Traemos hoy a esta bitácora, desde la incitación explicada en nuestra vanguardia, el tema de la vivienda en los jóvenes y la implicación de estos en la política. En este sentido, sin restar un ápice el mérito de la encuesta aludida en el artículo publicado en ese blog, sí debemos ahora –movidos a su vez por The IPTS Report- subrayar que, como demuestran diversos estudios y campañas realizados en los estados miembros de la Unión Europea, las opiniones de los jóvenes sobre la política son ambiguas y difieren de las de los adultos en muchos sentidos. Ello se debe, sobre todo, a su diferente posición en la vida y, en especial, a que la vida de la mayoría de las personas cambia considerablemente entre los 15 y los 24 años (efecto de edad), pero también al cambio de valores de una generación a otra (efecto de cohorte).
Los estudios realizados en varios estados miembros de la UE demuestran que las opiniones de los jóvenes sobre la política difieren de las de los adultos en muchos sentidos
Aunque los más jóvenes suelen decir que encuentran la política aburrida e irrelevante, sin embargo tienen opiniones sobre temas tales como la clonación, la inmigración o la pena de muerte.
En general, las actitudes de los jóvenes apuntan hacia un mayor individualismo, una menor disposición a unirse a las instituciones democráticas tradicionales y una mayor propensión a adoptar las nuevas tecnologías, que cualquier otro grupo demográfico. Mientras que los jóvenes manifiestan que encuentran la política aburrida e irrelevante para sus vidas, están preocupados por otros intereses, carecen de fe o confianza en los políticos y tienen opiniones y les interesan temas tales como la clonación, la inmigración, la pena de muerte, (JRF, 2000), la vivienda (encuesta «La vivienda social para jóvenes» de 2006 elaborada por 29Q para el Foro Civitas Nova en colaboración con el Grupo Editor de La Tribuna), etc.
Según este último estudio, la mitad de los jóvenes acusan al Gobierno Central de ser el responsable del aumento del precio de la vivienda, seguido de los promotores, los constructores y los Ayuntamientos. El llamado «dinero negro» y «los políticos en general» también acaparan buena parte de las críticas de los encuestados.
Ésta es la percepción del mercado inmobiliario para buena parte de los menores de 35 años, que en más de un 50% de los casos afirma que el valor de vivienda en la región ha crecido más que en el resto del país.
Entre las posibles soluciones a adoptar, la primera idea que pasa por la mente de los jóvenes castellano-manchegos es la de que la Administración baje el precio de las viviendas.
La construcción de más viviendas públicas y el aumento de las subvenciones son otras de las propuestas lanzadas por los encuestados. En este sentido, el resultado de este muestreo presenta una percepción favorable de las promociones protegidas.
De este modo, los jóvenes perciben las promociones públicas como «viviendas asequibles» y «con buena relación calidad-precio».
En contrapartida, un 30% de los encuestados considera que el acceso a este tipo de viviendas «es una lotería».
Asimismo, en torno a un 12% de los entrevistados afirma que las viviendas públicas son «de mala calidad» y «para pobres».
El aumento de los salarios y la estabilización del empleo son otras de las soluciones, menos viables, para solucionar el problema del acceso a la vivienda.
Otras propuestas, más minoritarias, abogan por controlar el precio de las promociones privadas, bajar las hipotecas o liberalizar el suelo.
La preocupación por el elevado coste de la vivienda lleva a parte de los jóvenes a exigir un mayor control administrativo sobre las propiedades. Así, en torno a un 20% de los encuestados opina que habría que obligar a alquilar las viviendas vacías.
En esta misma línea de control se posiciona otro 20% de los menores de 35 años, que cree que los propietarios de viviendas vacías deberían pagar más impuestos por sus inmuebles.
Asimismo, entre un 7 y un 9% de los entrevistados afirman que se tendría que vender las viviendas no ocupadas.
Principales datos de la Encuesta de 29Q-FCV/La Tribuna
Más caros. El 28,9% de los jóvenes piensa que los precios que operan en su municipio son más caros que los precios medios de España. Por el contrario, los que opinan que son más baratos ascienden al 17,2%.
No poder pagar. El 93% de los encuestados interpreta negativamente que suban los precios, en una ligera mayor proporción porque piensan que no la puede pagar.
Orientación del voto. El 57% de los encuestados orientaría su voto, total o muy significativamente, en función de la existencia de políticas favorables a la construcción de viviendas con algún tipo de protección. Sólo el 40% sería indiferente a una medida de tal naturaleza.
