Aires de La Parra

Urge un vuelco político en España (por Miguel Massanet Bosch)

para que España pueda permanecer dentro del euro, se han de hacer reformas profundas en el mercado laboral, porque el sistema actual no es compatible con la pertenencia en el euro

Mattias Lundback, un economista del prestigioso think-tank sueco Ratio Institute, en una reciente Reunión Internacional en Estudios Políticos celebrada en Estoril (Portugal), en la que se trataba del futuro del Estado del Bienestar; habló sobre la experiencia sueca y también trató de diversos puntos que, sin duda, serían muy útiles para la economía de nuestro país. Uno de los temas a los que se refirió en su disertación, cuando le preguntaron: “A la luz de la experiencia de las economías de su entorno, ¿qué lecciones deberían aprender los políticos españoles?” La respuesta del economista fue taxativa: “Nuestra experiencia es que el estado debería ser duro con los propietarios de las instituciones financieras. Si un banco no puede sobrevivir por sus medios, no tiene cabida en una economía de mercado. Deberían reorganizarse y vender, lo que implica que los propietarios de bancos e instituciones financieras pierdan dinero”. Al hablar del mercado laboral puso el ejemplo de países que, como Letonia, Lituania y Estonia, “han tenido una rápida recuperación después de la crisis que, por cierto, fue mucho más profunda que en España. Van bien encaminados, han mejorado sus exportaciones y han conseguido controlar sus déficits. La diferencia con España es que tienen un mercado laboral muy flexible y han hecho importantes recortes de gasto”.

La conclusión  es que, para que España pueda permanecer dentro del euro, se han de hacer reformas profundas en el mercado laboral, porque el sistema actual no es compatible con la pertenencia en el euro, incluso bajo circunstancias normales, mucho menos en las actuales. Sin querer convertir lo anecdótico en categoría, resulta curioso que la mayoría de los analistas hayan coincidido en los errores garrafales cometidos por nuestro Gobierno y en lo perjudicial que ha sido su empecinamiento en no querer admitir la crisis y lo erróneo de su falta de cintura cuando la recesión nos golpeó con toda su intensidad. Los  parches  han sido la práctica corriente de nuestro Ejecutivo que siempre ha actuado a toro pasado, sin que haya sido capaz de poner en marcha una política preventiva de reducción del gasto público, de ayudas a las empresas, de control del tamaño de la administración y reducción de empresas públicas, que se han constituido en uno de los semilleros de empleos destinados a aquellos que forman parte de la parafernalia socialista.

Les invito a recordar cuáles fueron los primeros pasos del Ejecutivo cuando, por fin, se percataron de que lo de la crisis no era una imaginación y que nuestra burbuja inmobiliaria se estaba desplomando sin remedio. Entonces, los primeros con los que se reunió el señor Zapatero fue con los banqueros y, entre ellos, con el señor Botín uno de sus apoyos. No sabemos lo que se discutió en aquel conciliábulo, pero sí conocemos sus efectos. Un oleada de 50.000 millones de euros fueron destinados a avalar a todas aquellas entidades que, precisamente, habían sido las causantes de aquel boom hipotecario, al que ahora se debía hacer frente debido a que la crisis había producido la caída vertical del mercado inmobiliario, la falta de créditos ahogaba a las constructoras y los impagos acabaron por poner en aprietos a aquellos que se habían excedido en asumir riesgos. Como dice el señor Lundback, “los bancos insolventes no tenían cabida en una economía de mercado” y, modestamente, este articulista ya dejó constancia en sus escritos en los que compartía esta opinión. Es posible que lo de Lehman Brothers fuera un golpe muy fuerte para aquellos que tenían invertido dinero en sus bonos (entre los que, desgraciadamente, me encontraba); sin embargo, el dejar que cayera tenía un componente de ejemplaridad que hubiera puesto en alarma al resto de entidades crediticias que hubieran tenido que cortar por lo sano. No se quisieron garantizar las imposiciones de los inversores y se prefirió apalancar a los bancos y cajas que no habían sabido actuar con sensatez se hubieran desmoronado. Un grave error.

La realidad es que, el pasar del tiempo, ha venido demostrando que el coste que ha representado para el Tesoro Público, el endeudamiento al que se ha visto precisado a acudir y la cantidad que se ha requerido para mantener a muchos bancos y cajas, que habían demostrado su incompetencia y que se les debiera de haber permitido que quebraran, pidiendo responsabilidades penales y civiles a sus responsables. La realidad es que, muchos de aquellos equipos directivos, siguen en sus puestos, cobrando cantidades astronómicas y perciben sustanciosos bonus, como si ninguna responsabilidad les cupiera por su gestión anterior. Bancos y Cajas favorecidos por el FROB, a cargo de los impuestos de los ciudadanos, mientras tenemos a personas en paro que ya no perciben compensación alguna o, cuando miles de personas tienen que acudir a los comedores de Cáritas, porque sus pensiones (congeladas) no les alcanzan para poder vivir.

Resulta cómico que, al señor Rubalcaba, no se le ocurra un recurso mejor al que recurrir para promocionarse como candidato a la presidencia del gobierno, que proponer la desaparición de las Diputaciones, con lo que afirma ahorrar 1.000 millones de euros; cuando las cantidades con las que han tenido que contribuir a arreglar el desaguisado financiero se cuentan por cientos de miles de millones de euros. Seguramente, ahora no tiene en cuenta que ello pondría en la calle a varios miles de funcionarios, algo que hace sólo unos meses parecía preocuparle mucho. Causa pena, estupor, decepción y congoja pensar que, un aspirante a presidente por un partido político, parece como si permaneciera indiferente a las dificultades económicas por las que estamos pasando, por los vaivenes de las bolsas, por las peripecias de nuestra deuda pública y por la evidencia constatada de que, a medida que transcurren los meses, no parece que el paro consiga erradicarse ni que las empresas den signos de reactivación o que los bancos abran la espita de los créditos.

Eso sí, continúan intentando desprestigiar al PP, siguen en sus políticas de golpes bajos e intentan asegurarse los puestos de trabajo para cuando pierdan los que, actualmente, ocupan. Han negado la evidencia de que las cuentas de los municipios y de las comunidades autónomas –que han estado ocupando hasta que los perdieron a consecuencia de las elecciones del 22M – esconden sorpresas desagradables que están surgiendo a la luz a medida que, las reclamaciones de los acreedores y las investigaciones de los expertos, van progresando. Ahora, cuando Europa nos aprieta y a consecuencia de una exigencia de la señora Merkel y el señor Zarkozy directamente hecha al señor Zapatero, se quiere, antes de que disuelvan las Cortes, modificar la Constitución para permitir que se establezcan techos de gasto a las autonomías, lo que, como era de esperar, ha puesto en pie de guerra a CIU y al PNV, que ya se curan la herida antes de que se produzca, pensando que, con ello, sus facultades de endeudarse hasta donde les pareciera, van a quedar definitivamente suprimidas. Sin embargo, si se tiene en cuenta el despilfarro autonómico y la evidencia de que, en Catalunya, en 8 años han triplicado la cifra de organismos públicos, parece que no queda otra solución si es que pretendemos salir, algún día, de esta situación que, como vemos, se ha convertido en algo insostenible. O, señores, así es como me lo parece a mí.

