Aires de La Parra

Sediciosos (por Pilar López Marco)

Pilar López Marco (Publicado en UPyD, aquí)

La versión digital del diario El País incluía hace unos días una encuesta sobre la siguiente cuestión: «¿Habría que aplicar los recortes al Estatuto de Cataluña que estime el Tribunal Constitucional?». De las primeras 1.189 respuestas, nada menos un 31%, es decir, 368 personas, afirma que «no», no hay que cumplir el fallo, sino que «debe prevaler lo aprobado por el Parlament.»

Dejando a un lado la fiabilidad de este tipo de encuestas y lo exiguo de la participación, resulta realmente alarmante que se haga con toda naturalidad esa pregunta y que un elevado porcentaje de ciudadanos considere que las sentencias del máximo intérprete de nuestra Constitución no deben acatarse. Alarmante pero comprensible porque son los propios cargos públicos quienes vienen abonando impunemente dicha tesis, como Joan Ridao, diputado nacional y por lo tanto representante de todos los españoles. En una reciente entrevista de La Cope el portavoz de ERC en el Congreso rechazaba la legitimidad del Tribunal para decidir sobre la adecuación del Estatuto de Cataluña a la Constitución afirmando que «en Derecho comparado,nohay ningún tribunal ni ninguna corte suprema que pueda decidir en última instancia una ley de esta naturaleza, porque de hecho no hay ninguna ley en el mundo de esta naturaleza; no es cualquier Ley Orgánica, es un pacto político». 

Por su parte, el consejero de Gobernación y Administraciones Públicas de la Generalitat y secretario general de ERC, Joan Puigcercós, aun va más allá, al considerar al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, nada más y nada menos que un «prevaricador» por recurrir el Estatuto de Cataluña.

A ello cabe añadir el desafortunado llamamiento del Vicepresidente del Gobierno Catalán, Carod Rovira, a manifestarse en contra de la sentencia, antes siquiera de conocerla, en lo que la opinión publicada ha dado en llamar “manifestación preventiva”, para impedir que el Tribunal Constitucional «acabe anulando la voluntad libremente expresada por el pueblo catalán».

La realidad es que la Ley de reforma del Estatuto Catalán podría en todo caso considerarse fruto de la voluntad del «pueblo español» puesto que se trata de una Ley Orgánica aprobada en las Cortes Generales a iniciativa de los Parlamentos Autonómicos, que también son órganos estatales, les guste o no al señor Carod y al señor Ridao. Eso en teoría, pero, en la práctica, lo que tenemos en España es un «Estado de Partidos», en el que las leyes que se aprueban no son el fruto del estudio, el análisis concienzudo y orientado al interés general de todos los españoles, sino al interés del partido gobernante de perpetuarse en el Gobierno a costa incluso de ceder al chantaje del nacionalismo radical. De ahí que sus representantes se permitan el lujo de decir que engendros como el Estatuto de Cataluña son más que una Ley Orgánica; «un pacto político entre el Gobierno Central y el Gobierno catalán», al estilo de los pactos mafiosos que nadie se puede atrever a romper, porque te juegas la vida, en este caso la buena vida de que disfrutan muchos cargos públicos por apretar el botón que previamente se les indica cuando suena el timbre para ir a votar normas cuyo texto muchas veces sus señorías ni conocen y en cuyo debate no han estado presentes.

Un Presidente del Gobierno digno de ese cargo debería salir inmediatamente a deslegitimar este tipo de comentarios sediciosos y pedir la dimisión de sus autores. Porque aunque es cierto que el Tribunal Constitucional adolece hoy más que nunca de falta de credibilidad por la excesiva politización de sus magistrados, la solución pasa por cambiar el sistema de acceso o la composición del Tribunal. Lo que no podemos permitir es que cargos públicos deslegitimen sin consecuencias las eventuales decisiones del máximo intérprete de nuestra Constitución, y además sólo cuando no favorecen sus intereses, porque, seguramente, los mismos políticos que lo critican hoy, alabarían la sentencia y el buen hacer de los magistrados que secundasen el fallo favorable al Estatuto.

Así sucedió, por ejemplo, en el llamado «caso LOAPA», Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, fruto de un pacto de Estado entre UCD y el PSOE (que muchos calificaron como deriva centralista del partido socialista y que hoy produce más que añoranza). La LOAPA, basada en el trabajo de expertos juristas, entre otros el hoy eurodiputado por UPyD Francisco Sosa Wagner, pretendía evitar que la entonces incipiente diversidad de disposiciones normativas de las CCAA produjera una desarmonía contraria al interés general (como efectivamente sucede hoy en día, con 17 leyes distintas para casi todo).

El 5 de agosto de 1983 el Tribunal Constitucional estimó parcialmente los recursos formulados entre otros por el Parlamento y el Gobierno catalanes contra dicha Ley y declaró inconstitucionales 14 de los 38 artículos. Lo que sorprende al leer dicha sentencia es que uno de los principales argumentos de los nacionalistas era entonces que las leyes orgánicas emanadas del Parlamento que pretendan incidir en el reparto de competencias entre el Estado y las CCAA «pueden y debe ser corregidas en última instancia por el propio Tribunal Constitucional.»

Cataluña pierde imagen en Europa

 

 

En el último año, tres diarios ingleses y uno francés se han hecho eco del debilitamiento económico y político de España supuestamente causado por la presión nacionalista catalana. El Gobierno atribuye esa visión al «contagio» de la prensa madrileña

 

M. J. CAÑIZARES | BARCELONA

(Publicado en ABC, aquí)

 

Para la prensa extranjera, Barcelona siempre ha sido sinónimo de Gaudí y del Barça, mientras que, de un tiempo a esta parte, Cataluña significa independentismo y, en algunos casos, radicalidad.

En el último año, coincidiendo con el complejo desarrollo del Estatut, cuatro publicaciones extranjeras se han hecho eco de las consecuencias, a su juicio negativas, de la presión nacionalista que ejerce Cataluña en el Gobierno español. Y, en algunos casos, incluso se culpa al separatismo del debilitamiento económico y político del país. El diario francés «Libération» ha sido el último en sumarse a esa visión rupturista de Cataluña en un artículo, firmado por su corresponsal en Madrid: «¡Aviso de ciclón político en Cataluña y, por extensión en toda España y en la estabilidad del Gobierno Zapatero!», reza el encabezamiento de esta crónica, según la cual, «la mayoría de las formaciones de esta rica y turbulenta región del nordeste del país están en pie de guerra» ante la posibilidad de que el Tribunal Constitucional (TC) recorte el Estatuto.

