El enunciado de nuestro artículo viene a resumir el aspecto más penetrante de las conclusiones que podemos obtener de los resultados producidos el 18-J, en el referéndum sobre el nuevo Estatuto autonómico catalán.
Sin duda, los análisis publicados sobre esos resultados son ya multitudinarios y muy variados, unos provistos de lógica y de discurso más consecuente que otros, de la misma manera que la objetividad en el respectivo enfoque varía entre todos ellos. Quiere decirse con esto que el tema de por sí, y en estos momentos ya, posee un conjunto de variables tan extensas que requeriría un estudio científico –politológico y sociológico- de suficiente envergadura, para evitar juicios inconsecuentes o interesados. Cuestión ésta que sobrepasa los designios del presente artículo, aunque esto no quita que realicemos en breve dicho trabajo, interesante y de gran trascendencia, porque Cataluña siempre nos merecerá a los que en ella hemos vivido un canto a la esperanza, independientemente, por supuesto, de los sesgos partidistas o sectarios que cualquier mente irresponsable quiera trascender.
En coherencia con lo dicho, hay un razonamiento utilísimo, que publicó La tercera ola (http://enriquegomez.com/referendum-estatut-abstenerse-como-protesta) el 15 de junio. Enrique afirma, cargado de conocimiento, lo siguiente:
Yo no votaré en el referéndum del 18 de junio sobre el nuevo estatuto de Cataluña. El primer motivo de mi abstención se debe a que no me dejan acudir a las urnas, ya que al estar en Alemania no puedo votar ni presencialmente ni por correo. De todas maneras, si ese día estuviera en Barcelona con toda seguridad tampoco iría al colegio electoral. ¿Por qué? Principalmente porque, al igual que ocurrió con el referéndum de la Constitución Europea, estoy completamente en desacuerdo con el proceso que han seguido todos los partidos y sus líderes para llegar a esta consulta.
En primer lugar hay que señalar que este tipo de reformas de normas fundamentales, como son las constituciones y los estatutos, no los suele pedir la ciudadanía para mejorar sus condiciones de vida, sino más bien la clase política para aumentar su poder. En Europa disfrutamos de unos políticos mediocres, profesionales en sus partidos desde muy jóvenes, alejados de la realidad social y que luchan más por sus intereses individuales y grupales que por los de sus representados. Con esto no quiero decir que esté en contra de reformar las constituciones o estatutos, pero desde luego estas modificaciones se deberían plantear y ejecutar de una manera completamente distinta.
El nuevo estatuto de Cataluña destaca principalmente por ser una farragosa norma creada por un grupo de mediocres profesionales de la partitocracia que pretenden controlar aún más la vida de los ciudadanos. Textos tan exitosos como son la constitución francesa de 1958 o la estadounidense de 1787 constan de 89 artículos en el primer caso y tan sólo 7 en el segundo. Sin embargo, el nou estatut, norma con vocación de pseudoconstitución, es un bodrio intervencionista mal redactado con 223 artículos y 19 disposiciones adicionales y transitorias. Cabe señalar que el estatuto catalán vigente tiene 57.
Este nuevo proyecto es un texto pensado por la clase política para incrementar su poder y su capacidad de control e influencia sobre la ciudadanía, y para asentar su proyecto de construcción nacional. Los problemas reales de las personas (vivienda, empleo, sueldos, abusos gubernamentales y empresariales, sanidad, calidad de la educación, facilidades para emprendedores,…) no han sido tenidos demasiado en cuenta por los promotores de la reforma.
Es lógico que si las comunidades autónomas gestionan la mayor parte de los servicios también deberían tener una capacidad de recaudación de impuestos mucho mayor. Lo que no es de recibo es que algunas comunidades, como el País Vasco, Navarra y ahora Cataluña, gestionen más porcentaje de impuestos que el resto. Una reforma de la financiación debería hacerse a nivel estatal y por consenso, y nunca mediante negociaciones partidistas entre unos pocos líderes políticos a puerta cerrada.
Y en mi opinión una de las peores consecuencias de esta norma es que eleva a la categoría de órgano estatutario al Comité Audiovisual de Cataluña (CAC), formado por personas designadas por el Parlament y que tiene como misión principal vigilar que los contenidos de los medios de comunicación se ajusten a la verdad. Este comité, al que ya critiqué en su momento, se erige en un posible y peligroso órgano de censura al servicio de los que dominen el Parlament.
Por todos estos motivos y algunos más, creo que el mejor resultado para los ciudadanos sería una abstención masiva y un porcentaje de participación ínfimo. Que los dirigentes y militantes del PSC, PSOE, PP, CiU, IC-IU y ERC se den cuenta de que nos han regalado durante meses un espectáculo lamentable, y que los habitantes de Cataluña rechacemos su intento de controlar nuestras vidas. El estatuto del 79 se ha quedado obsoleto y hay que reformarlo, sí, pero de otra manera y con otro espíritu. Los territorios no tienen derechos, sólo los tienen las personas.