Miguel Massanet Bosch

Rosa Díez y la tercera urna… (por José Oneto)

(Publicado en República de las ideas-Reggio´s, aquí)

Rosa Díez, la dirigente del partido UPyD (Unión Progreso y Democracia), la única que durante estos años ha venido pidiendo en el Parlamento reforma importantes como la recuperación por el Gobierno central de algunas competencias imprescindibles para la cohesión de España y la igualdad de todos los españoles ante la Ley, la reforma de la Ley Electoral, del Tribunal Constitucional o la supresión de las Diputaciones, ha concretado la petición del masivo movimiento que se ha producido a través de las redes sociales “Si se reforma la Constitución, #yoquierovotar” y ha iniciado una campaña para que el 20 de noviembre se ponga una tercera urna para que los ciudadanos decidan sobre la reforma constitucional que han pactado ya, Zapatero y el líder de la oposición Mariano Rajoy.

La reforma constitucional con el establecimiento de un techo de gasto en los Presupuestos generales del Estado, impuesta por el directorio europeo, indica que la economía española esta mucho peor que lo que declara oficialmente el Gobierno, con lo que hacer ahora en una semana escasa una reforma de la Carta Magna por la puerta de atrás es ignorar el parecer del ciudadano que tendría que manifestarse a través del correspondiente Referéndum aprovechando las elecciones generales convocadas para el próximo 20 de noviembre.

Aprobar una reforma de la Constitución sin ningún tipo de debate previo, sin que el ciudadano sepa realmente que es lo que hay detrás de esa reforma y, por qué esas prisas en abordar una medida discutible, a resolver en un semana escasa, sin el consenso, por ahora, del resto de los partidos políticos, con un partido socialista dividido y que por primera vez se esta rebelando con las improvisaciones del señor Rodríguez Zapatero (ahí esta la oposición manifoestada de personajes tan dispares como Antonio Gutiérrez, Josep Borrell, Tomás Gómez, Alfonso Guerra, Patxi López o Juan Fernando López Aguilar) es un autentico disparate , además de inútil, si lo que se quiere es seguir la imposiciones de Merkel y Sarkozy y tranquilizar a los mercados.

¿Cuántas medidas se han tomado para tranquilizar a los mercados, cuánto ha durado esa tranquilidad y para qué ha servido estar cambiando continuamente de política como ha venido haciendo el señor Rodríguez Zapatero? ¿Es que acaso una reforma constitucional que regule el déficit va a despejar todas las dudas que existen sobre el futuro de la economía española y sobre el grado de cumplimiento de los compromiso adquiridos cuando algo tan elemental como el derecho a una vivienda digna a o a un puesto de trabajo, reconocido también como otros derechos en la Constitución, se han convertido en papel mojado?

La reforma que se anuncia, ni transmite tranquilidad a los mercados a medio plazo, ni va a salvar a la eurozona como señala un escéptico editorial del diario ‘Financial Times’.

El periodico económico britanico sostiene que ”los problemas de España se derivan no de unos déficit presupuestarios excesivos, sino de una burbuja en la construcción y en la vivienda, de unos bancos descapitalizados y de unos déficit por cuenta corriente agravados por el descenso de la competitividad empresarial”.

Este diagnóstico “lo conocen bien”‘ los políticos españoles, por lo que la verdadera explicación para la reforma constitucional es así de retorcida y así de obvia, y esos políticos “adoptarán una enmienda de Presupuesto equilibrado no porque sea buena en términos económicos, sino porque es un dogma alemán”‘. Se va a reformar la Constitución Española porque Alemania tiene la llave que abrirá la puerta para que la Facilidad Europea de Estabilización Financiera, el fondo de rescate de la eurozona, compre deuda del Gobierno español.

La única reforma constitucional urgente, como viene manteniendo Rosa Diez es una reforma que diseñe un modelo de país para los próximos treinta años… Y, eso sí, con la participación de los ciudadanos… y con una tercera urna.

Díez respuestas a una reforma clave

Fedea afirma que fijar un límite de déficit público no tiene por qué acabar con el Estado del Bienestar

S. E. / MADRID

(Publicado en ABC, aquí)

AP

Elena Salgado, con el ministro de Economía alemán en una imagen de archivo

Las consecuencias fiscales de la crisis, la situación de los mercados de deuda o la supervivencia del euro exigen un férreo control del déficit y mejorar la coordinación de políticas fiscales. En este contexto, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) analiza la reforma constitucional que PSOE y PP han acordado para incluir un límite al déficit público. Los expertos concluyen, en un documento que resumimos a continuación, que el techo de endeudamiento ha de ser «flexible» y que las reglas fiscales serán «inútiles» si no se atacan los problemas estructurales.

¿Qué es una regla fiscal?

Es un diseño del comportamiento de la política fiscal de un Estado. Suelen centrarse en fijar objetivos de déficit de las administraciones públicas o determinar cuál es el porcentaje máximo de deuda pública, en relación al PIB, que un Estado puede alcanzar.

¿Para qué sirve?

Una regla fiscal tiene una doble misión: por un lado, trata de aportar coherencia temporal a las decisiones de política fiscal adoptadas por la administración. Por otro, busca asegurar la sostenibilidad de las cuentas públicas. Así, intenta alcanzar un crecimiento económico equilibrado, reforzar la credibilidad de un Estado y facilitar su acceso a los mercados de deuda.

¿Implica recortes sociales?

Una regla fiscal puede acomodar tanto gastos e impuestos altos, como gastos e impuestos bajos. Por ello, no tiene por qué implicar recortes de gastos. De hecho, los creadores del Estado de Bienestar en Suecia eran partidarios de garantizar un superávit en fases de crecimiento económico para hacer sostenible el gasto social.

¿Por qué hay que incluirlo en la Constitución?

Que los criterios centrales de una regla fiscal se incluyan en la Constitución es fundamental para afianzar la credibilidad de un país. De ese modo, se demuestra el compromiso con la responsabilidad fiscal y con la creación de instituciones de calidad.

¿Sería España un país pionero en la introducción de reglas fiscales?

No. En los últimos años, países tan variados como Suecia, Chile, Polonia o Alemania han introducido reglas fiscales. En la actualidad, hay otros cercanos, como Italia o Francia, que lo están barajando. Cada país tiene sus peculiaridades. En general, una regla fiscal debe equilibrar la sostenibilidad fiscal y la flexibilidad.

¿Qué ocurriría si se forzara un déficit cero?

Pongamos que España se encuentra en una situación de déficit cero y, de manera repentina, se ve afectada por un encarecimiento externo del precio de la energía. Este hecho contraería la economía y provocaría la caída de los ingresos y una subida de los gastos. Con un déficit cero estricto sería necesario subir los impuestos o reducir el gasto, con lo que no se podría salir de la recesión. En el caso opuesto, si en época de bonanza no se exige superávit por medio de una regla fiscal, existe la tentación por parte de la administración de aumentar el gasto público o bajar los impuestos, lo que dificultaría afrontar una crisis futura. Por ello, una regla fiscal debe atender a cada situación estructural sin centrarse en un año concreto.