La «grandeur» francesa entiende poco de nacionalismos internos -la causa bretona es una anécdota para el Gobierno galo-, mientras que a la prensa británica, dada la experiencia irlandesa y escocesa, cabría presuponerle un análisis más profundo de la causa identitaria. Pero son precisamente tres diarios del Reino Unido los que más críticos han sido con la evolución del Estado autonómico.

En el pasado mes de abril, el diario «Financial Times» publicaba un artículo en el que se denunciaba que las «lenguas y dialectos» y la «burocracia extra» que «imponen» Cataluña, el País Vasco y Galicia son un «inconveniente» para los inversores. Asimismo, cuestionaba la excesiva autonomía de los «gobiernos regionales».

Otro rotativo anglosajón, «The Daily Telegraph», abordó el pasado mes de junio el aumento del independentismo en Cataluña en un artículo acompañado de una llamativa foto en la que aparecía un encapuchado quemando una bandera española.

Pero el pionero en este tipo de reportajes fue el semanario «The Economist», que en agosto de 2008, alertaba del «dogmatismo lingüístico» catalán y advertía de que el Estado de las autonomías «había ido demasiado lejos». En esta ocasión la reacción institucional fue inmediata, ya que la pieza dio lugar a una protesta formal del Gobierno catalán, quien culpó a los corresponsales extranjeros de dejarse influir por la prensa madrileña.

Más recientemente, «The Economist» ha comparado el acuerdo de financiación con «Alice in Zapateroland», donde «hay regiones que, como Cataluña, ganan más que otras». Según el periodista, «las últimas reglas de financiación son, en gran medida, un resultado del Estatuto de Cataluña».

 

 

Que paguen los ricos, pero los de verdad (por Eduardo San Martín)

ABC. Blogs de Autor: Perezas privadas por Eduardo San Martín

(Publicado en abc.es/blogs/san-martin, ver aquí)

Los tiempos cambian, y ,con ellos, conceptos económicos y sociales cuyo significado se ensancha con el paso de los años. Lo que no cambian son los prejuicios ideológicos o clichés políticos a propósito de esos mismos conceptos. Lo estamos viendo en relación con el debate sobre una próxima subida de impuestos, a la que el Gobierno se ve abocado muy a su pesar como consecuencia del gigantesco déficit que ha acumulado en los últimos meses y no siempre, como se ha visto, en gastos necesarios para hacer frente a la crisis. Pero dejemos esa discusión para otro momento. Lo que importa es con qué interesada visión del pasado utiliza la maquinaria de propaganda del Gobierno conceptos tales como “rico” o “capital”.

Primero fue José Blanco cuando sugirió que los “ricos deberían pagar más” al Estado en una situación de crisis y proponía elevar al alza los tipos impositivos más elevados el IRPF. Yo creo también que deben pagar quienes más tienen, pero ese objetivo no se consigue a través del IRP. No son los más ricos quienes pagan más por ese concepto, como es bien sabido. Si el gobierno quiere de verdad que la factura de la crisis la paguen las rentas más elevadas (y no los de siempre), que refuerce la inspección para perseguir el fraude generalizado que se fragua en venerables despachos de abogados y prestigiosas consultas profesionales. Por poner un ejemplo. Los ricos, los de verdad, merodean por esos lares. Algo semejante sucede con el término “capital”. Ahora se deja filtrar que no serán las rentas del trabajo las paganas, sino las del capital. Y cuando se habla en esos términos se trata de transmitir la imagen de una pandilla de personajes de Serafín encendiendo un puro con un billete de 500 euros. Pues bien, las llamadas rentas del capital las constituyen mayoritariamente fondos de inversión y planes de pensiones que buscan una rentabilidad a pequeños ahorradores. Una vez más, el capital al que se alude no circula por los mercados convencionales. Lo cierto es que el Gobierno tiene un buen lío. No le queda más remedio que subir los impuestos, pero no serán ni los más ricos ni el auténtico capital el que pague la factura. Al tiempo.

Los milagros de la izquierda. Obama y Zapatero (por Miguel Massanet Bosch)

A nadie e le puede haber pasado por alto que, desde que se produjo la crisis de las “sub prime”, todos los esfuerzos de la izquierda, que llevaba tiempo tascando el freno de la deblacle de la economía soviética y su dirigismo estatal de la producción industrial; ha encontrado aliento para intentar devolver la pelota a occidente, acusando al sistema “capitalista” de libre mercado y de autorregulación por el juego de la oferta y la demanda, de ser el culpable de que se produjera la recesión que estamos padeciendo. Aparte de que las medidas puestas en práctica por el señor Obama, sobre quien ha caído la responsabilidad de hacer frente a la crisis en EE.UU, han estado impregnadas de kesnisianismo y, en cierta manera no han hecho más que seguir el famoso “new  deal” del presidente Roosevelt en los años 1930 y siguientes; comprometiendo el sistema financiero del país contrayendo una enorme deuda pública, que ya ha tenido sus efectos en cuanto a la consistencia del dólar desacreditado como moneda de referencia, no ha conseguido impedir que, en el grupo de aquellos que más salieron beneficiados por la cascada de millones que la Administración volcó sobre ellos, los bancos causantes del desmoronamiento del sistema hipotecario americano; se hayan evitado la producción de una cadena interminable de tropiezos que han conseguido poner en un brete, quiebra técnica, al FDIC, Agencia Federal de Depósitos de EE.UU, encargada de garantizar los depósitos bancarios en el país actualmente dirigido por el presidente Obama.

Lo cierto es que, a veces, nos cuesta pensar en el señor Obama como un líder de los necesitados, un protector de las clases menos afortunadas y en reformador del sistema económico basado en la famosa “economía verde sostenible y respetuosa con la naturaleza” cuando sus principales actuaciones, en apoyo de la economía y el sistema financiero americano, han estado marcadas por un soporte masivo a aquellas entidades que estuvieron principalmente involucradas en el escándalo de las hipotecas basura de la famosa “burbuja inmobiliaria”. He leído en un artículo muy ilustrativo que alguien comentaba con especial clarividencia: “¿Se imaginan ustedes un colegio donde los profesores recompensan con buenas notas a los alumnos que se portan mal?; ¿o a una empresa que sube sus salarios a sus trabajadores menos productivos?” Pues bien, la Administración demócrata de los EE.UU, ha invertido 21.0000 millones de dólares en ayudas públicas a bancos que fueron líderes en la concesión de créditos subprime.