¿Hay algo de mentira en esta amplia reflexión? En términos llanos podemos afirmar que no. Estas palabras encierran la gran verdad producida el 18-J: la sociedad catalana ha dado la espalda al Estatut. El resultado final ha terminado en un “fiasco”, dato importantísimo que requiere un exploración más pormenorizada que los juicios de valor hechos hasta el momento, de los que no se pueden eludir el del coordinador general de Ezker Batua (EB), Madrazo, el cual ante la `participación bajísima´, afirmó que ésta es achacable al pacto entre el dirigente de CIU, Artur Mas, y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que lo `vació de contenido´, después de que se hubiera `aprobado por el Parlamento catalán con un 90 por 100 de apoyos. Con ello mismo, la conclusión final de Madrazo posee un claro mensaje: `si la aprobación del Estatut catalán se puso como modelo a imitar, ahora es un modelo a evitar´.
La miembro del grupo impulsor de Ciutadans de Catalunya Maria Teresa Giménez aseguraba el mismo domingo que los resultados son una "evidencia absoluta de que la ciudadanía no respalda ni está interesada" en este texto y "demuestra que Catalunya no es nacionalista, no lo era y no lo será nunca".
En este sentido, Giménez, que representa a una plataforma antinacionalista que defendía el 'no' en este referéndum, apuntó que la convocatoria de elecciones es "necesaria" y "urgente". En cuanto a las encuestas que apuntaban la victoria absoluta del 'sí', Giménez atribuyó este resultado a que "es la primera vez que desde las instituciones de Gobierno se ha hecho campaña" por el voto afirmativo, pese a que "no es legal", añadió.
En esta coyuntura es natural que nos hagamos la pregunta del millón, que la formula en el Diario de León el experimentado periodista Fernando Onega: “¿CÓMO va a confiar la gente en su clase política? ¿Cómo no decir que los políticos embaucan al personal? ¿Cómo fiarse de los mensajes de los partidos? Miren lo que ocurrido con las interpretaciones del referéndum catalán. Donde los datos de participación muestran escaso interés ciudadano, Zapatero ha encontrado un «amplísimo respaldo». Donde el mismo ZP ha detectado un gran beneficio para Cataluña y España, Mariano Rajoy ve tal conjunto de datos negativos, que considera que hay que frenar todo el proceso de reformas estatutarias. Donde hay una coincidencia básica en calificar el nuevo Estatut catalán como confuso y prolijo, Pasqual Maragall lo ve como «el mejor que hemos tenido nunca».
La respuesta a este brote impúdico de perspectivas igualmente podemos tomarla de Onega, que determina, al igual que nuestros aires, que el ejercicio mental más saludable y honrado -visto que la mayoría de los políticos quieren ganar ese referéndum a su manera, y por esto manipulan el lenguaje de las urnas a su manera- es que cada cual haga su propio análisis, lejos de la contaminación partidista.
No obstante, y como síntesis, a todos debe quedarnos muy claro que, desde la reflexión última, la legitimidad de la consulta e igualmente el Estatut no están en cuestión; más bien, como anticipaba Enrique, viene a ser la clase política la que trata de legitimarse a sí misma y su discurso anterior. Y así, según determina Onega, “tenemos que nadie pidió la abstención, pero la abstención es equiparada al voto negativo por el Partido Popular. Los mayoritarios PSC y CiU propugnaron la participación, pero como la gente prefirió la playa, le echan la culpa al sol y al calor, en lugar de reconocer que no consiguieron interesar a los contribuyentes. Si hubiera llovido, la culpa sería de las nubes”.
Al final, y como principal conclusión, nos encontramos que el Estatuto ha quedado aprobado, sin oro retórico ni amplios cuadros literarios de auto-bombo, pero aprobado. Y el resto de desenlaces sobresalientes, aunque en un estudio politológico esto necesita de más y mayores matizaciones, los podemos tomar ahora también del reiterado periodista:
Ya sólo el Tribunal Constitucional podrá hacerle algún «cepillado» (expresión de Alfonso Guerra), según lo que argumente el Partido Popular en su anunciado recurso. La segunda (conclusión) es que en ningún sitio está escrito que haya que lograr una participación determinada. Lo único que hace una participación baja es rebajar el entusiasmo de los ganadores, que buena falta hace. La tercera (conclusión), que mal puede presumir de victoria quien ha recogido tan poca cosecha de votos negativos. Si el ciudadano no fue seducido para votar, menos lo ha sido para rechazar el Estatut. Y la cuarta (conclusión), que los partidos políticos deben revisar el interés popular de sus mensajes. En el caso catalán, se han metido en una refriega identitaria o de alarma sobre la ruptura del Estado, que el pueblo no ha entendido ni ha querido entender ni atender. Pero ya tenemos Estatut. Próxima escala del tren Zapatero, el País Vasco. Ahí sí que todos saben lo que quieren.
Aires de La Parra
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