Cuando se adquiere un compromiso político y éste ha desarrollarse en el tiempo dentro de algún territorio, exige el mismo a las partes obligadas –que pueden serlo por varios y distintos motivos- una enorme amplitud de miras, una decencia intelectual inmaculada y una audacia política sin límites. Todo esto, precisamente, es lo que veo al leer el llamado Manifiesto de Vallbona, firmado el 29 de mayo de 2004 en Vallbona de las Monjas (Lérida) por personas de la más diversa procedencia, transcribiendo en él una serie de propuestas, hechas alrededor de la construcción de un canal para el siglo XXI: el que afecta a dos comarcas de allí, la Segarra y las Garrigas. Contaba la semana pasada Jaume Sellés, Secretario de CCOO de Terres de Lleida, que como no hacían mucho ruido ni protagonizaban actuaciones espectaculares les costaba mucho salir en los medios a los autores de dicha propuesta. Sin embargo, se conjuraron “para durar y para intentar influir en el ámbito político y social desde la responsabilidad, el rigor y la moderación de nuestros planteamientos, pero también con la voluntad del resistente y del que se siente poseedor de una verdad razonada y razonable para compartir y discutir con quien fuera conveniente o quisiera hacerlo”. Y a fe que lo han hecho.
Como bien decía este honesto sindicalista el 19 julio de 2007 en El Periódico de Cataluña,
en Lleida, en Catalunya e incluso en España hay pocas instancias de poder que no hayan oído hablar de nosotros o que no hayan hablado con nosotros. Dicho claramente, somos tozudos, pero no más que la realidad que cada vez hace más evidente la necesidad de un golpe de timón en el rumbo económico y social de nuestro país. Dado que cada día que pasa es más notoria la conveniencia de equilibrar el país demográfica, económica y socialmente. Dado que cada vez se ponen más de relieve los inconvenientes que supone vivir en un país que concentra en su franja costera y áreas circundantes el 80% de la población. Dado que cada vez cuesta más fijar en el territorio poblaciones que se sienten abandonadas a la suerte de la cultura del agravio y de la queja, era obvio que los planteamientos del Manifest de Vallbona no disminuirían, sino que crecerían, como así ha sido. Y por ello, ahora y aquí, puedo explicarles que, con el apoyo de la fundación Territori i Paisatge de Caixa Catalunya hemos publicado un opúsculo que quiere reunir una serie de propuestas para construir un país equilibrado. Eso sí, desde la perspectiva del poniente catalán que, en cierta forma, ejemplifica la asignatura pendiente del desarrollo armónico que el país precisa. Y, ¿en qué consiste?, dirán. Muy sencillo. En la necesidad de hablar abierta y lealmente del agua.
Observo el problema muy similar al que deriva del abierto enfrentamiento entre Castilla-La Mancha y Murcia sobre ese asunto coetáneo, el del agua. Traslademos sólo la zona, pero no los argumentos de Sellés. Es decir, y por supuesto, del agua realmente existente; del agua necesaria para el desarrollo económico y social del far west (castellano-manchego), y del agua que se precisa para calmar la sed de las tierras murcianas y valencianas. Del agua que no se usa adecuadamente en uno y otro sitio y de las actuaciones que hay que llevar a cabo para solventarlo. Del agua, que al fin y al cabo debe salir mayoritariamente de ese gran manjar inutilizado en Castilla-La Mancha, el agua del Alto Tajo y del Júcar, y de los caudales que deben mantenerlos vivos desde la respectiva cabeceras hasta su desembocadura en el Mediterráneo. De igual modo, los castellano-manchegos también estamos en disposición de demandar un proyecto justo a nuestro Estado, esencialmente porque queremos, porque lo necesitamos y porque nos obliga a ello la directiva comunitaria del agua.
En dicho proyecto han de estar todas las partes implicadas, es decir, las tres Comunidades autónomas afectadas, y, puestas las miras en el futuro más sostenible, la única condición de partida para ese Manifiesto Multicomunitario de Cuenca para el uso Integral de las Aguas del Tajo y del Júcar, que propongo aquí y ahora, es la realización de un debate en el que ninguna de las partes quiera hacerse “el listo”. Igual que se hizo en Lleida, es necesaria la generosidad del empresario, que no debe pretender acumular hasta el último euro; la del político, que no debe querer disputar hasta el último voto, y hasta incluso la de ecologistas u ornitólogo, que no debe buscar la salvación de la última pluma. El compromiso por Cuenca, en definitiva el compromiso por Valencia, Murcia y Castilla-La Mancha, nos exige amplitud de miras, decencia intelectual y audacia política, como decía al comienzo. Una audacia que es necesaria para reconocer en un país saturado de debates identitarios, y siempre desde la base de que esta agua de la que hablamos es de soberanía estatal, a través de las Confederaciones Hidrográficas concernidas (Tajo, Júcar y Segura), y de titularidad compartida entre las tres Comunidad autónomas, y que tiene heridas abiertas alrededor de los nunca bien tratados trasvases de los ríos salientes castellano-manchegos. Contusiones y erosiones que hay que cerrar y es posible hacerlo con la participación, la colaboración y el acuerdo de todos. Aunque parezca una verdad de cajón, políticamente todavía nadie ha planteado con seriedad un corte público transversal y multidisciplinario nada al respecto.
Juan Andrés Buedo
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