la tijera por el presupuesto destinado a la acción exterior. Y es que en este año, en pleno rescate, «solo» se gastarán 26,9 millones de euros, frente a los 35 de 2011. Una partida en la que se incluye el apoyo «a las comunidades catalanas en el exterior» y que se concreta, por ejemplo, en las «embajadas» como la del Rockfeller Plaza de Nueva York, que en conjunto costarán 1,1 millones de euros.

Medios de comunicación

Una televisión autonómica de 260 millones de euros. La televisión catalana recibirá este año 260 millones. Los medios públicos son uno de los buques insignia de la política identitaria de Artur Mas, de ahí su resistencia a reducir la estructura de la televisión. Sin embargo, todo apunta a que en 2013 se aplicará un ERE a la plantilla de la televisión y la radio catalana, que asciende a 2.712 personas. La Corporación Catalana de Radio y Televisión cerró 2011 con un déficit de 4,5 millones.

Consejo de garantías

El «tribunal constitucional catalán» gasta 3,64 millones. El Consejo de Garantías Estatutarias fue creado con vocación de convertirse en un «tribunal constitucional a la catalana». Sus dictámenes son la fase previa a la interposición de recursos ante el Tribunal Constitucional contra normas del Estado que, a su juicio, invaden competencias catalanas. Su presupuesto fue de 3,64 millones en 2011, año en el que emitió 10 dictámenes, lo que supone una media de 364.000 euros por informe.

Consejos comarcales

Duplicidad administrativa y 215 empresas públicas. Cataluña es la única comunidad autónoma que tiene consejos comarcales, una estructura supramunicipal que dispara las duplicidades administrativas y que cuestan al año 560 millones con más de mil cargos políticos. Cataluña contaba con 272 empresas, fundaciones y consorcios públicos, de los cuales solo se han extinguido 57 o se encuentran en un proceso muy avanzado.

El Síndic y otros organismos

Un defensor del pueblo (catalán) muy viajero. En su afán de crearse un mundo propio, Cataluña no ha tenido reparos en sufragar una estructura de instituciones y organismos que en muchos casos tienen su correspondencia estatal. Destaca, entre ellas, el Síndic de Greuges, el defensor del pueblo catalán cuyo presupuesto este año es de 7 millones. Su titular, Rafael Ribó, realizó 48 viajes al extranjero en tan solo dos años (2010 y 2011).

La fuga (por Rafael Fernando Navarro)

Tribuna libre

Rafael Fernando Navarro

Marpalabra (Publicado en elplural.com, aquí)

Rajoy no lo ve. Anda a gatas debajo de una mesa buscando la España perdida. Jugó con ella durante la campaña electoral y ahora se le cayó del bolsillo nada más tropezar con una alfombra persa de Moncloa. Anda a gatas Rajoy. Oliendo rastros, hocicando huellas por si España dejó tras de sí un olor a descomposición, a cadáver, a muerto recién muerto. Recuerda Rajoy el triunfo de la trampa ratonera que le puso al alcance el destino. No subiré los impuestos, no subiré el IVA, crearé empleo hasta tres millones me ha dicho Pons, vereis cómo somos el partido de los trabajadores que dice María Dolores, el partido de los viejos, de la sanidad, de la educación, el partido del cariño por los dependientes que necesitan un prójimo que empuje la silla, que les limpie el cansancio de intentar agarrar la vida con los muñones del alma, el partido de la mujer maltratada, manchada de besos asesinos aunque nunca matan los besos. Recuerda Rajoy que puso en su sitio a los mercados, a la prima de riesgo, al ibex treinta y tantos, a la Merkel generala, a la Europa opresora de Grecia, Italia y Portugal, a los especuladores a los que hay que gritarles que España no está en venta, que no quiere ser francesa, que quiere ser capitana de la tropa aragonesa. Rajoy-plazas-de-toros, polideportivos-de-aplausos-autocares-y-merienda. Cospedal-corpus-peineta. Pos-camisa-blanca-por-librerías. Arenas-señorito-bebiendo-Guadalquivir moreno.

