Ramón Marcos Allo (Publicado en UPyD, aquí)
En El Periódico de Cataluña (17-11-2008) ha salido la siguiente información: “Un engorro burocrático: un pescador con licencia expedida por la Generalitat puede echar el anzuelo en el Ebro a su paso por Cataluña, pero si anda río arriba y cruza el linde con Aragón el permiso pierde su validez. O solicita una licencia al Gobierno aragonés, o se arriesga a ser multado. Igual sucede a la inversa. Un despilfarro presupuestario: la sanidad pública dispensa cada año en España 10 millones de vacunas antigripales. Cada autonomía compra por su cuenta las que necesita (Cataluña, por ejemplo, un millón y medio de dosis), de manera que salen infinitamente más caras que si las comunidades se pusieran de acuerdo y las compraran en bloque a un mismo proveedor. Un absurdo administrativo: un extranjero con tarjeta sanitaria europea llega a Barcelona y tiene que hacer menos trámites burocráticos para que le sea asignado un médico de familia que un joven extremeño que estudia en cualquier ciudad de Cataluña.”
Está claro que hasta las Comunidades más nacionalistas son conscientes de las disfunciones que presenta nuestro actual sistema autonómico. Y no lo dice UPyD, sino uno de los rotativos más próximos al actual gobierno de la Generalitat. Bien es verdad que no se citan los principales problemas que causan estas disfunciones: una educación desigual y de mala calidad, una sanidad que ofrece diferentes prestaciones según la comunidad en la que se resida, la imposibilidad de aplicar la Ley de dependencia, etc., pero al menos se dan unas claras pinceladas de que existe un grave problema en las políticas públicas que realizan las autonomías para garantizar su eficacia y la igualdad de los ciudadanos españoles en el acceso a los servicios públicos que gestionan.
Pero es necesario ir al fondo del asunto. Al considerar estas graves inconveniencias del modelo territorial como simples disfunciones burocráticas, El Periódico de Cataluña le quita hierro al problema. Las comunidades donde suceden estos hechos no concluyen que, probablemente, sea conveniente replantearse el sistema de reparto de competencias y que los nuevos estatutos, en vez de mejorar la situación de sus ciudadanos, quizá la hayan empeorado. No. La conclusión que sacan, siguiendo el pensamiento neoliberal tan denostado por algunas de ellas, es que lo que hace falta es menos Estado. Por ello han propuesto un foro en el que buscarían soluciones a sus problemas comunes y del que el Gobierno central sería excluido, a fin de que no se inmiscuyese en sus competencias exclusivas. No quieren que la cooperación entre las Comunidades pueda depender del Estado o que el Gobierno pueda decidir convocar la conferencia de política autonómica, que según las Comunidades no ha sido útil. Quieren ser ellas quienes se autorregulen. Para ello van a proponer la creación ex novo —no existe en nuestro actual sistema constitucional— de un órgano que sustituya al Estado en sus funciones de coordinación y armonización de las políticas de las Comunidades Autónomas.
O sea: la solución propuesta para resolver la evidente ineficiencia de un modelo territorial excesivamente descentralizado donde cada día se debilita más la capacidad de acción de los órganos que trabajan a favor de los intereses generales es, por lo visto, dar un paso más y terminar por cancelar el Estado para sustituirlo por una coordinadora de comunidades encargada de dirigir colegiadamente los intereses regionales, y cuyos acuerdos unas veces las obligarán y otras no, según la decisión que en cada momento tome cada una de las Comunidades. El escenario es para echarse a temblar: es justo el modelo más incapaz de generar respuestas eficientes en un momento de crisis.
En la gestación de este foro han participado varias comunidades gobernadas por el PP, el PSOE y ERC. Y, según parece, el presidente de Extremadura, quien no estuvo al inicio, ha manifestado ya estar encantado de dirigirlo, alegando que así en España “no se levantarían suspicacias”. Como se ve, con independencia del partido al que se adscriba el político regional de turno, la dinámica viciosa en la que nos ha embarcado el regionalismo nacionalista hace que todo líder local acabe mostrando un sospechoso interés por desentenderse de las instituciones comunes reguladas constitucionalmente y evitar al máximo cualquier control político ajeno al ámbito donde ellos ejercen su poder.
En caso de materializarse, esta propuesta mermaría claramente nuestra democracia, no sólo porque un órgano no regulado constitucionalmente asumiría unas competencias que no le pertenecen, sino porque haría imposible un principio básico de la democracia: la responsabilidad política de los gobiernos. Al difuminarse las competencias en un órgano no elegido democráticamente, ningún responsable político tendría que dar cuenta de sus actos, ya que serían de todos y de nadie. Sin duda, estamos ante un diseño ideal para los caciques regionales, pero un pesado lastre para el progreso de nuestra sociedad.
Es en tiempos de crisis cuando este modelo se muestra más insostenible. La existencia de miles de normativas diferentes, y a menudo contradictorias, en cada Comunidad autónoma perjudica, por ejemplo, la unidad de mercado e impide la libre circulación de trabajadores. Para sacarnos de este atolladero es el Estado quien debe ejercer sus competencias: en la Constitución se establece su obligación de garantizar la igualdad en el ejercicio de los derechos básicos de los ciudadanos, así como los instrumentos para lograr la cooperación entre las Comunidades y la armonización de sus normativas. Y esto, por cierto, como solución provisional ahora que la crisis aprieta y se requieren respuestas de instituciones comunes fuertes. Porque la solución de fondo debe pasar por un replanteamiento serio del reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades que de como resultado un modelo territorial eficiente y equitativo.
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