Si les dejan votar yo no daré mi voto a ningún partido. Que se lo piensen...Ah y si son iguales para votar que sean iguales para pagar impuestos, que no se les ayude con vivienda, guarderías, sanidad...¿quieren sólo los derechos y no quieren deberes?... ASCO de POLÍTICOS
"Ningún partido se opone". No busquéis donde nada tenéis que buscar.
La tierra es para el que la trabaja. Igual que yo no soy madrileño y sí español, ¿por qué no voy a votar en donde vivo y no de dónde soy?
Os recuerdo que yo, con un trabajo realizado en Inglaterra he cobrado el paro aquí en España. A eso se le llama globalización y mercado europeo (con sus cosas malas por supuesto).
No veáis fantasmas donde no los hay.
Inmigrante con papeles, es un inmigrante que trabaja, que paga impuestos y que tiene todo el derecho del mundo a decidir si las farolas que alumbran su calle no le gustan o sí.
Y ningún partido se opone, repito....... Sí, sí, incluso el partido que todos estamos pensando le interesan que los inmigrantes voten. Por algo será......
Las dos posiciones anteriores recogen las actitudes disímiles y encontradas que han producido entre los ciudadanos españoles la intención del Gobierno de que los dos millones de inmigrantes no comunitarios –con permiso de residencia en España, o sea, “con papeles”- voten en las municipales de 2007. Esto es todavía un objetivo o designio que el Gobierno ha puesto en marcha a través de los convenios internacionales necesarios para dicho menester. De hecho, los grupos parlamentarios del PSOE y de ICV en el Congreso han pactado una proposición no de ley en esta dirección, que tenían previsto registrar hoy.
La idea básica de esta norma es que el 1.958.091 de extranjeros que pagan sus impuestos en España -según datos de junio- no se vean privados del derecho de votar por la falta de convenios de reciprocidad.
El portavoz del grupo de IU-ICV, Joan Herrera, ha apuntado que la iniciativa podría aprobarse "en este período de sesiones", y ha urgido al Gobierno a aplicarla con rapidez Según Herrera, se trata de que el Gobierno proceda "a la negociación y firma de acuerdos o convenios con los países con mayor número de nacionales residentes legales en España y, especialmente, con aquellos con los que ésta tiene relaciones históricas, políticas y culturales más estrechas para que dichos nacionales puedan votar y ser elegidos en las elecciones municipales". Para ello, España debería ratificar los convenios ya suscritos con países como Argentina, Venezuela, Chile, Uruguay y Colombia, y firmar otros para reconocer el derecho de sufragio en las municipales con estados como Marruecos o Ecuador.
Asimismo, la proposición no de ley pide un informe del Consejo de Estado sobre la aplicación del artículo 13.2 de la Constitución que, según Herrera, impide a los inmigrantes legales en España votar en las municipales en caso de que un español no pueda ejercer su derecho al voto en el país de origen de éstos.
El texto se completa con la solicitud al Gobierno de que firme el convenio europeo sobre participación de los extranjeros en la vida pública local. Ningún grupo se opone a este texto que, de confirmarse, reservaría a los inmigrantes un papel fundamental en las municipales. El dirigente de ICV ha criticado que "los inmigrantes sirvan para pagar impuestos, pero no para votar", y ha subrayado que la propuesta pretende corregir esta situación y hacer que la democracia en España sea plena "y no amputada". Hasta ahora, ha añadido, "se reconocía a los inmigrantes como trabajadores, pero no como ciudadanos", y ha remarcado que "hay tiempo" de ratificar y suscribir los convenios previstos en la propuesta para lograr que los inmigrantes voten en las municipales. "Permitir el voto de los inmigrantes en las municipales es una forma de evitar la xenofobia", ha matizado Herrera.
Toda esa serie de argumentos nos traslada ahora a aquellas tres preguntas que en el año 2000 el ministro francés Jean Pierre Chevènement realizó a finales del mes de julio en Marsella durante la cumbre europea de ministros de Interior y Justicia: La Europa de acogida, ¿debe transformarse en la Europa del mestizaje? ¿Qué volumen de inmigrantes se prevé que llegará a cada país? ¿Deben abrirse las fronteras a la inmigración laboral? Las respuestas a estos interrogantes nos ofrece una luz objetiva sobre el cambio de época en el que nos hallamos en estos instantes y que, entre otras mudanzas, abarca la introducción de serias modificaciones en los derechos y deberes de la ciudadanía, que para Europa posee unas connotaciones demográficas, civiles, económicas y sociales.
En efecto, diversos informes sobre la evolución de la población recogen el dato de que hasta el año 2050 el contingente de la misma en Europa descenderá de los 730 millones actuales a 628 millones. En opinión de la ONU, Europa necesitará a mitad de siglo entre 47,5 y 78 millones de personas para mantener su actual estructura laboral. Estas estimaciones sitúan a África, y en menor medida a Asia, como los grandes suministradores de la nueva mano de obra. Nigeria, por ejemplo, pasará de una población que poseía en el año 2000 de 110 millones de habitantes a 249 millones 50 años después, Pakistán de 150 millones a 346 millones, y Somalia y Congo llegarán, entonces, a los 160 millones de habitantes.
Las estimaciones del gobierno francés extrapoladas a Europa nos traspasaron las cifras siguientes: entrarán en nuestro continente 73 millones de inmigrantes. Por contra, consideró el ministro Chevènement, si se produjese una hipotética tasa de inmigración cero, la población de la UE descendería de 372 millones de habitantes en 1995 a 311 millones en el 2050, por lo que, para compensar la proporción de activos respecto a los jubilados y mantener la seguridad social, serán necesarios 70 millones de extranjeros.
El debate confinó la respuesta a las tres preguntas referidas en la palabra prudencia, derivando ésta en una consideración central: la inmigración debe aceptar nuestro cuadro de valores, en especial la laicidad y el respeto a las libertades de la mujer. A tenor de ello, como expuso Carles Navales (vid. su artículo “La Europa del siglo XXI”, en La factoría, nº 21, junio-septiembre de 2003, en http://www.lafactoriaweb.com/articulos/navales21.htm), si la inmigración debe aceptar nuestra escala de valores, la consecuencia lógica es que puedan ejercerlos; dicho de otra manera: si la ciudadanía europea se basa en el estado de derecho, el estado de bienestar y el ejercicio de la participación política, los ciudadanos inmigrantes también deben disfrutar de estos derechos civiles, sociales y políticos que libremente ejercemos los ciudadanos autóctonos. Sin embargo, ahora mismo, el balance entre países europeos es desigual. En general se aceptan los derechos civiles y sociales, pero todavía son pocos los estados que reconocen los derechos políticos. La medida que pretende tramitar el Gobierno español quiere cambiar la tendencia a dejar invariable ese espacio, la cual, de no variarla, en lugar de ir a la Europa de los ciudadanos caminaríamos hacia la Europa de los súbditos. ¿Es esto lo que queremos los europeos? Por supuesto que no. Luego no emitamos opiniones mal fundadas ni transmitamos egoísmos xenófobos, fuera de sí, en nuestro mundo globalizado.
Aires de La Parra
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