No es problema de color, y mucho menos de estruendo ideológico. Es sólo una razón caritativa, una cuestión directa de derechos humanos. Así repica en nuestros aires la tremenda invasión de inmigrantes que está sufriendo en estos instantes España, y que, como suele ocurrir en la clase política a la hora de encontrar soluciones justas y ordenadas, tarda tiempo en exceso y pone en marcha remedios desconsiderados e inconvenientes.
Sin ir más lejos, de este cariz es la situación en la que la Policía ahora mismo deja a los inmigrantes irregulares que llegan en los “vuelos de la vergüenza” tras ser trasladados desde las islas a la Península: un bocadillo, una botella de agua, un billete de metro y la dirección de alguna ONG. Así termina de informar el diario ABC en la edición digital de hoy, que apoya su testimonio en una confirmación hecha por la Jefatura Superior de ese alto órgano de seguridad. Éste implanta en una orden que los agentes deben dejar en el metro a los inmigrantes para que no se queden en las inmediaciones de los centros, como ocurría hasta hace no mucho en la antigua cárcel de Carabanchel, en Madrid, donde los vecinos se quejaban de que los indocumentados vagabundeaban por la zona, ya que no tenían dónde ir, no conocían a nadie, ni hablaban español, pues la mayoría eran subsaharianos. El aumento de los vuelos -se producen casi a diario, con unos 80 «sin papeles» por viaje- ha obligado a esta medida.
El abogado de la ONG Caribú, Miguel Martínez, confirmó la llegada a las asociaciones de inmigrantes con «una fotocopia en la que figuran las direcciones de varias ONG´s, después de que alguien les deje prácticamente en la calle tras de explicarles dónde pueden conseguir ayuda», aunque no saben quién los envía. El abogado afirma que la situación «no es nueva», aunque «está cambiando la percepción de la sociedad».
El problema para los subsaharianos es que tienen muchísimas dificultades para lograr regularizar su situación, ya que «no hay cauces para legalizarlos», asegura Martínez debido a que para apelar al arraigo -estar más de tres años residiendo en España- necesitan una documentación «imposible de conseguir», como un certificado de antecedentes penales. Por ejemplo, un nigeriano sólo logrará esos papeles si va personalmente a Nigeria a pedirlos, lo cual es impensable, y en su embajada no se los dan. Al final se crea una situación sin solución aparente en la que las personas no consiguen papeles y tampoco pueden repatriados, puesto que sus gobiernos no los admiten.
Así las cosas, mientras tanto, se ha comenzado a hablar de “chantaje” de Senegal a España, que según la prensa de ese país ha tenido éxito. En concreto, informan las agencias de prensa que un diario de Dakar, Walf Fadiri, utilizó esa expresión en uno de sus titulares, dentro de la crónica que realiza sobre la visita del ministro del Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, a Senegal: «El chantaje de Dakar sobre Madrid paga: dos patrullas, un helicóptero, 50 motocicletas de playa y 20 vehículos «pick up», esperados en Dakar».
Sabiendo el desenlace de la mayor parte de sus compatriotas y las pocas posibilidades de quedarse en el “país de las comodidades”, resulta duro pensar que aún haya gente que tome la decisión de arriesgar sus vidas y pasar todas las calamidades a las que son sometidos. ¡Qué mal tienen que estar allí! Pero, paralelamente, esa visión de la prensa senegalesa sobre el viaje del pasado lunes de las autoridades españolas nos explica también la frecuente posición de dureza del Gobierno de este país africano, reticente a asumir compromisos bilaterales o firmar convenios internacionales. «Walf Fadjri» hace notar el fracaso de la primera reunión entre Rubalcaba y su homónimo de Senegal, Ousmane Ngom, que en seis horas «no lograron la firma de ningún memorándum», una instancia que obligó a desplazarse hasta la sede del máximo responsable del Ejecutivo, el primer ministro, Macky Sall, donde finalmente se pudo avanzar, al menos, en el objetivo de patrullar de manera conjunta las costas.
