Zapatero anuncia un nuevo plan de choque para reactivar la economía con el impulso de la obra pública y se fija el reto de crear 300.000 puestos de trabajo
CÉSAR CALVAR / ELISA GARCÍA
| COLPISA. MADRID (Publicado en elcorreodigital.com, aquí)
José Luis Rodríguez Zapatero desveló ayer su, por el momento, última receta para estimular una economía en caída libre y frenar la escalada del paro: una dotación extraordinaria de 11.000 millones de euros, con cargo al Presupuesto de 2008. De esta cantidad, 8.000 millones irán destinados a financiar obra pública a través de los ayuntamientos y los 3.000 restantes a apoyar inversiones en sectores estratégicos y a actuaciones de carácter social.
El Ejecutivo espera generar así 300.000 puestos de trabajo y paliar en parte la sangría del desempleo, que se ha disparado en casi 770.000 personas en un año y supera la barrera de los 2,8 millones, lo que equivale a casi el 12% de la población activa. Según todas las previsiones, el próximo año puede llegar al 15%.
El presidente enmarcó estas iniciativas dentro del plan de rescate presentado el miércoles por la Comisión Europea, que reclama a los socios de la UE la inyección de 170.000 millones para estimular la actividad de los Veintisiete.
Con la economía española al borde de la recesión, la principal medida anunciada ayer en el Congreso por Zapatero es un fondo extraordinario para financiar obras de nueva planificación y ejecución inmediata por parte de los municipios. Podrán sufragarse, con cargo a sus 8.000 millones, trabajos de construcción, adecuación, rehabilitación o mejora de entornos, edificios o equipamientos públicos, así como instalación de nuevas tecnologías, eliminación de barreras arquitectónicas y mejora de la seguridad vial.
Parados del 'ladrillo'
El jefe del Ejecutivo detalló que esos 8.000 millones son casi el doble de la inversión pública prevista por los ayuntamientos para 2009 y que su objetivo final es «movilizar trabajadores y recursos» hoy parados debido al «brusco ajuste» experimentado por la construcción. Con este instrumento espera crear cerca de 200.000 empleos el próximo ejercicio y hacer viables muchas pequeñas y medianas empresas relacionadas con ese sector y actividades anexas, como maquinaria, equipamiento, ingeniería o transporte.
La efectividad de ese plan sobre el empleo y las pymes dependerá, en gran medida, de la rapidez de su aplicación. Para asegurarla, el Gobierno pretende instrumentar un procedimiento de urgencia que agilice la financiación, la licitación y el inicio de los proyectos. El plan gubernamental prevé que los ayuntamientos con proyectos financiables puedan comenzar las obras desde el 11 de enero, y nunca más tarde del 13 de abril de 2009.
Los planes del Ejecutivo incluyen también medidas de rescate para el estratégico sector del automóvil. En este sentido, Zapatero anunció 800 millones para beneficiar a esta industria «a cambio de compromisos de mantenimiento del empleo», subrayó.
El resto de partidas que completan los 11.000 millones comprometidos son, en números redondos, 600 millones para actuaciones medioambientales, 500 para proyectos de investigación, desarrollo e innovación, 400 para reformas en comisarías y casas cuartel, 120 para rehabilitación de viviendas, 30 para incentivar el turismo social y otros 400 millones que serán transferidos a las comunidades autónomas para atender a las personas dependientes.
Rajoy ataca con Lukoil
Mariano Rajoy lamentó que «ni estas medidas ni las anteriores» respondan a un plan ordenado y completo capaz de fijar el camino para salir de la crisis, y consideró imprescindible que el Ejecutivo «retire los presupuestos de 2009». El líder del PP aprovechó su última intervención para sacar a colación el 'caso Lukoil' -en el que Zapatero se había mostrado remiso a entrar durante todo el debate pese a los reiterados emplazamientos de otros portavoces parlamentarios-, y lo hizo para lanzar un reto al jefe del Ejecutivo. El PP, anunció Rajoy, pedirá hoy mismo que se constituya una comisión de investigación parlamentaria sobre la petrolera rusa y su interés en Repsol.
La iniciativa, sin embargo, nace muerta. No sólo Rodríguez Zapatero, sino también el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, manifestaron su oposición con un lacónico «no hay caso». Y entre socialistas y convergentes suman mayoría en la Cámara.
'PLAN ESPAÑOL PARA EL ESTÍMULO DE LA ECONOMÍA Y DEL EMPLEO'
Apoyo a familias y empresas
1. 16.500 millones de euros devueltos a familias y empresas por IRPF, reducción del impuesto de sociedades y por nacimiento de hijos.
2. Supresión del Impuesto de Patrimonio en 2009 que supondrá un estímulo de 1.800 millones y la devolución mensual anticipada del IVA por 6.000 millones.
3. Moratoria parcial de hipotecas, para un colectivo potencial de 500.000 familias.
4. Moratoria en las cuentas de ahorro-vivienda.
5. Deducciones fiscales que suponen un anticipo de 2.000 millones para 3,5 millones de contribuyentes.
6. Ventajas fiscales en adquisición de viviendas.
7. Líneas de financiación del ICO para pymes que supondrán en el próximo año 19.000 millones, resultantes de los 4.000 millones de la línea ICO-Pyme, más 10.000 millones de la nueva línea extraordinaria, más 5.000 millones de la moratoria para las empresas que estén amortizando un crédito ICO.
Fomento del empleo
1. Bonificación de 1.500 euros anuales en cotizaciones a empresas que contraten indefinidamente a parados con cargas familiares; y capitalización del 60% del desempleo para crear un negocio propio.
2. Nuevo fondo de inversión pública de 8.000 millones para los ayuntamientos y otros 3.000 de apoyo a sectores estratégicos.
Apoyo al sistema financiero
1. 250.000 millones de recursos comprometidos en el Fondo para la Adquisición de Activos Financieros (30.000 millones ampliable a 50.000) y avales del Estado (100.000 millones para 2008 y otros 100.000 millones para 2009).
Modernización de la economía
1. Reformas en el sector servicios, transporte, energía y telecomunicaciones a concretar en una mesa de trabajo específica que se constituirá en 15 días y en la que participarán los grupos políticos.
2. Próxima revisión del Pacto de Toledo, encargado de garantizar el futuro del sistema público de pensiones.
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