Durante los últimos quince años, en el periodo 1991-2005, cada madrileño aportó a la administración central, a través de sus impuestos, una media de 7.826 euros, mientras recibía del Estado 5.524 euros, lo que arroja un saldo negativo de 2.302 euros. De este modo, los madrileños se convierten en los ciudadanos más solidarios con el resto de regiones españolas, y su saldo deficitario con la Administración central más que duplica a la segunda comunidad de la lista, Cataluña, cuyos ciudadanos han aportado al Estado en este periodo una media de 1.094 euros más de los que han recibido.
Esta es una de las conclusiones que se deriva de un estudio de la Fundación BBVA sobre las balanzas fiscales de las comunidades autónomas con la Administración central, en el periodo 1991-2005, y que se presentó ayer en Madrid.
Según este informe, elaborado por los profesores Ezequiel Uriel, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, y Ramón Barberán, profesor titular de Economía Pública de la Universidad de Zaragoza, junto a Madrid y Cataluña, hay otras dos regiones, Baleares y la Comunidad Valenciana, que son deficitarias en sus relaciones con el Estado en este periodo.
Sin embargo, tomando sólo el último año del estudio, 2005, hay otras autonomías que ya se incorporan a la lista de comunidades que tienen una balanza fiscal negativa, como es el caso de La Rioja y Murcia.
En el resto de autonomías el gasto de las administraciones públicas centrales (Estado y Seguridad Social) supera a lo que aportan a través de impuestos. Ceuta y Melilla son las ciudades autónomas más beneficiadas en su relación con el Estado, con un saldo positivo por ciudadano de 3.394 euros, en el caso de Melilla, y 2.970 en el de Ceuta.
Con saldos superiores a los 2.000 euros por persona se sitúan también Extremadura y Asturias, ambas comunidades muy subvencionadas.
Pero lo más llamativo de este informe es la comparación entre la riqueza de las comunidades y su aportación a la solidaridad regional.
Más ricas, ¿más solidarias?
En este sentido, según explicaron los autores del estudio, lo que cabría esperar es que las regiones más ricas fueran también las que más aportaran al Estado para que éste distribuyera estos recursos entre las más pobres. Pero no siempre es así.
El ranking de PIB per cápita del periodo 1991-2005 sitúa a Madrid como la comunidad más rica, y también como la más solidaria. Pero no ocurre lo mismo con Navarra y País Vasco, que ocupan el segundo y tercer puesto respectivamente en lo que a riqueza se refiere y, sin embargo, no sólo no aportan a la solidaridad regional, sino que incluso reciben del Estado más de lo que aportan. Los regímenes forales de los que disfrutan ambas comunidades explican estas «anomalías», que han creado muchos recelos en otras comunidades autónomas, especialmente en Cataluña, donde sus ciudadanos, aún siendo menos ricos que navarros y vascos, tienen que contribuir más a la solidaridad con otras regiones.
En el extremo opuesto hay regiones que sin ser tan ricas, como la Comunidad Valenciana, con una renta per cápita inferior a la media española, son ya contribuyentes netos.
El profesor Francisco Pérez, que participó en el acto de presentación del estudio de la Fundación BBVA, aseguró que estos datos permiten observar tendencias a largo plazo, que muestran que los signos de las balanzas fiscales cambian poco a lo largo del tiempo, lo que puede interpretarse como que son independientes de la combinación de gobiernos, central y autonómico, que se produzca.
Francisco Pérez recordó que hay regiones, que calificó como «asistidas», como es el caso de Extremadura y Asturias, en las que el gasto público total, incluido el de todas las Administraciones, supera el 60% del PIB, frente a una media nacional del 40%. En el extremo opuesto hay otras comunidadades, como son las del Arco Mediterráneo, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia e incluso Cataluña, que junto con Madrid, tienen un peso del sector público mucho más reducido.
Los autores del estudio defendieron que los flujos de solidaridad que se han producido en los últimos años van en la dirección adecuada, de las regiones más ricas a las más pobres, pero reconocieron que hay singularidades que provocan descontento. No obstante, «los sentimientos de agravio más aireados no responden a una base objetiva», apuntó el profesor Pérez, que más tarde negó que con esta afirmación se estuviera refiriendo a las reinvidicaciones catalanas.
Gasto en Madrid y Cataluña
Aunque el profesor no se refirió a los nacionalistas catalanes cuando hablaba de los que «airean agravios», lo cierto es que uno de los argumentos que más se ha reiterado desde Cataluña a la hora de defender su Estatuto y pedir un trato privilegiado en las inversiones estatales, es que esta comunidad ha recibido muy pocos recursos de la Administración central en los últimos años. Sin embargo, las balanzas fiscales hechas públicas ayer ponen de manifiesto que al menos durante los últimos diez años el Estado central ha destinado más recursos a Cataluña que a Madrid.
Según este estudio es cierto que entre 1991 y 1996, con presupuestos aprobados por Gobiernos socialistas, los madrileños recibieron prestaciones e inversiones por parte del Estado por valor superior a las que se destinaron a los catalanes. A partir de 1997, sin embargo, el gasto del Estado per cápita en Cataluña ha superado año tras año, hasta 2005, último del estudio, al que se ha realizado en Madrid. Durante todos los presupuestos elaborados por los gobiernos del PP, por tanto las Administraciones centrales destinaron más a Cataluña que a Madrid en términos per cápita.
Las aportaciones de los ciudadanos madrileños a las arcas públicas estatales han sido durante los últimos quince años superiores a las realizadas por los ciudadanos catalanes, y la balanza fiscal de los primeros, por tanto, es mucho más deficitaria que la de los segundos. De hecho, la aportación a la solidaridad de los madrileños ha pasado de 1.685 euros en 1991 a 3.561 en 2005, lo que supone un incremento del 111%. En el caso de los catalanes, el déficit por persona ha pasado en el periodo de 974 euros a 1.604, con un incremento efectivo del 64,68%. Ante estas cifras, por tanto, el victimismo estaría más justificado si las reclamaciones vinieran de Madrid.
Método carga-beneficio
Uno de los autores del informe, el profesor Ramón Barberán, explicó que la metodología que se ha utilizado es la de carga- beneficio. Así, por ejemplo el pago del IVA no se computa en el territorio donde está domiciliada la empresa que finalmente hace el pago, sino en el del ciudadano que compra el producto o servicio y, por tanto, soporta la carga del impuesto. Del mismo modo, los gastos del Estado en instituciones como el Tribunal Constitucional, o en defensa, seguridad ciudadana, etc. no se imputan a Madrid, porque esté ahí la sede ministerial, sino que se distribuyen entre todo el territorio español.
Últimos comentarios