(Publicado en El Mundo-Reggio´s, aquí)
Los presuntos desmanes de Iñaki Urdangarin han puesto al descubierto algunas de las fortalezas y debilidades de nuestro sistema democrático.
Que el titular del Juzgado número 3 de Palma, José Castro, y la Fiscalía Anticorrupción hayan logrado acumular indicios suficientes como para imputar por graves delitos al yerno de Rey es una muestra de que el Estado de Derecho ha funcionado. El juez y el fiscal se han atenido exclusivamente al principio de legalidad.
Y no es poca cosa que, en un momento como el que estamos viviendo, en el que ciertos partidos y movimientos cuestionan la utilidad e incluso la legitimidad de ciertas instituciones, los ciudadanos comprueben que el banquillo no distingue entre la dignidad de las posaderas que lo ocupan.
Cuando Don Juan Carlos dijo en su mensaje de Navidad que «la Justicia es igual para todos», estaba mandando un recado al conjunto de los españoles, pero muy especialmente a su yerno.
El discurso del Rey bien podía haber llevado el título de la triunfadora película de UrbizuNo habrá paz para los malvados.
Según fuentes solventes, las relaciones entre la Casa del Rey e Iñaki Urdangarin han estado prácticamente rotas. Las desavenencias comenzaron hace ya tiempo. Fundamentalmente, a partir de que el entonces asesor de la Casa, José Manuel Romero, detectará las «actividades inadecuadas» del Instituto Nóos. Es decir, tras descubrir que el duque de Palma se estaba lucrando a través de una sociedad sin ánimo de lucro.
Las recomendaciones del conde de Fontao fueron, como mínimo, desatendidas y el yerno del Rey siguió haciendo sus negocios hasta que en 2009 se trasladó a Washington convertido en alto cargo de Telefónica.
La tensión fue en aumento cuando la investigación judicial sobre el caso Palma Arena detectó las malas prácticas empresariales y los posibles delitos cometidos a través del Instituto Nóos y de la empresa Aizoon. La gota que colmó el vaso fue la contratación por parte de Urdangarin del abogado Mario Pascual Vives, artífice del comunicado autoexculpatorio del duque de Palma, sin siquiera consultarlo previamente con la Casa del Rey. Sin embargo, ahora las relaciones han mejorado. La Reina ha ejercido de madre y ha logrado una cierta recomposición, gracias a la cual Urdangarin y la Infanta residieron en La Zarzuela cuando aterrizaron en Madrid desde Estados Unidos.
Pero las relaciones no sólo estaban mal con Zarzuela, sino también con el Gobierno, a pesar de los intentos que se han hecho desde el Ministerio de Justicia para encontrar un interlocutor fiable para un asunto que afecta a una institución fundamental del Estado como es la Corona.
El Gobierno cree difícil que Urdangarin pueda saldar el asunto sin una condena. Preocupa la situación de la Infanta Cristina. La hija del Rey fue vocal de la junta del Instituto Nóos y es copropietaria de la empresa Aizoon, donde fue a parar gran parte de los beneficios obtenidos por asesorías de medio pelo e informes copiados pagados por administraciones públicas y grandes empresas privadas.
Muy al contrario de lo que se ha dicho en algunos medios, la Infanta está totalmente comprometida en la defensa de su esposo. Es muy probable que ella no fuera partícipe de la arquitectura financiera que montaron Urdangarin y su socio Diego Torres, pero el juez Castro ha pedido a las partes que informen sobre si debe o no ser llamada a declarar como imputada, lo que, de producirse, significaría un trauma para la Familia Real.
Seguramente, la Fiscalía se opondrá a que se la cite por falta de pruebas y el juez seguirá su criterio.
Sin embargo, como he dicho, este proceso ha puesto de relieve la falta de previsión sobre la cobertura legal de la Familia Real.
La Constitución española establece en su artículo 56 que «la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad». Es decir, el Monarca está protegido constitucionalmente ante cualquier eventualidad que tenga que ver con la Justicia, pero no así los miembros de su familia, incluido el Príncipe heredero.
Por ejemplo, si Don Felipetuviera un percance de tráfico en Madrid, tendría que declarar en los juzgados de Plaza de Castilla.
De una forma simple, alguien podría argumentar que el blindaje del Rey demuestra que lo afirmado en su mensaje de Navidad no es cierto, ya que él mismo es irresponsable penalmente de sus actos.
Sin embargo, el Rey no es la única persona que tiene un tratamiento especial ante la Justicia. Los diputados, por ejemplo, están protegidos por el aforamiento. Los jueces, igualmente (como hemos visto en el caso de Garzón) son juzgados por el Tribunal Supremo. Los consejeros autonómicos también gozan de fuero, como se recoge en los estatutos de autonomía.
Esas cautelas se producen en todos los estados democráticos y, más que a la persona, lo que tratan de salvaguardar es a las instituciones, la Corona, el Gobierno, el Parlamento, o la Justicia.
El Gobierno está muy preocupado por esa falta de previsión del legislador a la hora de establecer cuál debe ser el tratamiento de la Familia Real ante eventuales problemas con la Justicia.
En estos momentos, tiene mayor protección legal un diputado regional que el heredero de la Corona, cuyo único privilegio (al igual que el resto de la Familia Real) es poder declarar por escrito como testigos.
En puridad, el establecimiento de ciertas cautelas, como sería la del aforamiento del Príncipe, de las infantas y de sus cónyuges, tendría que suponer una reforma de la Constitución. Sin embargo, el Gobierno descarta abrir ese debate en esta legislatura por razones obvias. Cualquier reforma de la Carta Magna supondría reabrir al mismo tiempo el debate sobre la Monarquía.
Por esa razón, el Gobierno está estudiando introducir en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya anunciada por el ministro Ruiz-Gallardón, un apartado en las competencias del Tribunal Supremo que incluya específicamente a los miembros de la Familia Real.
Esa modificación de la Ley del Poder Judicial, a todas luces necesaria, obligaría a cambiar otras leyes. Pero lo importante es que la ley goce de un amplio consenso, en el que deberían implicarse el PSOE y, a ser posible, los partidos nacionalistas.
Últimos comentarios