¿Qué objetivo de superávit estructural se debe fijar?

Existen dos factores en el objetivo de superávit estructural que una regla fiscal bien diseñada debe considerar. El primero es un sesgo positivo de, por ejemplo, un 1,5 por ciento del PIB, que asegura un margen de maniobra suficiente si llega una crisis económica tan severa como la actual. El segundo de los aspectos que se debe incluir, según los expertos, es un cálculo que corrija automáticamente la cantidad de deuda pública que un país puede asumir en relación con su PIB.

¿Quién se encargaría de determinar el superávit y el déficit estructural?

Un Consejo de Política Fiscal dirigido por un grupo de economistas y expertos independientes, con un equipo y presupuesto propio. En Europa existen dos precedentes distintos: los consejos de países como Suecia, Holanda, Bélgica, Dinamarca o Reino Unido, que se han demostrado eficientes; o los bancos centrales. Ambos se pueden acompañar de auditorías periódicas por expertos internacionales o informes a las Cortes.

Y si se incumpliera el déficit marcado, ¿qué sucedería?

En casos de déficits públicos excesivos pueden aplicarse distintos mecanismos, imprescindibles si se pretende que una regla fiscal sea útil. Entre ellos, se encuentran los recargos automáticos sobre el IRPF, el impuesto de sociedades o el IVA; los límites de gasto en consumo e inversión pública o las reducciones en el sueldo de miembros del gobierno nacional, de los autonómicos y locales.

El Gobierno recupera la receta del empleo precario para combatir el paro

Las medidas contra la crisis

"Mejor un trabajo temporal que un parado", justifica el ministro Gómez

MANUEL V. GÓMEZ - El País - (Ver aquí)

"Cuando cambian los hechos, cambio de opinión". Esta conocida cita del gran economista británico Keynes bien podría haber inspirado el viraje en política laboral que el Gobierno dio ayer. El segundo Consejo de Ministros extraordinario de agosto acordó suspender durante dos años los límites a la temporalidad y ampliar a los 30 años el uso de los contratos de formación hasta el 31 de diciembre de 2013, con cuota cero a la Seguridad Social.

• A la defensiva
• Un nuevo contrato de formación para un millón de jóvenes desempleados

Valeriano Gómez

A FONDO

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"La política laboral tiene que adaptarse a la coyuntura", señala Gómez

"No es un contrato basura", asegura el ministro sobre la nueva figura

"Es una apuesta por el empleo de mala calidad y con menos derechos", dice UGT

El PP se queja de la "descoordinación e improvisación" del Gobierno

De un plumazo, el Ministerio de Trabajo desanda gran parte de lo andado en esta legislatura y en la anterior contra la temporalidad, la gran brecha por la que se ha colado una intensa destrucción de empleo sin precedentes. "En crisis, lo importante es sostener el empleo, sea temporal o indefinido, pero preferimos tener un empleo temporal antes que un parado", justificó, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, para justificar la marcha atrás y la vuelta a la vieja receta de la temporalidad para estimular el comatoso mercado laboral.

Ironías amargas del destino, Gómez era secretario general de Empleo en 2006, cuando Gobierno y agentes sociales acordaron prohibir encadenar contratos temporales por espacio de dos años en un periodo de 30 meses en la misma empresa. Se trataba de combatir la temporalidad que afectaba al 35% de los asalariados. Medidas como esta y la destrucción de empleo han rebajado la tasa al 25%. Aún así, este es otro dato que separa a España de la UE, donde de media la temporalidad afecta al 14% de los asalariados.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo, Gómez tuvo que desdecirse cinco años después y argumentar la suspensión por dos años del Estatuto de los Trabajadores, que limita el encadenamiento de contratos temporales. "En este momento, todavía de destrucción de empleo y de escaso crecimiento, [esta restricción] está obstaculizando el mantenimiento del empleo en las empresas", explicó.

El responsable de Trabajo hizo hincapié en que el Ejecutivo solo suspendió la regla de 2006, no la eliminó. Y, consciente de las críticas que va a cosechar afirmó que la política laboral tiene que adaptarse a la coyuntura: "Las circunstancias han cambiado y la legislación debe responder". Los hechos keynesianos que han hecho cambiar de opinión a Gómez son un paro en el 20,8% (46,1% entre menores de 25 años), casi cinco millones de desempleados y una negra perspectiva por años para la creación de trabajo.

La suspensión de los límites a la temporalidad es una de las cinco medidas que contiene el decreto que el Gobierno ha aprobado en un nuevo paquete, el enésimo, para combatir el paro y sus consecuencias. Las otras cuatro son la prórroga del Plan Prepara -una paga de 400 euros durante medio año para parados sin prestación ni subsidio-; la extensión hasta finales de 2013 de la ayuda del Fogasa a las indemnizaciones correspondientes a los despidos procedentes; la posibilidad de que los contratos temporales se transformen en contratos de fomento de empleo (33 días por año trabajado en caso de despido frente a los 45 de los compromisos ordinarios) y una nueva regulación de los compromisos de formación que permitirá contratar con esta figura hasta los 30 años hasta finales de 2013 y hasta los 25 a partir de entonces.

Respecto de este último, Gómez también salió al paso de las críticas sobre la precariedad que puede introducir en el mercado laboral. "No es un contrato basura", declaró, "la protección social será exactamente la misma que para cualquier otro contrato". "Son muchos los jóvenes que con motivo de la burbuja inmobiliaria renunciaron a la formación, y ahora no tienen formación ni empleo", ahondó el portavoz del Gobierno, José Blanco.

No obstante, en lo que los dos ministros tuvieron que emplearse a fondo fue en la defensa del retorno a la temporalidad como solución a la crisis. Ya fue así en 1984. Entonces, también con un paro desbocado, se creó este tipo de contratos para combatir la crisis. Tuvo éxito. Pero luego se convirtió en un mal endémico del mercado laboral. Sirva lo que ha pasado en esta crisis: de los dos millones de puestos de trabajo destruidos, 1,4 millones eran temporales.

En la última reforma laboral, la aprobada en 2010, trató de cambiarse este patrón. Pero ante la incertidumbre económica, las empresas han recurrido más que nunca a los contratos temporales. Y cuando ya no pueden utilizarlos más, rehúsan a transformar el compromiso en fijo. "Lo que pretende el Gobierno es que no se despida a esos trabajadores a los que los empresarios no hacen indefinidos", resumió Gómez.

La medida ha desatado el enfado sindical. "Supone la indefensión total de cientos de miles de personas con contratos temporales sin causa, además de legalizar el fraude de ley", criticó CC OO. "Es una apuesta por la temporalidad, el empleo de mala calidad y con menos derechos", sentenció UGT.

Nada comentó sobre el asunto la patronal. En su comunicado de valoración de las medidas, CEOE omitió valorar esta y optó por quejarse de que el decreto no contenga los cambios que el Ejecutivo había anunciado en contratación a tiempo parcial. "Supone, de nuevo, una oportunidad perdida en la flexibilización de este contrato".