Lo que más llama la atención es que, vean ustedes, la reacción de los bancos, no sólo americanos sino europeos ha consistido en andar a la caza de super estrellas que sean capaces de sacarlos del lío en el que su avaricia y despendoleo los condujo, sin que para ello pongan coto a su cartera de gastos, puesto que, por absurdo que pueda parecer, se están pagando sueldos mucho más elevados de los que percibían los autores del desaguisado. Hasta el señor Sarkozy ha tenido que tomar cartas en el asunto, avisando que el Estado francés no va a trabajar con bancos que no se atengan a las normas que se van a imponer para el cobro de primas e incentivos de los directivos bancarios. El sistema es ingenioso y lleno de sensatez, porque lo que se exige es que los sobresueldos por objetivos no se limiten al habitual periodo de un año que se utiliza actualmente, sino que deberá retrasarse su cobro hasta comprobar que en un periodo más largo, se habla de tres años, aquellos objetivos se han confirmado y resultado beneficiosos para la entidad bancaria y para quienes ha participado como clientes en la operación. Una forma de eliminar las actuaciones especulativas sin bases sólidas sobre las que apoyarse pero que, en un tiempo corto, puedan generar unos beneficios suculentos o que, por el contrario, por las prisas en colocar el producto, resulten una verdadera bomba de relojería para los inversores, como ha resultado ser el caso de los Lehman Brothers, un engaño causado por la falta de información y previsión de los bancos que colocaron el sus bonos. Pues bien, el fondo del FDIC, que aseguraba los depósitos bancarios, se ha agotado durante el segundo trimestre del 2009. Ha entrado en quiebra técnica y nadie puede culparles de que se hayan quedado reducidos a esta situación, si se toma en cuenta que 109 bancos, en EE.UU, han quebrado desde el 2007 y de ellos 81 en lo que va de año. De hecho el FDIC en marzo pasado sólo contaba con 13.000 millones de dólares para garantizar depósitos bancarios por un valor de ¡5 billones de dólares! Como no podía hacerse de otra forma han tenido que acudir al gobierno para que les sacara del apuro por medio del establecimiento de una línea de crédito que les ha facilitado el Tesoro, a costa de más emisión de deuda pública.

Ante datos como estos y a la vista de que existen 416 bancos en riesgo de quiebra a fines de junio, cuesta creer que desde los medios oficiales se afirme que “lo peor ha pasado”, aunque puede que sea cierto para las grandes entidades bancarias en las que el Gobierno ha puesto toda la carne en el asador, pero si nos debemos fijar en el resto, en estas 416 pequeñas entidades que están en la cuerda floja y de las que se puede esperar “una nueva ola de quiebras”, no parece que la recesión haya terminado.

Algo similar está sucediendo en España, pese a que el gobierno del señor Zapatero siga dando golpes de ciego intentando dar en la diana, mientras todos sabemos de la gran espada de Damocles que pende sobre las entidades financieras, derivada de los 450.000 millones de euros de deuda pendiente de pago por las empresas inmobiliarias, de la cual, los más optimistas, consideran que la mitad dejará de cobrarse. Nos gustaría saber de dónde sacan los del PSOE este optimismo que se empeñan en aparentar cuando no hay un solo dato económico que pueda dar pábulo a concebir esperanzas de salir de esta situación, marcada por un desempleo de más de 4.000.000 de parados, con grandes posibilidades de incrementarse hasta cinco millones en este próximo otoño, un descenso del PIB del 4’2%; un descenso de la producción y la inversión industrial y un endeudamiento público más que preocupante, aunque para el Gobierno y la señora Salgado parece que se trata de un mal menor.

Ni los EE.UU son los del señor Reagan ni España es la del señor Aznar, y, por mucho que pretendamos vestir y enjaezar a la mula, lo que hay debajo de tantos adornos no son más que mataduras, garrapatas y moscas borriqueras; como ha quedado claro cuando, después de negarlo tantas veces como lo hizo San Pedro con Cristo, han tenido que acabar mordiendo el polvo y han debido acudir a una medida tan impopular como es la de aumentar los impuestos. Pero no se preocupen que, al fin, resultará que fue el señor Aznar quien se tuvo la culpa de todo, como suele acabar siempre que a los seguidores de ZP alguna cosa se les tuerce. Todavía quedará por ver cuáles van a ser las consecuencias de estos “limitados y temporales” incrementos de cargas fiscales, en cuanto a sus repercusiones en los ciudadanos, en las pequeñas empresas y en los profesionales que, como ya viene ocurriendo en la actualidad, todos aquellos que valen, que tienen una buena formación y que se han esforzado se van de España para buscar otros países donde se les reconozcan sus méritos, se les pague mejor y puedan vivir con menos sobresaltos. La escoria, los hijos de la “LOGSE·” y los “becados por suspender” estos, señores, nos los vamos a quedar para “hacer patria”.

 

Miguel Massanet Bosch

La sociedad de la información sigue siendo desigual en Europa

(Publicado en Tendencias 21, aquí)

España mantiene una posición intermedia, según el Informe de Competitividad Digital 2009

Europa es una potencia mundial en tecnologías avanzadas de información y comunicación, pero la situación del sector es desigual en los diferentes países de la UE. Esta es una de las conclusiones que se desprenden del Informe de Competitividad Digital 2009, realizado por la Comisión al Parlamento Europeo, y que apunta a la necesidad de seguir coordinando la acción de los Estados Miembros para facilitar la convergencia digital y afrontar los desafíos vinculados a la sociedad de la información en nuestro continente. Por otro lado, la situación de la sociedad de la información en España podría resumirse, según dicho Informe, como aún por debajo de la media europea, aunque progresando gracias a iniciativas como el Plan Avanza. Por Yaiza Martínez.

Europa continúa siendo una potencia mundial en tecnologías avanzadas de información y comunicación (TIC), indica el Informe de Competitividad Digital 2009 realizado por la Comisión al Parlamento Europeo, el Consejo Económico y Social Europeo y el Comité de Regiones.

Según dicho informe, la World Wide Web, el estándar GSM (Global System for Mobile Communications), el estándar MPEG para los contenidos digitales y la tecnología ADSL han sido inventados en Europa.

El mantenimiento de este liderazgo y su aprovechamiento como ventaja competitiva es un objetivo político importante. Por eso, en 2005, la Comisión presentó la estrategia i2010, cuyo propósito era coordinar la acción de los Estados miembros para facilitar la convergencia digital y afrontar los desafíos vinculados a la sociedad de la información.