Mariano andaba debajo de la mesa buscando una España de promesas inyectada de retrovirales contra un Zapatero contagioso, de un Rubalcaba estrujando pistolas negras asesinas, de Elenas elegantes, delgadas como el peso del euro. Y España se le había entregado hasta las cachas. Podía apretarla públicamente como a una amante rendida a los piropos de un mañana chorreado por la fachada de Génova.

Estaban las calles llenas de Montoros frustrados, De Guindos sin frutos, de lutos toledanos y jirones de mantilla, de Pons secuestrado por Floriano desnortado. Funcionarios de uniforme, de togas, de policías y bomberos, de batas sanitarias y guantes de latex, de viejos sin dinero para el gelocatil antideformante, de vendedores de bragas, de medias, de pan caliente y mañanero. Calles de mono azul y sangre minera, de casi seis millones de parados, de ortopedias rodantes, de sidas, cánceres, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Calles con conciencia de atraco, pidiendo auxilio porque las han aplastado contra la pared y les están violando los derechos. Calles que lloran por un Montoro que se ríe, por un Guindos que miente, por un Rajoy que debajo de una mesa practica un onanismo sin viagra ni climax porque a España le duele la cabeza y ya no finge orgasmos de campaña.

Maletas de cartón y cuerdas de esparto. Bocadillo para el tren y un búcaro de agua fresca. Hasta Alemania iban, hasta Holanda, hasta Bruselas. Con la boina y los recuerdos. Con ganas de hacer un hijo si vuelven en verano. Con la muda limpia de lagarto y planchada de cariño. A juntar un dinero como quien junta recuerdos, montoncitos de amor para la primera comunión de mayo, para acumular caricias y llorarlas al regreso. Hoy están jubilados, peligrosamente jubilados, con los achaques propios y recetas al diez por ciento, con Ana Mato pisándoles el sudor ahorrado en muchos años.

Hoy son jóvenes de cola-cao y cereales, de gimnasio y pádel, de universidad y móvil, de ordenador, de informática y facebook. Son jóvenes arquitectos, ingenieros, médicos. Portátil y maletas bachiller. Lascoste y calvin klein. USB con recuerdos y fotos de una novia de seda, de un novio con músculos en los besos. Sesenta mil al mes. Hacia Alemania, Holanda, Bruselas. Como aquellos de los sesenta, aunque sobradamente preparados. Como aquellos de los sesenta para juntar alegría, ahorrar caricias y disfrutar los besos de skipe con la tarde entre las manos.

Seiscientos y muchos mil al año. Por trenes a doscientos cincuenta por hora para inyectarle velocidad a la huida. Por aviones con azafatas azules y comandantes vestidos de capitán general. Y de repente Alemania, Holanda, Bruselas. Sin Sierpes íntima, sin el Pilarica al fondo, sin Castellana cañí, sin Galicia ni rías. Todo es extranjero. Y empiezas a sentir en el hombro los ojos de los que te miran por encima del hombro, de los que se creen invadidos, de los que piensan que has ido a robarles el puesto de trabajo, a quitarles el pan y la cerveza. Como pensabas tú del marroquí de patera, del subsahariano de Lavapies, del aparcacoches junto al dolor de los hospitales. Seiscientos y muchos mil al año.

España se va yendo poco a poco. Ya no se sabe a dónde, ya no se sabe hasta cuándo. Fugándose de sí misma España mientras Rajoy anda buscando debajo de la mesa la España falsa que un día se sacó de la chistera.

Rafael Fernando Navarro es filósofo
Blog de Rafael Fernando Navarro

El escándalo de 50.000 coches oficiales (por Luis María Anson)

(Publicado en El Mundo-Reggio´s, aquí)

OPINIÓN: CANELA FINA

Lo primero que hizo David Cameron al llegar a Downing Street fue suprimir los automóviles individuales oficiales, incluso para los ministros. Algunos esperaban que Rajoy hiciera lo mismo pero el presidente ha preferido aumentar el IVA a la cultura antes que exigir de la clase política una discreta austeridad.