También merecieron críticas de los agentes sociales el resto de medidas. Los sindicatos solo salvaron de la quema la prórroga del Plan Prepara, pero con matices. "Algunas son positivas pero insuficientes", calificó UGT.

A los ataques de los agentes sociales, se sumaron los de la oposición. El portavoz económico del Partido Popular, Cristóbal Montoro, habló de "improvisación y descoordinación". Pero la carga más dura llegó desde la izquierda. "[España será] el paraíso de los empresarios y el infierno de los ciudadanos y jóvenes, que no tendrán un empleo con perspectiva", pronosticó Gaspar Llamazares, diputado de IU.

Este escenario añade más dificultades a las conversaciones que sindicatos y empresarios inauguraron el miércoles. En ellas, a petición del presidente del Gobierno, ambas partes intentan prolongar hasta 2014 el acuerdo de convenios que recomienda moderación salarial. Basta ver el título del comunicado que ayer emitió CC OO: "Las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros suponen un nuevo ataque al diálogo social". Para defenderse de la acusación, Gómez recordó que varias de las medidas se negociaron en julio con sindicatos y empresarios. Añadió que ambas partes fueron consultadas sobre el contenido del texto a lo largo de la semana, para terminar retomando su manual sobre el diálogo social y recordó que cuando no hay acuerdo, "el Gobierno tiene que gobernar. Eso es lo que hemos hecho".

Suprimir el despilfarro molesta a algunos (por Miguel Massanet Bosch)

El grado de desfachatez al que se puede llegar en política no tiene límite. Así como la fuerza del sectarismo es capaz de obnubilar la razón al más conspicuo y sensato pensador, la facultad de distorsionar los hechos y de vender gato por liebre de algunos conocidos socialistas alcanza las cotas de la más alta técnica del engaño y la mentira, en la que, por cierto, son verdaderos expertos estos señores que nos han venido gobernando hasta ahora. Martín Lutero se refería al engaño o la mentira con las siguientes palabras:  “La mentira es como la bola de nieve; cuantas más vueltas da mayor se hace” y este procedimiento artero de “hacer rodar” una mentira para que, al cabo del tiempo, parezca que es realidad, es algo de lo que se han venido valiendo, con notable éxito, estos señores socialistas que tenemos la desgracia de tener que soportar en España, para mantener engañada a una izquierda ansiosa de creerse todo lo que se le ponga delante, con tal de ponerle palos en las ruedas al carro de la derecha.

Estos días hemos tenido ocasión de escuchar y leer toda clase de opiniones, de conjeturas, de pronósticos, de críticas y alabanzas a una medida realmente espectacular que, a la fuerza, por imposición del BCE y de Alemania y Francia, el señor Zapatero y su gobierno se han visto obligados a tramitar. Se trata de la modificación de la Constitución para introducir en ella unas referencias a la estabilidad presupuestaria del país. El PP, como no podía ser menos, la ha apoyado, como le correspondía en uso de su responsabilidad con España; pero, hete aquí lo curioso de esta situación, los que se han mostrado más contrarios a esta reforma, los que más se han quejado de ella y los que, incluso dentro del PSOE se han mostrado dispuestos a votar en las cámaras en contra de ella, han sido, precisamente, varios miembros conocidos del propio socialismo. Ahora parece que se quejan de la pérdida de soberanía de España, se lamentan de que las comunidades autónomas van a quedar encorsetadas y que el propio Gobierno de la nación va a tener limitadas sus facultades fiscales; todo ello en perjuicio de las políticas sociales de las que tanto presumen y a las que tan poco han contribuido.

Cuando, los ciudadanos de a pie, observamos estas reacciones de aquel partido que nos viene gobernando desde hace casi ocho años, que cuando obtuvo el poder se encontró con una España floreciente, en buena situación económica, con un desempleo en baja, unas finanzas saneadas y una población que podía presumir de un buen nivel de vida; no nos queda más remedio que pensar que alguien se equivoca. Veamos si nos entendemos: ¿quién ha sido el verdadero culpable de que hayamos llegado a la situación de tener que rendirnos a la evidencia y pasar por las horcas caudinas de vernos obligados a ceder parte de nuestra soberanía ante Europa? Por supuesto no será el PP al que, aparte de mantenerlo apartado en virtud del acuerdo del Tinell, se le han vetado por el PSOE, cuantas propuestas han venido presentando y, por añadidura, en el colmo de la cara dura, todavía se le ha acusado de no tener propuestas que hacer.

Resulta verdaderamente kafkiano el hecho de que el señor Antonio Gutiérrez, el que fue dirigente de CC.OO cuando se retiró el señor Camacho, don Marcelino; más tarde ganado para el socialismo por Zapatero, habiendo compartido con ZP los años de gobierno del PSOE, sea uno de los que más protesta. Este caballero, en una tertulia de la COPE, se ha mostrado indignado (uno más) con el hecho de que se modifique la Constitución para establecer el equilibrio presupuestario y mantener un paralelismo con Europa en lo referente a los límites del déficit; algo que, para él, ha constituido el mayor error de Rodríguez Zapatero. Lo malo es que este caballero ha permanecido silencioso en su escaño todos los años que el señor ZP nos viene gobernando. El hecho de que, ahora, cuando ya no tiene nada que perder, se levante contra su jefe y se haga el gallito, suena más bien a una revancha porque no le hayan hecho ministro en alguna de las tandas de relevos que ha experimentado el gobierno del PSOE. Se ha empeñado en alegar argumentaciones propias de la más rancia izquierda, ha dicho barbaridades como que Alemania está progresando gracias a nuestro déficit y se ha olvidado de algo tan simple y sencillo como que, por mucho que a él le disguste frau Merkel y el BCE nos viene comprando la deuda, es muy posible que ya hubiéramos tenido que tirar la toalla.

Y es que, estos socialistas, parece como si no se dieran cuenta de que llevan gobernando España más tiempo del que quisiéramos muchos españoles, y que, sólo gracias a su pésima gestión y sus despilfarro en gastos autonómicos, pretendidas medidas sociales y un, más que cierto, enriquecimiento de muchos de ellos; España ha llegado a un momento en que no nos queda más remedio que obedecer a rajatabla lo que se nos ordene desde Europa, sin rechistar; siendo un verdadero suicidio económico que ahora unos cuantos quijotes salidos de los desvanes del partido socialista, como el mismo señor Borrell, se rasguen las vestiduras cuando, en todo caso, ya debiera de hacer años que lo hubieran hecho, si es que se hubieran atrevido a ello; criticando la única medida sensata que parece haber tomado el señor Zapatero en todos sus mandatos.

Lo que no dicen, estos críticos tan severos, es lo que hubieran propuesto hacer ellos, llegados a la situación en la que nos encontramos, para sacar adelante a un país condenado a seguir endeudándose, con un crecimiento que se aleja del previsto y un paro, al que se quiere combatir cuando ya es imposible hacerlo, al haber dejado pasar la ocasión de dar fuelle a las empresas para que hubieran podido resarcirse y mejorar su productividad y competitividad. La situación parece estar muy lejos de este 2 o 2’5% de crecimientos del PIB que parece que es necesario para reactivar la economía de un país y reducir el desempleo que, hoy por hoy, es la sanguijuela que más chupa del Tesoro y la que más nos obliga a tener que acudir constantemente a colocar deuda.