Destacaba el rotativo senegalés también la creciente inquietud entre los líderes religiosos ante el recrudecimiento de la emigración ilegal. Así, consigna que Serigne Mouhamadou Lô Ngabou, uno de los morabitos de Senegal, señaló en un acto público que el fenómeno de la emigración clandestina «es la consecuencia de la desesperación total de la juventud senegalesa», en abierta crítica al Ejecutivo.
Desde este lado, o sea, de la divisoria interna de la Unión Europea, sólo ahora comienza a verse preocupación a esa situación límite. Pero poco se reflejó en dar mejor desenlace a aquella novedad puesta en marcha por el gobierno marroquí, cuando les llevó al desierto, a más de 500 kilómetros de la frontera. Allí, quietecitos y sin molestar. Incluso llegan a ponerse trabas e inconvenientes múltiples a las ONGs que pretenden ayudarles con lo poco que pueden hacer o conseguir. Es decir, el gobierno de toda esa gente no solo no les ayuda, sino que no quiere que lo haga nadie. Y nuestros aires se indignan de tal forma que ven una corrupción y una incapacidad descomunal al no plantear soluciones ni medidas que puedan menguar lo que se está convirtiendo en un “problema” muy serio. En este sentido, se hace difícil concebir tanta discusión por papeles cuando la gente se está muriendo, pero a la par salen duros improperios contra esos políticos y administraciones que no dan un solo paso inteligente y efectivo para arreglar esa deficiente serie de circunstancias, pues tampoco estamos viendo que se avance. Por supuesto que nos hemos planteado qué se puede hacer, y estudios los hay a decenas, incluso en las mesas y despachos de los políticos en el poder. Estos, cuando se ofrecen para dirigir el país, tienen la obligación desde el mismo momento que prometen su cargo de pensar por nosotros y por nuestro bienestar. Por eso están ahí, no pueden apartar la vista, y, sobre todo, han de leer los informes especializados. Si no lo hacen, tenemos la obligación de requerírselo, o si no que dimitan y entren otros.
El tema de la inmigración en España no es un caso puntual como pueda ser el fuego gallego, es un tema constante que está siempre ahí y en verano más. Pero en invierno continúa, dado que si pudiésemos contar las víctimas de las vallas de Melilla seguro de que nos estremeceríamos.
Por eso hay que buscar otra política, que enlaza con la administración de Bruselas directamente, como nos demuestra la información trasladada desde el centro de África por ABC igualmente. En ella se habla de la creciente implicación de los líderes religiosos en lo que en Senegal –y los países limítrofes- se vive como un verdadero drama social. Cita el diario madrileño a Seiko Mamoudou, un senegalés residente en Canarias que sirve de vínculo entre las autoridades isleñas y los máximos sacerdotes del culto. «Van a hacer una gira por todo el país y hablarán con los padres de los chicos para que no viajen en cayucos, para que traten de venir sólo legalmente», señaló ayer. La gira, indicó, será sufragado por los propios religiosos. «Lo van a pagar de su propio bolsillo, es algo que hacen por su cuenta, porque saben que son los únicos que pueden tener un papel importante en esto. El pueblo los escucha», dijo además.
Al final, siempre hallamos en este problema apasionados debates en los medios de comunicación y en la opinión pública. El tema encierra casi siempre una insistencia mayor en sus efectos que en sus causas, suponiendo en gran número de ocasiones una metodología como la que acabamos de adoptar hoy aquí; esto es, la conveniencia de proporcionar la información precisa y oportuna a la población del Norte sobre el fenómeno migratorio, para que lo entienda y lo asuma. Por lo tanto, es preciso recordar los contextos histórico y estructural en los que se ha generado dicho problema, y sus aspectos positivos —sociales, culturales y económicos—, para proponer después unas soluciones al margen de las oficiales, que suelen obedecer a las consideraciones partidistas, incluso demagógicas, utilizando a veces una tragedia humana con fines políticos.