Tal vez a nuestro compañero Gonzalo Suárez se le ocurra hacer un reportaje de investigación contándonos de cuántos automóviles disponen los políticos, de cuántos choferes, cuántos escoltas, cuántos gastos de gasolina, de reparaciones, de mantenimiento, de seguros, de amortización, debemos pagar entre todos los españoles, teniendo en cuenta, además, que los coches de los partidos políticos y los sindicatos son de hecho oficiales, puesto que el 90% de lo que gastan esas instituciones proviene de subvenciones directas o indirectas del Estado.

A pesar de la opacidad de las informaciones, a pesar de las veladuras que la clase política y la casta sindical han extendido sobre los automóviles oficiales, se puede afirmar que los coches de las cuatro Administraciones -la central, la autonómica, la provincial y la municipal- sumados a los de las empresas públicas, partidos políticos y sindicatos, superan la cifra escandalosa de 50.000. Pagan, pagan los ciudadanos, sangrados por unos impuestos casi confiscatorios, pero los políticos continúan desplazándose en automóviles que despilfarran el dinero de todos. No ya los ministros y secretarios de Estado, incluso concejales de pueblos de pocos miles de habitantes se han adjudicado coches oficiales para su disfrute particular. Los diez consejeros del gobierno anterior de Aragón disponían de 75 automóviles. Feijóo se encontró al arribar a la silla curul de Galicia que su antecesor se adornaba con tres coches blindados a 500.000 euros la pieza. La presidenta Cospedal se vio obligada a hacer una subasta de los automóviles acumulados por la Junta socialista porque no cabían ya en los garajes de la Comunidad. Soledad Becerril acaba de reducir, de 6 a 3, el número de coches del Defensor del Pueblo. ¿Y por qué todavía 3? ¿Por qué no reducirlos a cero?

A nadie se escapa que el gasto desmesurado de la orgía de automóviles oficiales se multiplica si a él se suma la gasolina, el mantenimiento, el seguro y las reparaciones. El ciudadano medio tiene conciencia de los abusos de infinidad de talleres cuando a ellos se acude para arreglar una avería. La vigilancia del particular es grande para evitar que le timen. Y aún así los abusos se producen. ¿Nos hacemos una idea de lo que facturarán ciertos talleres por la reparación de los coches oficiales?

Y falta aún por sumar otro capítulo: los choferes. ¿Cuántos millares de conductores atienden a los más de 50.0000 coches oficiales, de las cuatro Administraciones, las empresas públicas, los sindicatos y los partidos políticos? ¿Qué le cuesta al contribuyente atender los sueldos, las vacaciones, las enfermedades, los trienios, los moscosos, los puentes y las jubilaciones de esos millares de choferes?

Mientras el primer ministro Cameron suprime los automóviles oficiales para todos los cargos, el SUP ha denunciado que cada ministro español dispone hasta de cinco vehículos de alta cilindrada y blindados. Solo la Administración Central pagará este año 1,5 millones de euros por la gasolina necesaria para atender a los coches de los ministros y altos cargos de Mariano Rajoy. El escándalo es mayúsculo pero la clase política lo pasa por alto escondiendo la cabeza como el avestruz. El think tank que asesora a Rajoy debería reflexionar que determinados recortes sociales solo son soportables para la opinión pública si se pone coto a los abusos de la clase política. El ejemplo de Cameron debería ser imitado. Y que se terminen las caravanas de automóviles, choferes y gastos que hoy escandalizan al ciudadano medio, desangrado por los impuestos e impotente para desembarazarse de tanto abuso, tanto cinismo y tanta tropelía.

Luis María Anson es miembro de la Real Academia Española.