Así, se pretendía impulsar el liderazgo europeo en materia de TIC y aprovechar las ventajas de la sociedad de la información europea para el crecimiento y el empleo.

Desde 2005, demuestra el Informe de Competitividad Digital 2009, el sector digital de Europa ha hecho grandes progresos. Por otro lado, la Comisión también ha abierto una consulta pública sobre la futura estrategia que la UE debería adoptar para que la economía digital avance rápidamente.

Datos por países

El informe, que muestra la situación de cada país en el sector de las TIC, fue realizado a partir de los datos nacionales aportados por los Estados Miembros de la UE, de Noruega, de Islandia y de Croacia. Estos datos procedían de encuestas realizadas por las oficinas nacionales de estadística y por Eurostat (oficina europea de estadística).

Gracias a toda esta información, se ha podido establecer, por ejemplo, que Austria es el país que va a la cabeza en lo que se refiere a la disponibilidad de servicios de e-gobierno. Estos servicios consisten en la aplicación de las tecnologías de la información y el conocimiento en los procesos internos de gobierno y en la entrega de los productos y servicios del Estado, tanto a los ciudadanos como a la industria.

Por otro lado, el informe establece que Alemania es otro país líder en Europa en cuanto al desarrollo de la sociedad de la información, aunque precisa mejoras en los servicio de e-gobierno y e-negocio o negocio electrónico; y que Francia está más avanzada que la media europea en casi todos los aspectos de las TIC analizados.

Otros países líderes del sector serían Finlandia, Bélgica o Dinamarca. Este último es líder en penetración de la banda ancha y presenta la tasa más alta de usuarios frecuentes de Internet de toda la Unión Europea.

Por el contrario, la sociedad de la información en países como Bulgaria, Chipre, o la República Checa se encuentra en los primeros estadios de desarrollo, en comparación con el resto de Estados de la UE.

El caso de España

Según el Informe de Competitividad Digital 2009, la puntuación de España es buena en áreas como el e-gobierno, y en algunos indicadores referentes a la banda ancha. En cambio, el uso general de las TIC por parte de usuarios y en los hogares es todavía más bajo que la media europea, y el progreso es lento.

Con el “Plan Avanza”, primer plan que ha supuesto una verdadera apuesta real del Gobierno y del conjunto de la Sociedad Española por el desarrollo de la Sociedad de la Información y del Conocimiento, se espera que se pueda superar la brecha entre el nivel de implantación de las TIC en España y el nivel existente en este aspecto en el resto de Europa.

Este plan comprende una serie de programas específicos dirigidos a ciudadanos, empresas, al contexto digital, a los servicios públicos digitales y a la e-Administración.

Entre los años 2005 y 2008 Avanza ha supuesto una inversión de más de 5.000 millones de euros por parte del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, según se indica en la página web oficial.

Avance en la penetración de la banda ancha

En lo que se refiere a la banda ancha, en España, la penetración de la ADSL se ha incrementado mucho, aunque aún se mantiene también por debajo de la media europea.

España también está por debajo en lo que a la conectividad a Internet en los hogares se refiere, tanto de banda ancha como de banda estrecha. Sin embargo, las empresas están mejor conectadas, siendo las españolas las que en este sentido ocupan el segundo lugar de conectividad de la UE.

La puntuación española es buena en lo que se refiere a los indicadores de conectividad móvil. Así, por ejemplo, nuestro país es el segundo Estado de la UE, después de Suecia, de implantación de soluciones inalámbricas en áreas rurales.

Los datos de España señalan, por otro lado, que los españoles no usamos Internet de manera habitual. La media de usuarios tanto regulares como frecuentes de la Red es en nuestro país significativamente más baja que la de la media de la Unión Europea. Por ultimo, en lo que se refiere al comercio electrónico o e-comercio, España tiene una posición intermedia en el ranking de los países de la UE.

Lunes 31 Agosto 2009

Yaiza Martínez

¿Demasiados funcionarios? (por Viçenc Navarro)

Viçenc Navarro* (Publicado en MURCIA CONFIDENCIAL, aquí)

Existe una visión bastante generalizada en los foros conservadores y liberales (y también en algunos foros de izquierdas) de que el sector público en España está sobredimensionado. Es decir, se considera que la Administración Pública es demasiado grande, percepción que se ha incrementado a raíz del aumento del gasto público invertido (por parte de las CCAA y de los municipios) en crear ocupación en los servicios públicos como parte de la respuesta del Estado español a la crisis actual.

Así, en los últimos días, han aparecido dos artículos, uno en El País, en la edición de Cataluña (titulado “Funcionarios”, 17-06-09), y otro en El Periódico (titulado “La cifra de funcionarios se acerca a la de empresarios”, 15-06-09), que señalaban la alarma de que el número de lo que tales artículos definen como funcionarios es casi idéntico al número de empresarios y autónomos en España. Estos artículos son representativos de una percepción bastante generalizada que requiere una corrección.

Tales tesis, y la evidencia que utilizan para apoyarlas, son erróneas. En primer lugar, lo que se define en aquellos artículos como funcionarios no lo son. Las cifras que tales artículos citan corresponden al número de personas que trabajan en los servicios públicos (tanto del Gobierno central y autonómico como del municipal), incluyendo los servicios públicos del Estado del bienestar (tales como sanidad, educación, servicios sociales, escuelas de infancia, servicios domiciliarios, vivienda social) y los servicios generales (como correos, transportes públicos y servicios de seguridad, entre otros).

Estos empleados tienen varios tipos de contratos, siendo el funcionarial la minoría (un 28%). Es lógico que el número de personas que trabajan en el sector público sea mayor que el número de empresarios y autónomos. Ello ocurre en todos los países de la UE-15 (el grupo de países que tiene semejante nivel de desarrollo al nuestro).

En realidad, España es el país europeo donde esta relación empresarios y autónomos versus empleados del sector público favorece más al primer grupo. Así, mientras que en España (2008) el porcentaje de personas adultas que son empresarios y autónomos es mayor (10,64%) que el promedio de la UE-15 (9,78%), el porcentaje de personas adultas que trabajan para el sector público es sólo el 9%, uno de los más bajos de la UE-15 (cuyo promedio es el 16%).