Por eso cuando escuchamos a señores como Cayo Lara, A. Rodríguez o CC.OO y UGT, protestar porque el Gobierno haya alargado la edad para poder acudir a los contratos de formación o haya dejado en suspenso la obligación de hacer fijos a los contratos temporales que excedan de 24 meses; alegando que esto es fomentar la precariedad del empleo, no podemos menos de pensar: ¿ en qué mundo están viviendo estos señores?, ¿ es que no se han percatado de que ellos, con sus peticiones absurdas, sus chantajes al Gobierno y sus obsoletas ideas sobre las relaciones laborales, han sido cómplices, con sus mamoneos y amenazas, de que se haya llegado al paro que tenemos hoy? Insisten, una y otra vez, en que no se pueden reducir las conquistas sociales, que el Estado debe anteponer los temas sociales a los económicos, sin que parezca que se den cuenta de que, ante todo , por encima de cualquier beneficio social, se encuentra el derecho de los ciudadanos al trabajo y que, sin él, todo lo demás es secundario y debe subordinarse a buscar las soluciones precisas para facilitar el acceso de los desempleados a cualquier trabajo, aunque ello suponga no tener la seguridad que confiere un trabajo fijo.

Ante estas posturas de carácter demagógico, estos atisbos de extremismo de izquierdas y esta falta del sentido de la realidad de estos grupos de descontentos que, cada día, proliferan más; cabe preguntarse si, el nuevo gobierno que salga de las urnas, va a poder gobernar o si la voluntad de la mayoría va a quedar suplida por la violencia de unos pocos. O esta es, señores, mi visión de la situación.

Miguel Massanet Bosch

Lo que no lograron en ocho años lo hacen en un día: acuerdo total entre PP y PSOE para reformar la Constitución

La Constitución Española de 1978.

El techo de déficit y deuda se saca fuera de la reforma de la Carta Magna

La ley fijará en un 0,4% el déficit estructural global máximo y el déficit estructural del Estado no podrá superar el 0,26% del PIB nacional

Redacción / Agencias / Periodista Digital (aquí)

 Los detalles de la reforma se dejan para desarrollarlos en una ley orgánica 

El PSOE y el PP han cerrado en la madrugada del viernes 26 agosto 2011 el acuerdo para reformar la Constitución y establecer una disciplina de equilibrio presupuestario de las administraciones públicas, al mismo tiempo que han pactado un documento marco para una futura ley orgánica, que fijará en un 0,4% el déficit estructural global máximo del conjunto de las administraciones a partir de 2020.

Después de intensas negociaciones mantenidas en los dos últimos días, especialmente en la jornada del jueves, el acuerdo ha fraguado entre PSOE y PP, aunque por el momento no ha sido posible sumar a otras fuerzas parlamentarias, han informado fuentes socialistas.

Con este consenso, el techo de déficit y deuda se saca fuera de la reforma de la Carta Magna. Las concreciones se dejan para la ley orgánica que tendrá que ser aprobada antes del 30 de junio de 2012, que fijará en un 0,4% el déficit estructural global máximo del conjunto de las administraciones públicas a partir de 2020.

Los límites referidos al déficit estructural, así como la senda para la consecución del objetivo de deuda en 2020, podrán ser objeto de revisión en 2015 y en 2018, a iniciativa de cualquiera de las partes que suscriben el acuerdo.

En dicha ley se incluirá que el déficit estructural del Estado no pueda superar el 0,26% del PIB nacional. En el caso de las Comunidades, el déficit no podrá ser mayor del 0,14% del PIB regional y en cuanto a las entidades locales, tendrán que presentar un equilibrio presupuestario.

Además, según el acuerdo alcanzado, la ley recogerá también los criterios para reducir progresivamente el nivel de deuda hasta alcanzar los objetivos concretados en el artículo 135.

Desacuerdo en torno a la reforma

Una vez que ambas partes han llegado a un punto en común, la propuesta de reforma constitucional debe llegar hoy viernes al registro del Congreso para poder poner en marcha los mecanismos de su tramitación y que durante la próxima semana haya tiempo de aprobarla con carácter de urgencia y por la vía de lectura única.

Se trata de una reforma que ya cuenta con numerosas voces críticas.

EL NUEVO ART. 135 DE LA CE

Con la propuesta de reforma pactada por PSOE y PP, el artículo 135 quedaría así:

Artículo 135
1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.
2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros. Una Ley Orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.
3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito. Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión. El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación al producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.
5. Una Ley Orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso, regulará: a) La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse. b) La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural. c) La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
6. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias.

Disposición adicional única
1. La Ley Orgánica prevista en el artículo 135 de la Constitución Española deberá estar aprobada antes de 30 de junio de 2012.
2. Dicha ley contemplará los mecanismos que permitan el cumplimiento del límite de deuda a que se refiere el artículo 135.3.
2. Los límites de déficit estructural establecidos en el 135.2 de la Constitución Española entrarán en vigor a partir de 2020.

Disposición final única
La presente reforma del artículo 135 de la Constitución Española entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el Boletín Oficial del Estado. Se publicará también en las demás lenguas de España.

 

Más de 40.000 personas apoyan en internet la convocatoria de un referéndum sobre la reforma constitucional

Borrell, el catedrático Vicenç Navarro y el rector de la Complutense, entre los partidarios de la consulta

EP / Madrid

(Publicado en ABC, aquí)

Más de 40.000 personas han apoyado en internet la celebración de un referéndum para ratificar la reforma de la Constitución propuesta por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para consagrar la estabilidad presupuestaria y limitar el déficit. La Constitución establece que la reforma que aprueben las Cortes podrá ser sometida a referéndum si así lo solicitan, en un plazo máximo de quince días, un 10 por ciento de los miembros del Congreso (35 diputados) o bien del Senado (27 senadores). Izquierda, Unida (IU), Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y Proyecto Equo son algunos de los partidos que reclaman ese referéndum, pero no cuentan con presencia suficiente en las Cortes como para lograrlo.

En ese contexto, los partidarios de la consulta están firmando en la página web Actuable un mensaje para los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado en el que muestran su rechazo a que se modifique la Constitución sin celebrarse previamente un plebiscito para recoger la opinión de la ciudadanía.

Un asunto que será determinante

"Este asunto es de tal importancia y va a ser tan determinante para nuestro futuro que le pido que si esta modificación es finalmente aprobada por las cámaras, su grupo parlamentario se comprometa a solicitar que esta reforma sea sometida a referéndum para su ratificación tal y como recoge el artículo 167.3 de la Constitución Española", señala el texto. La iniciativa ha sido promovida por Vicenç Navarro, catedrático de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, que en apenas dos horas recabó las primeras 5.000 firmas, cifra que este miércoles por la tarde se elevaba ya por encima de las 40.000.

