El grupo político Independientes por Cuenca (IxC) reclamó hoy más atención a los derechos e intereses de la provincia de Cuenca en el texto del nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.
En un comunicado que han recibido nuestros aires –y que suponemos que El Día y cía no publicará, para mal de la ciudadanía y afelio anticonquense por parte de sus dueños, que algún día recibirán lo que se merecen-, IxC critica no haber sido convocado para expresar sus opiniones y planteamientos al texto. El partido IxC reclama un reconocimiento de la deuda histórica de Cuenca, que ha impedido su desarrollo en los ámbitos económico y social, en el texto. Los hechos avalan plenamente esta demanda.
Además, opina que la provincia debe recibir 'las compensaciones que en justicia le corresponden como provincia del trasvase', tanto del Tajo-Segura como del Tajo-La Mancha; y ostentar la condición de provincia desfavorecida en el conjunto regional a efectos de programas de inversión y financiación compensatorios.
Finalmente, Independientes por Cuenca, que llevarán sus demandas a los legisladores nacionales, cree que Castilla-La Mancha debe incorporar a su Estatuto el principio de descentralización administrativa intracomunitaria como principio inspirador de una inexcusable política de equilibrio y justicia territorial.
Desde aquí, y como profesor especializado en la materia, tengo que decir que se ha de reformar lo necesario. Sin duda, el Estatuto de autonomía ha servido y sirve como Norma marco de autogobierno, lo que no impide que pueda –y el proyecto acordado por PSOE y PP lo logra- mejorarse y perfeccionarse, en especial en todo aquello que favorezca el autogobierno de los castellano-manchegos, colaborando asimismo en la solución de los problemas observados durante la vigencia de esta ley.
Comparto, eso sí, y así lo subrayo, la necesidad de abrir todos los canales a la denominada “segunda descentralización”, impulsada desde el Estado hace unos años con la celebración del Pacto Local, que, hasta ahora, ni los gobiernos de Bono ni el último de Barreda han sabido ni querido llevar a cabo. Por esto la incorporación que demanda IxC de una “descentralización administrativa intracomunitaria” es muy conveniente y atinada. A partir de ésta, la Comunidad autónoma –la gobierne el partido que sea- ha de iniciar un proceso de traspasos de competencias a favor de los municipios, pero sin desbordar la euforia de estos, como expliqué en mi libro “Cuenca en la encrucijada. Repercusiones de la ampliación de la UE”, cuyo download puede bajarse de este mismo blog.
Puede verse ahí que todo cuanto acerque el ejercicio del poder y la gestión de los servicios públicos al ciudadano debe ser celebrado, pero sin olvidar nunca que esta idea tiene que estar siempre muy madura y aplicarse con equilibrio y sin precipitación. Esto significa, como han explicado detenidamente bastantes colegas de la Ciencia Administrativa y del Derecho Público, que siempre hay que tener muy presente la distinta naturaleza de la autonomía local respecto de la autonómica, algo que no puede obviarse en ningún instante, para evitar que determinados municipios pretendan llegar a ser una especie de “pseudo-Comunidades” autónomas.
En el régimen político que, por fortuna, disfrutamos hoy en España, los problemas no suelen estar en la Constitución: el problema es de nuestro coraje, es de la decisión de nuestros representantes políticos para afrontar los problemas de la racionalización de la Administración local en cada una de nuestra Comunidades. Miquel Roca, uno de los padres de nuestra Carta Magna, lo explicó muy bien a la Comisión de Parlamento Andaluz encargada de la revisión de su Estatuto: “Podemos, Constitución en mano, alterar los límites provinciales y cambiar la denominación de la organización representativa; podemos, aquello que se dice, entre comillas, cargarnos las Diputaciones, con tal de que esta provincia, que tendrá el nombre que le quiera dar cada Comunidad Autónoma, tenga un organismo representativo, que tendrá el nombre que le podamos dar. Nada impide en Cataluña —fíjense, que es lo que está pasando más pacíficamente— que constituyamos seis, siete delimitaciones, a las que llamaríamos veguerías, que van a sustituir, de hecho, a las provincias. Tengo que modificar la Constitución, tengo que plantear una ley en el Parlamento español y ya está”. Esto es, en términos estrictos, una organización administrativa descentralizada de carácter intracomunitario, lo que pide IxC, y avalan numerosos tratados de ordenación territorial eficaz. Entonces, ¿por qué no va a poder Castilla-La Mancha hacer lo mismo?