En los países escandinavos es el 26% para Dinamarca, el 22% para Suecia y el 19% para Finlandia, estando estos entre los países cuya economía es más eficiente y emprendedora en la OCDE, tal como señala el último informe sobre competitividad y eficiencia económica de esa organización, publicado por el prestigioso Economic Policy Institute de Washington. Una situación semejante ocurre, por cierto, en Cataluña, donde el número de empleados en el sector público es incluso menor. En contra de lo que dicen aquellos artículos, el problema que tenemos en España es el opuesto al que tales reportajes denuncian: el sector público está subdesarrollado en lugar de sobredimensionado.

La mayor causa del subdesarrollo del sector público es la falta de ingresos al Estado, consecuencia de la limitada carga fiscal, una de las más bajas de la UE. Es sorprendente que ello sea motivo de orgullo por parte de dirigentes del Gobierno socialista español.

Una de las causas de esta subfinanciación del Estado español (sea central, autonómica o municipal) es el enorme fraude fiscal que, según los propios técnicos haciendistas de la Agencia Tributaria del Ministerio de Economía y Hacienda del Gobierno español, alcanza la cifra de 88.617 millones de euros, fraude realizado a la Agencia Tributaria del Estado español (58.676 millones) y a la Seguridad Social (29.941 millones).

Para hacernos una idea de lo que estas cifras significan, tenemos que saber que España se gasta 58.000 millones de euros menos de lo que debiera gastarse en su Estado del bienestar, para alcanzar la cifra del gasto público social per cápita que nos merecemos por el nivel de desarrollo económico que tenemos.

La mayoría de este fraude procede del mundo empresarial y financiero; según las declaraciones de la renta, los empresarios en España ingresan unos 6.000 euros menos que los asalariados. Ningún otro país de la UE se encuentra en esta situación. Por cierto, el Estado español es el que se gasta menos de la UE-15, el 0,06% del PIB, en recoger impuestos (tax collection), cinco veces menos que Suecia (0,32%).

Esta actitud está dañando la calidad de vida de las clases populares de España y de sus CCAA. Estas últimas tienen la responsabilidad de gestionar sus estados del bienestar con unos fondos que son claramente insuficientes. La cifra que el Estado ha citado para cubrir sus déficits (9.000 millones de euros) es, a todas luces, insuficiente. Mientras, continúa la filosofía de no aumentar los impuestos (excepto en tabaco e hidrocarburos).

Esta situación, si continúa, es potencialmente inestable políticamente. Es bien conocida la situación de que, a mayor desigualdad, mayor criminalidad y mayor descohesión social. España, que es después de EEUU el país con mayores desigualdades de renta en la OCDE, es también el que se gasta más en policía y seguridad, siendo, después de EEUU, el país que tiene un porcentaje mayor de tal gasto (2,1% del PIB y EEUU 2,2%).

En contraste, Noruega con un 0,9%; Suecia con un 1,3%; y Dinamarca con un 0,9%, son los países que tienen menos gasto en policía y seguridad, y tienen menos desigualdades.

España debiera corregir las excesivas desigualdades sociales mediante políticas fiscales progresivas, con incremento notable de su Estado del bienestar, escasamente desarrollado. Esto implicaría una mayor carga fiscal sobre los sectores más pudientes de la población, con corrección del enorme fraude fiscal, incrementándose así la protección social, que permitiría una reducción de la excesiva protección policial.

No hay duda de que España requiere una reforma de la Administración Pública, pero no en el sentido de reducir el excesivamente bajo empleo en su sector público.

(*) Catedrático de Políticas Públicas

Publicado por Newsletter del Siglo XXI en 10:49 PM

Etiquetas: Opinión

Oportunidad para Rajoy

(Publicado en ABC-Editorial, aquí)

SI Mariano Rajoy convierte en estrategia social -lo que implica movilización ciudadana- y política el anuncio de que «el PP no será cómplice de los errores del Gobierno», la subida de impuestos puede suponerle a Rodríguez Zapatero la etapa más difícil de la legislatura, con consecuencias imprevisibles para su estabilidad. Con las encuestas de confianza y estimación de voto en contra, es perfectamente viable una mayoría parlamentaria que frustre el asalto que el Gobierno está preparando a los bolsillos de los españoles. Por eso, el mensaje de Rajoy es una advertencia a otros partidos que, hasta el momento, han podido navegar entre dos aguas porque apoyaban medidas sin coste para sus intereses electorales. Todo será muy distinto en cuanto tengan que presentarse ante sus electores y explicar por qué han votado a favor de una subida de impuestos que el Gobierno socialista necesita no por solidaridad con los más necesitados, sino con urgencia para tapar el inmenso déficit público que han generado las decisiones de despilfarro «social». Por tanto, se avecina un punto crítico en la legislatura, en el que el Parlamento será, esta vez sí, realmente decisivo y en el que partidos como Coalición Canaria, CiU, PNV y Unión del Pueblo Navarro deberán retratarse ante un compromiso de voto que los pondrá a prueba en la negocaición de los Presupuestos Generales.

El PSOE no ha tardado en acusar a Rajoy de «insolidario», insistiendo en que la subida de impuestos «beneficia a la mayoría». La propaganda de «ricos contra pobres» vuelve a ser el argumento mendaz que sostendrá esta subida de impuestos, una pura y simple manipulación de la realidad, porque, como siempre, serán las clases medias y trabajadoras las que sobrelleven la subida de impuestos. Este mensaje es tan falso como el que afirma que la subida de impuestos nos armonizará con Europa. La ignorancia sobre Europa es una de las grandes bazas del Gobierno, que apela a ella como si sólo con nombrarla quedara legitimada cualquier iniciativa. Sin embargo, esta referencia a Europa es tan poco creíble como el anuncio que hizo Zapatero en junio pasado de que «no habrá subida de impuestos». Los datos que ha recogido la Unión Europea en un informe demuestran que los impuestos sobre la renta, sociedades y capital en España están por encima de la media europea.

Por tanto, es también una falsedad, otra más, escudarse en Europa para subir los impuestos, porque ya son altos los que gravan en España el trabajo personal y el beneficio empresarial, sin tener en cuenta los costes laborales de cada puesto de trabajo. Lo que sucede es que Rodríguez Zapatero ha recurrido al manual de instrucciones de la izquierda más rancia. A más paro y más déficit, subida de impuestos, despreciando los perjuicios que esta medida va a ocasionar en el consumo, la inversión y la confianza. Esta subida de impuestos pagará los platos rotos por la política económica de Zapatero, pero no solucionará ningún problema de solidaridad, porque realmente no lo hay. El problema es un Gobierno que, sencillamente, no sabe qué hacer con la crisis. Es una oportunidad para Mariano Rajoy.