Por qué la enseñanza con segregación sexual no debe pagarse con dinero público (por Carlos Martínez Gorriarán)

(Publicado en El blog de Carlos Martínez Gorriarán, aquí)

La libertad de elegir y la igualdad de oportunidades son dos de los fundamentos de la democracia moderna. Sin libertad de elección o “valor de elegir” no se puede hablar propiamente de libertad personal ni de ninguna otra clase –como explica magistralmente Fernando Savater en este ensayo-, y sin igualdad de oportunidades tampoco, porque la desigualdad deja en agua de borrajas la libertad de elegir cuando determinadas elecciones se hacen imposibles para el sujeto. La educación es un campo donde esta mutua dependencia se expresa con gran claridad: si alguien quiere elegir leer o escribir tal libro deberá haberse alfabetizado. No vale de nada decir que los analfabetos literales o funcionales son libres de leer o escribir lo que quieran, porque esa libertad formal está anulada de facto por la carencia de los requisitos mínimos para hacer efectiva su elección: saber leer y entender lo que se lee. La mutua dependencia de libertad de elegir e igualdad de oportunidades está en la base de la creación de la escuela pública, una institución ilustrada consagrada a que libertad de elección e igualdad de oportunidades se afirmen mutuamente para todos. ¿Cómo?: haciendo que todo el mundo tenga la oportunidad de adquirir la formación indispensable para poder elegir educadamente. Es bastante fácil comprender por qué la escuela pública no existió, en cambio, en sociedades esclavistas muy cultas donde la igualdad de oportunidades estaba restringida a una aristocracia o minoría ilustrada que casi siempre también excluía a las mujeres, como las del mundo clásico.

Dicho esto, conviene recordar que el vínculo entre libertad de elección e igualdad de oportunidades no es pura armonía y beatitud, sino más bien tenso y problemático.  A grandes rasgos, el liberalismo insiste en preservar y cultivar la libertad de elección, y la socialdemocracia en la igualdad de oportunidades. Poner el énfasis en uno u otro valor no implica que no se reconozca a su partenaire dialéctico, sólo expresa la convicción de una preferencia. Fuera de estas grandes corrientes democráticas hallamos las extremistas o antisistema (de valores democráticos) que o bien niegan la libertad de elección o bien la igualdad de oportunidades, negaciones compartidas como tantas otras cosas por fundamentalismos y totalitarismos que, francamente, importa un comino que se definan como de izquierdas o de derechas. Ni en Cuba ni en Irán hay libertad de elección y por tanto tampoco igualdad de oportunidades, y viceversa, pues ¿qué igualdad de oportunidades espera a quien no comulgue con las reglas de la respectiva dictadura?; ¿qué se puede elegir en un menú de plato único?

Entre las corrientes totalitarias y las democráticas hay espacio para corrientes conservadoras o tradicionalistas, o sencillamente excéntricas, que aceptan –digamos- la libertad de elección y la igualdad de oportunidades “por imperativo legal” (como prometen la Constitución los nacionalistas y paleoizquierdistas que estarían mas felices derogándola). Estas corrientes aprovechan las complejidades y paradojas de la relación entre ambos valores para colar su propia interpretación restrictiva del uno o el otro. Y están en su derecho, porque la libertad de elección que desarrolla la democracia permite estirar mucho el significado de este valor. Están, por ejemplo, los tradicionalistas católicos  aferrados al principio de la segregación educativa por sexos. Enemigos de toda relación estrecha de hombres y mujeres fuera del matrimonio (indisoluble y sagrado) y la familia creada sobre su base bajo la tutela de la Iglesia, procuran restringir al máximo la convivencia cotidiana entre los sexos o, en todo caso, someterla a convenciones de formalidad e impersonalidad lo más eficientes posibles. Es el sistema educativo que mi generación sufrió durante el franquismo como el único prácticamente posible, salvo que –contra el principio de igualdad de oportunidades- la familia tuviera los recursos suficientes para matricular a sus vástagos en los raros colegios privados con coeducación que, al menos en el San Sebastián de los 60 y 70, era casi todos colegios bilingües franceses, ingleses o alemanes adaptados a los planes educativos de sus países de referencia. Los demás, incluidos los institutos de enseñanza media y secundaria, íbamos a centros de chicos o de chicas. La elección era imposible, la igualdad también. Y la que sufría era la educación, como podria testificar aquella pobre profesora nativa de francés que nos duró sólo unos meses ante el acoso de una panda de salvajes de 12 años que no estaban acostumbrados a más mujeres con autoridad que las de su familia.