Responsabilidad. La población joven excluye casi totalmente a la comunidad autónoma de la responsabilidad sobre la situación de la vivienda, pues sólo el 7,7% de los encuestados le atribuye competencias y deberes en este campo. Las culpas se atribuyen, jerarquizando de mayor a menor responsabilidad, a la Administración central (55,2%), los promotores/constructores (40,1%), los Ayuntamientos (25,1%), los propietarios del suelo (15,1%) y el dinero negro.
Intervencionismo. Hay una clara convicción en favor de la economía liberal, de modo que las políticas intervencionistas sobre la utilización del parque de viviendas desocupadas no despierta demasiado interés. El 46,5% de los encuestados se muestra dispuesto a que se adopten distintas medidas coercitivas graduales para evitar la existencia de viviendas vacías, mientras que el 52,6% se muestra contrario a las mismas.
Buenas viviendas. La población identifica las viviendas protegidas en mucha mayor medida con atributos favorables (viviendas asequibles o con buena relación calidad-precio). Tan sólo un 3,7% opina que son de mala calidad, para pobres (2,7%) o para enchufados (5,8%).
Lotería. Sin embargo, dado que el volumen de viviendas de protección oficial parece insuficiente para el volumen de vivienda, un 37,1% de los encuestados opina que adquirir una vivienda de protección es una lotería.
Inmigrantes. No hay resistencia a otorgar a los inmigrantes legalizados el mismo derecho a una vivienda de protección que los españoles. Un 82,1% piensa que ambos tienen el mismo derecho.
Entre esta opinión despunta, como ve el mismo diario –aunque ahí sí que nuestros aires se sienten forzados a introducir varias explicaciones y distintos matices-, el detalle de la política favorable a la construcción de viviendas. No obstante, desde nuestra perspectiva, divisamos ahí que los jóvenes castellano-manchegos no se retiran del “cuadro de factores de éxito” que ayudan a implicar a los jóvenes europeos en la política, y que es el siguiente (elaborado por la Joseph Rowntree Foundation, JRF, 2000): 1. Requisitos generales 2. Requisitos relacionados 3. Requisitos relacionados a) Adecuación al grupo objetivo b) Acceso igual para todos c) Ofrecer nuevas oportunidades y vías para entrar en el proceso político d) Tener en cuenta el desarrollo individual a) Accesibilidad de los temas b) Observar los valores fundamentales a) Accesibilidad de los políticos b) Participación activa c) Gran proximidad en el tiempo
con el tema
con el proceso
¿Qué queremos decir con este conjunto de puntualizaciones? Ahora mismo nos referimos a la conveniencia que estos datos sean revisados, analizados y puestos en potestad programática directa y preferente de los partidos políticos concurrentes a las elecciones de 2007. No pueden pasar por alto estos las variables y los factores que posee el “comportamiento electoral de los jóvenes”. A nuestro entender constituye la participación política juvenil una fuerte baza a jugar por las distintas opciones electorales, que, por lo mismo, tampoco han de pasar por alto la llamada “cultura política juvenil”. Al respecto el profesor Julián Santamaría publicó en 2005 un estudio sobre el voto juvenil muy preciso y aclarativo.
En relación con él, observamos que el tema de la vivienda es utilizado políticamente como arma arrojadiza entre los distintos grupos políticos. Las distintas administraciones transigen ,a su conveniencia, con excesivas irregularidades urbanísticas (parcelaciones ilegales, ventas especulativas de viviendas de VPO, etc.) siempre y cuando los afectados resulten útiles a los propósitos de la administración de turno, ya sea financiando proyectos de embellecimiento de una ciudad, abonando cuantiosas multas que aumenten las arcas de las administraciones o asegurando o prolongado el control de parcelas de poder político mediante el aseguramiento de determinados votos.
La ausencia de una política de vivienda social se hace muy patente cuando percibimos la realidad urbanística de nuestras ciudades, donde destaca:
- La desmejora y la ausencia de mantenimiento adecuado que sufren las viviendas sociales de las dos administraciones propietarias de las mismas (Junta de Comunidades y Subdelegaciones del Gobierno).
- Imperfecto baremo, publicidad limitada en los procedimientos de adjudicación de las viviendas sociales existentes en nuestras ciudades. Entre una normativa que potencia situaciones de vacío legal y de promoción incompleta.
- Ausencia de seguimientos y apoyos sociales adecuados de los adjudicatarios de las viviendas sociales. La vivienda de integración social ha de ser gestionada por empresas públicas sólidas y con subcontratas muy medidas, que no obstaculicen cualquier seguimiento de índole social. Y específicamente den cumplimiento a las peticiones de nuestros jóvenes.
Aires de La Parra
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