El gran dislate autonómico (por Miguel Massanet Bosch)

Dudo mucho de que los llamados “padres de la Constitución” tuvieran consciencia del avispero en el que se metían y, de paso, metían a todo el país, cuando se decidieron a implantar el Estado de las Autonomías. Es probable que estuvieran llenos de buena voluntad, que temieran que los evidentes odios generados por la contienda de 1936 se reavivaran con la muerte de Franco y con la nueva entronización de un Borbón. Es posible que intentaran evitar que la yesca de la transición encendiera una revolución si se estiraban demasiado las riendas mediante la elaboración de una Constitución más conservadora. Sin duda se vieron enfrentados al recelo de que se produjera una escalada de reivindicaciones, peticiones de compensaciones, aspiraciones a independentismos y demandas de venganza que, sin duda, hubieran podido poner en un brete las aspiraciones de reconciliación entre todos los españoles. No obstante sólo consiguieron aplazarlo porque todo lo que intentaron evitar se está produciendo en un momento donde los mecanismos para evitarlo han desaparecido y España se encuentra inerme en manos de los herederos de la Segunda República.

La actuación sibilina del señor Suárez, sus evidentes deseos de conciliar a las dos Españas y un cierto temor de que la gobernabilidad se les escapara de las manos, hizo que se cometieran dos errores que, en la actualidad, estamos pagando caros y que pudiera ser que, debido al rumbo que se está imprimiendo a la política por los socialistas que nos gobiernan; aquello que se pretendió evitar; aquellas precauciones que se tomaron para evitar enfrentamientos entre derecha e izquierdas; aquellos miedos a lo que pudiera ocurrir a causa del fallecimiento del general Franco, es posible que, a la larga, vista con perspectiva la ruta que ha seguido España desde aquellas fechas y teniendo en cuenta como han evolucionado aquellas izquierdas, (al principio comedidas y temerosas de que se les cortaran las alas si se mostraban demasiado exigentes), cuando, poco a poco, han conseguido apoderándose de los resortes del poder, ante el papanatismo endémico de la derecha que siempre se fía de la buena voluntad de sus adversarios políticos hasta que, tarde y a destiempo, se encuentra desbancada del poder de decisión y sometida a la fuerza de los hechos, de las habilidades y de la evidente desfachatez de la izquierda para pasar por encima de leyes, acuerdos, pactos o compromisos cuando es preciso para alcanzar sus objetivos que, en definitiva, se concretan en alcanzar el poder para, cuando lo ostenta, imponer con mano de hierro las limitaciones de las libertades ciudadanas.

Los dos errores fueron permitir que regresara a España el señor Carrillo (causa evidente del golpe fracasado del 23-F) y la implantación, en concesión a las aspiraciones nacionalistas, del llamado Estado de las Autonomías. Si, en un principio, se pensó que con ello se evitarían pleitos entre españoles, que se conseguiría aplacar las ambiciones nacionalistas de los vascos y catalanes (en el resto de autonomías apenas existían pequeños corpúsculos, sin influencia alguna) y que se conseguiría, con la implantación de gobiernos locales, simplificar los trámites administrativos y descargar al Gobierno Central de parte de su carga de funcionarios y de una parte importante de sus responsabilidades de gobierno; deberemos admitir que el resultado del engendro ha sido como crear un gran monstruo con 17 cabezas famélicas que no paran de pedir, que amenazan con devorar por completo al Estado y que, como las amebas, se van multiplicando y creciendo en fuerza y poder, a medida que se hacen más fuertes a costa del estado central. Al contrario de lo que se pretendía, el debilitamiento de Gobierno de la nación no ha supuesto que los problemas provinciales disminuyesen ya que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que los asuntos burocráticos en lugar de simplificarse se han ido complicando, que las leyes locales han proliferado como los segmentos de una tenia interminable y que, las aspiraciones independentistas, no sólo han aumentado de forma exponencial en Catalunya y País Vasco, sino que se han extendido, en una metástasis incontenible, a otras autonomías como las Baleares, Galicia y, con menos virulencia en Andalucía y Canarias.

El terrible resultado de esta división de España es que se ha generado una fuerza centrífuga que amenaza con separar a todas las autonomías del núcleo central, en el que está concentrado el Gobierno de la nación. Lo que debía ser un ahorro de funcionarios se ha demostrado ser como una enorme coneja administrativa que los va pariendo con tal proliferación que, en poco tiempo, ya estamos rondando los 3.000.000 de empleados del Estado y autonomías; de los cuales 1.000.000 se ha formado en los últimos meses. Lo que debía ser una simplificación administrativa y la eliminación de trabas y retardos, se ha convertido, en muchos casos, en procesos más largos y sujetos, más que nunca, al intervencionismo de los organismos locales, en ocasiones movidos por intereses que nada tienen que ver con lo que mejor conviene a los ciudadanos. Pero, donde sí se ha armado un verdadero galimatías es en el tema de los traspasos de competencias, de la financiación y de las relaciones de los gobiernos locales con el Central que, a medida que pasa el tiempo y va traspasando sus facultades a la comunidades, se está quedando sin posibilidad de imponer sus decisiones y, a veces, atrapado por el chantaje de aquellos de quienes depende para poder seguir gobernando. El Financial Times retrató en un artículo el excesivo coste que para España representa este modelo de estado de autonomías que, contrariamente a lo esperado, nos está costando a los españoles mucho más que cuando el Estado mantenía su gestión sobre todas las regiones y provincias de España.

Por si no bastara: la igualdad entre los españoles ante la ley, la solidaridad entre regiones y la equidad de las financiaciones, añadiendo la falta de unidad de mercado; se han convertido en una pesadilla constante para los españoles que vemos como los miles de millones circulan desde el Estado a las autonomías y viceversa sin que, por el camino, quede alguno que podamos comprobar que se ha utilizado para algo útil para el conjunto de españoles. Si hace poco se les dieron 11.000 millones de euros más a las autonomías (la parte del león se la llevaron, como siempre, Catalunya y Andalucía); ahora sale la ministra Salgado diciendo que las autonomías le deben al Estado 6.000 millones de euros porque el 2008 no ha resultado lo rentable que se suponía (vamos, que suponía el Gobierno, porque los ciudadanos ya nos habíamos hecho a la idea de apretarnos los cinturones). No obstante, por otra parte, el Gobierno les entrega a las CC.AA 1.800 millones de euros para compensarles por la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio (este mismo que ahora los de Hacienda piden que se vuelva a implantar). ¿Ustedes son capaces de aclararse? Pues yo, debo de confesar que sólo veo motivo de gasto en todo esto y más confusión. Dejemos aparte el aspecto político en el que no se puede uno acercarse sin que el olor a podredumbre le asfixie. La Generalitat poniéndose por montera la sentencia, que aún no ha emitido, el TC, ya ha anunciando que, aunque les sea adversa ya buscarán el medio de soslayarla para que, al fin y al cabo, salirse con la suya, amenazando con romper sus pactos con “España” ¿qué son ellos, zulúes? ¡Y así vamos! ¡Esto, señores es lo que queda de España y, si seguimos por este camino, pronto no va a quedar ni rastro de ella! Al tiempo me remito.