En este sentido, no han obrado partidistamente, contra lo que pudiera decir el incompetente gobierno de ZP, los Gobiernos autonómicos (del PP en estos instantes) de Murcia, Valencia y Madrid, que han pedido una entrevista "urgente" al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, para coordinar la actuación de las administraciones central y autonómicas en la asistencia a los inmigrantes irregulares que llegan a España. Así lo ha puesto de manifiesto en unas declaraciones a EFE el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, quien calificó de "drama humanitario" la situación generada con la llegada masiva de extranjeros a las costas canarias y su posterior traslado a la península. Valcárcel consideró muy necesario que se celebre ese encuentro lo antes posible porque -subrayó- en el caso concreto del Ejecutivo de Murcia el ánimo es de "cooperación". "Con este asunto podríamos levantar el hacha de guerra y hacer causa política, pero estamos ante un problema humanitario y lo vamos a abordar desde la cooperación", aseguró el presidente, quien reprochó además al ministro Caldera que "sea el gran desaparecido". Por otra parte, criticó la forma en que el Gobierno de Rodríguez Zapatero está gestionando los traslados desde Canarias al resto de autonomías, y dijo que el "sectarismo llega a tales extremos que envían más a regiones gobernadas por el PP".
La petición de una reunión urgente al Gobierno también la ha realizado desde Valencia el vicepresidente del Consell, Víctor Campos, quien ha anunciado que la Generalitat solicitará a Zapatero la convocatoria "urgente" de una reunión entre el Gobierno central, las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias "para abordar soluciones a la inmigración ilegal analizándola desde una perspectiva integral". Campos denunció en un comunicado que el Gobierno de Rodríguez Zapatero "no tiene una política de Estado respecto a la inmigración y, especialmente respecto a la ilegal, sino que practica una 'política de gobierno' que consiste en una huida hacia delante para quitarse el problema temporalmente de encima". En este sentido, consideró que el Gobierno "trata la inmigración ilegal como un mero trámite administrativo en el que su única preocupación es dar papeles, ya sea para legalizar a los inmigrantes o para extraditarlos, o para trasladarlos a otras comunidades españolas diferentes a la que han llegado".
El vicepresidente del Consell criticó que, de esta forma, "no aporta soluciones ni a quién viene a nuestro país, ni a la sociedad española que empieza a ver con preocupación la ineficacia del Gobierno para solucionar este asunto". "Desde la Generalitat y desde el PP denunciamos hace tiempo que la permisividad del Gobierno de Rodríguez Zapatero iba a convertir a España en centro de toda la inmigración ilegal internacional", dijo, y añadió que "así ha sido" porque el país "es un coladero de inmigración ilegal por tierra, mar y aire". El vicepresidente del Consell aseguró que la Generalitat está "plenamente comprometida con la atención e integración de los inmigrantes que llegan a nuestra Comunidad" y afirmó que han demostrado "en numerosas ocasiones la solidaridad no sólo de la institución sino también de los valencianos, pero hemos de procurar atender a estas personas con la dignidad que se merecen". Para ello, consideró que se debe "regular y poner coto a la inmigración ilegal pues sólo así podremos garantizar servicios sanitarios, educativos, laborales y sociales dignos a quien llegue a nuestra comunidad a labrarse un futuro".
Desde el Gobierno central se ha dicho que no se quiere polemizar con las comunidades autónomas por el traslado de inmigrantes ilegales llegados a España. Esas fuentes gubernamentales han explicado, sin embargo, que todas las regiones no disponen de centros de acogida. Dichas fuentes, por tanto, incurren en la cantinela inepta del ZP y sus muchachos, que cada día tienen menos credibilidad en buena parte de sus decisiones. ¡No saben gobernar! Por tanto, tienen que dejarlo.
Aires de La Parra
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