Este artículo constituye un apoyo documental a la importante propuesta que se ha publicado en La Vanguardia de Cuenca hoy mismo. Si así lo estimamos es porque la brevedad de esa iniciativa –el Libro Blanco de Modernización del Ayuntamiento de Cuenca- deja muchos aspectos sin resolver, en especial para el lector neófito en la materia. Especialmente, queda demasiado escueta la cita del profesor Rafael Jiménez Asensio, motivo que nos lleva ahora a dejar constancia de su trabajo “Política y Administración en la reforma del gobierno local”, artículo editado en el Anuario de Gobierno Local de 2003 (Marcial Pons, Madrid, 2004). Desde éste podemos observar mejor como la Ley 57/2003, de medidas para la modernización del gobierno local, introdujo una serie de reformas institucionales de primera importancia en el ámbito de las relaciones entre política y administración en determinados municipios.
En cualquier caso, como destaca Rafael Jiménez, hablar de las relaciones entre política y administración en la esfera local requiere preguntarse, como prius, en torno a la forma de gobierno; pues en buena medida, tal como se ve en el citado trabajo, esa forma de gobierno representa un marco en el cual se desarrolla el gobierno local y en el que se proyectan esas complejas relaciones entre el espacio político y el espacio administrativo. Dicho de otra manera, “los grandes problemas de deslinde entre política y administración se sitúan en aquello que se conoce como alta administración, o lo que más gráficamente se puede calificar como zona de confluencia en la que concurren quienes hacen política (esto es, los “electos” locales) con quienes se limitan a administrar (los “burócratas”); aunque esta dicotomía entre política y administración no deja de ser un debate un tanto desfasado no es menos cierto que como forma de comprender el problema que nos ocupa sigue siendo una distinción enormemente útil”.
Así, depende de cómo se resuelva esa confluencia se podrá hablar de racionalidad o de irracionalidad del modelo implantado. Introducidos en éste, y conscientes de muchas de las aportaciones que varias ponencias desarrollaron durante las VII Jornadas sobre Tecnologías de la Información para la Modernización de las Administraciones Públicas, que tuvieron lugar en La Coruña entre los días 15 y 18 de octubre de 2002, esa modernización pasa siempre por la incidencia que posee en todo momento, en cualquier lugar y en muchos aspectos la nueva dimensión social y tecnológica de ámbito global en la que, lo que se ha dado en llamar la Sociedad de la Información y del Conocimiento, constituye el motor dinamizador de un nuevo modelo, de una nueva cultura, de una nueva concepción de todos los órdenes de nuestra vida. La potencialidad de este nuevo marco en el que nos desenvolvemos es casi ilimitada y el papel que las Administraciones Públicas deben jugar en todo este proceso es clave en tanto que, en el nuevo entorno socioeconómico, tienen la tarea irrenunciable de constituir un verdadero instrumento de modernización y consolidación de este nuevo proceso y su metodología, y además tienen la responsabilidad de adoptar las políticas que han de posibilitar que la sociedad civil se incorpore ágil y rápidamente a la nueva era. El presente y futuro de la Administración pasa, necesariamente, por adaptarse a los nuevos tiempos y transformarse en una Administración abierta, eficiente, transparente, más cercana al ciudadano y con menores costes, para lo que tiene que valerse de un uso intensivo y racional de las nuevas Tecnologías como herramienta clave en el proceso de modernización de los servicios públicos que presta a los ciudadanos. Ese esfuerzo que las Administraciones Públicas en general están realizando para incorporarse a las Nuevas Tecnologías de la Información no podía permanecer ajeno a las necesidades de la Administración Local, una Administración a la que, por su inmediación, la sociedad demanda cada vez servicios más ágiles y flexibles, y para los que precisa de una organización dotada de instalaciones, sistemas e instrumentos tecnológicos que pueda dar cobertura a esas demandas.
El citado Libro Blanco no puede olvidar la necesidad de implantar un Programa para la Implantación General de la “Administración Digital” del Ayuntamiento de Cuenca. Desde esa nueva pirámide apta para solidifica la nueva estructura demandada, debe abarcar ésta una transformación operativa –como, por ejemplo, posee el Ayuntamiento de Ávila- encargada de reformar y adaptar a las demandas de nuestros días unas dimensiones de liderazgo, de procesos y de personas que abran camino a nuevas áreas de actuación desparecidas en Cuenca, a consecuencia del “paisaneo” de pobreza y el personalismo cutre de Cenzano y sus ineficaces y poco versados miembros de su actual equipo. De esta forma podrá realizarse esa imprescindible mejora que permita un incremento de la oferta de servicios integrados, rápidos y descentralizados a los ciudadanos de esta ciudad.
No vamos a hacer ahora una diagnosis de la Ley 57/2003, aunque sí que creemos que, partiendo de muchos de sus puntos, debería procederse a realizar una Encuesta Evaluativa de los servicios municipales conquenses. Así, contamos ya con algunos trabajos en otras capitales de provincia, a partir de las cuales se constatan bastantes innovaciones, en las que se contienen contrastes efectivos en la práctica, y hasta poseemos asimismo comentarios muy pertinentes sobre su sentido o finalidad por parte de una doctrina creciente. No obstante, la propuesta que ahora hacemos se asienta en el “análisis en frío” de Rafael Jiménez, con la salvedad de algunas de las tesis que se han visto corregidas con el tiempo e, inclusive, han sufrido alteraciones importantes como consecuencia del debate generado tras abrirse los primeros pasos de aplicación de esta Ley.
Aires de La Parra
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