Pienso, del mismo modo, igual que el ex ministro Clavero Arévalo en esta materia. Y me explico. Creo que hay que darle más facultad de autoorganización a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la organización de sus servicios periféricos. Y mi punto de vista en esto, sin, por supuesto, abandonar la posibilidad de comarcas (“sólidas y compactas”) para un momento posterior, inicialmente debería desconcentrarse al máximo las competencias periféricas de los órganos de la Junta en las provincias. Es decir, mucho de lo que todavía se decide por los órganos centrales de Castilla-La Mancha se debería resolver en las provincias, con lo cual, se le daría al ciudadano mayor sensación de cercanía del poder. Que no tuvieran que ir a Toledo para resolver muchas cuestiones que podrían resolverse en Cuenca, en Guadalajara, en Albacete o en Ciudad Real, en cualquiera de las provincias castellano-manchegas. ¿Cómo se hace esto? Quitándole vena política a las Delegaciones de la Junta, es decir, “tecnificándolas” e imponiendo una mejor gestión administrativa de responsabilidad directual.
Al final, el Alcalde y los Ayuntamientos se convierten en la primera barrera en donde estalla el mar, que decía Clavero. Y por esto, sean o no competencias del Ayuntamiento, los vecinos no distinguen si la competencia es del Estado, de la Junta de Comunidades o del Ayuntamiento.
Expresado lo anterior, a mi solo me cabe pedir responsabilidad a nuestros políticos, para que no incurran en criterios malversadores, como los que denunció León Buil, respecto a la carrera emprendida por las Comunidades Autónomas que tienen problemas con la disponibilidad de agua para asegurarse unas dotaciones suficientes. Lo cual está llevando a los proyectos de estatutos unos preceptos que, como evidenció el propio Buil, no solo son inconstitucionales al interferir en las competencias estatales, sino que resultan distorsionantes para alcanzar un tratamiento de conjunto del problema y una gestión eficaz de los recursos hídricos, al tiempo que levanta recelos entre los distintos territorios.
Así, esto ha ocurrido con el Estatuto valenciano al reclamar unos hipotéticos derechos sobre caudales sobrantes en otras cuencas, o la competencia atribuida a Cataluña para intervenir con carácter imperativo en la fijación de caudales en el delta del Ebro o en cualquier tipo de trasvase que pueda afectarle, o la reclamación de Andalucía para obtener las competencias sobre el Guadalquivir aunque la cuenca comprende territorios de Extremadura, Castilla- La Mancha y Murcia.
Superada, por tanto, la fase más agria y turbulenta en el debate del Estatuto catalán y en plena efervescencia reformadora de los restantes estatutos de autonomía, resulta necesario introducir en el proceso criterios de racionalidad política y económica, porque el éxito de la descentralización deducido de nuestra Constitución no está en función directa de la amplitud de competencias asumidas, sino de gestionar con eficacia las que se ostentan con carácter exclusivo y aplicar con rigor para las compartidas con el Estado el principio de cooperación. Esto es lo que viene repitiendo el ministro Jordi Sevilla desde hace meses, porque el actual proceso de ampliación de las competencias atribuidas a las Comunidades Autónomas solo puede entenderse como beneficioso si, además de preservar los poderes del Estado para que pueda llevar a cabo sus funciones con firmeza y provecho general, responde a un bien entendido reparto de competencias en función de la aptitud de los distintos niveles políticos y administrativos.
Juan Andrés Buedo
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