 

Miguel Massanet Bosch

Rodríguez Zapatero: la ineficacia de la mentira (por Jesús Salamanca Alonso)

Jesús Salamanca Alonso    (Publicado en España Liberal, aquí)

Si por algo se han caracterizado los Gobiernos de Rodríguez Zapatero ha sido por la falta de medidas realistas ante las diversas situaciones; por la mentira continuada como salida de emergencia; por la reiterada ineficacia para adoptar medidas económicas válidas y fiables; por la discriminación a la ciudadanía; por ‘adorar y  besar’ a los santurrones sindicales, cual simples acólitos desorientados, y por no acertar ni siquiera cuando se ven obligados a rectificar. Estamos ante la prueba del nueve de la ineficacia que representa la mentira.

 

Los medios de comunicación de estos últimos días han vuelto a poner en evidencia la ineficacia y la mentira a las que se ha abonado el Gobierno de Rodríguez. Garantizó hace unos meses que no subirían los impuestos y subirán en los próximos días; aprobaron medidas discriminatorias como las de los cuatrocientos euros y ya han anunciado que se retirará, como acabará suprimiéndose el ‘ruidoso’ y discriminatorio cheque-bebé.

 

Dos supresiones como las citadas suponen la guinda del desbarajuste económico de los Gobiernos de Rodríguez, caracterizados también por malgastar el dinero público, distribuir mal la riqueza ahorrada por los Gobiernos no socialistas, así como por la protesta y la falta de conformismo de la ciudadanía. En el caso de los 400 euros, éste es el momento en que aún no lo han recibido muchos de los trabajadores que sí tienen derecho, como sucede en la comunidad de Castilla y León. Y, en el caso del cheque-bebé, hay miles de quejas y reclamaciones contra la medida que, dicho sea de paso, está viciada de origen por la brutal discriminación que supone.

 

Y ahora nos viene el presidente Rodríguez con amenazas sobre la subida de impuestos y simplezas como el enuncio de que esa será “limitada” y “temporal”. ¿Acaso no son así todas las subidas de impuestos? Está claro que aquellas dos tardes de clase para aprender economía no fue capaz de asimilarlas, fuera por la mala profesionalidad de Jordi Sevilla o por la torpeza del presidente. Al igual que no ha sabido asimilar la profundidad de la crisis; una crisis cuya fase aguda está por llegar, sobre todo si tenemos en cuenta los cientos de empresas que están pendientes de la aprobación de EREs.

 

Rodríguez Zapatero está empeñado en repartir pobreza a la ciudadanía, de ahí su afán de ampliar los 420 euros a más población, en vez de suprimir tales horteradas y trabajar en serio por crear empleo, reconstruir, afianzar, reconvertir y modernizar las infraestructuras o profundizar en la investigación, la innovación y el desarrollo de los muchos proyectos pendientes que dejó a medias el último Gobierno de Aznar, por poner un ejemplo.

 

Ya no hay duda que será la clase media quien pague la subida de impuestos. Lanzó el globo sonda ‘Pepiño’ Blanco, don José, y lo ha retomado Rodríguez, con la torpe aquiescencia de la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda. El caso es que la situación es insostenible en este momento. Podemos entender la subida del tabaco, los carburantes, el alcohol, incluso la vivienda (aunque no sea el caso) y todos los artículos de lujo; pero nunca podremos entender la congelación salarial del trabajadores dependiente y del colectivo funcionarial y menos aún con el beneplácito o el silencio de los ‘zapatones’ sindicales.

 

Los tumbos gubernamentales nunca son buenos para las clases medias, eternas paganas de las crisis y de los momentos buenos. Las medidas que Rodríguez propone van a desincentivar el empleo, la inversión y el consumo. Las empresas han alcanzado el estado de hartura ‘zapateril’ y los funcionarios no quieren ser quienes paguen dos veces la misma crisis. En fin, se ha demostrado que el Gobierno carece de un verdadero plan económico para salir adelante y ello es debido a la suma de la mentira más la ineficacia.

 

A cara descubierta han demostrado los Gobiernos de Rodríguez su inutilidad para afrontar la crisis. Y a cara descubierta los trabajadores van a coger el toro por los cuernos; el rendimiento laboral y productivo de trabajadores dependientes y funcionarios se congelará en la misma medida que se congelen sus sueldos, si llega ese momento. La idea se ha extendido por la red de redes como la pólvora. A nosotros nos parece ajustada y adecuada la idea. Es de ley y de justicia. Y aún está pendiente la calle: tiene que hablar sin tardar, porque las medidas que pretende Rodríguez van a traer muy graves consecuencias para la ciudadanía.

 

Tales consecuencias las van a sufrir, sobre todo, los parados y jubilados. Recuerden que la caja de Hacienda está vacía y el Gobierno no se puede endeudar más, pues la deuda actual también la padecerán varias generaciones venideras. Ese es uno de los muchos males del socialismo a la española, por acampar con el trasnochado sindicalismo de ineficaces ‘zapatones’. Al tiempo.