"El límite al déficit no es algo abstracto: es lo que va a determinar que tengas o no acceso a la educación o a la sanidad, entre otras muchas cosas. Limitar el déficit es limitar la inversión en la sociedad. Con esto, el Gobierno podrá dejar a personas como tú en la cuneta. Pero podemos detener esta iniciativa" explica Navarro en el texto que precede a la petición.

Navarro ha explicado su iniciativa en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, junto con el socialista Josep Borrell, de quien fue asesor cuando era candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno. "No se puede tomar una medida de tal naturaleza sin consultar a la ciudadanía española con un referéndum", sostiene. Esta opinión del catedrático ha coincidido con la del propio Borrell, quien ha confiado en que, "al final", el resultado del voto en el Parlamento, si se llega a producir, "conduzca a la necesidad de un referéndum". Sin embargo, ha abogado por esperar antes a ver "en qué consiste exactamente la propuesta".

Diluirá el Estado de bienestar

El catedrático ha alertado de que no se trata de una reforma "meramente técnica" para controlar el techo de gasto sino que es una medida "profundamente política" encaminada a "diluir el estado de bienestar" por lo que considera "importante" explicárselo a la ciudadanía ya que repercutirá en la calidad de los servicios públicos de España. La consulta es también apoyada por las llamadas Mesas Ciudadanas de Convergencia y Acción, una red cuyo objetivo principal es crear espacios para el debate y que hace meses unió a políticos, intelectuales y escritores como José Luis Sampedro,Federico Mayor Zaragoza, o Carlos Berzosa.

En esta ocasión animan a "todas las organizaciones, sindicatos , movimientos sociales y personas amantes de la justicia y defensoras del Estado de Derecho" a movilizarse y a "expresar su rechazo". Según esta plataforma, el acuerdo alcanzado por Zapatero "condenará a la economía española a permanecer en situación de desventaja y a no poder mejorar nunca su modelo productivo, ni su competitividad, ni sus estándares de bienestar social", además de ser, a su juicio, "un golpe de estado económico que hay que rechazar por todos los medios pacíficos y democráticos".

El 15-M pide el referéndum

El movimiento 15-M tiene una nueva cruzada: quieren un referéndum para que sea el pueblo quien decida si se reforma o no la Constitución. Ayer convocaron una asamblea de urgencia en la Puerta del Sol. Chema Ruiz, Portavoz de la plataforma Democracia Real Ya, asegura que, de no poder votar, "se confirmaría que es una dictadura de los grandes poderes financieros".En las redes sociales también se pide por la convocación de referéndum. En Twitter se ha creado el hashtag #yoquierovotar y más de 300.000 personas han votado ya a través de un manifiesto en la red. Existe también un página de Facebook donde la ciudadanía puede contactar con parlamentarios y senadores.

Además de los partidos políticos citados anteriormente, las diferentes plataformas que defienden la participación ciudadana y el Movimiento 15M, algunas personalidades del mundo de la cultura han manifestado a través de Twitter su deseo de que se celebre un referéndum si la reforma es finalmente aprobada. Es el caso del recto del la Universidad Complutense de Madrid, José Carrillo, el director de cine Nacho Vigalondo, los presentadores televisivos Berto Romero y Dani Mateo o el bloggero Ignacio Escolar.

Rubalcaba un candidato peligroso (por Miguel Massanet Bosch)

El gran periodista y novelista español del pasado siglo, don Manuel Pombo Angulo, se refería a la paradoja, en su obra “Valle sombrío”, con las siguientes palabras: “La paradoja es el recurso de los que no pueden ser morales”. Sin duda lo más paradójico que hoy en día se da en esta España, a la que ya, don Francisco Silvela, el Presidente del Consejo de Ministros durante la regencia de doña María Cristina de Habsburgo-Lorena,  definió como “un país sin pulso”; es que, las contradicciones de sus políticos se han convertido en algo tan habitual que se puede decir que ya nos hemos acostumbrado a ellas, hasta el punto de considerarlas como algo inherente a esta profesión.

Nadie se extraña cuando, el señor Rubalcaba, hace 14 meses se burlaba y hacía befa del señor Rajoy, porque había propuesto que se restableciera la antigua ley de Estabilidad Financiera, promulgada por el PP y derogada por los socialistas cuando se hicieron con el poder; modificando la Constitución para que, ningún partido, en lo sucesivo pudiera implantar por su cuenta, según sus intereses electorales, topes de gastos que pudieran, como es el caso que se da en la España de las autonomías actualmente, cuando una gran parte de ellas se han endeudado, de tal manera, que han conseguido que, fuera de nuestro país, nadie se fíe de nosotros. La idea del señor Rajoy, que tanta risa le daba al señor Rubalcaba, no era otra que la que, recientemente, nos la ha propuesto otro de los que se tomaron a broma al presidente del PP, el señor Zapatero, consistentes en que sea la Constitución la que marque el tope máximo del gasto.

Sin embargo, no han acabado aquí las paradojas del ex ministro de Interior que, percatándose de que había metido la pata hasta el corvejón, se inventó una excusa pueril cuando declaró que, el señor Zapatero, cuando le comento el acuerdo con el señor Rajoy y le explicó los motivos, ¡le había convencido!. No le debió de convencer tanto cuando, apenas 24 horas más tarde, consciente del revuelo que la noticia de la brusca revisión de la Carta Magna, había despertado en su partido y las voces disonantes que, muchos de las personalidades del PSOE, estaban expresando, ante un acuerdo que, evidentemente, pondría freno a todos los despilfarros, arreglos, bufonadas y componendas habituales dentro de las filas de su partido; ha creído que ello podía al descubierto, de alguna manera, el evidente fiasco que ha supuesto, para sus aspiraciones a la Moncloa, el hecho de tener que tragarse el sapo de sus descalificaciones a la propuesta del señor Rajoy y, por ello, ha vuelto a incurrir en una nueva contradicción, haciendo honor a su proverbial fama de enredador, manipulador, tergiversador e intrigante, intentando una nueva de sus conocidas artimañas.

Ahora, pretende suplir a ZP en la redacción de la propuesta que se ha de presentar en el Parlamento y el Senado, con la intención de vaciar de contenido el poder que se le quiere dar a la Constitución de establecer un tope máximo respecto a los gastos de las comunidades y el Estado, de modo que, la estabilidad presupuestaria, se convierta en una obligación constitucional. Pretende, el ingenioso Rubalcaba, imitar al Conde de Romanones, al que se le atribuye aquella sentenciosa frase:“dejad que ellos hagan la Leyes y dejadme a mi los Reglamentos”, en clara referencia al autentico poder que otorga al Gobierno la potestad reglamentaria; sólo que, en esta ocasión, no se trata de manipular un Reglamento, sino que lo que pretende nuestro Rasputín nacional, es dársela con queso al BCE ( el que, con toda seguridad, ha obligado a ZP a tomar la decisión) y a los máximos dirigentes de la CE, señores Merkel y Zarkozy, intentando colarles, de matute, una modificación de la Constitución que, en realidad, se limite a aparentarlo; de modo que las, excepciones a su cumplimiento, sean de tal fuste  e importancia que consigan convertir la norma en una mera cláusula testimonial.