Algunos estudios pedagógicos insisten en las bondades psicopedagógicas de la segregación sexual enfocando toda su atención en el hecho constatado de la diferente evolución cognitiva de los sexos: las mujeres maduran antes en muchos e importantes aspectos, pero los hombres les superan –de media- en operaciones abstractas de tipo simbólico-matemático. Concluyen que para el rendimiento escolar es mejor mantener separados a chicos y chicas sin que se distraigan con la atracción de sus no menos importantes –y tan atractivas- diferencias. Pero la educación es más que el rendimiento escolar, y el aprendizaje y asimilación de la diferencia sexual es tan importante, o más para determinados supuestos, que la media de notas de un grupo en matemáticas o lengua. Por no decir que los escolares de inclinación gay serían inmunes a las supuestas ventajas escolares de esa segregación…

En resumidas cuentas, algunos conciudadanos consideran deseable por diferentes motivos segregar a los sexos durante, al menos y ya que no tienen el poder de sus colegas teológicos en los países islámicos, la etapa escolar. El problema no radica en la convicción privada, que puede responder a muchos argumentos o preferencias, sino en cuando la convicción privada se convierte en asunto público y por tanto en problema legal y político. Pues aceptado que algunos pueden tener sus razones para creer mejor la segregación sexual a la coeducación, y que por tanto es aceptable que existan centros escolares donde puedan poner en práctica sus convicciones ejerciendo su derecho a elegir, ya es otra cosa si la aplicación de la igualdad de oportunidades a su elección implica su derecho a que el Estado (las administraciones) subvenciones los centros segregados. Cierta lectura “liberal” (estilo Esperanza Aguirre) del derecho a elegir como derecho absoluto conllevaría que el Estado se hiciera cargo del costo económico de esa elección para que tanto pobres como ricos partidarios de la segregación escolar por sexo tuvieran la misma capacidad de elegir. Ahora bien, ¿se puede contraponer el derecho a elegir a la igualdad de oportunidades negada, por ejemplo, a una niña que quisiera matricularse en un centro o curso sólo para niños, y viceversa?

Una sentencia muy reciente del Tribunal Supremo (tanto que aun no se ha publicado) ha establecido que ese derecho no existe, pues los centros que discriminan por sexo incumplen la exigencia legal de que “en ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” (LOE 2006, art. 84). Así pues, el Tribunal Supremo confirma que si el ejercicio de la libertad de elección de centro escolar choca con lo que la ley exige a los centros escolares para desarrollar la igualdad de oportunidades, y por tanto ser considerados públicos o subvencionables como si lo fuesen –mediante un concierto u otra fórmula-, el Estado (o las CCAA) no está obligado de subvencionar esa elección.

La sentencia dará que hablar porque señala paradojas tales como el reconocimiento legal de centros educativos que, sin embargo, incumplen la literalidad de la ley vigente. Esto podría solucionarse fácilmente con una reforma de la Ley Orgánica de Educación que sí permitiera la segregación por sexo, y en esa dirección apuntan, parece, las declaraciones de Wert. Pero el problema es otro: una vez hecha la excepción, otros criterios de discriminación pueden llamar a la puerta de la ley. Nos encontraríamos así con centros concertados cerrados a minorías, o a niños con determinadas características, o a cualquier otro rasgo discriminatorio. ¿Es eso deseable? Sin duda, no. Porque el resultado sería liquidar la igualdad de oportunidades en nombre de una libertad de elección convertida en… libertad de discriminación, que es algo muy diferente.

