JOAN Ridao, cabeza de lista en Barcelona para las elecciones legislativas por ERC, decía hace sólo unos semanas, en condición de portavoz de su partido en el Parlament: «La izquierda abertzale, en general, y ETA, en particular, han hecho mucho más por el proceso de paz que Zapatero». Toda una lindeza que resulta suficiente para reflejar la identidad ética de su autor. Ahora Ridao, ya en campaña, vuelve a la carga separatista y propugna un pacto con el PSOE para que Cataluña pueda avanzar hacia la independencia. Tratándose de nacionalistas, vascos o catalanes, no cabe la sorpresa. Han desbordado los límites de la razón histórica y roto las fronteras de la lealtad constitucional; pero, en este caso, lo chocante no es lo que propugna quien aspita a un escaño en el Congreso de los Diputados para horadar los pilares en el que éste se sustenta, sino la falta de respuesta de José Luis Rodríguez Zapatero.
Hemos llegado a una situación en la espiral secesionista de nuestros partidos nacionalistas en la que, más que su perversión, sorprende la torpe debilidad y la interesada complacencia del Gobierno de España. ¿Todo vale por un apoyo parlamentario? No creo que Ridao, por pájaro que resulte, se atreva a una proclama de esa naturaleza sin un previo tanteo con quienes, llegado el caso, tendrán que respaldar su iniciativa. José Montilla, institucionalmente, y Carme Chacón, equivalente electoral de Ridao, ya debieran haberle dado el non plus ultra a quien, con gran desparpajo y con cargo al Presupuesto, utiliza las leyes del Estado para tratar de dinamitarlo.
Los nacionalismos -tan anacrónicos, tan perturbadores-, sea cual fuere su modalidad, se sostienen en el fraude, en el engaño. Hoy está previsto que el PNV, junto con EA e IU, se manifieste en Bilbao -¡con el lehendakari Juan José Ibarretxe a la cabeza!- para protestar contra la sentencia del Tribunal Supremo que ha condenado a quien fue presidente del Parlamento de Vitoria, Juan José Atutxa. Nunca un Estado había llegado tan lejos en el disparate y, otra vez más, no se sabe si debe sorprendernos más la iniciativa del Gobierno del País Vasco, con un presidente pendiente de una sentencia de su correspondiente Tribunal Superior de Justicia, o la tolerancia del Gobierno de Zapatero. En todo caso, el fraude está presente.
La manifestación llevará un lema -«En defensa de las instituciones»- que enmascara su verdadera naturaleza. Es, precisamente, un desacato a las instituciones, una ruptura con los supuestos básicos del Estado de Derecho y, para que no falte de nada en una Nación que vive con los poderes del Estado amontonados y promiscuos, el choque del Legislativo y el Ejecutivo de una de sus porciones contra el Judicial del propio Estado. ¿Sólo la costumbre mantiene en pie, enderezada, la realidad española?
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