Lo que le ocurre al señor Rubalcaba es que, cuando ha tenido que aparecer públicamente y se le ha sacado de las lúgubres catacumbas del secretismo, las intrigas ocultas, las negociaciones encubiertas y los vericuetos del CIS; ha quedado convertido en una persona previsible, transparente, de ideas cortas y ocurrencias más bien carentes de la chispa que se le venía atribuyendo. Debo reconocer que me ha defraudado. Es obvio y no creo que nadie lo pueda dudar,  que el nuevo ministro de Interior, señor Camacho, no es más que un cabeza de turco encargado de llevar a cabo las instrucciones, las órdenes y las trapisondas de su verdadero jefe, el señor Rubalcaba que, solo nominalmente, ha dejado de ocupar su puesto en Interior, para aparentar que sólo se ocupa de su carrera electoral. Dicho esto, estos días hemos tenido ocasión de comprobar, una vez más, las paradojas del antiguo vicepresidente, si observamos como, primero, cuando los del famoso 15 M aparecieron, sorprendentemente, unos pocos días antes de las elecciones del 22M ( muy oportunos para los socialistas), inmediatamente se apercibió del beneficio que podía sacar de aquella coyuntura y cursó órdenes a la policía para que se abstuviera de actuar, que no los molestasen y que permitiera, incumpliendo con ello la Ley Electoral, que durante la “jornada de reflexión” los indignados se dedicaran a intentar sabotear, todo lo que pudieron, la pacífica celebración de los comicios.

¡Qué gran diferencia, señores, con la energía, la prontitud, la desproporcionada y desmoralizante actitud del Ministerio del Interior, ante las “acusaciones”, evidentemente manipuladas, magnificadas, desproporcionadas y arteras de los famosos Indignados –¡qué cambio señores, qué vuelco y qué procedimientos los utilizados, hoy en día, por aquellos “pacíficos ciudadanos” los llamados “Indignados” que “sólo pedían trabajo y ayudas”; convertidos, actualmente, en verdaderas mafias urbanas, ocupando las calles a su antojo, acosando a pacíficos ciudadanos, amenazando a las fuerzas del orden y enviando notas por Internet incitando a averiguar los domicilios de los policías y ofreciéndose a matarlos – Si señores, el señor Rubalcaba no podía consentir que una de sus principales bazas, con la que cuenta para preparar los alborotos callejeros previos a los próximos comicios –¿recuerdan ustedes cuando, en las elecciones del marzo del 2004, las juventudes socialistas atacaban las sedes del PP y acosaban a sus votantes?–, por culpa de una actuación perfectamente legal y justificada de la policía y la Guardia Civil se le malograra ¡De ninguna manera!

Tenía que darle carne a la bestia, fomentar los alborotos callejeros, dar ánimos e impulsar a un movimiento que sabe que puede convertirse en un gran problema para un futuro gobierno, si se le deja crecer y se le permite actuar impunemente, atemorizando a la población, perjudicando a los comerciantes e impidiendo el normal desenvolvimiento de la vida ciudadana. De paso, ha conseguido desmoralizar a la policía, exasperar a sus mandos, confundir a quienes se ven involucrados en las algaradas callejeras, inquietos ante el hecho de que, quienes tienen las de ganar son  precisamente  aquellos causantes de los disturbios. ¡No, señores, esto no debemos permitirlo ni dejar que se convierta en una práctica habitual de los políticos socialistas!, empeñados en dejar a sus sucesores una España irrecuperable, entregada a las hordas comunistas y al caos callejero; manteniendo a las fuerzas del orden sujetas, convertidas en meros pim-pam-pum para soportar los insultos, los desplantes, las agresiones y las trampas de aquellos que actúan con la certeza de que no les va a ocurrir nada. Nuestras fuerzas del orden, no se lo merecen ni España tampoco. Al menos, señores, esta es mi opinión al respecto.

Miguel Massanet Bosch

Agua de borrajas (por Emilio J. González)

Emilio J. González (Publicado en Libre Mercado, aquí)

¿Qué credibilidad puede tener semejante limitación constitucional cuando en este país llevamos ocho años dando patadas y más patadas a la Carta Magna, a conveniencia del Gobierno y con el respaldo de un más que politizado Tribunal Constitucional?

Zapatero acaba de realizar un nuevo ejercicio de cinismo al proponer un límite constitucional al déficit público. Yo no es que esté en contra de dicha medida, todo lo contrario. Soy de los que piensan que el déficit no resuelve ningún problema y crea muchos y muy importantes. Pero el hecho de que comparta el espíritu de semejante propuesta –que procede, conviene recordarlo, del tándem Merkel-Sarkozy y no de ninguna ilustre cabeza pensante de Moncloa– no quiere decir que comparta los motivos que han llevado al presidente del Gobierno a presentarla este martes en el Congreso ni que, en la España de hoy, no me muestre escéptico en cuanto a la eficacia de dicho corsé, por muy constitucional que sea éste. Me explico.

En primer lugar, no deja de resultar irónico que el presidente que hizo del gasto público su bandera para luchar contra la crisis, lo que dio lugar en buena medida a los problemas presupuestarios y de deuda que padecemos hoy, quiera presentarse ahora como el adalid del saneamiento de las finanzas públicas con una propuesta de enmienda constitucional que él no va a llegar a votar porque, de acuerdo con los tiempos parlamentarios y electorales, dicha enmienda tendrá que aprobarse, necesariamente, en la próxima legislatura, en la cual Zapatero ya estará fuera de la política. Para él, por tanto, no tiene coste alguno y con eso, a su entender, queda bien con Alemania y Francia y da la impresión de que hace todo lo posible por combatir la crisis fiscal que asola nuestro país. Pues si tanto le preocupan estas cuestiones, ¿por qué no aprueba un nuevo recorte del gasto público para lo que queda de año? ¿Por qué no lo ha hecho antes, en lugar de jugar a subir los impuestos y de presentar un cuadro macroeconómico imposible para 2011 que le permitía, al menos sobre el papel, porque el papel todo lo aguanta, no llevar a cabo la poda drástica en el gasto público que exigen las presentes circunstancias? Eso es lo que tenía que hacer, y no proponer enmiendas constitucionales que nadie le pide y trasladan a otros los problemas que ha creado él.

Además, ¿qué credibilidad puede tener semejante limitación constitucional cuando en este país llevamos ocho años dando patadas y más patadas a la Carta Magna, a conveniencia del Gobierno y con el respaldo de un más que politizado Tribunal Constitucional, hasta el punto de que hoy está en la UVI? Para que dicha enmienda, si se aprueba, pueda ser efectiva, lo primero que tendría que hacerse es reformar el Constitucional, con el fin de que nadie se la pueda saltar a la torera y, de paso, que tampoco se pase por el arco del triunfo el resto de preceptos constitucionales.