El desarrollo práctico de la igualdad de oportunidades exige sin duda que la libertad de elección se ejerza entre las posibilidades que la Constitución admite, es decir, las que no prohíbe expresamente. En la actualidad se puede elegir centro educativo con cargo al erario público –en teoría- en la red pública o en la de centros concertados (y ambas son de muy diferente calidad y cantidad dependiendo de la CCAA, ciudad o barrio). Pero fuera quedan los centros privados que estiran al máximo la libertad de elección mediante filtros aceptados por la Constitución, como matrículas y costos escolares a cargo íntegramente de los particulares, que de algún modo están financiando la libertad de elegir más allá de lo que el sistema público considera básico, pero no tan allá que se dediquen a una educación  contraria a los principios constitucionales (como haría, por ejemplo, una escuela islamista que propugnara la sharia). En esta especie de limbo educativo se encuentran muchos centros privados que seleccionan a sus alumnos por criterios de renta, procedencia social, nivel educativo o confesión religiosa de la familia. Deben poder existir para que la libertad de elección no sufra restricciones indeseables –como son muchas de las ideológicas-, pero no hay que subvencionarlos porque no lo exige la práctica de la igualdad de oportunidades que ellos mismos excluyen al filtrar su alumnado con diversos criterios de selección (o sea, de discriminación). Es elemental que el Estado no debe subvencionar centros escolares a los que no pueda acceder cualquier niño o niña, aunque tampoco debe prohibirlos si su enseñanza no es inconstitucional. Y este es el caso de los centros con educación segregada por sexo. En esta democracia tan confusa y perpleja, la sentencia del Supremo aclara las cosas y las pone en su sitio.

Rajoy y su Gobierno juegan al zapaterismo (por José Antonio Zarzalejos)

José Antonio Zarzalejos (Publicado en ElConfidencial.com, aquí)

Los hombres de estado son como los cirujanos: sus errores son mortales” (François Mauriac)

El concepto de banalidad política en España se verbaliza como zapaterismo, que consistió en una forma de gobernar inconsistente, contradictoria, excéntrica e imprevisible. Por eso, Zapatero no sólo hundió su propia reputación, sino también la del PSOE que tan suicidamente apoyó la irresponsabilidad de su secretario general y presidente del Gobierno entre 2004 y 2011. El 20 de noviembre pasado el electorado español le proporcionó a Rajoy y al PP una mayoría absoluta (con menos de 11 millones de sufragios) para que diese carpetazo a esa forma de gestionar los asuntos públicos y devolviese la solvencia al ejercicio de la política. Obviamente, los ciudadanos sabían que un gobierno del PP no dispondría de facultades taumatúrgicas para solucionar las fechorías políticas y económicas de la época de Zapatero, pero es seguro que jamás esperaron que tanto Rajoy como su gabinete se comportasen de forma tan parecida, tan próxima, tan peligrosamente irresponsable a la que se trataba de liquidar en los comicios generales. Por desgracia, gravísimos episodios protagonizados por este Ejecutivo, su presidente y su partido nos remiten al zapaterismo que se creyó superado.

Los ministros de Hacienda, Cristóbal Montoro (izda), e Industria, José Manuel Soria (Efe).

 

La descarnada y pública guerra política -en la que median intereses seguramente poco confesables- entre los ministros de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y el de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, a propósito de la reforma energética, no es un episodio “normal” como ha querido hacernos suponer una vicepresidenta del Gobierno superada por los términos del rifirrafe. Por el contrario, se trata de  comportamientos ministeriales intolerables. Intolerable es que Montoro pretenda convertir -venteándolo en un medio extranjero de comunicación- sus competencias hacendísticas en soporte jerárquico -que no tiene- para frenar las medidas que Soria propone. E intolerable resulta que el ministro canario, en vez de responder con un cauto silencio a la provocación de su colega, le responda en unos términos que le vapulean políticamente. Ya estamos al cabo de la calle del error de Mariano Rajoy cuando decidió no nombrar un vicepresidente económico aduciendo razones nada consistentes, pero ¿acaso no debió intervenir inmediatamente y reducir este desencuentro y componerlo ipso facto?, ¿cree que es suficiente mantener las espadas en alto entre ambos ministerios con una levísima declaración de la vicepresidenta? Semejante solución es propia de Rajoy… cuando era presidente del PP en la oposición, pero es impropia de un presidente del Gobierno que tiene la obligación de reaccionar: bien cesando a ambos ministros o imponiendo él una fórmula definitiva para solventar el gravísimo problema del déficit tarifario en el sector eléctrico que está lastrando a las compañías del sector y manteniendo la incertidumbre regulatoria en un asunto de estratégica importancia para la economía española.

