Reconozco que es difícil de entender y que, en muchas ocasiones, a los ciudadanos se nos cruzan los cables o se nos calientan las neuronas, como ustedes prefieran definirlo, ante la impunidad con la que el Gobierno y las administraciones autonómicas están jugando con las gentes de a pie y la desvergüenza que demuestran en todas sus acciones encaminadas a llevar unas políticas disparatadas, pensando que siempre pueden recurrir al método de ir exprimiendo, cada vez más, a los contribuyentes como si, esta práctica, no tuviera otro límite que el acabar por despojar al pueblo de todo lo que, en una vida de trabajo y preocupaciones, haya podido reunir para asegurarse, si no una posición desahogada, al menos, disponer de lo necesario para poder mantener una existencia digna. Lo cierto es que, si hubo alguien que se hubiera dejado convencer por los cantos de sirena de estos que nos gobiernan y hubiera confiado en lo que nos decían hace un año y medio; seguro que ya ha tenido la ocasión de comprobar el grado de credibilidad que se les puede dar a esos políticos en cuanto a sus promesas, sus predicciones, sus optimismos y su rechazo frontal, hasta el punto de calificarlos de antipatriotas, a todos aquellos que protestaron contra semejantes desinformaciones, pidiéndole al Ejecutivo que aterrizase en la realidad y se apresurase a tomar las medidas oportunas para enfrentarse a una crisis, que ya se anunciaba como preocupante, profunda y duradera.
Hoy, cuando el horizonte de la economía de nuestra nación no muestra ningún signo de recuperación; cuando el desempleo no para de aumentar y todos los datos económicos parecen haberse puesto de acuerdo para que nos hundamos en el pesimismo; tenemos que enfrentarnos a aquellas amenazas que, el señor Rodríguez Zapatero, al principio de su segunda legislatura, continuaba negando con una obcecación que mejor hubiera sido, dado el gran error que estaba cometiendo, que hubiera puesto al servicio de unas ayudas mejor orientadas, dirigidas directamente a las empresas que, aún siendo rentables y con posibilidades de mantenerse a flote, estaban pasando dificultades, momentáneas, de liquidez y tesorería. Mientras más de un tercio de España se está hundiendo en la depresión y sufre un paro del 20%, parece que, tanto la Administración Central como las periféricas, están empeñadas en dilapidar más el dinero del Erario Público.
Si, en Alemania, el nuevo gobierno de la señora Ángela Merkel y sus aliados, los liberales, apuestan por un plan de disminución de impuestos que ya puso en práctica el señor Aznar, con notable éxito, en España. La señora Merkel sabe que, la única forma de revitalizar la economía es fomentar la demanda y ello no parece que se pueda producir cargando de más impuestos a los ciudadanos y utilizando procedimientos keynesianos, consistentes en centrar toda la acción del gobierno en subvencionar a los ciudadanos en paro y pretender burocratizar la economía, volviendo a los viejos tiempos de intervencionismo estatal. Es evidente que, el señor Rodríguez Zapatero, está convencido de que, jugando a ser economista y centrando toda su política en las energías renovables, va a conseguir, de la noche a la mañana, cambiar el signo preocupante de nuestra economía; mientras presume de una nueva economía “sostenible” basada en las nuevas técnicas y en una concepción más intervencionista del Estado en ella. No dice nada, sin embargo, de que cada puesto que van a crear las nuevas energías significará varios puestos de trabajo perdidos en las otras actividades y que, el coste de cada uno de los nuevos puestos que el propone crear, nos va a costar a los españoles una cifra superior a los 50.000 euros. Esto es la equivocación garrafal que comete aquel que presume de estar por encima de los demás y se olvida de consultar con los expertos como, por cierto, ha ocurrido con el tema de la central nuclear de Santoña que ha decidido pretende cerrar cuando está perfectamente preparada para rendir durante diez años más. Todo lo contrario de lo que ocurre en el resto de países europeos donde, como ya ha anunciado la señora Merkel, se pretende rentabilizar hasta el último kilovatio que pueda conseguir extraer de las centrales atómicas.
Si la señora Merkel tiene en proyecto desgravar a los ciudadanos por un importe de 24.000 millones de euros, en España la ministra Salgado parece que ha decidido lanzar la casa por la ventana y así ocurre que, por una lado, se sacan 5.000 millones más de euros para seguir con el plan E, cuya primera fase ha sido un fracaso absoluto (tenía que suprimir 300.000 parados y vean lo que está ocurriendo). La vicepresidenta ha conseguido que el Déficit del Estado, hasta el pasado mes de septiembre, haya sido de 62.780 millones de euros, en términos de Contabilidad Nacional, el 5,96% del IPB; cuando, en el mismo mes del 2008, fue sólo de 13.507 millones de euros. Esto significa que el Déficit del Estado casi se ha multiplicado por cinco en el periodo de un año.
Según el secretario de Estado, señor Ocaña, los gastos están creciendo a un ritmo del 25’3% en dato interanual, y la necesidad de endeudamiento del Estado, a finales de septiembre, fue de 85.290 millones de euros, frente a los 18.103 millones de euros del mismo periodo del año anterior. Así sucede que, ante una situación tan precaria, el Gobierno, en lugar de apretarse el cinturón, suprimir gastos inútiles, suprimir ministerios que ya carecen de competencias y eliminar cargos públicos y funcionarios para aligerar los gastos del Estado; se ha lanzado tumba abierta a presionar sobre el único recurso que le queda para financiarse: aumentar los impuestos de los ciudadanos. Al principio parecía que sería un aumento muy selectivo, pero, a medida que el dogal de la deuda lo va asfixiando, cada vez se amplia el abanico y ahora, si Dios no lo remedia, parece que los aumentos van a ser generalizados y superiores a los que, en un principio, se nos venían anunciando. Sin embargo, por si los ciudadanos todavía tuviéramos aliento para sobrevivir a los impuestos estatales; ahora se abre un nuevo frente impositivo: el saqueo que viene por parte de las instituciones municipales que ya nos han clavado la zarpa en el IBI y parece que seguirán con el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el Impuesto sobre las basuras, Impuestos sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, los tributos locales que pagan las pymes y empresas etc.
Resumiendo, señores, el Gobierno quiere que los ciudadanos aumentemos nuestro consumo pero, a la vez, nos priva del dinero que nos permitiría consumir más; ayuda a las empresas de fabricación y de ventas de coches, con planes de renovación de vehículos viejos, pero encarece todos los impuestos relacionados con el gremio y, por añadidura, aumenta los gravámenes de los combustibles y los impuestos locales que afectan a los vehículos. Piden que ahorremos y luego, cuando uno fallece, les cargan el 30%, como sucede en Catalunya, a sus herederos, con lo que resulta que quien verdaderamente hereda es el Ayuntamiento y no los familiares. Quieren que las empresas contraten a trabajadores, pero las agobian a impuestos, trabas burocráticas y obstáculos para poder adecuar sus plantillas a lo que le pide el mercado; con lo cual entramos en una dinámica perversa que nos lleva al más absoluto caos. El círculo vicioso de perjudicar a la producción mientras se hincha desmesuradamente la maquinaria del Estado y proliferan los funcionarios y altos cargos que son quienes, de verdad, constituyen el auténtico cáncer de nuestra economía. Quien no lo vea es que no sabe ver lo que viene sucediendo en esta pobre España.
Miguel Massanet Bosch
Últimos comentarios