Por último, esa enmienda no servirá de nada si en su contenido no se obliga a todos los niveles de la Administración a cumplirla ni se dota al Estado de los medios para forzar a las autonomías y los ayuntamientos a hacerlo, les guste o no, lo cual requiere, en última instancia, un nuevo modelo de Estado que implica más y más cambios constitucionales. Sin ellos, esa enmienda no será más que agua de borrajas.

Una oportunidad histórica para reformar la Constitución (por Carlos Martínez Gorriarán)

(Publicado en El blog de Carlos Martínez Gorriarán, aquí)

Cuando decidimos fundar UPyD en el verano de 2007, tuvimos claro desde el principio que el nuevo partido iba a trabajar por un eje triple de reformas básicas: de la Ley Electoral, de las instituciones (regeneración democrática) y de la Constitución. Lo de reformar la Constitución era una idea recibida entonces con, en el mejor de los casos, escepticismo incluso entre quienes también estaban convencidos de sus muchas deficiencias. Lo más corriente era la displicencia, la burla o la abierta hostilidad, especialmente entre quienes pensaban que esta era la mejor Constitución posible para un país con nuestra penosa historia constitucional. Pero cuando un problema de la magnitud del constitucional existe, como pensábamos los fundadores de UPyD, se puede ocultar o negar durante un tiempo, e incluso se puede ridiculizar y ningunear a quienes lo han diagnosticado, pero inexorablemente acaba saliendo a la superficie. A veces mediante lo que Hegel llamó “una astucia de la Razón”, como es el caso: la crisis financiera de la deuda, la intervención alemana, las reformas administrativas italianas y el BCE han obligado a los viejos partidos a entrar en un asunto bloqueado por su inmovilismo y su espesa red de intereses creados (cuya expresión más ruidosa está en el follón organizado a propósito de reformar o suprimir las Diputaciones provinciales, órganos superfluos pero que emplean a miles de “funcionarios de partido”).

En fin: lo que no han conseguido los análisis más sensatos ni las propuestas políticas más oportunas e imaginativas lo han hecho posible el Banco Central Europeo y las exigencias francoalemanas. El BCE es el más que probable autor de una carta al presidente Rodríguez Zapatero con el siguiente mensaje: o España modifica su Constitución para prohibir el endeudamiento excesivo de las administraciones públicas, o el BCE deja de comprar deuda pública española con el riesgo real de quiebra que esto comporta, más la consiguiente salida de España del euro. Pero ni España puede permitirse ese horizonte –tener que volver a la vieja peseta sería todo un fracaso simbólico de la modernización del país, además de un desastre económico-, ni al núcleo de Europa liderado por Alemania le interesa arriesgar la desaparición de una moneda de la que depende en alto grado su competitividad económica.

En el dilema entre reconocer el fracaso del euro por la falta de unidad fiscal y de un gobierno económico genuino, y el de dar pasos en esta dirección, parece que se abre paso la segunda opción, y sencillamente porque es la más realista. Puede chocar que la reforma constitucional española sea un paso en este sentido, pero tiene una lógica mayor de la que parece. En la exigencia del BCE hay sin duda un interés político muy primario: se trata de que Merkel pueda tranquilizar a su partido y al electorado alemán con la idea de que la Constitución española obligará al Estado a dejar de gastar más de lo que ingresa, de modo que podrá pagar la deuda pública en manos alemanas y del BCE. Ahora bien, esa condición, de dudosa o nula eficacia económica –el Tratado que abrió paso al euro ya prohibía déficits fiscales anuales de más del 3% del PIB, incumplido por casi todos los Estados de la zona euro en algún momento-, es lo que en lenguaje político tradicional se llamaría un recorte de soberanía por otros países. Porque España es, de hecho, un país intervenido como ya lo ha sido Italia y antes, en condiciones más duras, Irlanda, Portugal y Grecia. Por supuesto, España podría rechazar la condición exigida por el BCE, pero eso casi equivaldría a renunciar a formar parte de la UE, siquiera como socio menor e intervenido (otro de los grandes logros de la política de Zapatero). Y en España, salvo una minoría, nadie quiere jugar esa insensata carta nacionalista. Como además se trata de una reforma constitucional de efectos más simbólicos que otra cosa –una muestra de sumisión a las exigencias de nuestros tutores financieros-, al PP y al PSOE no les ha costado nada ponerse de acuerdo en aceptar esa auténtica humillación política.

Pero, a diferencia de otros pactos PP-PSOE anteriores, debido a su naturaleza éste no puede ser inmovilista aunque se pretenda. Sea cual sea la intención del BCE o las condiciones políticas de Merkel y Sarkozy, la exigencia de limitar constitucionalmente el déficit público –cuyos detalles seguimos desconociendo- muerde de modo irreversible e irrevocable en el fruto prohibido: la reforma de la Constitución de 1978. Porque una vez aprobada esa mini-reforma sobre el déficit público mediante procedimiento de urgencia –injustificable: un fraude sobre otro fraude-, ¿qué impide debatir reformas mucho más importantes y trascendentales, como la del régimen electoral, la estructura territorial del Estado, su laicidad, la independencia de la Justicia y la separación efectiva de poderes, la supresión de los falaces “derechos históricos” y otros defectos de la actual Constitución? Nada, salvo la cerrazón de los partidos viejos, su inmovilismo y la profunda incapacidad que han demostrado al gestionar una crisis anunciada, de tal forma que su incapacidad para la reforma política ha obligado a intervenir a Estados socios de la UE en nuestros asuntos domésticos.

Naturalmente, la reacción nacionalista de rechazar toda “intervención extranjera” sería una estupidez gravísima. Ni los europeos son ya para nosotros “el extranjero”, sino socios y conciudadanos en muchos aspectos, ni se puede salir de nuestra crisis doble, política y económica, con recetas aislacionistas y del pasado. La salida es obvia y puede resumirse de nuevo en términos hegelianos: frente a la tesis de una Constitución desfasada y la antítesis de la exigencia del BCE para reformarla en un punto económico, la síntesis de una reforma de verdad de la Constitución que no venga impuesta por agentes económicos externos, sino por la libre voluntad de la ciudadanía española. Esta es la oportunidad: aprovechemos la exigencia europea de reforma constitucional para imponer a PP y PSOE y sus socios menores un debate de reforma constitucional a fondo, sin reservas y con amplitud de miras. Con toda la calma que se quiera, pero con un objetivo firme y claro: adecuar la Constitución a las necesidades políticas del siglo XXI. UPyD ya tiene un programa de reforma constitucional que, por descontado, no se trata de imponer a nadie, sino que se ofrece como una propuesta para un debate que no debe ser partidista ni, sobre todo, partitocrático.

Si se abre paso esta idea, el Parlamento surgido de la convocatoria electoral del 20N se convertiría, como debe ser de acuerdo con las reglas básicas de la democracia, en un Parlamento constituyente que debata y apruebe, y someta a referéndum, la Constitución española para el siglo XXI. Hay un modo de hacerlo muy fácil y barato: que el 20 N haya una tercera urna para que podamos votar la mini-reforma constitucional pactada por PSOE y PP a finales de agosto, iniciando así un procedimiento general de reforma debatida a fondo.