¡Subidas de impuestos! ¡Alea iacta est! (por Miguel Massanet Bosch)

No se puede decir que nos haya sorprendido, ni tan siquiera nos ha hecho mover un solo músculo de la faz, simplemente se ha constatado, una vez más, la forma descarada que tiene de faltar a la verdad, para decirlo sin ofender, de nuestro presidente del gobierno, señor Rodríguez Zapatero. En efecto, nuestro señor Presidente no hace muchos meses aseguró que no se contemplaba la idea de subir impuestos lo que para algunos, gatos viejos y escaldados diría yo, nos puso en alerta máxima seguros de que, las declaraciones de ZP, eran el augurio más creíble de que los impuestos iban a subir. Otra cosa es que nos conformemos con volver a ser, los de la sufrida clase media, los que tengamos que soportar, además de convertirnos en paganos por culpa de la ineficacia, despilfarro, falta de previsión e ineptitud del Gobierno, el que se nos tache de “ricos” de “pudientes” y los de “las grandes fortunas”, porque, si para la señora vicepresidenta, señora Salgado, los que ganan el doble de un mileurista ( 24.000 euros al año) ya se considera una gran fortuna, díganos entonces lo que son todos los de la casta política que viven a costa nuestra, para quienes esta cantidad y mucho más, la perciben solamente por un mes de su “abrumador” y “eficaz” trabajo y, todo ello, sin contar con dietas, gastos de representación y otras muchas bicocas que los cargos que ostentan llevan anejas. Digan ustedes, sin ambages, que necesitan sacar dinero de debajo de las rocas si es que lo hubiera; reconozcan que el desempleo se les ha ido de las manos; admitan que no han acertado en ninguna de las medidas que han aplicado para relanzar la economía y discúlpense por no haber querido escuchar, en ninguna de las ocasiones en que les han sido propuestas, las soluciones y alternativas que les han sido ofrecidas desde los bancos de la Oposición.

Después de que hubieran sido advertidos desde el FMI, Bruselas, el BCE y, prácticamente, desde todas las instancias económicas de Europa y los EE.UU sin que, en su soberbia y fatuidad, hayan querido aceptar humildemente las recomendaciones que se les daban; cuando por simples intereses electoralistas se han negado temerariamente a reconocer, ante un perplejo pueblo español, lo que era evidente, lo que saltaba a la vista y era vox pópuli,  respecto a que avecinaba a pasos agigantados una crisis económica agravada, en nuestro caso, por el derrumbe de la burbuja inmobiliaria, que los socialistas no sólo no supieron prever, sino que muchos contribuyeron a ella en su afán de un enriquecimiento rápido; se han encontrado ante la triste realidad de una España sumida en el caos más espantoso, con más de cuatro millones de parados y camino de los cinco, si es que no se produce un milagro en este próximo otoño. Se quiere elevar la moral de la población mostrándonos como señuelo los primeros indicios de recuperación que se están dando en Alemania, Francia y el Japón, olvidándose de que, en estos países, los gobiernos se han esmerado en aplicar mediadas que han ayudado a recuperarse a las empresas por medio de ayudas crediticias, moderación de las cargas impositivas y contención y austeridad en el gasto público; atacando el problema desde la raíz para ayudar a fomentar la recuperación industrial con el fin de que la competitividad y la productividad ayudasen a tirar del empleo. En ninguno de los países mencionados, a pesar de tener una población muy superior a la nuestra, se han registrado cifras tan alarmantes de destrucción de empleos  como la nuestra, sin que nunca haya llegado ni a la mitad de los desempleados que, por desgracia e incuria gubernamental, tenemos en España.

La política llevada a cabo por el gobierno de Rodríguez Zapatero, por el contrario, ha adolecido de la falta de la más mínima planificación y, en todo momento, ha estado condicionada por la improvisación, por su propio sectarismo y por el miedo a la acción de los sindicatos, ante los que se han plegado incondicionalmente negándose a escuchar el clamor popular que pedía un cambio, en profundidad, del marco laboral en nuestro país, tal y como se ha producido en otros países mucho más avanzados que el nuestro sin que, por ello, se haya producido ninguna revolución proletaria. El resultado de tal insensatez ha sido que, en lugar de dar ayuda al motor económico de la nación, el sector industrial, los servicios y  el tejido comercial, de manera que, apoyando a los que tuvieran capacidad para ser viables por medio de créditos blandos, de mejoras en la adaptación de plantilla y aliviando sus cargas fiscales, se pudieran poner en línea con el resto de sociedades de la competencia europea y americana; lo que se ha llevado a cabo es poner toda la carne en el asador (invertir miles y miles de millones) en atender a los desempleados que, a medida que las empresas se han ido hundiendo, han ido creciendo en proporción exponencial; convirtiéndose todo el proceso en una especie de bola de nieve que no ha parado de crecer hasta llegar a la preocupante situación en la que nos encontramos ahora.

Y así hemos llegado al momento en que, el Estado, endeudado y con pocas posibilidades de endosar más deuda pública, aunque sea primada, debido a la baja aceptación que ya tiene entre los inversores extranjeros, que desconfían de ZP, han tenido que acudir al Fondo de Garantía de las Pensiones al que han obligado a comprar Deuda Pública española para poder sacar la cabeza del piélago en el que se encuentran naufragados. Entonces empieza el juego del ratón y el gato. No quieren espantar a la población, pero necesitan dinero, para lo cual empiezan los habituales globos sonda, hablándonos de gravar las grandes fortunas; sin embargo, como a todas luces esto es insuficiente y todos sabemos que los poderosos están blindados contra Hacienda, se baja el listón y ahora, como quien se cae del guindo, aparece la “celestial” señora Salgado y, con su voz apenas audible, nos anuncia que se van a revisar todos los impuestos (que es lo mismo que afirmar que se van a aumentar todos) y que estos van a afectar a todos aquellos que cobren más de 24.000 euros anuales ( el doble de un mileurista) a quienes, por lo visto, la señora ministra considera ya grandes potentados, si es que debemos atenernos a lo que se anunció sólo hace unos pocos días. Pero esta medida, que parece inevitable, va a comportar un empobrecimiento generalizado de toda la población y, como siempre, un ensañamiento con la clase media verdadera impulsora de la economía de toda nación. Los resultados, en tiempo de recesión, de un recorte de ingresos que es lo que supone un aumento de la fiscalidad, va a ser una recesión mayor de la demanda y un empeoramiento generalizado de la economía, con lo que el desempleo puede superar con creces los malos augurios que ya se nos hacen para el otoño. La pescadilla que se muerde la cola, pero el gobierno de ZP ya va a tumba abierta y no le cabe otra salida que acabar de descender la cuesta de la deflación confiando en que Santa Rita acuda en su ayuda y salga un buen samaritano que nos saque del hoyo. Pero como estos señores que nos gobiernan son poco religiosos, practican el ateismo o el laicismo, difícilmente van a conseguir otra cosa que conducirnos a los españoles a una crisis mucho más larga que la de los otros países, que ya nos están empezando a mirar como si fuéramos bichos raros que no tienen idea de a dónde van ni qué es lo que, en definitiva, esperamos conseguir con este suicidio colectivo.

 

  Miguel Massanet Bosch