Rajoy en esta disputa se comporta conforme a pautas que resultan intercambiables con las de Zapatero, que solía llamarse a andanas cuando sus ministros y ministras perpetraban desafueros con una frecuencia que demostraba una voluntariosa persistencia en el error

Rajoy en esta disputa se comporta conforme a pautas que resultan intercambiables con las de Zapatero, que solía llamarse a andanas cuando sus ministros y ministras perpetraban desafueros con una frecuencia que demostraba una voluntariosa persistencia en el error. Persistencia en la que militan también los ministros de este Gobierno sin que al presidente se le alteren los pulsos. Porque antes de este encontronazo entre Industria y Hacienda, los de Montoro con Luis de Guindos han sido más sordos pero no menos clamorosos. Sin entrar ahora a considerar responsabilidades de unos y de otros, lo cierto es que Rajoy ha dejado un espacio político y gestor -el propio de un vicepresidente económico- que el titular de Hacienda -pata negra en el PP- trata de ocupar manu militari creando en el gabinete un malestar que es ya, además de público, también notorio. Que esta descoordinación, que esta indisciplina, que esta indiscreción, se produzca en el contexto de la aguda crisis por la que atraviesa España, agrava hasta extremos intolerables la inacción del presidente del Gobierno, es decir, su inocuidad, su banalidad, ambas de la misma naturaleza patológica que afectaban al zapaterismo. Es verdad que este Gobierno está orgánicamente mal diseñado. Pero, perpetrado el error, ahondarlo con pasividades contemplativas es realmente suicida.

Más grave aún, al menos desde el punto de vista ético, es el debate descalificador entre un sector del PP -liderado por un Mayor Oreja que tiene un pie dentro del PP y otro fuera de él como pronto se comprobará- y el Ministerio del Interior a propósito de la concesión de tercer grado penitenciario a Uribetxebarria Bolinaga, secuestrador que fue de Ortega Lara, y que, según Fernández Díaz y el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Angel Yuste, se encontraría en un estado de salud “terminal”.  El toma y daca entre los unos y los otros en asunto tan sensible y en el que la unidad del criterio en el PP y en el Gobierno resulta tan decisiva, jamás debió consentirse y, en todo caso, cuando comenzó a desatarse la polémica, alguien -¿pero qué hace María Dolores de Cospedal?- debió cortarlo en seco. Si ha errado el ministro del Interior -como parece, a tenor del informe forense de la Audiencia Nacional destapado ayer en exclusiva por este diario y que niega el “estado terminal”  del etarra-, Rajoy debería prescindir de sus servicios por manifiesta torpeza y precipitación. Y si ha actuado con diligencia razonable, asegurándose la certeza de los datos clínicos y la procedencia de la decisión en función de antecedentes similares, Rajoy, a través de la bicéfala secretaria general del PP tendría que haber llamado a capítulo a Mayor Oreja para reconvenirle debidamente. Pero no ha ocurrido -tampoco en este episodio verdaderamente intolerable- ni lo uno, ni lo otro. De forma y manera que, también de la mano de esta polémica sobre asunto delicadísimo, hemos regresado con el PP al peor de los zapaterismos.

Es propio de los políticos indecisos y de aquellos a los que les superan los problemas caer en una especie de perplejidad paralizante. Se refugian en la quietud esperando que deus ex machina les resuelva el problema. Tienden a imaginar, también, que los problemas no albergan la gravedad objetiva que se les atribuye por los medios de comunicación o que la ciudadanía expresa en las encuestas. Suelen resolver los conflictos con expresiones coloquiales que apelan al sentido común y a conceptos pedestres. Se abstienen de ejercer el principio de autoridad porque temen más sus consecuencias que las del problema que resolvería su ejercicio. Imaginan que están puestos en el cargo para cubrir esfuerzos normales y de dimensión accesible, pero no para adoptar decisiones extraordinarias. Carecen de percepción estadista porque no se consideran concernidos por la épica que reclama para la política las situaciones de crisis. Son zapateristas que fustigan a Zapatero pero se terminan comportando como él. Forman, en definitiva, parte del problema y no de la solución. Y Rajoy  encastillado en su introspección personal y en su esoterismo conductual, sigue siendo la viva imagen del hombre que transfiere sus problemas y responsabilidades a la instancia de la eternidad. Eso es zapaterismo, para entendernos. Mientras, en la calle Génova nº 13 de Madrid se escucha el eco hasta de las pisadas. Fuesen todos al Gobierno -o a Toledo- y no hubo nada. O sea, desolador.

