Acaba de hacerse público un estudio esclarecedor de los Técnicos Financieros del Ministerio de Economía y Hacienda (GESTHA), realizado a partir de la encuesta practicada a 4.200 funcionarios técnicos de la Administración. En ella destaca el hecho que un 84% no se sienten motivados en el desempeño de su trabajo, así como también que el 61% de los consultados no se siente cómodo en su lugar de trabajo. Paralelamente manifiestan una crítica directa al excesivo individualismo, e igualmente un 38% no se siente respaldado por sus superiores. Todo ello genera un descontento profesional, agravado por la presencia de un entorno de trabajo hostil, por la falta de reconocimiento personal y una remuneración salarial por debajo de sus expectativas.
Además, casi un 40% de los encuestados asegura que la Administración necesita modernizarse, tildando a ésta de “chapada a la antigua” y permanece anclada en "demasiados trámites burocráticos" que entorpecen a menudo la fluidez habitual del trabajo. El 65,2 % asegura que las diferencias de opinión se resuelven adoptando una posición de autoridad o, directamente, esquivando el problema.
El 93% de los funcionarios consideran que existe un sistema retributivo y de incentivos "injusto" y "escaso" y el 90% de ellos se sienten desmoralizados ante las "nulas" perspectivas de promoción, explicó Gestha en un comunicado.
Respecto al ambiente de trabajo y la falta de organización, el 44% de los consultados creen que las causas principales para que el entorno laboral sea "individualista" y "competitivo" son los prejuicios, la envidia y los conflictos personales. Por otro lado, el 70% afirma carecer de libertad de expresión para manifestar una "opinión genuina", como consecuencia del individualismo. Asimismo, el estudio destaca que el 78,5 % de los encuestados considera que la Administración no aprecia la iniciativa y la independencia de los trabajadores.
La encuesta también da pistas sobre la razón detrás de algunos de los estereotipos más comunes que definen el trato con la Administración, como las colas y demoras. Según el 70% de los encuestados, la carga de trabajo no es acorde con los medios de que dispone la Administración y los objetivos no son realistas (78%). De esta manera, el 60% denuncia que no existe control suficiente sobre las actuaciones realizadas y que la información de retorno sobre cumplimiento de objetivos no es fiable.
Entre dudas y recelos, pues, está por ver si el Estatuto del Empleado Público, pendiente de trámite parlamentario, corregirá efectivamente estos problemas. El texto establece que las retribuciones básicas serán iguales para los 2,5 millones de empleados de la Administración, mientras que las complementarias serán fijadas por cada comunidad. De esta forma se pretende lograr una estructura retributiva más acorde y adecuada a la realidad, además de articular distintos modelos de carrera y de promoción, horizontal y vertical. Otra de las medidas es la evaluación del rendimiento de los funcionarios como factor decisivo para decidir sobre su continuidad.
Miguel Ángel Belloso, en sus “apuntes liberales de un chico de derechas” (vid. http://app2.expansion.com/blogs/web/belloso.html?opcion=1&codPost=883&categoria=7), se refería a finales de 2005 al paquete de medidas anunciadas por el ministro de Administraciones Públicas para “conciliar la vida laboral y familiar de los funcionarios, estimando que es una decisión sensata y acorde con los tiempos". Según ese comentarista, no cabe nada que objetar a este juicio de la izquierda progresista y la derecha acomplejada sobre el proyecto del ministro Sevilla si se añadiera, a continuación, que los funcionarios tienen una contrastada experiencia en conciliar la vida laboral y familiar, lo llevan haciendo décadas, son la avanzadilla al respecto, y que, por tanto, “la razón de la reforma obedece a que, dado su acreditado doctorado en este terreno, dado que los tiempos que vienen son definitivamente nuevos, se ha decidido elegirlos como el gremio indiscutible para realizar este penúltimo experimento social del buenismo zapaterista”.
Belloso, después de un repaso a las medidas básicas tomadas por los socialistas entre 1982 y 1996, alcanza la conclusión de que los socialistas en esa época, y con todo bajo control, empezaron a extender entre los empleados públicos su clásica teoría de que los derechos prevalecen siempre sobre las obligaciones del servicio. “Con algunos subgremios particulares, sobre los que no tenían duda alguna -todavía no la tienen-, de que eran declaradamente hostiles, por ejemplo los jueces, las decisiones adoptadas fueron más graves: a través de terceros y cuartos turnos, llenaron la profesión de gente poco preparada pero adicta, con una clara intención compensatoria, algunos de cuyos ejemplares, maduros por el paso del tiempo y la experiencia, hoy ocupan cargos tan relevantes como la Vicepresidencia Primera del Gobierno”, sentencia el periodista.
Sin embargo, no podemos estar de acuerdo con éste en muchos de sus argumentos, como ese de culpabilizar del hecho de que los funcionarios no gocen hoy de la comprensión y del apoyo popular al Partido Socialista, fijando a éste como “el responsable principal de la pérdida de reputación de la carrera pública. En muchas ocasiones, es una pérdida de prestigio justificada, y me atrevería a decir que, precisamente, porque la conciliación de la vida laboral con la familiar viene siendo enorme y progresiva, muy superior a la del resto de trabajadores”. Es una mezcla de churras con merinas que, como demuestra la Administración europea en general y se ve en los diversos países de la UE, no podemos reducir a anécdotas puntuales ni a tópicos clásicos, que se cierra al final en ese del débil control de la eficiencia.
El servicio público posee mucha mayor profundidad, a la que ni los políticos del PP dedicaron tiempo, ciencia y medios entre 1996 y 2004, ni la organización estratégica del sistema puede ser reducida por el PSOE a su clásico bandolerismo del amigueo. Una mayor profesionalización pasa por la reforma de la Administración serena y sustentada en cuantas ideas y fundamentos nos muestran cientos de trabajos académicos que la Ciencia de la Administración ha desmitificado y encerrado en abundantes áreas pendientes de transitar, especialmente por la indecisa clase política española.
Aires de La Parra
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