Derroche y amiguismo
La sutileza no ha sido precisamente el fuerte del Gobierno tripartito en lo que respecta a la elaboración de informes técnicos. Ni tres meses llevaba en activo el Ejecutivo de Pasqual Maragall cuando Miquel Sellar_s, secretario general de Comunicación del Ejecutivo, fue acusado por CiU de encargar un estudio sobre la línea editorial de los medios de comunicación públicos y privados catalanes.
«Sectarismo»
En ese informe se describía, asimismo, el perfil y la orientación política de algunos periodistas. El entonces «conseller en cap», Josep Bargalló, tuvo que dar explicaciones en el Parlamento catalán sobre ese gesto que los nacionalistas calificaron de «sectarismo».
No era la primera vez que un informe daba quebraderos de cabeza a Miquel Sellarés, quien previamente había ostentado el cargo de director general de Seguridad Ciudadana en el Gobierno de Jordi Pujol. En 1983 se le atribuyó el encargo de un programa para la formación y entrenamiento de una unidad policial de elite en Cataluña a una empresa británica especializada en el entrenamiento de fuerzas armadas de elite.
Sellarés salió del Gobierno en la reestructuración que Bargalló haría pocas semanas después en el área de comunicación de la Generalitat. El propio Bargalló protagonizó otra polémica relacionada con la elaboración de informes para la Generalitat. El Ejecutivo de Maragall encargó, a través del Instituto Catalán de la Mujer, un informe sobre política de género a Monserrat Palau Vergés, profesora de filología catalana de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, que costó 1.620 euros.
Palau es la mujer del entonces número dos de la Generalitat, Josep Bargalló, quien presionado por la polémica, hizo una encendida defensa de su compañera. «No cambiaré 25 años de matrimonio por lo que diga la oposición», exclamó el ex consejero republicano, que hoy dirige el Instituto Ramon Llull.
Este informe salió a la luz a raíz de la investigación efectuada por el hoy presidente del PP catalán, Daniel Sirera, quien ya entonces denunció la tendencia de la Generalitat a externalizar trabajos que podían ser perfectamente realizados por el personal que trabaja para la Administración autonómica.
«En ningún país democrático occidental, un miembro de un gobierno encarga un estudio a un familiar directo. Es legal, porque fue un organismo autónomo el que lo encargó, pero no es ético», manifestó Daniel Sirera.
Propaganda
En la inmensa mayoría de esos informes encargados por el Gobierno de Maragall se analizaba la propia gestión del Gobierno, se definían estrategias políticas, propuestas programáticas o líneas estratégicas. Pero algunos de esos estudios hacían referencia a cuestiones bastante sorprendentes, como por ejemplo al «Grado de hibridación entre la codorniz común y la codorniz japonesa». En dos años, 2004 y 2005, el Gobierno tripartito se gastó más de 62 millones de euros en esta clase de estudios, algunos de ellos puramente propagandísticos.
Otra de las personas que se vieron afectadas por esa denuncia del PP fue el ex presidente del Consejo Consultivo de la Generalitat Joaquín Tornos, actualmente uno de los beneficiarios de esa «trama clientelar» que critican los populares. Tornos, que ocupó ese cargo a propuesta del PSC, tuvo que dimitir en 2006 tras desvelarse que su despacho había realizado trabajos para cuatro departamentos del Gobierno entre 2004 y 2005.
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