Primeras reflexiones sobre la reforma del Plan PREPARA (por Álvaro Anchuelo)

(Publicado en el Blog de Álvaro Anchuelo, aquí)

A la espera de conocer los detalles mañana en el BOE, la intervención de la ministra de Empleo en la rueda de prensa del Consejo de Ministros suscita ya algunas primeras reacciones a su propuesta de reforma del programa PREPARA:
- El programa ya era muy restrictivo en las condiciones que exigía para acceder. Pueden verse los detalles en la página del Servicio Público de Empleo Estatal (http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/programa_prepara/prepara.html). Allí se lee
Las personas beneficiarias de este programa deberán carecer de rentas, de cualquier naturaleza, superiores en cómputo mensual al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. Se computarán como rentas el importe de los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas concedidas por otras Administraciones Públicas.

A estos efectos, aunque la persona solicitante carezca de rentas, en los términos anteriormente establecidos, si tiene cónyuge y/o hijos menores de 26 años, o mayores de esa edad con al menos una discapacidad del 33 %, o menores acogidos, únicamente se entenderá cumplido el requisito de carencia de rentas previsto en el párrafo anterior, cuando la suma de las rentas de todos los integrantes de la unidad familiar así constituida, incluida la persona solicitante, dividida por el número de miembros que la componen, no supere el 75 por ciento del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.

Lo que ahora se hace es incluir en el cómputo las rentas también de los ascendientes, es decir, ENDURECER TODAVÍA MÁS LAS CONDICIONES DE ACCESO (por más que la ministra haya dado unos ejemplos rebuscados y poco comunes en los que el resultado es el contrario).
- Se basa para ello en la poca efectividad del programa para que los que lo han disfrutado encuentren un empleo, incluso ha criticado que los pocos que lo encuentran sea en precario. Tal vez no se le haya ocurrido que eso se deba a la recesión que las políticas económicas de nuestros gobiernos han agravado, o a su reforma laboral.
- Lo que sí ha resultado demoledor es escuchar que, en realidad, estas personas apenas reciben formación. El 93% recibió como mucho una charla de tres horas sobre cómo hacer un CV. Aunque no ha quedado claro qué piensa hacer para que la reciban a partir de ahora. Si tanto le preocupa la formación ¿por qué ha recortado las políticas activas de empleo tan drásticamente?
- Interesantes también los comentarios sobre el solapamiento de ayudas autonómicas y estatales y la falta de coordinación. El mal diseño del Estado autonómico no es una cosa que sólo interese a “los políticos”, como algunos creen, sino que afecta a la vida cotidiana de todos los ciudadanos.
En vez de estos retoques de un sistema mal diseñado, UPyD propone una alternativa mejor. Extender la Renta Activa de Inserción a los menores de 45 años que ahora cualifican para el programa PREPARA, con lo que habría un programa permanente (en vez de estas renovaciones de 6 en 6 meses) que daría 11 meses de cobertura. Tras esa etapa estatal para los parados que agotan prestaciones, habría una etapa autonómica (la Renta Mínima de Inserción) pero con condiciones similares en todas las CCAA, no con las enormes disparidades que existen hoy en día entre ellas.
Más detalles sobre esta propuesta en la Proposición no de Ley que defendimos en la Comisión de Empleo del Congreso de los Diputados, rechazada por TODOS los demás Grupos (http://www.upyd.es/contenidos/ficheros/85925) o en el video de la defensa de esa PNL (http://www.youtube.com/watch?v=0sabPLvY6uI&feature=plcp)
Por último, de este programa se benefician unas 200 000 personas en situación extrema y cuesta unos 300 millones de euros al semestre. Con el nivel de despilfarro y fraude existente en España, ¿no hay sitios mejores en los que recortar?